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Derecho, poder y Estado

El debate sobre la relación entre Derecho y Poder Político

Aunque se admite generalmente que entre el Derecho y el poder ha existido y es inevitable que exista una vinculación muy estrecha, no hay acuerdo sobre el sentido y el alcance que tiene o debe tener esa vinculación.

La tesis de la plena subordinación del Derecho al Poder

La tesis que explica el Derecho como simple expresión o manifestación del poder ha venido siendo defendida desde la antigüedad por las diversas “ filosofías de fuerza”, desde los sofistas griegos hasta la más reciente actualidad. Muchos pensadores han coincidido en establecer una vinculación tan esencial entre el Derecho y el poder que equivale a una reducción del primero al segundo. Un planteamiento de aquellos autores (ej. MARX): existencia de un control efectivo que ejercían sobre el Derecho los sujetos sociales que monopolizaban los resortes del poder (reducción del derecho al poder). Ya Platón sostuvo que “es justo que el más fuerte domine al más débil”.

Paralelamente, más recientemente, Nietzsche proclamó que el Derecho es siempre fruto de la conquista, que no hay Derecho sin poder y el momento de la fuerza es congénito y esencial a todo Derecho y justicia. Otros autores más recientes, han caracterizado al Derecho como un conjunto de normas que se definen por constituirse en organización y regulación del empleo de la coacción, es decir, de la aplicación de la fuerza física.

La tesis de la radical contraposición entre el Derecho y el poder

Dos posturas: la que afirma una oposición radical y la que admite algún tipo de convergencia entre ambos. La primera sostiene que Derecho y poder representan fenómenos tan esencialmente distintos que se excluyen entre sí, constituyéndose en alternativas de actuación radicalmente contrapuestas. El Derecho representa el orden social éticamente bueno, el poder y la fuerza sólo pueden generar una organización social violenta y represiva. Por eso, al Derecho se le ha asignado siempre la misión de controlar el ejercicio del poder dentro de las relaciones sociales. La segunda postura afirma que el Derecho y el poder, a pesar de ser dos diferentes principios de acción, no sólo no son incompatibles, sino que están llamados a complementarse en la función de ordenar las relaciones sociales. Relación dialéctica, compromiso dinámico e inestable. Las normas de conducta necesitan siempre el respaldo del poder social, dado que se presentan con la pretensión de ser cumplidas de forma inexorable. La colaboración entre ambos se debe a la necesidad que el segundo tiene de ser eficaz.

La doctrina de la complementariedad del Derecho y el Poder

Como exige la propia función que corresponde a cada uno dentro del proceso de organización de la vida social, las relaciones entre ambos han sido siempre especialmente estrechas. El poder político reclama la existencia del Derecho, puesto que es el instrumento de racionalización de los mandatos del poder. Y, a su vez, el Derecho, desde su propia estructura funcional, reclama la presencia y respaldo de un poder político capaz de garantizarle la eficacia.

El debate sobre el papel que corresponde desempeñar al Estado en los procesos de creación y aplicación del Derecho

Existe una vinculación mutua de carácter inescindible cuyo alcance y profundidad es preciso aclarar.

La cuestión de la primacía conceptual

¿Es el Estado el fundamento y la raíz del Derecho o más bien el Derecho la base y el agente configurador del Estado?

Existen 3 planteamientos:

  1. El que afirma la primacía del Estado frente al Dcho: todo ordenam. jurídico positivo ha de ser reconducido en última instancia a la voluntad estatal que lo sostiene. El Estado es el que decide la existencia y contenido del Dcho y, dado que las normas jurídicas pretenden lograr que los ciudadanos realicen unos det. comportamientos, tales normas han de contar con la posibilidad de imponer esos comportamientos a todos, incluidos los rebeldes.

  2. El que propugna la primacía del Derecho frente al Estado: Mientras el Derecho puede ser pensado y explicado con independencia de la noción de Estado, éste sólo es pensable dentro de una organización política vertebrada por el Derecho. “ Donde hay hombre, hay sociedad; donde hay sociedad, hay dcho; luego donde hay hombre, hay dcho” El Estado, tiene un nacimiento muy posterior al Dcho y está conceptualmente supeditado a éste.

  3. El que defiende la equiparación e incluso la identidad entre Derecho y Estado: Ambos son manifestaciones de una única realidad. El Estado no es más que la personificación de la totalidad del ordenamiento jurídico positivo; y el Derecho es el Estado como situación normada. Se trata, pues, de dos palabras diferentes para designar un mismo objeto científico.

El problema del control sobre los procesos de creación y aplicación de las Leyes

Existe una cuestión particular: Si el Derecho positivo es una creación exclusiva del Estado o si es producido más bien (juntamente con el Estado o no) por otras instancias o centros de poder social. La primera opción es el monismo jurídico y la segunda, pluralismo jurídico.

El Derecho se identifica con el conjunto o sistema de normas creadas e impuestas por la autoridad del Estado, siendo, por tanto, una creación exclusiva de éste. Y se ha afirmado, en esta línea crítica, que la más superficial observación histórica pone en evidencia que, si bien el Derecho actual es mayoritariamente de origen estatal, existen múltiples sectores del Derecho que han surgido, o bien totalmente fuera del ámbito de competencia estatal o bien al margen de la actividad juridificadora del Estado.

Pluralismo jurídico: doctrina centrada en afirmar q las fuentes reales de creación del Dcho desbordan los límites estrictos del Estado parece reflejar la interpretación más correcta de la génesis real de la normativa jurídica.

Monismo jurídico: responde a una visión que simplifica excesivamente la cuestión y que sobrevalora en demasía la importancia de uno de los agentes creadores (el Estado), ignorando la intervención de los otros.

Según un planteamiento más comprensivo, si bien el Estado no crea todo el Derecho desde el punto de vista material ( puesto que no es el que da origen directamente a la normatividad de las reglas de comportamiento), sí es el que crea e impone todo el Derecho desde un punto de vista formal, ya que es quien lo constituye en última instancia en normatividad propia y técnicamente jurídica y quien lo hace eficaz a través de la acción de órganos integrados en la propia estructura estatal. En la actualidad, el Derecho, para valer e imponerse como tal, tiene que ser reconocido, asumido y respaldado de alguna forma por la voluntad suprema del Estado.

La relación institucional entre el Estado y el Derecho: La vinculación jurídica del Estado

A lo largo del s.XIX llegó a consolidarse un amplio movimiento doctrinal que apostó por definir al Derecho en términos de Estado y al revés. Condujo a la consagración definitiva del Estado de Derecho: Estado que somete todas sus actuaciones a la suprema dirección de los valores, principios y reglas contenidos en el respectivo ordenamiento jurídico. Se caracteriza por:

  1. Primacía de la ley (que, en su calidad de expresión de la voluntad del pueblo soberano, regula toda la actividad estatal a través de un sistema de normas jerárquicamente estructurado).

  2. Separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial ( como garantía de la libertad de los ciudadanos y freno a los posibles abusos estatales)

  3. Afirmación de la personalidad jurídica del Estado

  4. Reconocimiento y garantía de los derechos y libertades individuales

  5. Legalidad de las actuaciones de la Admón. y control judicial de las mismas

Hoy, se postula que, para que un Estado pueda ser reconocido como verdadero Estado de Derecho, debe estar vinculado y sometido a un orden jurídico estructurado en torno al reconocimiento de la dignidad de las personas y orientado a realizar las exigencias que dimanan de esa dignidad.