Las fuentes del Derecho de la UE

Contenidos

  1. 1 La UE como ordenamiento jurídico y los procedimientos normativos
    1. 1.1 Los procedimientos normativos
      1. 1.1.1 Los órganos legislativos
      2. 1.1.2 La iniciativa legislativa
      3. 1.1.3 Los procedimientos para la producción del Derecho derivado
      4. 1.1.4 Los procedimientos en el TCE
  2. 2 El Derecho Originario
    1. 2.1 Los Tratados: cronología
    2. 2.2 Naturaleza y contenido
      1. 2.2.1 Los Tratados constitutivos
      2. 2.2.2 Los Tratado de reforma puntual
      3. 2.2.3 Los Tratados de reforma sustancial
      4. 2.2.4 Los Tratados de Adhesión
    3. 2.3 Eficacia
  3. 3 El Derecho Derivado
    1. 3.1 Introducción
      1. 3.1.1 Concepto y clases
      2. 3.1.2 El reparto competencial
    2. 3.2 Reglamentos
      1. 3.2.1 Naturaleza y tipos
      2. 3.2.2 Elaboración, forma y vigencia
      3. 3.2.3 Eficacia
      4. 3.2.4 Reglamentos, normas nacionales depuradoras y leyes nacionales didácticas
    3. 3.3 Directivas
      1. 3.3.1 Naturaleza
      2. 3.3.2 Elaboración, forma y vigencia
      3. 3.3.3 Eficacia
      4. 3.3.4 Las Directivas-reglamentarias y su compatibilidad con los Tratados. Las normas nacionales de transposición como normas depuradoras de los ordenamientos de los Estados miembros
    4. 3.4 Decisiones
      1. 3.4.1 Naturaleza
      2. 3.4.2 Elaboración, forma y vigencia
      3. 3.4.3 Eficacia
    5. 3.5 Recomendaciones y Dictámenes
      1. 3.5.1 Naturaleza
      2. 3.5.2 Elaboración, forma y vigencia
      3. 3.5.3 Eficacia
    6. 3.6 Reglamentos, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes del BCE
    7. 3.7 Los actos en el Tratado de la UE
  4. 4 Los Tratados Internacionales
    1. 4.1 Elaboración
    2. 4.2 Vigencia
      1. 4.2.1 Vigencia en el tiempo de los Tratados originarios
      2. 4.2.2 Ámbito espacial de aplicación
  5. 5 Otras fuentes
    1. 5.1 El Derecho Internacional General
    2. 5.2 Los acuerdos internacionales
      1. 5.2.1 Los acuerdos entre la Comunidad y terceros Estados u organismos internacionales
      2. 5.2.2 Acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros
      3. 5.2.3 La cooperación sistemática (art. 12 del TUE) y la cooperación reforzada (art. 40, 40ª y 40B y 43 a 45 TUE)
    3. 5.3 Los actos complementarios
    4. 5.4 Los actos mixtos y otros actos
    5. 5.5 Los principios generales del Derecho

La UE como ordenamiento jurídico y los procedimientos normativos

Derecho de la UE, Derecho de las Comunidades Europeas, o Derecho comunitario, son denominaciones equivalentes, y que hacen referencia a un ordenamiento jurídico autónomo e integrado a los derechos de los Estados miembros. No se trata de un conjunto de Tratados internacionales y de actos emanados de las instituciones creadas por dichos Tratados que producen efectos similares a los de otros organizaciones internacionales, sino que es, según el TJCE, un ordenamiento jurídico propio integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros, desde la entrada en vigor del Tratado y que se impone a sus órganos jurisdiccionales; sigue diciendo que sería contrario a la naturaleza de tal sistema admitir que los Estados miembros pudieran adoptar o mantener en vigor medidas susceptibles de comprometer el efecto útil del Tratado; y que para su aplicación no puede variar de un Estado a otro por efecto de actos internos, sin dificultar el funcionamiento del sistema comunitario. Dicho esto, no sólo se afirma que el Derecho comunitario constituye un OJ sino que está integrado en los sistemas jurídicos de los Estados miembros, su efecto útil o su primacía. Así, extraeremos como conclusión que es un ordenamiento jurídico propio, esto es, un conjunto normativo capaz de integrarse sin auxilio de otros, a través de sus propios mecanismos, que cuenta con sus propias instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales, y que, finalmente se interpreta desde sus propias normas.

El OJ comunitario tiene su origen en la transferencia a las Comunidades Europeas (CECA, CEE y CEEA) y a la UE de competencias de los Estados miembros, transferencias que se producen a través de los sucesivos Tratados, en base a las previsiones establecidas en los derechos nacionales de los Estados miembros.

Los sujetos del Derecho comunitario son no sólo los Estados miembros y las propias instituciones comunitarias, sino también las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, susceptibles de ser sujetos de derechos y obligaciones en los Estados miembros. Así, el Derecho comunitario es un derecho integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros, que se relaciona con el derecho emanado de poderes, instituciones u órganos de los Estados miembros desde el principio de la primacía.

El Derecho comunitario no tiene la vocación de sustituir paulatinamente a los derechos nacionales. Es un derecho selectivo, que establece grandes objetivos cuya consecución compete a la Unión, a las Comunidades y a los Estados miembros. A las primeras, a través del conjunto de sus instituciones y órganos mediante el ejercicio conjunto de competencias que le atribuyen los Tratados, y a los Estados miembros a través del ejercicio de sus propias competencias. La relación entre las instituciones de la UE y las Comunidades Europeas y los Estados miembros y, en consecuencia, de los OJ emanados de unas y otros se explica a través del principio de atribución, así como mediante los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, los cuales sirven para encauzar y comprender la actuación de la Unión y de las Comunidades como productoras de normas y ejecutoras de las mismas. Es decir, que los objetivos de la Unión, las Comunidades y los Estados miembros deben entenderse como compartidos y sus actuaciones en todos los órdenes como complementarios y, en algunos casos, como contrapuestos o antagónicos.

La naturaleza del Derecho comunitario de la UE, trae como consecuencia que los órganos judiciales de los Estados miembros sean los órganos judiciales primarios del Derecho de la UE, cuyo sistema jurisdiccional culmina en el TJCE, que se denominará en el futuro TJ de la UE.

La UE y las Comunidades Europeas son organizaciones jurídicas en un doble sentido.

Por una parte han sido creadas y transformadas mediante normas y, por otra parte, se rigen por normas. A los Tratados constitutivos que crearon los precedentes de la UE (CECA, CEEA y CEE), a los que los modificaban (inclusive el Tratado de Niza y el Tratado de Lisboa cuando entre en vigor) y a los Tratados de adhesión de nuevos Estados miembros se les denomina Derecho originario, mientras que el conjunto de normas que emanan de las instituciones y órganos competentes de la UE y las Comunidades Europeas constituyen el Derecho derivado.

El significado y relaciones entre el Derecho originario y el derivado son semejantes al significado y relaciones de las constituciones de los Estados miembros de la UE y al resto de sus respectivos ordenamientos, si bien esta semejanza no iguala al Derecho originario a una constitución en sentido que se le da en el mundo occidental. Finalmente integran también las fuentes del Derecho de la UE el Derecho internacional y los Principios Generales del Derecho.

Es preciso señalar que la naturaleza del Derecho originario de los diferentes Tratados no es semejante. Así, mientras que los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas (CE, CECA y CEEA) tienen un contenido marcadamente supranacional, el Tratado de la Unión Europea tiene un carácter cooperativo o intergubernamental. Esta circunstancia hace difícil la construcción de una teoría general de las fuentes del Derecho de la UE.

Los procedimientos normativos

Los órganos legislativos

La competencia para producir derecho derivado corresponde, tras el Tratado de Maastricht y en el marco del TCE, al PE y al Consejo de modo conjunto, así como al Consejo y a la Comisión. Cualquiera de ellos, según el art. 249 TCE, puede adoptar reglamentos, directivas, decisiones, y podrán formular recomendaciones o emitir dictámenes cuando el Tratado lo prevea. Sin embargo, en el TCEEA no está prevista la intervención del PE y en el TCECA extinto el órgano legislativo era la Comisión, auxiliado por el Consejo. En el TUE, los órganos legislativos básicos con el Consejo Europeo y el Consejo, que son auxiliados por la Comisión, no teniendo el PE otra participación que la de ser consultado e informado, así como la de formular preguntas y recomendaciones. También debe considerarse como órgano legislativo el BCE.

La iniciativa legislativa

En el TCE y el TCEEA, la Comisión, salvo excepciones tiene en exclusiva la iniciativa legislativa. El PE sólo puede solicitar a la Comisión, previa decisión adoptada por la mayoría de sus miembros, que presente propuestas concretas en relación con un asunto que a juicio del PE merezca la adopción de un acto comunitario en el marco del TCE. A su vez, el Consejo puede solicitar a la Comisión que proceda a efectuar estudios y que le someta propuestas pertinentes. La posición principal de la Comisión, en lo que a iniciativa legislativa se refiere, queda desdibujada en el TUE. Por lo demás, el PE en el marco del TUE tiene como función más relevante la consultiva, con la particularidad que en el sistema político de la UE el Parlamento no tiene la iniciativa legislativa, lo que supone una posición claramente diferente a la de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros que la tienen reconocida sin excepción.

Los procedimientos para la producción del Derecho derivado

La participación del PE en la adopción de actos comunitarios se produce en el marco del TCE, mientras que el Consejo y la Comisión, que participan en todo caso en los procedimientos de los art. 251 y 252 TCE, pueden adoptar sus actos, a través de otros procedimientos. Por su lado, el BCE adopta sus actos sin la participación de los demás órganos legislativos.

El resultado de que sean varios los órganos que pueden dictar el mismo tipo de normas, mediante procedimientos diferentes e independientes del tipo de norma de que se trate, de una extraordinaria complejidad al sistema de fuentes.

No existe en los Tratados procedimientos tipos para la elaboración de los distintos tipos de actos comunitarios. La técnica utilizada por los Tratados es la de establecer, singularmente, cada vez que uno de sus preceptos habilita para dictar un acto, el procedimiento que debe utilizarse.

El art. 249 TCE no regula, propiamente, un procedimiento de elaboración de actos, pero introduce dos reglas de carácter general en las relaciones de colaboración del Consejo y la Comisión en la producción de actos. La primera regla consiste en que, cuando el Consejo debe adoptar un acto a propuesta de la Comisión, sólo puede introducir modificaciones en el mismo por unanimidad. La segunda regla consiste en que la Comisión, hasta que el Consejo no se pronuncie sobre la propuesta que se le somete, puede modificar su propuesta.

Los procedimientos en el TCE

Por lo que se refiere a los procedimientos legislativos en el marco de la CE, éstos se deducen del propio TCE, del Reglamento interno del Consejo, del Reglamento interno de la Comisión y del Reglamento del PE, así como de la Declaración común sobre las modalidades prácticas del nuevo procedimiento de codecision.

En primer lugar habría que decir que la Comisión, sin el concurso del Consejo, puede adoptar reglamentos y directivas, tomar decisiones, formular recomendaciones o emitir dictámenes, en los casos previstos en el TCE.

Clasificación de los procedimientos para la adopción de actos comunitarios en el marco del TCE:

Procedimiento simplificado o de consulta

Este procedimiento se inicia por la Comisión mediante una propuesta dirigida al Consejo que, antes de adoptar un acto definitivo, consultará al PE y al Comité Económico y Social. Para ello, la Comisión habrá tenido en cuenta las conclusiones de un grupo de trabajo constituido al efecto entre funcionarios de los Gobiernos de los Estados miembros y expertos.

Por su parte, el Consejo, recibida la propuesta de la Comisión, la tramitará a través de la COREPER, que tras estudiarla la devolverá al Consejo. Además el Consejo solicitará el dictamen del PE y del Comité Económico y Social antes de la adopción del acto comunitario, por la mayoría prevista en el Tratado del que se trate.

El procedimiento del art. 251 del TCE o procedimiento de codecision

En el procedimiento previsto en el art. 251 la iniciativa normativa la tiene la Comisión de modo exclusivo y excluyente. Es decir, sólo puede iniciar el procedimiento la Comisión. La iniciativa se concreta en una propuesta que la Comisión presenta al PE y al Consejo.

Corresponde al PE dictaminar dicha propuesta proponiendo o no enmiendas al texto remitido.

A la vista de dicho dictamen el Consejo tiene tres opciones que debe adoptar por mayoría cualificada:

  1. aprobar el acto propuesto si el PE no ha enmendado la propuesta de la Comisión;

  2. aprobar el acto propuesto si previamente aprueba todas las enmiendas del PE;

  3. adoptar una posición común que se transmitirá al PE junto a la información de los motivos que han conducido a adoptarla. En esta misma línea la Comisión informa al PE de su criterio en relación con la posición común.

Recibidas por el PE la posición común y demás informaciones, éste tiene 3 meses desde la comunicación del Consejo para adoptar las siguientes decisiones:

  • Aprobación de la posición común.

    • El PE aprueba la posición común, el Consejo adopta definitivamente el acto propuesto con arreglo a la posición común.

  • No adopción de decisión.

    • Si el PE no toma decisión alguna en el plazo de 3 meses desde la comunicación del Consejo, éste adoptará definitivamente el acto propuesto con arreglo a la posición común.

  • Rechazar la posición común.

    • El PE puede rechazar, por mayoría absoluta de sus miembros, la posición común del Consejo lo que equivale a considerar no adoptado el acto propuesto.

  • Propuesta de enmiendas a la posición común.

    • El PE, finalmente, puede, por mayoría absoluta de sus miembros, proponer enmiendas a la posición común, de las que dará traslado al Consejo y a la Comisión que deberá emitir un dictamen sobre las mismas.

A la vista de las enmiendas del PE y del dictamen de la Comisión y en el plazo de 3 meses desde la recepción de aquéllas el Consejo, a su vez puede optar por:

  • aprobar por mayoría cualificada la totalidad de las enmiendas del PE y por unanimidad las enmiendas objeto de dictamen negativo de la Comisión, en cuyo caso adoptará el acto de acuerdo con la posición común modificada por las enmiendas del PE.

  • No aprobar todas las enmiendas. En este caso el Presidente del Consejo, de acuerdo con el Presidente del PE, procede de modo inmediato a la convocatoria del Comité de Conciliación. Caben en este caso dos posibilidades:

    1. El Comité de Conciliación en el plazo de 6 semanas desde la convocatoria aprueba un texto conjunto, por mayoría cualificada de los miembros del Consejo y por mayoría simple de los representantes del PE. En este caso, de modo independiente, en el plazo de 6 semanas, se tienen que pronunciar sobre el texto conjunto el PE por mayoría absoluta de votos emitidos y el Consejo por mayoría cualificada. En el caso de que una de las partes no se pronuncie en lo términos indicados se considera que el acto no ha sido adoptado.

    2. El Comité de Conciliación en el plazo de 6 semanas desde la convocatoria no aprueba un texto conjunto. En este caso se entiende que el acto propuesto no ha sido adoptado, siempre que el Consejo confirme su posición.

Los plazos.

Los períodos de 3 meses y de 6 semanas a que se refiere este procedimiento se pueden ampliar en un mes y dos semanas.

El Comité de Conciliación.

El complejo procedimiento de codecision del art. 251, no obstante la simplificación que ha tenido lugar con la reforma del Tratado de Ámsterdam, ha exigido crear el Comité de Conciliación como órgano integrado por miembros del Consejo y representantes del PE, con objeto de aproximar posturas en relación a la consecución de un texto conjunto que supere las discrepancias entre Consejo y Parlamento, sobre la adopción de un acto a través del procedimiento del art. 251 TCE.

Composición. Será un órgano paritario, es decir, integrado por el mismo número de miembros o representantes del Consejo que representantes del Parlamento.

Convocatoria. Sólo puede ser convocado por el Presidente del Consejo, de acuerdo con el Presidente del PE.

Plazo de convocatoria. Los Presidentes del Consejo y del PE disponen de un plazo de 6 semanas para la convocatoria del Comité de Conciliación, a partir del momento en que el Consejo no apruebe las enmiendas del Parlamento.

Funciones. La finalidad es alcanzar un acuerdo sobre un texto conjunto.

Adopción de acuerdos. Se exige que los miembros del Consejo lo adopten por mayoría cualificada y los representantes del PE lo adopten por mayoría simple.

En el caso de que se alcance el acuerdo y se adopte un texto único, éste debe ser aprobado posteriormente por el Consejo y PE. Si el Comité no alcanza un acuerdo se considera el acto propuesto como no adoptado.

El procedimiento del art. 252 o procedimiento de cooperación

El desarrollo es el siguiente:

La iniciativa normativa corresponde a la Comisión de modo excluyente y exclusivo, la cual se concreta con una propuesta que dirigirá al Consejo y al PE que deberá emitir un dictamen sobre la misma. El Consejo, tras recibir el dictamen del PE, fijará una posición común.

Esta posición común del Consejo se transmite al PE, teniendo 3 meses, desde la comunicación del Consejo, para adoptar las siguientes decisiones:

  • Aprobación de la posición común.

    • El PE aprueba la posición común y el Consejo aprueba definitivamente el acto propuesto con arreglo a la posición común.

  • No adopción de decisión.

    • Si el PE no toma decisión alguna en el plazo de 3 meses desde la comunicación del Consejo, éste adoptará definitivamente el acto propuesto con arreglo a la posición común.

  • Propuesta de enmiendas.

    • El PE puede proponer, por mayoría absoluta de sus miembros, enmiendas a la posición común.

    • En este caso la Comisión tiene un plazo de un mes para reexaminar la posición común en base a las enmiendas del PE. El texto resultante será remitido al Consejo, dictaminando las enmiendas que la Comisión no acepte.

    • A la vista de la propuesta reexaminada por la Comisión el Consejo podrá:

      • Aprobar dicha propuesta reexaminada por la Comisión, por mayoría cualificada;

      • Aprobar las enmiendas del PE por unanimidad; y

      • Modificar la propuesta reexaminada por unanimidad.

  • Rechazo de la posición común

    • El PE podrá, por mayoría absoluta de sus miembros, rechazar la posición común del Consejo. En este caso el Consejo, no obstante, podrá aprobar la posición común en segunda lectura por unanimidad.

En los casos referidos en los apartados a) y d) anteriores, el Consejo contará con tres meses para pronunciarse, entendiéndose en caso de silencia del Consejo que no acepta la propuesta de la Comisión. Este plazo puede ampliarse un mes más como máximo por acuerdo entre el Consejo y el PE.

Procedimiento de elaboración del presupuesto

El presupuesto tiene un carácter normativo indudable y singular que no puede subsumirse en ningún otro tipo de norma, y se elabora mediante un procedimiento igualmente particular. Fundamentalmente, se regula la elaboración del presupuesto en el art. 272 TCE.

Corresponde a la Comisión la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto, el cual es enviado por la Comisión al Consejo. Éste debe consultar a la Comisión e instituciones afectadas si pretende separarse del anteproyecto y, en todo caso, debe aprobar el Proyecto del Presupuesto por mayoría cualificada. Proyecto que debe remitir al PE. Éste puede aprobarlo expresamente o no presentar ni enmiendas ni modificaciones en el plazo de 45 días. Si las presentes dentro de dicho plazo, por mayoría de los votos emitidos, las remitirá al Consejo. A la vista de dichas enmiendas y propuestas de modificación, que el Consejo debe debatir con la Comisión y las instituciones concernientes, podrá:

  • No adoptar posición alguna en el plazo de 15 días en relación a las enmiendas y modificaciones, en cuyo caso el presupuesto resultará aprobado de acuerdo con las enmiendas y modificaciones del PE.

  • Rechazar la modificación planteada por mayoría cualificada, cuando la modificación no suponga el incremento de gasto, o no adoptar posición alguna en cuyo caso la modificación resultará aceptada.

  • Aceptar por mayoría cualificada la modificación, cuando ésta suponga el aumento del gasto, o no adoptar posición alguna, en cuyo caso la modificación resultará rechazada.

  • Rechazar cualquier modificación propuesta, ratificando el importe consignado o estableciendo otro distinto, por mayoría cualificada.

La no aceptación por el Consejo de enmiendas o modificaciones propuestas por el PE, exige remitir a éste, de nuevo, el proyecto de presupuesto. El PE podrá entonces:

  • No pronunciarse, en el plazo de 15 días, sobre el proyecto de presupuesto, en cuyo caso éste quedará aprobado.

  • Pronunciarse por mayoría de 3/5 de los votos emitidos sobre las modificaciones introducidas por el Consejo a sus enmiendas, enmendando o rechazando dichas modificaciones. En este caso, el presupuesto quedará aprobado de acuerdo con el procedimiento del Parlamento.

Finalmente, el PE puede rechazar, por motivos importantes, el proyecto de presupuesto por mayoría de sus miembros y de las dos terceras partes de los votos emitidos.

El Derecho Originario

Los Tratados: cronología

El Derecho originario o, lo que es lo mismo, la norma fundamental o constitutiva de la UE y de las Comunidades Europeas, se integra por un conjunto de numeroso de Tratados.

Se clasifican en:

  • Tratados constitutivos: Crearon la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), la Comunidad Económica Europea (CEE y después CE), la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o EURATOM) y la Unión Europea (UE).

  • Tratados de reforma puntual de los Tratados constitutivos como son la Convención de Roma del 57, o los Tratados de Bruselas de 1965, 1975 y 1984 y de Luxemburgo de 1970;

  • Tratados de reforma sustancial como son el Acta Única, el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Ámsterdam y el Tratado de Niza (también se incluyen la Constitución Europea no nata y el Tratado de Lisboa, que se encuentra en fase de ratificación);

  • Tratados de adhesión de los Estados miembros.

La función de los Tratados que integran el derecho originario de la UE en el sistema jurídico de la Unión sería semejante, desde una perspectiva formal que no material, al de la Constitución o Leyes Fundamentales en los sistemas jurídicos de los Estados miembros.

Naturaleza y contenido

El derecho originario está integrado por un conjunto de Tratados que constituyen la norma fundamental de la UE.

La circunstancia de que la norma fundamental no consista en un único texto, ha dado como resultado un conjunto desordenado, falto de sistemática y con algunas deficiencias técnicas.

Los Tratados están integrados bien por normas jurídicas plenas, susceptibles de crear derechos y obligaciones en sus destinatarios, o por normas que crean habilitaciones en las instituciones comunitarias para llevar a cabo actos de naturaleza normativa, ejecutiva o jurisdiccional.

El TJ ha establecido en sentencia que el art. 12 del TCE que produce efectos inmediatos y engendra en la esfera de los justiciables derechos individuales que las jurisdicciones internas deben salvaguardar. Así, la norma en cuestión establece una prohibición que no necesita ser completada por otra norma comunitaria o nacional. El primer principio que se fija, según el TJ es que el Tratado no se limita a crear obligaciones mutuas entre los Estados miembros. El segundo principio que deriva del anterior es que los Tratados tienen como destinatarios de derechos y obligaciones a los nacionales de los Estados miembros, entendiéndose el concepto de nacional con amplitud, en el sentido de referirlo a sujeto de derecho desde la perspectiva de los respectivos derechos nacionales. Finalmente, el TJ establece que los derechos y obligaciones que se derivan para los nacionales no nacen tan sólo cuando el Tratado hace una atribución explícita, sino “en razón de obligaciones que el Tratado impone de manera bien definida, tanto a los particulares como a los Estados miembros y a las instituciones comunitarias”, como es el caso de la prohibición del art. 25 del Tratado CE: “Quedan prohibidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal”.

El art. 25 sería el ejemplo de norma directamente aplicable que no necesita de normas de desarrollo o aplicación de naturaleza comunitaria o provenientes de los Estados miembros.

Basta ahora decir que los Tratados son normas jurídicas, que tienen por destinatarios a los Estados miembros, a sus nacionales y a las instituciones comunitarias.

Los Tratados constitutivos

El Tratado de la CECA fue una apuesta decidida para sustituir rivalidades históricas por “una fusión de sus intereses esenciales” con objeto de crear “los cimientos de una comunidad más amplia y profunda entre pueblos tanto tiempo divididos y sentar las bases de instituciones capaces de orientar desde ahora un destino compartido”. Se creaba una Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El Tratado constaba de 100 artículos, tres anexos, dos protocolos, un cambio de cartas y una convención y supuso un ensayo de lo que pocos años después serían los Tratados de la CEE y de la CEEA. El Tratado creo el conjunto de instituciones fundamentales que después se trasladarán a las demás Comunidades.

En lo relativo a las fuentes normativas el TCECA las reguló, recibiendo las denominaciones de decisiones, decisiones individuales, recomendaciones y dictámenes que equivalen respectivamente a los reglamentos, decisiones, directivas y dictámenes de la CE y la CEEA.

El Tratado de la Comunidad Europea, TCE (originariamente Tratado de la Comunidad Económica Europea), que tiene mayor extensión y una estructura más compleja que el anterior. Consta en la actualidad de 314 artículos. La CE es una Comunidad que teniendo originariamente el mismo fin de crear un mercado común, ha ampliado los objetivos que persigue a través del establecimiento de un mercado común, de una política económica y monetaria y de multitud de políticas o acciones comunitarias.

La primera parte del Tratado se dedica a los principios en que se basa la Comunidad, la cual se ha visto incrementada y perfeccionada desde su redacción originaria hasta el Tratado de Niza. La parte segunda, que no figuraba siquiera en la redacción originaria fue creada por el Tratado de la Unión, y trata de la ciudadanía europea. La parte tercera clasifica las políticas.

La parte cuarta trata de la asociación de los países y territorios de ultramar que mantienen relaciones especiales con algunos Estados miembros. La parte quinta regula las Instituciones, esto es, el PE, el Consejo, la Comisión, el TJ, el Tribunal de Cuentas y otras instituciones. La parte sexta está dedicada a las disposiciones generales.

El Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, TCEEA, conocido también como EURATOM, es un Tratado sectorial como el Tratado de la CECA. Sin embargo, por su extensión y contenido se aproxima al Tratado de la CE. El Tratado se divide en seis títulos, organizados en un total de trece capítulos y concluye con unas disposiciones finales, anexos, protocolos y declaraciones.

La misión de la CEEA, es la de “contribuir, mediante el establecimiento de las condiciones necesarias para la creación y crecimiento de industrias nucleares, a la elevación del nivel de vida en los Estados miembros y al desarrollo de los intercambios con los demás países.

Los Tratado de reforma puntual

La primera reforma de los Tratados de la CECA, CE y CEEA fue simultánea a la aprobación de los dos últimos, nos referimos a la Convención relativa a ciertas instituciones comunes a las Comunidades Europeas. La Convención es un texto breve que unificó las Asambleas legislativas, el TJ y la financiación.

A los siete años, el Tratado de Bruselas, unificaría los Consejos, las Comisiones y los presupuestos, así como los funcionarios, e introduciría modificaciones y derogaciones.

Después llegarían el Tratado de Luxemburgo, del 1970, y los de Bruselas, ambos en 1875.

Los Tratados de reforma sustancial

Estos son Tratados que han supuesto un impulso decisivo al proyecto de UE, como son el Acta Única Europea, el Tratado de la UE, el Tratado de Amsterdam y el Tratado de Niza.

El Acta Única Europea, introdujo reformas de gran alcance. Institucionalizó el Consejo Europeo integrado por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y por el Presidente de la Comisión, e inició y añadió a los textos de los Tratados constitutivos más de medio centenar de artículos.

El Tratado de la UE supone en cuanto a extensión y profundidad la reforma más importante realizada hasta 1992, en los Tratados constitutivos. Su Título I está dedicado a la constitución de la UE. Para ello establece una serie de objetivos. Sus Títulos II a IV derogan, adicionan o modifican más de 200 artículos a los Tratados constitutivos. Su Título V está dedicado a la política exterior y de seguridad común. El Título VI inicia un nuevo frente para la Unión, en la cooperación de la justicia y en interior. Tiene diecisiete protocolos y 33 declaraciones.

El Tratado de Amsterdam había sido concebido para completar los objetivos que se había propuesto y no había alcanzado el Tratado de la Unión. Mención merece la introducción que hace este Tratado del actual apartado 1 del art. 6 del Tratado de Maastricht que confirma que: “La UE se basa en los principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros”.

El Tratado de Niza tuvo como objetivo principal adaptar los Tratados constitutivos a la gran ampliación de la Unión prevista para el 2004. Pero Niza, sobre todo, se recordará como uno de los momentos más decepcionantes de la historia de la construcción europea. Hasta tal punto que, los propios jefes de Estado o de Gobierno anunciaran la convocatoria de una nueva conferencia intergubernamental para 2004.

Los Tratados de Adhesión

Todos tienen una estructura idéntica. Se inician con una primera parte bajo el rótulo de “principios”, la Segunda Parte incluye las “adaptaciones de los Tratados”, la Tercera Parte contiene las “adaptaciones de los actos adoptados por las instituciones”, la Cuarta Parte es la más extensa y tiene por objeto las “medidas transitorias”, finalizando el texto con las “disposiciones relativas a la aplicación del propio Tratado”. Al Tratado siguen, formando parte del mismo, un conjunto de anexos, protocolos, intercambios de cartas y declaraciones que lo convierten en un documento jurídico amplio y complejo.

Así las cosas, el Derecho originario, esto es, el nivel constitutivo de la Unión, se integra, después del Tratado de Niza, por los dos Tratados constitutivos de las Comunidades (CE y CEEA) y el Tratado de la Unión, tal y como han quedado modificados finalmente por el Tratado de Niza, y por los Tratados de adhesión, debiendo tenerse en cuenta que los protocolos que acompañan a los Tratados tienen el mismo rango que éstos.

Eficacia

El derecho originario, con carácter general, tiene eficacia directa en relación a los Estados miembros, a las instituciones comunitarias, a las personas físicas y a las personas jurídicas públicas y privadas en el ámbito de los Estados miembros.

Partiendo de lo anterior consideración es posible distinguir las normas de derecho originario de directa aplicación, cuya completa eficacia no está subordinada ni a normas ni a actos de las instituciones comunitarias o de los Estados miembros, de las normas cuya aplicación necesita el complemento de normas o actos de las instituciones comunitarias o de los Estados miembros. Así, la prohibición del art. 53 del Tratado de la CE, derogado por el Tratado de Amsterdam, según la que los Estados miembros no podían introducir nuevas restricciones al establecimiento en sus territorios de nacionales de otros Estados miembros, generó el derecho de los nacionales de cualquier Estado miembro a que los demás Estados miembros no introdujeran nuevas restricciones al derecho de establecimiento. Ejemplo del segundo tipo de norma sería el art. 93 TCE, que prevé se dicten disposiciones armonizadoras de las legislaciones de los Estados miembros en materia de impuestos sobre el volumen de negocios.

Entre las normas de derecho originario es posible diferenciar también las dirigidas a las instituciones comunitarias de las que tiene por destinatarios a los Estados miembros, o a las personas físicas y jurídicas de la UE. Son normas dirigidas a las instituciones comunitarias por ejemplo el art. 94 del TCE que regula el procedimiento para dictar directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros. Pero junto a ellas, los Tratados contienen normas substantivas que crean directa o indirectamente derechos y obligaciones en las personas físicas y jurídicas.

El Derecho Derivado

Introducción

Concepto y clases

Por Derecho derivado se entiende el conjunto de normas y actos comunitarios emanados de las Instituciones de la UE, en virtud de las habilitaciones genéricas o específicas contenidas en el Derecho originario.

El Tratado de la CECA establecía que: “para el cumplimiento de la misión a ella confiada y en las condiciones previstas en el presente Tratado, la Comisión tomará decisiones, formulará recomendaciones o emitirá dictámenes, en las condiciones previstas en el presente Tratado”. Las decisiones eran obligatorias para todos los Estados parte, las recomendaciones obligaban “en cuanto a los objetivos fijados en ellas, pero dejarían a sus destinatarios la elección de los medios apropiados para alcanzar tales objetivos”, y finalmente los dictámenes no eran vinculantes.

El Tratado de la CE, bajo el epígrafe Disposiciones comunes a varias instituciones, en su art. 249 establece que el PE y el Consejo, el Consejo y la Comisión, para el cumplimiento de su misión: “adoptarán reglamentos y directivas, tomarán decisiones, formularán recomendaciones y emitirán dictámenes”.

Ha de ponerse de manifiesto que a lo largo del articulado de los Tratados se utiliza una terminología heterogénea y diferente de la de reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes, así es frecuente la utilización de conceptos como medidas, disposiciones apropiadas, normas de desarrollo o acciones, referencias estas que pueden exigir que se dicten los arriba citados.

El reparto competencial

No existe en los Tratados un criterio genérico, un listado de materias en base a la que se establezcan las competencias de las distintas Instituciones. Así, en el marco del TCE y del TCEEA la competencia legislativa es compartida.

El conjunto de disposiciones que integran los Tratados no constituye un sistema formalmente organizado, de modo que no exista una determinación sistemática de las materias que deben ser objeto de reglamentos, directivas, etc.

La circunstancia de que una materia sea regulada por un reglamento impide de hecho la existencia de directivas en la misma materia. Sin embargo, que una materia sea susceptible de ser regulada mediante directivas no excluye necesariamente que pueda dictarse con posterioridad un reglamento.

Reglamentos

Naturaleza y tipos

El reglamento, expresa el art. 249 TCEE, tendrá alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

El reglamento es la expresión más contundente de la vertiente de las Comunidades Europeas como organizaciones supranacionales. Así, el reglamento supone: por una parte, que se ha producido una transferencia previa de competencia de la totalidad de los Estados miembros a la Comunidad para la regulación futura de la misma; y por otra, la exclusión de presente y futuro de la competencia de los Estados miembros en favor de la exclusividad del ejercicio de la competencia por la Comunidad, competencia que se ejerce mediante reglamentos comunitarios.

La denominación de reglamento no debe conducir a pensar que una norma tiene la misma naturaleza que los reglamentos en el derecho interno de los Estados miembros, ni que se estén transfiriendo a la Comunidad las competencias reglamentarias que tienen los Estados miembros sobre una materia. Los reglamentos de la Comunidad desplazan a cualquier norma de un Estado miembro sobre una determinada materia. El reglamento es, por consiguiente, una norma que excluye a cualquier norma de cualquier rango sobre una determinada materia en el orden interno de los Estados miembros. El reglamento, sin embargo, no deroga las normas dictadas anteriormente por los Estados miembros sobre la materia objeto del reglamento sino que las desplaza, excluyendo la actividad normativa futura de los Estados miembros sobre la materia objeto del mismo. Son los reglamentos, de algún modo, las leyes generales de la Europa comunitaria.

El reglamento tiene alcance general, es decir, regula supuestos de hecho y consecuencia jurídicos abstractos susceptibles de ser aplicables a cualquier sujeto de derecho o actividad contemplado en el supuesto de hecho previsto en el reglamento.

El reglamento es una norma obligatoria en todos sus elementos, sin que permita ni a los Estados miembros ni a los destinatarios finales la interposición de otra norma para su aplicación, salvo que lo prevea expresamente, ni su aplicación parcial, o incompleta, o selectiva, o la aplicación según circunstancias nacionales, o dictar normas o actos de derecho interno para su completa eficacia. El reglamento es el instrumento por antonomasia para el objetivo de conseguir un mercado común, en cuanto instrumento uniformador.

Es posible diferenciar varios tipos de reglamentos. Una primera clasificación sería la de reglamentos que no precisan colaboración alguna de los Estados miembros para su completa efectividad (self executing) y reglamentos que precisan la colaboración de los Estados miembros para su efectividad.

Una segunda clasificación permitiría distinguir los reglamentos autónomos, o base, de los de aplicación o ejecución de otros reglamentos.

Elaboración, forma y vigencia

Los reglamentos en el marco del TCE pueden ser elaborados por el PE y el Consejo conjuntamente, a través de los procedimientos establecidos en el art. 251 y 252. También pueden adoptar reglamentos el Consejo y la Comisión. Los reglamentos del Consejo se adoptan de ordinario a propuesta de la Comisión y previa consulta del PE y otros órganos consultivos de la Comunidad. Mientras que los reglamentos de la Comisión son adoptados en el ámbito interno de la misma. Finalmente puede adoptar reglamentos el BCE en la línea de los adoptados por la Comisión.

La identificación de la procedencia de los reglamentos viene determinada por la fórmula de su encabezamiento. Los reglamentos adoptados conjuntamente por el PE y el Consejo, incluirán la fórmula: “El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea”, mientras que los reglamentos del Consejo incluirán tan sólo la fórmula: “El Consejo de la Unión Europea”.

En el caso de que la entrada en vigor no se produzca en el plazo ordinario de 20 días, el último artículo de cada reglamento fijará la fecha de su entrada en vigor.

Especial interés tiene la fórmula que precede a la firma, dice así: “El presente reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro”.

Los reglamentos deben ser motivados, de acuerdo con lo previsto en los Tratados, la cual ha de estar justificada no sólo en mérito al posterior ejercicio de derechos y obligaciones por sus destinatarios sino también para hacer posible un mejor ejercicio del control de los mismos por el TJ.

Los reglamentos deben publicarse en el Diario Oficial de la UE.

Eficacia

Los reglamentos, de acuerdo con el art. 249 del Tratado de Roma son obligatorios y directamente aplicables en cada Estado miembro. Se trata, por consiguiente, de normas capaces de crear directamente derechos y obligaciones en sus destinatarios, ya sean particulares, o personas jurídicas, públicas y privadas. Es decir, son normas que no necesitan ser adaptadas o transpuestas por normas o actos de los Estados miembros, pues en ellas mismas contienen todos los elementos para su aplicación directa desde su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades en la fecha que las mismas establezcan, o, en otro caso, prevista en los Tratados.

Los reglamentos, en cuanto tales, son directamente aplicables en todo Estado miembro y entran en vigor, en virtud, únicamente, de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades, en la fecha en que fijan o, en su defecto, en el momento determinado por el Tratado; que, en consecuencia, son contrarias al Tratado todas las modalidades de ejecución cuya consecuencia podría ser la de dificultar el efecto directo de los reglamentos comunitarios y de comprometer de esta manera su aplicación simultánea y uniforme en el conjunto de la Comunidad.

No son posibles, por tanto, en un principio, las medidas de aplicación de los reglamentos, esto es, la intermediación de los Estados miembros en la elaboración del Derecho comunitario en su versión de reglamentos. No pueden, tampoco, los Estados intervenir en la determinación de la fecha de entrada en vigor de los reglamentos, que tienen vocación de entrar en vigor de modo simultáneo en el territorio del conjunto de los Estados miembros.

Se trata, de una norma capaz de entrar en vigor sin la colaboración de ningún órgano o institución de los Estados miembros, que, en su caso, desplaza a cuantas normas estén vigentes sobre la misma materia en cada Estado miembro, sin necesidad de pronunciamiento especial ni de declaración de derogación de la misma. Así, los particulares, las AP, y finalmente, los jueces deben aplicar el reglamento con preferencia a cualquier otra norma motu propio.

La entrada de un reglamento en una materia determina también, para el futuro, la exclusión del Estado, o si se prefiere la abstención de dictar medidas que puedan “constituir una excepción a la misma o bien infringirla”.

Así, la vigencia de la norma reglamentaria comienza en el momento en que se establezca en la misma sin que, en contra de lo dispuesto en ella, pueda tener vigencia provisional el derecho previo que la misma modifica, en base al criterio del momento de la iniciación del procedimiento o cualquier otro.

Finalmente, debe mencionarse la posible colisión entre los derechos fundamentales y un reglamento comunitario. Así, el TJ ha declarado que: “La cuestión relativa a un eventual atentado contra los derechos fundamentales por un acto institucional de las Comunidades ha de ser apreciada únicamente en el marco del propio Derecho comunitario”. La introducción de criterios de aplicación particulares, que entran en el ámbito de la legislación o del orden constitucional de un Estado miembro determinado, por el hecho de que atentaría con la unidad material y la eficacia del Derecho comunitario, tendrían irremisiblemente por efecto la ruptura de la unidad del Mercado Común y la puesta en peligro de la cohesión de la Comunidad.

Reglamentos, normas nacionales depuradoras y leyes nacionales didácticas

Los reglamentos que bien pudieran haberse denominado leyes comunitarias no precisan la colaboración del legislador nacional para ser eficaces. Así, despliegan todos sus efectos por sí mismos y desplazan a la legislación nacional antes aplicable en la materia desde que es regulada por el reglamento. De este modo, no puede hablarse rigurosamente de que el reglamento comunitario derogue la legislación nacional que se le oponga. El principio de primacía determina el desplazamiento del derecho nacional antes aplicable a favor del reglamento comunitario, pero la norma nacional sigue vigente hasta que el Estado miembro la derogue expresamente. Estas normas nacionales depuradoras del propio ordenamiento jurídico no suelen ser habituales y suelen ser normas interpretativas del Derecho comunitario siempre subordinadas a la interpretación del TJ.

Así, serían posibles dos tipos de colaboración del derecho interno con los reglamentos comunitarios, por una parte la que se derivaría de los reglamentos no self executing, y por otra las normas nacionales depuradoras de normas internas contrarias a los reglamentos.

Si nos situáramos en la posición de que fueran posibles normas nacionales de adecuación de los ordenamientos internos a los reglamentos comunitarios, la cuestión que se debiera plantear es qué tipo de norma debe utilizar el legislador competente, de acuerdo con el sistema de distribución de competencias en cada Estado miembro. Si el reglamento, desplaza pero no deroga la legislación interna, la actuación de los legisladores nacionales exige tener en cuenta el rango de las normas internas a deputar o colaborar con el reglamento comunitario. A conclusión bien diferente se llegaría si el reglamento comunitario deroga el derecho interno.

En este caso, no sería necesario tener en cuenta el rango de las normas derogadas. La conclusión que se obtiene sería que la depuración del ordenamiento interno, o cualquier otro tipo de colaboración del derecho interno con el reglamento comunitario exigiría tener en cuenta el rango de las normas afectadas.

Podríamos convenir que los Tratados comunitarios no prohíben expresamente que los legisladores nacionales pueden dictar normas de colaboración (depuradoras o normas didácticas), pero la cuestión es la de si este modo de proceder es compatible con el funcionamiento óptimo del sistema de fuentes. Según el juicio de la autora, el mecanismo elegido es equivocado por una razón elemental, la aspiración de los reglamentos comunitarios es crear un espacio normativo unitario en la materia sobre la que versan. Dicho espacio normativo unitario será inexistente si cada Estado miembro dicta normas de derecho interno interpretativas que configuran tanto espacios normativos como Estados miembros, acercando en este punto el reglamento a la directiva. En definitiva, la apariencia de colaboración puede convertirse a corto plazo justamente en todo lo contrario, por mucho que se siga proclamando que las normas internas de colaboración con los reglamentos están vinculadas a éstos y subordinadas a la interpretación del TJ.

Directivas

Naturaleza

De acuerdo con el art. 249 TCE “La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios”.

Las directivas, a diferencia de los reglamentos que son normas generales aplicables en el territorio de la Comunidad, tienen por destinatarios inmediatamente tan sólo a los Estados miembros. Sin embargo, esta circunstancia no debe conducir a la conclusión de que las directivas no puedan tener efectos directos para los ciudadanos europeos.

La finalidad de la directiva es la aproximación entre las legislaciones o las políticas, en general, de los Estados miembros, en base a que dichas legislaciones se adapten a la directiva de que se trate, aunque la forma y los medios no sean los mismos en cada Estado. La directiva sería una norma de resultado que no condiciona ningún elemento, formal o material, del proceso de cada Estado para llevar a cabo la transposición de la misma a cada uno de los Derechos nacionales.

Así, los Estados tienen que elegir la forma adecuada para la adaptación (ley, reglamentos, etc.) interpretar adecuadamente el objetivo que la directiva impone y hacerlo en el plazo establecido.

Puede ocurrir que algún Estado miembro no haya regulado la materia objeto de la directiva, en cuyo caso el Estado estará obligado a dictar una norma o disposición ex novo con el rango que corresponda en su ordenamiento y cabe, incluso, que un Estado considere que la totalidad o parte de los objetivos de la directiva se cumplen ya en normas vigentes, por lo que no será preciso dictar una nueva normativa, o sólo será preciso transponer parte de la directiva.

Las directivas pueden clasificarse atendiendo a sus destinatarios, en directivas que afectan a todos los Estados miembros, y directivas que afectan tan sólo a alguno o algunos Estados miembros.

Elaboración, forma y vigencia

Las directivas en el marco del TCE pueden ser elaboradas por el PE y el Consejo, conjuntamente a través de los procedimientos establecidos en los arts. 251 y 252, así como por el Consejo y la Comisión. Además, es posible la adopción de directivas por los procedimientos de aproximación de las legislaciones regulados en los art. 94 a 97 del TCE.

El Reglamento interno del Consejo da un tratamiento semejante a las directivas y a los reglamentos, en lo relativo a sus aspectos formales.

El TCE prevé en su art. 254 dos regímenes para la entrada en vigor de las directivas.

Las directivas adoptadas con arreglo al art. 251 o que tengan por destinatarios a todos los Estados miembros se publican en el Diario Oficial de la UE y entran en vigor en la fecha que las mismas fijen y, en su ausencia, a los 20 días de su publicación. Por el contrario, las demás directivas deben ser notificadas a sus destinatarios y surgen efecto a partir de dicha notificación.

Otra particularidad de las directivas es el establecimiento de un plazo para su cumplimiento. Es decir, que el resultado que se pretende conseguir mediante las directivas no es nunca inmediato, sino que está sujeto a un plazo prudencial y común para los Estados afectados.

Eficacia

La eficacia de la directiva en relación con los Estados miembros comienza a partir de la notificación de las mismas. Desde la notificación a los Estados miembros hasta la conclusión del plazo que la directiva establece para su transposición, la directiva sólo tiene a los Estados miembros como destinatarios.

El supuesto de la transposición de la directiva dentro del plazo previsto y de modo satisfactorio, determina la conclusión del proceso.

Los problemas se presentan en el caso de que el Estado miembro no transponga la directiva dentro del plazo establecido o transponga la directiva dentro del plazo, pero de modo no satisfactorio.

El plazo de transposición es una obligación que vincula a los Estados miembros destinatarios, debiendo considerarse que su incumplimiento es una violación del Tratado.

Las Directivas-reglamentarias y su compatibilidad con los Tratados. Las normas nacionales de transposición como normas depuradoras de los ordenamientos de los Estados miembros

La diferenciación entre directivas marco y directivas detalladas (o directivas- reglamentarias) hace que en primer lugar sea necesario saber si estas directivas pueden admitirse desde el art. 249 del TCE que prevé que las autoridades nacionales elijan la forma y los medios para obtener el resultado perseguido por la directiva. Dicho precepto determinó la calificación doctrinal de las directivas como normas de resultado. La interpretación de dicho precepto, en lo que se refiere al contenido de las directivas, incluya ambas posibilidades, esto es la existencia de directivas marco y de directivas detalladas. Pero lo cierto es que esta posición no deja de ser contradictoria en la medida en que las directivas detalladas presentan un contenido idéntico al de los reglamentos, un contenido normativo obligatorio, sin que los Estados miembros puedan hacer otra cosa que darle una forma nacional adecuada y establecer las derogaciones pertinentes en su correspondiente OJ.

Los Estados miembros pueden no transponerlas en plazo o transponerlas incorrectamente, de modo que a los destinatarios finales de la norma sólo les serán aplicables a través de la doctrina del efecto directo, con las limitaciones en lo que se refiere al efecto horizontal de las directivas. Es decir, el control sobre la capacidad armonizadora de la Comunidad Europea seguirá mediatizada por los Estados miembros, aun cuando debe tenerse en cuenta que los Estados miembros tienen la obligación de abstención de dictar normas contrarias a las directivas durante el plazo concedido para la transposición.

En todo caso los efectos que producen las directivas marco y las detalladas son bien diferentes porque sólo las directivas marco producen un resultado armonizador, pues las directivas detalladas producen una auténtica unificación de los OJ, haciendo posible, igualmente, la depuración de los mismos, ya que la propia norma transpuesta puede llevar a cabo dicha depuración sin riesgos, a diferencia de lo que sucede con las normas depuradoras nacionales en relación con los reglamentos comunitarios.

Decisiones

Naturaleza

De acuerdo con el art. 249 TCE las decisiones son obligatorias en todos sus elementos para todos sus destinatarios.

Mediante las decisiones las Instituciones comunitarias persiguen la regulación de asuntos concretos en relación con los Estados miembros o personas físicas o jurídicas determinadas a las que se dirigen.

El TS ha resuelto los problemas más importantes sobre las decisiones. Así, afirma que las Instituciones comunitarias tienen la más amplia libertad para la elección del tipo de acto comunitario a adoptar. Por consiguiente, si los Tratados no se refieren a un tipo de acto determinado y se hace mención a “reglas comunes”, “condiciones de admisión” o “cualesquiera otras disposiciones útiles”, la institución comunitaria concernida podrá utilizar la decisión para llevar a cabo la política común de que se trate.

Las decisiones son obligatorias para sus destinatarios, planteándose el TS que: “la cuestión de saber si la obligación que emana de la decisión puede solamente ser invocada por las instituciones comunitarias respecto de este destinatario o puede serlo eventualmente por toda persona interesada en la ejecución de esta obligación”, llegando la sentencia a la conclusión de que la obligación impuesta por la decisión a un Estado miembro puede ser invocada por los afectados pues: “el efecto útil de tal acto se encontraría debilitado si los administrados en este Estado no pudieran alegarla en vía judicial y los órganos jurisdiccionales nacionales estuvieran impedidos para tomarla en consideración como elemento de Derecho comunitario”. De modo que la sentencia, reconociendo que los efectos de una decisión no pueden ser los mismos que los de un reglamento, no excluye que el resultado final lo sea, en el sentido de que sea capaz de crear el derecho en los administrados de alegarla en vía judicial, tal y como si se tratara de una disposición reglamentaria. Por consiguiente, no puede descartarse el efecto directo de las decisiones en las relaciones del destinatario del acto y los terceros afectados, esto es, su efecto horizontal.

Elaboración, forma y vigencia

Las decisiones, en el marco del TCE pueden ser elaboradas por el PE y el Consejo, conjuntamente y por el Consejo y la Comisión, a través del procedimiento de elaboración previsto en la norma habilitante. Es aplicable a las decisiones lo previsto en el Reglamento Interno del Consejo para reglamentos y directivas.

Las decisiones deben publicarse en el Diario Oficial, cuando son adoptadas a través del procedimiento del art. 251. En este caso, entran en vigor a los 20 días de su publicación o en la fecha determinada en las mismas. En los demás casos, las decisiones se notificarán a sus destinatarios y surtirán efectos a partir de su notificación. Son de aplicación a las decisiones las observaciones para reglamentos y directivas en lo relativo a la interpretación del art. 254 TCE.

Eficacia

Las decisiones son obligatorias en todas sus partes para los destinatarios, teniendo además de esta eficacia vertical, eficacia horizontal, medida en que puede ser alegada por los afectados ante los Tribunales nacionales que la deberán de tener en consideración.

Recomendaciones y Dictámenes

Naturaleza

Las recomendaciones y dictámenes están previstos en los Tratados de la CEE y CEEA.

Éstos no son vinculantes, distinguiéndose de este modo de los reglamentos, directivas y decisiones.

Los destinatarios de las recomendaciones son sobre todo los Estados, pero también pueden serlo otras instituciones, o adoptadas por una Institución a propuesta de otra. Los destinatarios no están vinculados jurídicamente a la recomendación. Pero ésta puede ser preceptiva para la adopción de otros actos comunitarios o ser requisito para llevar a cabo actividades como la de iniciar la negociación o acuerdos internacionales.

Las recomendaciones y dictámenes tienen efectos jurídicos y políticos considerables, en la medida en que pueden ser preceptivos o preparatorios de actos comunitarios obligatorios.

Elaboración, forma y vigencia

Pueden elaborar recomendaciones, en el marco del TCE, el PE y el Consejo, así como el Consejo y la Comisión. En el caso del TCEEA pueden elaborar recomendaciones el Consejo y la Comisión. Por lo que se refiere a los dictámenes son competentes para elaborarlos en el marco del TCE y del TCEEA las mismas instituciones que en el caso de las recomendaciones.

Los dictámenes y las recomendaciones, no son vinculantes para sus destinatarios.

Mención especial merecen los dictámenes del PE en su modalidad de conformes, en la medida en que se trata de actos vinculantes para sus destinatarios.

Por cuanto a la elaboración y forma de las recomendaciones y dictámenes tan sólo establece el Reglamento interno del Consejo que las recomendaciones y dictámenes del Consejo se encabezarán con el título “Recomendación” o “Dictamen”.

Eficacia

Las recomendaciones y los dictámenes, en consecuencia de actos no obligatorios para sus destinatarios, a excepción de los dictámenes conformes del Parlamento, no tienen efectos jurídicos vinculantes para éstos ni para terceros. No obstante, tienen una cierta eficacia jurídica en la medida en que algunos casos son preceptivos en un procedimiento concreto para la adopción de actos obligatorios y, en otros casos, la circunstancia de que las recomendaciones y dictámenes sean desatendidas por sus destinatarios puede provocar la adopción por las instituciones comunitarias de actos comunitarios obligatorios.

Reglamentos, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes del BCE

El BCE tiene atribuida la potestad de normar por el TCE a través de reglamentos y, asimismo puede tomar decisiones, formular recomendaciones y emitir dictámenes.

Los reglamentos dictados por el BCE, no obstante no debe ser éste considerado como una Institución del art. 7 del TCE, tiene los mismos atributos que los reglamentos de las Instituciones, pudiendo decirse lo mismo de las decisiones, las recomendaciones y los dictámenes del BCE. La posición que ocupa el BCE es comparable, en el ámbito de la política monetaria, a la que ocupaba la Comisión en el marco del extinto TCECA.

No obstante, debe tenerse en cuenta que en el marco de la política monetaria el Consejo tiene importantes competencias. En particular, queda fuera del poder normativo del BCE el sistema sancionador, así como el celebrar acuerdos formales relativos al sistema de tipos de cambio.

Los actos en el Tratado de la UE

Los artículos 12 y 34 del TUE se refieren a actos diferentes a los contemplados en los artículos 249 del TCE, 161 del TCEEA y 14 del TCECA, que habría que denominar actos de la Unión, tanto por ser privativos del TUE, como para diferenciarlos de los actos comunitarios regulados en los Tratados de la CE, la extinta CECA y la CEEA.

En lo que concierne a la política exterior y de seguridad común regulado en el TUE, el citado Tratado relaciona los que denomina medios con que cuenta la Unión para el logro de los objetivos de política exterior y de seguridad común, que serían:

  • La definición de los principios y de las orientaciones generales;

  • La determinación de estrategias comunes;

  • La adopción de acciones comunes;

  • La adopción de posiciones comunes, y

  • El fortalecimiento de una cooperación sistemática entre los Estados miembros para el desarrollo de su política.

Por su parte, el Reglamento interno del Consejo de Ministros, en su Anexo II al referirse a la forma de los actos comunitarios y del TUE sólo menciona: “Estrategia común del Consejo Europeo”, “Acción común del Consejo” y “Posición común del Consejo”.

La estrategia común del Consejo Europeo debe entenderse como un acto de dirección política que el Consejo recomendará al Consejo Europeo y que, una vez adoptada por éste, permitirá al Consejo adoptar posiciones y acciones comunes.

Las acciones comunes deben tener por objeto una situación específica que exija la acción operativa de la Unión, estableciéndose en la misma los objetivos, el alcance, los medios que haya que facilitar a la Unión, las condiciones de ejecución y, si es necesario, su duración.

Las posiciones comunes tienen por objeto definir el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático y por destinatarios a los Estados miembros, que deben velar por la adecuación de sus políticas nacionales a aquéllas.

Con carácter general aplicable a la estrategia común del Consejo Europeo, y a las acciones y posiciones comunes del Consejo de Ministros, se produce la marginación de la Comisión y el PE al que la Presidencia del Consejo consultará y tendrá informado.

Junto a los actos anteriores, según el TUE, el Consejo puede, tomar decisiones para definir y ejecutar la política exterior y de seguridad común, en base a las orientaciones generales definidas por el Consejo Europeo, e incluso de acciones comunes del Consejo.

Dichas decisiones exigen la unanimidad del Consejo salvo que aplique una acción común o una posición común, si bien la abstención de uno o varios miembros no impide la adopción de la decisión en cuestión. En el caso de que se trate de decisiones de aplicación de una acción común o una posición común, la regla para su adopción es la mayoría cualificada, sólo que la circunstancia de que un Estado miembro manifieste su intención de oponerse a la adopción por motivos importantes y explícitos de política nacional impide que se proceda a la votación, y obliga a la remisión del asunto al Consejo Europeo que debe tomar la decisión que corresponda por unanimidad, lo que equivale, prácticamente, a lo no adopción de la decisión.

En definitiva, las decisiones, en el marco de la política exterior y de seguridad común, debiera denominarse decisiones intergubernamentales, habida cuenta de que en la última instancia sólo pueden acordarse si todos os Estados miembros las adoptan o consienten su adopción, así como por no ser objeto de control por el TJ.

En el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, el TUE ha establecido cuatro categorías de actos de la Unión: posiciones comunes, decisiones marco, decisiones adoptados por el Consejo y convenios celebrados por el Consejo. El Reglamento interno del Consejo establece que tanto las posiciones comunes como las decisiones marco y las decisiones se encabezarán con sus respectivos títulos “Posición Común del Consejo”, “Decisión marco del Consejo” y “Decisión del Consejo”.

Las posiciones comunes del Consejo del TUE son de naturaleza semejante a las posiciones comunes del art. 15 TUE, es decir, tiene por objeto definir el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto y deberán ser adoptadas por unanimidad. El PE, por el contrario no tiene que ser consultada para adoptar estos actos.

Las decisiones marco del Consejo tienen por objeto la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros y deben ser adoptadas por unanimidad. Su régimen jurídico es semejante al de las directivas. Así son normas de resultado, que dejan a los Estados miembros la elección de la forma y los medios que deben utilizarse para conseguir la pretendida aproximación de las legislaciones de los Estados miembros. Sin embargo, a diferencia de las Directivas en que es posible el efecto directo, en el caso de que el Estado o Estados concernidos no adopten las medidas oportunas en el plazo previsto, o que adopten medidas de transposición incorrectas, el TUE ha descartado expresamente el efecto directo de las decisiones marco.

El Consejo también puede adoptar decisiones al margen de las decisiones marco, para lograr los objetivos del Título VI del TUE, que deben ser aprobadas por unanimidad, serán obligatorias y no tendrán efecto directo.

El Consejo puede celebrar convenios que puede recomendar sean adoptados por los Estados miembros de acuerdo con sus respectivos regímenes constitucionales.

Los Tratados Internacionales

Elaboración

El Tratado de París de 18 de abril de 1951 que creó la CECA es el origen formal de la hoy conocida UE. Se elaboró por Estados soberanos tal y como se elabora un tratado internacional, esto es, mediante negociaciones bilaterales y multilaterales que dieron como fruto un documento jurídico en el que tiene su origen una organización internacional.

Los Tratados de la CEE y CEEA se suscribieron simultáneamente entre los mismos Estados miembros de la CECA y siguieron el mismo procedimiento de elaboración que el TCECA, creando dos nuevas organizaciones internacionales.

El procedimiento de elaboración del resto de los Tratados será básicamente el de elaboración de un tratado internacional. No obstante, el protagonismo de las instituciones comunitarias será con el tiempo cada vez más notable en lo relativo a la elaboración de los tratados de modificación y de adhesión.

Los Tratados de adhesión presentan también alguna singularidad. Inicialmente la adhesión se reguló en TCECA, TCEE y TCEEA. Posteriormente, el Tratado de la UE, unificó en uno el procedimiento.

La solicitud de adhesión, que debe dirigirse al Consejo, exige tan sólo tres condiciones previas:

  1. Que el solicitante sea un Estado,

  2. Que sea europeo,

  3. Que respete los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de derecho.

El acuerdo del Consejo de aceptación de la solicitud debe ser unánime y debe venir precedido por la consulta a la Comisión y el dictamen conforme del PE, adoptado por mayoría absoluta de sus miembros.

Cumplido este trámite, el conjunto de adaptaciones y condiciones de admisión debe ser objeto de acuerdo entre los Estados miembros y el Estado o Estados solicitantes.

Posteriormente, debe ser ratificado por todos los Estados miembros y los Estados solicitantes, a través de los procedimientos establecidos en sus Derechos constitucionales.

La Constitución Europea no nata reguló los requisitos de pertenencia y procedimiento de adhesión a la Unión.

Vigencia

Vigencia en el tiempo de los Tratados originarios

La entrada en vigor de los Tratados exige, por una parte, el cumplimiento de cuantos requisitos relativos al procedimiento de elaboración de los Tratados constitutivos, de modificación de éstos o de adhesión. Por otra parte, deben ser ratificados por la totalidad de los Estados miembros en los casos de los Tratados constitutivos o de modificación de éstos y por todos los Estados miembros y los Estados candidatos a la adhesión en el caso de los Tratados de adhesión. Finalmente, la entrada en vigor requiere el depósito de todos y cada uno de los instrumentos de ratificación en los archivos del Gobierno que se indique en el Tratado.

La fecha de entrada en vigor varía según los Tratados y éstos se redactan en ejemplares únicos en todas y cada una de las lenguas de los Estados que lo suscriben inicialmente o que se adhieren a los mismos.

Sobre la vigencia de éstos, las fórmulas son diversas. El Tratado de CECA, ya extinguido, tuvo una vigencia de 50 años. Por el contrario, los Tratados de CE y EURATOM se concluyeron por un período de tiempo ilimitado, fórmula que han adoptado en lo sucesivo todos los Tratados suscritos.

El término “ilimitado” a diferencia de “indeterminado”, que es usual en los Tratados internacionales, tiene consecuencias trascendentales desde el punto de vista jurídico. En efecto, se ha sostenido que los diferentes Estados miembros han contraído un compromiso irrevocable, que excluye la denuncia individual de los Tratados y, por consiguiente, la separación unilateral de la Unión por cada uno de los Estados miembros.

Los Tratados, salvo el Tratado por el que se instituye una Constitución Europea y el Tratado de Lisboa, no regulan el procedimiento de separación de los Estados miembros de la UE, pero esta circunstancia no debe inducir a pensar que la UE no puede extinguirse o reducir su número, sino que esto debe hacerse por el mismo procedimiento por el que se crearon las distintas Comunidades o, finalmente, la UE, o por el procedimiento de incorporación de las mismas.

Sin embargo, la Constitución Europea se apartó del modelo imperante y previó un modelo expreso de la retirada voluntaria de la UE por los Estados miembros. Este sistema no exige la aceptación de los demás Estados obligando a la Unión a negociar y celebrar con el Estado en cuestión un acuerdo.

La revisión de los Tratados, de acuerdo con el actual art. 48 TUE, puede ser iniciado ante el Consejo por el Gobierno de cualquier Estado miembro y por la Comisión. En ambos casos, deben concretarse un proyecto de revisión de los Tratados en que se funde la Unión. El Consejo debe consultar el proyecto de revisión al PE y, en su caso, a la Comisión. A la vista de las consultas realizadas, el Consejo debe pronunciarse mediante un dictamen que, en caso de ser favorable a la reunión de una Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, será convocada por el Presidente del Consejo. Para que las modificaciones de los Tratados prosperen deben ser acordadas de mutuo acuerdo por los miembros de la Conferencia. Si las modificaciones que se proponen afectan a instituciones monetarias procede consultar también al BCE.

Una vez concluido el procedimiento interno, las reformas acordadas, deben posteriormente someterse a la ratificación de todos los Estados miembros para que entren en vigor, lo que supone la sumisión de la reforma proyectada al procedimiento constitucional previsto en cada Estado miembro y el depósito correspondiente del instrumento de ratificación de cada Estado miembro en la sede del Gobierno designado en el Tratado.

Ámbito espacial de aplicación

El Tratado de la CE utiliza una terminología diferente a la de los Tratados de la CECA y de la CEEA para establecer el ámbito espacial de aplicación. En efecto, estos últimos se refieren a “territorios” de los Estados miembros, mientras que el Tratado de la CE nombra a los Estados a los que es aplicable, esto es: “al Reino de Bélgica, al Reino de Dinamarca, etc.” Analizando esta diferente terminología, ¿puede considerarse que la denominación “territorio europeo de un Estado miembro” o “al Reino de ...” se refieren al mismo espacio? o, por el contrario, ¿se está ante ámbitos espaciales diferentes?. El Tratado de la CE es de aplicación a todos los ámbitos espaciales de soberanía de los Estados miembros, sean o no europeos, a salvo de las excepciones que se establecen en el Tratado.

Dichas excepciones son de tres tipos. Por una parte, prevé un régimen especial que permite al Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión, previa consulta al PE, adoptar medidas específicas en relación con la aplicación del Tratado a los departamentos franceses de Ultramar, las Azores, Madeira y las Islas Canarias. Por otra parte, en relación a los países y territorios de ultramar, se establece que estarán sometidos al régimen especial de asociación que se prevé en el propio Tratado. Y, finalmente, considera ámbitos territoriales los coincidentes parcialmente con los de la CECA y CEEA, tanto en lo relativo a la aplicación del Tratado, como a la aplicación condicionada del mismo, como en la no aplicación del Tratado.

Otras fuentes

El Derecho Internacional General

El Derecho internacional no regula las relaciones entre la Comunidad y los Estados miembros, ni entre éstos entre sí en el seno de la Comunidad. No obstante, las relaciones de la UE con terceros Estados u Organizaciones internacionales están sujetas a las reglas del Derecho internacional y a los Tratados y Acuerdos por aquélla suscritos.

Los acuerdos internacionales

Los acuerdos entre la Comunidad y terceros Estados u organismos internacionales

La Comunidad puede celebrar acuerdos con terceros Estados y con Organizaciones internacionales, si bien son diferentes las modalidades de los mismos dependiendo del marco del Tratado en que se produzca.

En lo relativo al TCE la Comunidad puede, por una parte, celebrar acuerdos cuando lo prevean las disposiciones del Tratado, con terceros Estados u Organizaciones internacionales y, por otra parte, puede celebrar acuerdos de asociación con terceros Estados u Organizaciones internacionales. En el marco del TCEEA, son igualmente posibles los acuerdos de asociación entre la Comunidad y terceros Estados u Organizaciones internacionales. Asimismo se prevén “relaciones adecuadas” con ONU, sus organismos especializados, la Organización Mundial del Comercio y “relaciones apropiadas”, con el Consejo de Europa.

Acuerdos ordinarios

Los Acuerdos a celebrar entre la Comunidad y terceros Estados u Organizaciones internacionales, en el marco del art. 300 del TCE, deben estar previstos en dicho Tratado.

Asimismo, los Tratados prevén expresamente relaciones con ONU, sus Organismos especializados, OMC, organizaciones internacionales, Consejo de Europa y Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

El procedimiento para celebrar un acuerdo se inicia mediante la recomendación dirigida por la Comisión al Consejo, que debe autorizar a la Comisión de apertura de negociaciones. Éstas deben conducirlas la Comisión con el asesoramiento de los Comités especiales que nombre el Consejo para que asistan a aquélla.

La conclusión de los acuerdos corresponde al Consejo que debe pronunciarse por regla general por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión. El Consejo, antes de concluir un acuerdo, debe consultar al PE.

En el caso de que el Consejo se proponga celebrar un acuerdo internacional que pueda afectar al Tratado, debe seguirse para las disposiciones en cuestión el procedimiento de reforma previsto en el art. 48 del TUE. El PE, el Consejo, la Comisión o cualquiera Estado miembro puede en el curso de la negociación de un acuerdo solicitar dictamen al TJ sobre la compatibilidad del mismo con el Tratado. En el caso de que el TJ dictamine la incompatibilidad, la entrada en vigor del acuerdo exigirá seguir el procedimiento, antes referido, establecido en el art. 48 TUE para la reforma de los Tratados.

Finalmente, celebrado un acuerdo con arreglo al procedimiento del art. 300 TCE, se convierte vinculante para las instituciones de la Comunidad y para los Estados miembros.

Los acuerdos y convenios en el marco del TUE (art. 24 y 32.2d)

El TUE ha previsto la posibilidad de celebrar acuerdos y convenios al margen de los procedimientos antes vistos.

El art. 24 del TUE, en el contexto de la política exterior y de seguridad común y en el de la cooperación policial y judicial en materia penal, prevé la celebración de acuerdos con terceros Estados o con Organizaciones internacionales. La Presidencia del Consejo, que podrá estar asistida por la Comisión, es la competente para entablar negociaciones, previa autorización adoptada por el Consejo por unanimidad. La celebración del acuerdo, corresponde al Consejo basándose en la recomendación que le haga la Presidencia como resultado de las negociaciones.

En el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, el Consejo, a iniciativa de cualquier Estado miembro o de la Comisión, podrá celebrar convenios cuya adopción recomendará a los Estados miembros, que en el plazo establecido por el Consejo, deberán iniciar los procedimientos constitucionales conducentes a su adopción. Cuando la mitad de los Estados miembros lo adopten el convenio entrará en vigor para los mismos y así sucesivamente.

Acuerdos de asociación

SE prevén expresamente la celebración de acuerdos de asociación entre la Comunidad y uno o varios Estados terceros o con Organizaciones internacionales.

Acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros

Acuerdos internacionales celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado

El Tratado de la CE en su art. 307, ha previsto expresamente que los derechos y obligaciones, que sean fruto de Convenios suscritos por los Estados miembros con anterioridad a la entrada en vigor del TCE, con uno o varios Estados terceros, no se verán afectados por el TCE.

El art. 307 del TCE contempla los efectos de la entrada en vigor de dicho Tratado en relación con los convenios internacionales que previamente a la entrada en vigor del Tratado hubieran suscrito uno o varios Estados miembros con uno o varios terceros Estados. A tal efecto, establece dos reglas. Una primera, según la cual el Tratado no afecta a los derechos y obligaciones que resulten de dichos convenios. No obstante, los Estados miembros deben tener en cuenta, al aplicar dichos convenios, que la finalidad del TCE es el establecimiento de la Comunidad y, en consecuencia, están ligados a la creación de instituciones comunes que se trata de potenciar atribuyéndoles competencias que sean susceptibles de otorgar las mismas ventajas a todos los Estados miembros.

La segunda regla es de aplicación en el caso de que los convenios sean incompatibles con el Tratado, supuesto en que el Estado o Estados miembros deben tratar de eliminar las incompatibilidades que concurran. Para alcanzar este objetivo los Estados deben prestarse ayuda mutua y si es necesario adoptar una posición común.

Con arreglo a la primera regla – prevalencia del Derecho internacional sobre el comunitario -, los convenios suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de que se trate prevalecen sobre éste. Del mismo modo prevalecerán los convenios internacionales sobre el derecho derivado de la Comunidad.

La aplicación de la segunda regla plantea problemas de difícil solución. Así, y no obstante la afirmación del principio general de no afectación de los acuerdos internacionales suscritos por los Estados miembros antes de la entrada en vigor de los correspondientes Tratados, éstos han previsto la necesaria cooperación de los Estados miembros con la Comunidad, al fin de que los citados acuerdos internacionales no sean un obstáculo para la realización de los objetivos de la UE. A tal efecto los Estados miembros deben recurrir a los medios adecuados para eliminar las incompatibilidades con el Tratado.

Modificación de acuerdos internacionales celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado

La modificación de acuerdos internacionales celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de un Tratado no está excluido expresamente del TCE que tan sólo se refiere al principio de no afectación en su artículo 300. Sin embargo, el TCEEA establece que la renovación de un acuerdo internacional vigente no puede servir para que el Estado concernido eluda las obligaciones que impone el Tratado. Esta regla puede considerarse aplicable a los demás Tratados, sin duda porque la existencia de la Comunidad no excluye cualquier posibilidad de relaciones internacionales de los Estados miembros, siempre que el acuerdo suscrito no invada competencias de las instituciones comunitarias o vaya contra los objetivos de la Comunidad.

Acuerdos internacionales celebrados con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado

La incorporación de un Estado a la Comunidad no impide la celebración de acuerdos con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado en cuestión. Existe un principio común, según el cual, los acuerdos posteriores no están prohibidos siempre que no invadan o substraigan competencias de la Comunidad, o no impidan la realización de los objetivos de la misma.

La primera regla que los Estados deben cumplir es la comunicación a la Comisión de los proyectos de acuerdos internacionales que pretendan celebrar con terceros Estados, u Organizaciones internacionales (o nacionales de terceros Estados, en el caso de TCEEA), cuando consideren que el acuerdo o acuerdos en cuestión, “se refieran a materias que se rigen por el presente Tratado”, es decir, cuando afecten a competencias de la Comunidad. Esta obligación de los Estados se fundamenta en el deber de colaboración en la creación de una Unión más estrecha.

La Comisión deberá, recibida la comunicación anterior, dirigir sus observaciones al Estado miembro en cuestión en el plazo de un mes, si considera que el acuerdo que se pretende suscribir contiene cláusulas que obstaculizan la aplicación del Tratado. En caso contrario el Estado podrá celebrar el convenio. La celebración del mismo quedará suspendida en el caso de que se formulen observaciones por la Comisión. La celebración sólo puede llevarse a cabo sometiéndose el Estado a las observaciones formuladas. Por otra parte, tan sólo el TJ puede exonerar el cumplimiento de las observaciones puestas por la Comisión si, a petición del Estado interesado, se pronuncia por la compatibilidad del Convenio con el Tratado.

La cooperación sistemática (art. 12 del TUE) y la cooperación reforzada (art. 40, 40ª y 40B y 43 a 45 TUE)

La particularidad que tienen, tanto la cooperación sistemática como la cooperación reforzada que contempla el TUE, es, precisamente, que dichas relaciones se potencian desde el propio Tratado entre los Estados miembros. El art. 12 del TUE considera a la cooperación sistemática entre los Estados miembros como un medio o instrumento para el cumplimiento de los objetivos de política exterior y de seguridad común de la UE. El art. 12 puede entenderse como la autorización a los Estados miembros para que puedan intensificar sus relaciones bilaterales o multilaterales en el marco de la política exterior y de seguridad común con la única limitación de su vinculación a los objetivos del TUE.

Los arts. 40, 40ª y 40B del TUE establecen que los Estado miembros pueden establecer entre sí una cooperación reforzada, previa autorización del Consejo, adoptada por mayoría cualificada, que deberá invitar a la Comisión a que presente su dictamen. Cuáquera de los miembros del Consejo puede oponerse a que se autorice la cooperación reforzada por mayoría cualificada, lo que impide la votación. En este caso el Consejo a los efectos de autorizar la propuesta de cooperación reforzada debe acordar por mayoría cualificada su remisión al Consejo Europeo que tiene que decidir por mayoría cualificada.

Los Estados miembros que no fueron parte del acuerdo puedan solicitar al Consejo, con posterioridad, su participación en el acuerdo de cooperación.

Por otra parte, la cooperación reforzada, aunque evidencia que el proyecto europeo se interpreta a diferentes ritmos, se ha creado dicho instrumento para aquellos Estados miembros que quieren ir a mayor velocidad.

Los actos complementarios

Las instituciones comunitarias no están, con carácter general, habilitadas para adoptar actos complementarios de los actos principales. Esto es, actos de desarrollo o aplicación sucesivos a los reglamentos, directivas o decisiones. No obstante, con posterioridad a al entrada en vigor de un acto comunitario, éste no es susceptible, al margen del procedimiento establecido para su aprobación, de ser completado, desarrollado o interpretado por la Institución o Instituciones que lo aprobaron.

Los actos mixtos y otros actos

Se entienden por actos mixtos aquéllos que pese a su denominación tienen un contenido o naturaleza atribuible a distintos tipos de actos. Junto a los actos comunitarios convencionales existen actos que pueden encontrar su habilitación en preceptos concretos de los Tratados o en el articulado como las resoluciones, programas, programas de acción, etc.

Los principios generales del Derecho

A los PGD se referían los Tratados de modo más o menos directo antes de la reforma operada por el TUE. En efecto, el art. 228 del TCE se remite a los “principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. El preámbulo del Acta Única también hizo referencia a los PGD.

Es posible destacar una serie de principios interpretativos materiales de especial fuerza, que se deducen de los Tratados y que el TJ ha utilizado en sus sentencias:

El principio de igualdad se deduce o establece en gran número de preceptos. El principio de cooperación, de leal cooperación, de los Estados miembros y las instituciones comunitarias para asegurar el cumplimiento de los fines de la Comunidad. Los Estados miembros y las Instituciones Comunitarias están vinculadas al principio de leal cooperación.

Dicho principio obliga positivamente a los Estados miembros a adoptar todo tipo de medidas que garanticen la eficacia del Derecho comunitario, incluso mediante normas de naturaleza penal. El principio de solidaridad entre los Estados miembros se deriva de la adhesión a la Comunidad e impide que los intereses nacionales puedan romper de modo unilateral el equilibrio entre beneficios y cargas derivadas de dicha pertenencia. El principio de no discriminación que no sólo prohíbe la discriminación en base a la ciudadanía sino cualquier discriminación a través de procedimientos indirectos que produzca el mismo resultado discriminatorio. El principio de confianza legítima el cual consiste en que todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas.