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El análisis positivo del sector público: comportamiento de los agentes y evolución del sector público

Introducción

En este tema trataremos de dar una visión de las principales aportaciones de la llamada escuela de la elección colectiva al estudio de los comportamientos del sector público. Se trata de trasladar el enfoque económico a:

  • La existencia de determinadas instituciones.

  • El comportamiento de los diferentes agentes que condicionan los resultados de la acción pública.

Y a partir de este conocimiento ver las principales teorías que se han defendido para explicar el crecimiento del SP. Para esta tarea, distinguiremos entre quienes atribuyen el crecimiento del Gasto Público a presiones de la demanda de servicios suministrados por el Estado, la de los partidarios de buscar en la oferta una explicación para este fenómeno y, por último, en esta lección, sintetizar ambos elementos.

La teoría del Estado y de las Constituciones

En este apartado tratamos de dar una interpretación económica que explique por qué los individuos, actuando racionalmente, deciden entregar a un tercero el monopolio de la coacción y qué tipo de limitaciones se imponen al ejercicio de la fuerza.

El planteamiento más sencillo para analizar este problema trata de probar que todos los individuos salen ganando cuando entregan al Estado determinadas funciones. Para ello, presentaremos un ejemplo:

Dos individuos: A y B

A = cuidar 18 vacas => precio: 100 u.m./vaca => patrimonio = 1.800 u.m.

B = recolecta 10Tm de trigo => precio: 200 u.m./Tm => patrimonio = 2.000 u.m.

El valor del patrimonio es independiente de que A y B entren en una relación de intercambio. En efecto, si A vende 8 de sus vacas a B para comprar 4 Tm de trigo, el valor de su patrimonio seguirá siendo 1.800 u.m. y el de B 2.000 u.m.

Sin embargo, A puede decidir que, en lugar de intercambiar sus productos, les resultará más rentable robar parte de la producción de trigo a B. Este tendrá que dedicar parte de su tiempo a cuidar de su cosecha, y no podrá ya obtener su producción máxima de 10 Tm, sino una cifra menor, por ejemplo 8 Tm. Sus esfuerzos no garantizan el éxito frente a la actividad delictiva de A, quien puede arrebatarle parte de su producción, por ejemplo 3 Tm.

Si la situación se invierte y es B quien roba, entonces será A quien no tenga tiempo para cuidar a su ganado, debiendo reducir su rebaño a 16 cabezas, de las que supondremos que B le arrebata 7.

También podemos suponer que ambos decidan robar.

En la tabla a continuación resumimos los resultados que obtienen A y B en cada una de las alternativas que hemos discutido.

En las circunstancias que acabamos de exponer, ¿cuál será la estrategia que adoptarán las dos personas? Podemos decir que la búsqueda del propio interés conducirá a que ambos intenten despojar al otro de parte de sus propiedades. Si ambos agentes comienzan adoptando estrategias de robo, ninguno puede mejorar alterando unilateralmente su comportamiento y la solución reflejada en la casilla 3 sería estable, aunque no sería óptima.

El conflicto que acabamos de describir explica por qué A y B pueden decidir que exista un tercero (el Estado) que se ocupe de proteger sus propiedades y castigue las infracciones contra sus derechos, siempre y cuando este tercer agente no exija a cada uno de los dos agentes económicos un pago por sus servicios mayor de 300 u.m. y garantice, por su propia existencia y eficacia de sus servicios, que nadie atentará contra las propiedades que los ciudadanos encomiendan a su tutela.

Votantes, políticos, grupos de presión y funcionarios

La reflexión de los distintos autores que se han ocupado del comportamiento del sector publico se fundamenta en suponer que los agentes que influyen en la actividad del sector estatal de la economía se mueven por criterios de optimización, es decir, se considera que votantes, representantes políticos, grupos de presión o funcionarios que administran la acción pública se mueven con el objetivo de satisfacer sus intereses, sometidos a aquellas restricciones que su posición en el proceso les impone.

Los votantes

Cuando se intenta dar una interpretación económica a decisiones como las de ejercer el derecho al voto o recabar información para que tal derecho se ejercite de un modo más reflexivo, nos tropezamos con dos tipos de dificultades.

  • Las comunes a la extensión del análisis económico a materias que no estaban incluidas en el campo propio de la ciencia económica.

  • Qué tipos de variables deben incorporarse al análisis y hasta qué punto puede explicarse que efectivamente los ciudadanos se acerquen a las urnas. Esta cuestión es la que nos interesa, y para explicarla haremos uso del modelo propuesto por Downs.

Este economista considera: que la acción del votante (R) depende de la probabilidad de que su comportamiento afecte al resultado de la elección (π), de los beneficios que les reporte el hecho de que gane el grupo político que prefiere (B), de los costes que le imponga acudir a las urnas, en términos de las actividades a que debe renunciar para ejercer su voto (C) y, de los beneficios que le produzca el mero hecho de “participar” en el proceso electoral, en términos de propia satisfacción o procedentes de la aprobación de tal comportamiento por parte del grupo social al que pertenezca (D). En estas circunstancias se propone la siguiente función para explicar que el votante acuda o no a ejercer su derecho:

  • R = B · π + D - C

Esta formulación permite extraer algunas conclusiones:

  • Resulta irrelevante hablar de votos “cautivos” en este contexto, pues se supone que todos los votantes valoran los beneficios que les reportará que un determinado partido gane las elecciones. Que tales beneficios sean individualizables (aumento poder adquisitivo, extender la enseñanza obligatoria…) o que estén motivados por el altruismo: es indiferente para el análisis.

  • Si el votante estima que su participación puede ser decisiva para el resultado final de la elección (π es muy grande).

  • Los costes de ir a votar explicarían las diferencias que se observan cuando la jornada electoral se celebra en días laborables o en días festivos.

  • Los beneficios reflejados en el componente D servirían para entender determinadas conductas, como las de apostar al equipo ganador (conocido como efecto bandwagon o furgón de cola, es decir, “subirse” al carro del ganador), y sentirse así parte de una victoria colectiva.

Los políticos

Si en el caso de los votantes se trataba de explicar por qué estarán dispuestos a dedicar parte de su tiempo en recabar información y ejercer el derecho al voto; respecto al comportamiento de los políticos, la cuestión es más sencilla, pues la presencia de un número limitado de partidos, disputando un mercado de votantes potenciales, tiene parecidos con la situación que se califica en los estudios de Microeconomía como de oligopolio. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que el dirigente político o su partido, pretenderán hacer máximo el número de votos.

Conclusiones:

  • En países cuyo sistema electoral sea de carácter mayoritario y de tendencia al bipartidismo, ambos grupos políticos tenderán a ocupar el centro político, de tal modo que sus ofertas electorales serán bastante similares. Si un partido presenta un programa excesivamente radical, para los gustos o preferencias del votante medio, solo recibirá el apoyo de una franja del electorado, dejando libre el resto del mercado a su competidor.

  • En aquellos regímenes políticos cuyo sistema electoral sea proporcional y de tendencia al multipartidismo, se generan soluciones inestables, pues la tendencia de los grupos políticos mayoritarios hacia el centro político se ve compensada por la entrada de competidores potenciales en los respectivos extremos.

La tendencia hacia el centro político se ve reforzada con el argumento de que cada partido tenderá a ocupar los espacios próximos, confiando en que mantendrá cierto apoyo de su electorado tradicional.

Supongamos que el partido X trata de gobernar satisfaciendo los deseos de quienes no le han votado todavía. Para ello, deberá adoptar decisiones que, tal vez, le quiten aporte entre su electorado básico, pero esa pérdida de confianza no será inmediata e incluso, puede que no llegue a darse nunca, si las alternativas no son satisfactorias.

El mismo objetivo de hacer máximo el número de votos recibidos explica, también, que los dirigentes políticos traten de distribuir los costes de la decisión de tal modo que ningún colectivo se vea especialmente perjudicado, mientras que los beneficios suelen dirigirse a grupos singulares de votantes, cuya movilización en favor de los candidatos del partido se considera necesaria para la consecución de la victoria electoral. Por último, este comportamiento explica que los políticos tiendan a sobrevalorar los beneficios derivados de una acción determinada y a subestimar sus costes.

Los grupos de presión

En casi todos los sistemas políticos democráticos la relación entre los votantes y sus representantes electos o, incluso, la misma acción del gobierno se ve afectada por la presencia de grupos organizados en defensa de sus propios intereses, que actúan al margen del proceso electoral. La existencia de grupos de presión en la actividad política es una evidencia con la que debe contarse a la hora de evaluar cuál es el funcionamiento real de la acción del sector público.

El objetivo de estos grupos organizados es obtener la satisfacción máxima de sus intereses o hacer máximos sus beneficios ¿qué motivos pueden explicar que un individuo o una empresa decidan participar en un grupo de presión? Esta razón no resulta común y sabido de todos, por la razón de que, para cualquier agente económico, resultaría más rentable beneficiarse de las acciones del grupo de presión, sin incurrir en los costes que impone su pertenencia al mismo. Si todos realizan la misma reflexión: el grupo de presión no llegaría a formarse.

Esta dificultad se puede resolver de dos modos distintos:

  • Que la formación de grupos de presión es más fácil cuando el número de integrantes es más pequeño, mientras que el comportamiento free rider se producirá en los grupos más amplios.

    • Free rider: son aquellos individuos (polizones) que toman más parte de la que les correspondería justamente o que asumen menos costos que los que les tocaría justamente en la utilización de un recurso. Un ejemplo de 'free rider' es la defensa nacional: ninguna persona puede ser excluida de ser defendida. Por lo tanto, un individuo polizón tiene incentivos para no pagar por este servicio ya que estará tan protegido como el resto de ciudadanos (que sí que lo han pagado). Para evitar esto, es frecuente que los gobiernos financien la defensa nacional mediante impuestos en vez de, por ejemplo, donaciones voluntarias.

    • En términos generales, el problema es especialmente importante en el caso de los bienes a los cuales el acceso no puede ser excluido

  • Que los grupos de presión parten de asociaciones preexistentes como una actividad complementaria, de tal modo que el grupo ya estaba formado, de forma voluntaria o coactiva, y después, decide utilizar sus medios para influir en los resultados de la acción gubernamental.

Medios de los que disponen los grupos de presión:

  • La entrega de fondos para contribuir a la elección de aquellos candidatos que puedan defender sus intereses, desde el gobierno o el Parlamento.

  • La existencia de deficiencias en la información disponible por el sector público, antes de llevar a cabo una decisión, pueden llevarle a consultar a los sectores más interesados en la adopción de determinadas normas, o en la puesta en marcha de determinadas medidas de política económica. Estas diferencias en la información permiten a los grupos de presión condicionar la acción del Estado, al que se le presenta como única solución viable aquella que coincide más exactamente con sus intereses.

  • También resulta relevante la posibilidad de suministrar información a los votantes. Los grupos de presión pueden reducir los costes en que incurre el ciudadano para informarse sobre las consecuencias de la acción del gobierno y decidir si le sigue apoyando, o si le retira su confianza. Ahora bien, la información que se difunde por el grupo de presión tenderá a favorecer sus puntos de vista, y no podrá caracterizarse como neutra.

Los funcionarios

Cuando se analiza el comportamiento de los funcionarios, que son quienes acaban proveyendo los bienes y servicios de la actividad pública en buen número de casos, la referencia obligada son las aportaciones de Niskanen, quien formula su modelo distinguiendo entre el “burócrata” y la agencia que le entrega los fondos para su labor, ya sea ésta el Parlamento o el responsable político de un órgano de la Administración.

El análisis de Niskanen considera que existe una diferencia entre la información disponible para la agencia y para el funcionario. La agencia sólo observa el nivel de servicio público suministrado y asigna el presupuesto, B, considerando que existe una relación entre éste y la calidad del servicio prestado, pero desconoce el coste de entregar las distintas unidades de bienes o servicios públicos.

El funcionario, por su parte, sí conoce el coste de suministrarlas y, además, tiene sus propios intereses en el proceso. Se considera que el responsable de una sección dentro de un Departamento ministerial, o en general de una unidad de gasto, desea hacer máximo el presupuesto de que dispone, pues su importancia en la organización burocrática o, incluso su propia autoestima, depende de la cantidad de fondos que administra.

Figura 5. Comportamiento de los funcionarios y gasto presupuestario.

En el gráfico, el presupuesto que está dispuesto a entregar la agencia para la provisión de servicios públicos es creciente, pero a un ritmo decreciente, lo que se indica con la línea B. Los costes, en cambio, son crecientes a una tasa cada vez mayor, lo que señalamos con la línea C. Por último, la línea de trazo más grueso (B – C) representa la diferencia entre el presupuesto recibido y el coste de producir el servicio público. Si el comportamiento de los funcionarios fuera similar a una empresa que tratase de hacer máximo el beneficio, se elegiría aquella cantidad donde la diferencia entre ambos elementos fuera lo mayor posible, es decir, se optaría por la cantidad Q*, con un presupuesto B*, y además, esta solución sería eficiente. Ahora bien, si los funcionarios pretenden disponer de un presupuesto amplio, elegirán la cantidad Qo con un presupuesto mucho mayor, Bo. De este modo se explica el fenómeno habitual de que toda unidad de gasto tiende a agotar el presupuesto que se le asigna.

Otros elementos que explicarían como la conducta de los funcionarios colaboran al crecimiento del gasto público:

  • Si la agencia no puede comprobar el coste real de suministrar distintas unidades de servicios públicos, puede considerar que aquellas unidades de gasto que no agotan el presupuesto que se les atribuye, reciben fondos excesivos. En tales circunstancias, se recortarán los fondos disponibles en futuros presupuestos. De esta manera, se elimina cualquier incentivo para que los responsables de la unidad de gasto traten de hacer mínimos los costes de su gestión, pues el único resultado palpable de su eficacia será disponer de menos fondos en el futuro, sin que pueda mejorarse, en períodos sucesivos, la calidad de los servicios suministrados.

  • La ausencia de precios en el sistema de decisión pública impide medir la eficiencia de la actuación de los funcionarios, de ahí las dificultades de establecer mecanismos que incentiven, a través de los salarios, un comportamiento similar al que puede observarse en el sector privado. Además, este factor convierte en sospechoso de arbitrariedad a cualquier sistema de incentivos, de modo que se acaba prefiriendo el uso de complementos de salario por la importancia de la función realizada, o los años de servicio en la Administración.

Las teorías sobre el crecimiento del gasto público

Las explicaciones ofrecidas por los hacendistas para justificar la tendencia al incremento del gasto público en las economías occidentales son muy diversas. Para explicar este crecimiento existen diversas teorías: las que analizan las fuerzas que condicionan la demanda de mayor gasto público o, si, por el contrario, se centran en un crecimiento en la oferta de la actividad pública.

La clasificación sería:

Explicaciones basadas en la demanda de gasto público

Los análisis que buscan la explicación en el crecimiento del gasto público en variables que afectan a la demanda son muy variados:

  • La ley de Wagner

    • considera que el desarrollo económico del país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones:

      1. Las sociedades más desarrolladas son también más complejas con mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución.

      2. La caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos, es decir, que la elasticidad-renta del gastos público es mayor que la unidad, y de ahí que al incrementarse la renta, el deseo de que el gasto público sea aun mayor.

  • La teoría del efecto desplazamiento - efecto inspección

    • considera que el gasto efectivamente tiende a crecer a lo largo del tiempo, pero que en determinados períodos críticos para la sociedad (una guerra o una calamidad climática) ésta acepta un esfuerzo suplementario para afrontar las consecuencias de esa conmoción. A este incremento extraordinario del gasto se le denomina efecto desplazamiento. Una vez superadas las circunstancias excepcionales que justificaron el aumento del gasto público, la sociedad ya se ha acostumbrado al nivel de impuestos existente y acepta que la mayor recaudación se dedique a una mejora en la provisión de bienes y servicios públicos, pues los votantes consideran poco satisfactoria la calidad de los mismos (efecto inspección).

  • Redistribución de la renta.

    • El mayor crecimiento en los gastos del sector público se debe a funciones de carácter redistributivo. Desde de la II Guerra Mundial se amplía el sufragio a sectores de renta baja, lo que sitúa al votante medio en un nivel de ingresos inferior al registrado con las fórmulas de sufragio censitario, propios del s. XIX. Así pues, los distintos grupos políticos tienden a acercarse a este estrato (medio de los votantes), con la finalidad de garantizarse la elección, de ahí que sean más sensibles a las demandas de estos grupos, a favor de gastos de redistribución.

  • Grupos de interés.

    • La presencia de grupos de intereses poderosos como los sindicatos o las organizaciones empresariales, tienden a aumentar la demanda de aquellos gastos públicos que les benefician de un modo directo. De este modo, la sociedad ejerce una presión creciente sobre el nivel de gasto público, por vías indirectas ajenas al proceso electoral.

  • Ilusión fiscal.

    • Destaca cómo los demandantes de un mayor gasto público son plenamente conscientes de los beneficios que le reportarán las distintas políticas del sector público, pero consideran que los costes de las mismas se repartirán entre todos los grupos sociales, o, incluso, ni si quiera piensan en la existencia de tales costes, como algo que les afecte personalmente.

Justificaciones basadas en la oferta de gasto público

El crecimiento del gasto público en occidente se debe no tanto a la demanda expresada por los votantes o los grupos de interés, como al comportamiento de quienes ofrecen (oferta) distintos programas de gasto. Tendremos pues las siguientes hipótesis:

  • Teoría del ciclo electoral

    • según la cual en los momentos previos a la consulta del electorado, los poderes públicos inician o aceleran programas de gasto con la finalidad de aparecer ante los votantes como buenos gestores de asuntos públicos. Que tales urgencias de última hora aumenten los costes del proyecto por encima del inicialmente presupuestado puede revestir escasa importancia, pues una vez que se ha conseguido la reelección, es posible proceder a algunos recortes en el gasto público o a un aumento de los impuestos, con la esperanza de que este maniobra se haya olvidado en el periodo que falta hasta la siguiente consulta electoral.

  • El comportamiento de los funcionarios, analizado por Niskanen.

    • La seguridad del funcionario en su puesto de trabajo, con garantías mayores que las de cualquier asalariado, la falta de precios que permita medir la productividad, la existencia de diferentes servicios suministrados por una misma unidad administrativa y la ausencia de mecanismos sancionadores automáticos de mala gestión, acentúa más, si cabe, la tendencia a que la provisión de los bienes público requiera un volumen de recursos creciente.

  • La ideología de los partidos políticos.

    • Si el siglo XIX se puede presentar como una oposición entre partidos conservadores y liberales, en el s. XX observamos que, en democracias europeas, las alternativas son los partidos conservadores o democratacristianos por un lado y los socialdemócratas de otro, con partidos liberales convertidos en meros socios de coaliciones de gobierno. Tales circunstancias son relevantes en el análisis del gasto público, pues los partidos conservadores o los que extraen su política social del magisterio de la Iglesia son más proclives que los liberales a las políticas de redistribución de rentas. Por su parte, los partidos socialdemócratas han sido los grandes impulsores de políticas de gastos sociales.

  • Descentralización del Sector Público.

    • Se ha argumentado que la propia estructura del Estado, más o menos descentralizada, puede contribuir a un crecimiento del gasto público. Esto ocurre cuando el proceso de descentralización lleva una duplicación de las funciones realizadas por el sector público, o cuando la financiación de los entes autonómicos o locales depende, sustancialmente, de la entrega de fondos por parte del poder central, pues, en tal caso, resulta fácil atribuir a otros la responsabilidad de los déficit en los que incurre la gestión propia y negociar, después, un aumento en la financiación necesaria para llevar a cabo las actividades del órgano autonómico o local. En otras circunstancias el proceso de descentralización puede colaborar en la reducción del ritmo de crecimiento del sector público.

Un enfoque basado en la interacción demanda-oferta

  • Productividad-Precios.

    • Baumol ha tratado de explicar cómo la confluencia de una demanda rígida de gasto público y una oferta que se desplaza para reflejar costes crecientes, puede explicar la tendencia al crecimiento del gasto público. Si el coste salarial crece lo mismo, pero la productividad lo hace a un ritmo más bajo, el coste de provisión del servicio público aumenta, lo que se representa con el desplazamiento de la oferta hacia arriba. El sector público está suministrando un nivel inferior de servicios públicos pero está incurriendo en un mayor gasto. Este fenómeno (enfermedad de los costes de Baumol) se produce con mayor intensidad cuanto más inelástica sea la curva de demanda y cuanto mayor sea el crecimiento en los costes de la provisión de los servicios públicos.

Una explicación del crecimiento del sector público en España

Veremos aquí sí las distintas teorías vistas hasta ahora puede justificar la evolución del gasto público en nuestro país, o si por el contrario existen elementos diferenciales.

Los hechos

Existen dos motivos por los cuales las leyes de presupuestos pueden darnos una visión inexacta de la realidad sobre la evolución real del gasto público en nuestro país:

  1. El primero es que, debido al proceso de descentralización que ha vivido nuestro país, una buena parte del gasto público se lleva a cabo fuera de la Administración Central del Estado, y deberíamos utilizar por ello datos que reflejan la evolución del gasto del conjunto de las Administraciones Públicas.

  2. El segundo hace referencia a que las diferencias entre el gasto inicialmente presupuestado y el que realmente se realizó es tal, que sería lógico preguntarse para qué sirven los presupuestos, teniendo que hacer uso de los datos suministrados en los diversos informes económicos del Banco de España.

Si analizamos lo sucedido en España desde 1980, se aprecia un fuerte crecimiento en los gastos, casi diez puntos entre 1980 y 1986. Este incremento de los gastos no se ha visto acompañado por un aumento paralelo de los recursos, de tal manera que las cifras de déficit público se disparan a partir de 1982.

Igualmente, se comprueba que los intentos de controlar el gasto público y, por tanto, el déficit público, no son duraderos.

A partir de 1995 la situación ha cambiado sustancialmente, tal mejoría se puede sintetizar en la notable reducción del déficit público, que pasa de ser un 6,63% del PIB a casi alcanzar el equilibrio presupuestario en el 2003 y superávit a partir de esa fecha. Los datos, además reflejan que estos resultados se han alcanzado más por una paulatina reducción del gasto público que por un aumento en los ingresos del sector público.

Una explicación del crecimiento del gasto público en España

Nuestro país no es una excepción al hecho del aumento del gasto público. Sin embargo, España presenta algunas singularidades:

  1. El proceso de transición política vivido por nuestro país a partir de 1975 con la sustitución de un sistema autoritario por otro democrático, generó numerosas demandas de un mayor gasto. Este aumento del gasto en una primera etapa, puede atribuirse a la debilidad de los sucesivos gobiernos de transición, carentes de apoyo democrático. Más adelante puede atribuirse al propio funcionamiento de los Parlamentos, proclives a generar esta clase de gasto público.

  2. Crisis económica que sufren las economías occidentales a partir de los años 70 en España es mucho más grave, impulsando el gasto en dos direcciones:

    1. La necesidad de efectuar pagos por seguro de desempleo para atender la creciente cifra de paro registrada por nuestro mercado de trabajo.

    2. Las subvenciones entregadas a empresas públicas con pérdidas, que representan una cifra elevada no sólo por la importancia del sector público empresarial de nuestro país, sino también porque la propia crisis económica genera un trasvase de las empresas privadas en dificultades al sector público.

  3. Consolidación de un modelo de estado del bienestar en la década de los 80 así como del sistema pensiones, el gasto educativo, sanitario o de vivienda.

  4. El gasto en infraestructuras de transporte: supuso una prioridad indudable en la transición y en los sucesivos gobiernos socialistas, sufriendo un ajuste económico en los ejercicios más recientes.

  5. El proceso de descentralización política y construcción del estado de las Autonomías: en España ha contribuido a incrementar el gasto, más que a limitarlo como en teoría podría parecer debido:

    • Este proceso no ha reducido el número de empleados de la Administración Central aumentando en cambio el de los que prestan sus servicios en las Comunidades Autónomas.

    • Se ha producido la duplicidad de funciones entre la administración central y las comunidades en numerosas ocasiones.

    • El sistema de financiación de las comunidades autónomas ha tendido a incrementar los niveles de gasto sin tener que incurrir en el desgaste de elevar los ingresos públicos.

  6. Por último el creciente déficit público colabora decisivamente al aumento del gasto, a través del pago de intereses por la deuda acumulada en ejercicios anteriores.

La evolución reciente, desde 1995 a 2008, del gasto público permite corroborar algunas de las tendencias señaladas en los párrafos anteriores. A partir de 1996 se ha producido una más que significativa reducción del gasto público en nuestro país, coincidiendo con un cambio en la orientación política del país. La mejora en los datos de la tasa de desempleo reduce el pago de prestaciones por desempleo, y la bajada de los tipos de interés reduce la carga de los intereses de la deuda.

Por otro lado, el propio crecimiento en el empleo permite obtener recursos adicionales no sólo a través de la imposición directa sino también a través de las cotizaciones sociales, en este sentido debe recordarse que la capacidad de financiación de la Seguridad Social permite cubrir las necesidades de financiación de la Administración Central.