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Pluralidad de partes y sucesión procesal

La pluralidad de partes

Como consecuencia de la vigencia del principio de contradicción, no es concebible un proceso sin la existencia de dos posiciones enfrentadas: la de la parte actora o demandante, que interpone la pretensión, y la de la parte demandada, que se opone a ella.

Pero dentro de estas dos posiciones, activa y pasiva, puede aparecer una pluralidad de partes, bien demandantes, bien demandadas o incluso, demandantes y demandadas. Cuando ello sucede, nos encontramos ante un fenómeno de pluralidad de partes.

Concepto y fundamento

El fundamento de la pluralidad de partes reside en la legitimación. Si existen varias personas legitimadas para interponer una pretensión o defenderse de ella es natural que el ordenamiento procesal les confiera, a todas ellas, la posibilidad de comparecer como demandantes o demandadas en un solo proceso, posibilidad procesal que, en ocasiones, encierra una carga, pues a todos ellos les pueden afectar los efectos de la cosa juzgada.

Pero, debido a la circunstancia de que en los supuestos de pluralidad de partes lo que se deduce es una sola pretensión, con respecto a la cual existe una pluralidad de personas legitimadas activa o pasivamente, el tribunal tan sólo dictará una única sentencia con un único pronunciamiento, distinguiéndose así de la acumulación subjetiva u objetiva de pretensiones. El supuesto típico de acumulación subjetiva es el "litisconsorcio voluntario o facultativo", en tanto que la acumulación objetiva se efectúa, bien mediante o la "acumulación de acciones" (art. 71.2), bien a través de la "acumulación de procesos" (arts. 74 y ss.), en los que se le autoriza al actor a acumular diversas pretensiones inicialmente (acumulación de acciones) o de una manera sobrevenida (acumulación de procesos o de autos). En la pluralidad de partes, por el contrario, nos encontramos ante una única pretensión que se plantea por o frente a una pluralidad de personas, razón por la que ocasionará una sentencia con un solo pronunciamiento o parte dispositiva.

El "litisconcorcio" y sus clases

Activo y pasivo

Se denomina litisconsorcio a la existencia en el proceso de varias personas, que, debido a la circunstancia de tener un derecho o interés común o conexo en el proceso y tener, por tanto, una misma comunidad de suerte (plurium litis consortium), han de asumir una misma posición, demandante o demandada, en el proceso, por lo que en una primera sistematización, puede clasificarse en "activo" (en la posición de la parte demandante), "pasivo" (en la demandada) o "mixto" (en ambas).

Voluntario, cuasinecesario y necesario

Atendiendo a la exigencia de la comparecencia de las partes y a la extensión de los efectos de la sentencia sobre ellas, el litisconsorcio puede ser voluntario y necesario.

Es voluntario, facultativo o simple, cuando su "constitución depende de la sola voluntad de los varios actores que deciden litigar juntos, o del actor único que puede demandar a varias personas al mismo tiempo" (STS RJ 1989/7848). Se contempla en el art. 12.1, "podrán comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo titulo o causa de pedir".

Su fundamento hay que encontrarlo en la inexistencia de extensión de efectos de la sentencia a los litisconsortes, por lo que nunca se les produciría indefensión si algunas de ellas decidieran no comparecer en el proceso, lo que ocasiona que sea el demandante, quien por razones de oportunidad, puede decidir acumular todas sus pretensiones en una demanda, siempre y cuando ello sea posible o suscitar distintos procesos. Para que esta acumulación sea factible, el art. 12.1 exige una conexión entre los sujetos ("como demandantes o demandados") y en el "título o la causa de pedir" esto es, en los mismos fundamentos de hecho de las pretensiones, entendiéndose por "título" el negocio jurídico que es fuente de los derechos y obligaciones, y por "causa de pedir" el hecho o acto que, al ser reconocido por una norma, origina los derechos y obligaciones (p. ej. la acción causante de un daño a los efectos de la responsabilidad contemplada en el art.1902 CC).

El litisconsorcio voluntario, en tanto que acumulación objetiva-subjetiva de pretensiones, produce el efecto de discutirse todas las pretensiones "en un mismo procedimiento y resolverse en una sola sentencia" (art. 71.1), la cual tendrá tantos pronunciamientos como pretensiones se hayan acumulado, sin que se produzca naturalmente ningún efecto con respecto a las pretensiones que no se hayan acumulado.

El litisconsorcio necesario sí que integra un supuesto de pluralidad de partes. A él se refiere el art. 12.2, "cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsorte salvo que la ley disponga expresamente otra cosa". Así, a diferencia del voluntario, las partes no son dueñas de la constitución del litisconsorcio, sino que viene impuesto por la Ley, porque a todos los litisconsortes necesarios se les habrán de extender, por igual, los efectos de la cosa juzgada.

El litisconsorcio cuasinecesario, eventual o impropio depende de la voluntad de las partes, pero, si deciden constituirlo, habrán de hacerlo conjuntamente, extendiéndose por igual los efectos de la sentencia a todos los litisconsortes, es decir, se regirá su actuación procesal por las mismas normas que regulan el litisconsorcio necesario. Como ejemplo suelen citarse las obligaciones solidarias (art. 1444 CC), en las que el acreedor puede dirigir su demanda contra uno, varios o todos los deudores solidarios; si así lo hace y son condenados, todos ellos responderán de la deuda; pero, si tan sólo se dirige contra algunos de ellos, la sentencia no se convertirá en título de ejecución frente a los demás que no hayan sido partes en el proceso (art. 542.1 LEC). También la impugnación de acuerdos sociales al conferir el art. 117 LSA el derecho de impugnación a todos los accionistas, ante la adopción de un acuerdo nulo o anulable son dueños cada uno de los que votaron en contra o se ausentaron de la Junta General de ejercitar la acción de impugnación; pero, en tal caso, y si fueren varios quienes ejercitaran el derecho de impugnación, el art. 73.2 LEC, a fin de evitar sentencias contradictorias y por razones de economía procesal, obliga al juez a acumular de oficio todas las pretensiones constitutivas de anulación o declarativas de nulidad en un solo procedimiento.

El litisconsorcio necesario

Concepto y fundamento

Es la exigencia legal o convencional que tiene el actor de demandar en el proceso a todos los partícipes de una relación jurídico material inescindible, de tal suerte que, si no lo hiciera, a todos ellos les podrían afectar por igual los efectos materiales de la sentencia.

Presupuesto ineludible es que todos los codemandados hayan participado en una relación jurídica material inescindible, de tal manera que, como señala el art. 12.2 LEC, "la tutela jurisdiccional sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados". Se fundamenta, pues, en una legitimación pasiva originaria, que viene determinada por la existencia previa de una relación jurídica plurisubjetiva e inescindible, en la que, debido a que a todos los futuros demandados les asisten los mismos o similares derechos subjetivos y obligaciones, se encuentran todos ellos en una misma comunidad de suerte, produciéndose una correlación entre su situación jurídica material o, como señala la jurisprudencia "cuando la inescindibilidad del tema litigioso impide que se pueda en términos jurídicos, dictar sentencia acerca de la cuestión de fondo, por indisponibilidad parcial del sujeto o sujetos demandados sobre aquélla".

Como supuestos pueden citarse:

  • La indivisibilidad de las obligaciones mancomunadas, El art. 1139 CC obliga al acreedor a proceder contra todos los deudores.

  • La sociedad de gananciales (arts. 1347 y 1381 CC) que obliga al actor a dirigir la demanda contra ambos esposos

  • Cuando el MF o un tercero inste la nulidad de un matrimonio habrá de demandar a ambos esposos (art. 74 CC).

  • Los copropietarios frente al ejercicio de pretensiones fundadas en derechos reales (p.ej., el ejercicio de una acción negatoria de servidumbre) o derechos de crédito contraídos por todos ellos

  • El retrayente ha de demandar a todos los vendedores del bien objeto del retracto

  • En la tercería de dominio y en la de mejor derecho formaban, en la LEC/1881, el ejecutante y el ejecutado un litisconsorcio pasivo necesario si bien los arts. 600 y 617 de la vigente han mitigado este carácter.

  • Quien impugna su desheredación ha de demandar a todos los herederos y legitimarios, frente a dicha pretensión, forman todos ellos una comunidad de suerte

  • En el ejercicio de un derecho de opción, hay que demandar no sólo al concedente del derecho de opción, sino también al titular de la finca

  • Quienes hayan sido parte en un negocio jurídico, del que se inste su nulidad, habrán de ser, todos ellos, demandados en el proceso

En todos estos supuestos, si el actor no dirigiera su demanda contra todos los litisconsortes, el tribunal no podría estimar su pretensión, sin infringir el derecho a la tutela judicial efectiva de los ausentes en su manifestación de proscripción de la indefensión o con vulneración del principio de que "nadie puede ser condenado sin haber sido previamente oído".

El fundamento del litisconsorcio necesario también hay que encontrarlo en la preservación del derecho a la tutela del art. 24.1 CE. Distinta es la situación del litisconsorcio voluntario y del cuasinecesario, debido a que no existe esa comunidad de suerte material entre todos los demandados, el actor no está obligado a dirigir la demanda contra todos ellos, y, por tanto, si no lo hace, quedarán exonerados de los efectos materiales de la cosa juzgada. En tales supuestos no existiría indefensión material, si el tribunal se limitara a condenar a las partes formales.

No constituyen supuestos de litisconsorcio necesario: a) cuando se pretendiera la acumulación de diversas pretensiones que obedezcan a distintos en cuyo caso ni siquiera existiría un litisconsorcio voluntario, ya que, el art. 12. exige que las acciones se fundamenten en "un mismo título"; b) cuando el codemandado no hubiera intervenido en la relación contractual o jurídica, objeto del litigio; c) "cuando los posibles efectos hacia terceros se producen, con carácter reflejo, por una simple o mediata conexión, o porque la relación material sobre la que recae produce la declaración que sólo les afecta con carácter prejudicial o indirecto"; d) cuando exista una pluralidad de responsables en materia extracontractual, lo que constituiría un litisconsorcio voluntario; y e) una pluralidad de perjudicados que nunca pueden conformar un litisconsorcio activo necesario, por vedarlo expresamente la jurisprudencia.

Régimen procesal

El estatus de parte

Los litisconsortes tienen todo el estatus de parte principal. Pueden litigar unidos o por separado, en cuyo caso todos ellos conformarán, mediante sus escritos de contestación a la demanda, el objeto procesal.

Rige la regla de que "los litisconsortes activos o diligentes en el proceso benefician a los inactivos", lo que significa que los actos de un litisconsorte producen efectos frente a los demás en la medida en que les beneficia (así la estimación de un recurso, interpuesto por uno de ellos, beneficia a los demás), pero nunca en cuanto les perjudica.

En realidad tan sólo existe una posición de parte demandada unida por una misma comunidad de suerte por lo que los actos de disposición directa (ej. el allanamiento, el desistimiento o la transacción) e indirecta (la admisión de hechos) del proceso, para que sean válidos, requieren del concurso de voluntades de todos los litisconsortes.

Examen de oficio

Como consecuencia de que la exigencia de la doctrina del litisconsorcio necesario se funda en la necesidad de preservar la violación del derecho fundamental a la tutela judicial del art. 24.1, la jurisprudencia del TS, se ha manifestado unánime a la hora de establecer la obligación judicial de "examen de oficio" de este requisito de la legitimación pasiva.

Esto fácilmente se comprende, si se piensa que no hay mayor nulidad radical que la proveniente de la infracción de normas imperativas, como son las que tutelan los derechos fundamentales, que integran el orden publico constitucional y constituyen "el fundamento del orden político y de la paz social" (art. 10.1 CE). En particular, al producirse indefensión material a los litisconsortes no emplazados al proceso, se ocasionaría la nulidad contemplada en el art. 238.3 LOPJ, que puede ser remediada a través del incidente nulidad previsto en el art. 240.1 LOPJ.

Y ésta es la solución jurisprudencial sustentada por el TS, conforme a la cual, antes de declarar la nulidad de actuaciones, debe el tribunal prestar audiencia a todas las partes personadas.

La comparecencia previa

La anterior solución sólo es reclamable cuando se apreciara la falta del litisconsorcio necesario, como elemento preliminar al examen de la cuestión de fondo, una vez transcurrida la fase de alegaciones, bien sea en la segunda instancia, bien en la casación.

Si no fuere éste el caso, la LEC permite expresamente la subsanación de la falta de litisconsorcio, facultando al demandante para que pueda ampliar su demanda ya interpuesta contra todos los litisconsortes, en cuyo caso volverá a nacer el plazo para su contestación (art. 401.2) y, en cualquier caso, podrá ser la falta del litisconsorcio necesario aducida expresamente por el demandado como excepción (art. 405.3) o estimada de oficio por el juez, la cual habrá de discutirse en la comparecencia previa, pues el art. 416.1.3 LEC contempla expresamente la excepción de "falta del debido litisconsorcio" que sólo es reclamable para el litisconsorcio necesario.

Conformidad del actor

Si el demandado (o el actor en el caso de reconvención: art. 407) ha opuesto la excepción de "debido litisconsorcio", el actor puede manifestar su conformidad a dicha excepción u oponerse a ella. En el supuesto de que el demandante, tras la lectura de la contestación a la demanda, muestre su conformidad a la excepción de litisconsorcio, el art. 420.1 le faculta a volver a redactar la demanda y presentarla, junto con tantas copias cuantos litisconsortes existan, en el mismo momento de celebración de la comparecencia previa, pero sin que pueda alterar su objeto.

Si el juez estimara procedente el litisconsorcio "lo declarará así, ordenando emplazar a los nuevos demandados para que contesten a la demanda con suspensión de la audiencia" (art. 420.1). En tal caso, la resolución será oral e inimpugnable por plena conformidad de ambas partes (art. 210), el tribunal dictará providencia admitiendo las nuevas demandas y dará traslado de ellas a los nuevos demandados para que la contesten en el plazo de 20 días (arts. 420.3 y 404).

Oposición del actor

Si el demandante no estuviere de acuerdo con la excepción de litisconsorcio necesario, debe el juez oír a ambas partes en la audiencia preliminar sobre este extremo "y, cuando la dificultad o complejidad del asunto lo aconseje, podrá resolverlo mediante auto que deberá dictar en el plazo de cinco días siguientes a la audiencia" (art. 420.2).

La integración de oficio del litisconsorcio

Aun cuando la norma no lo prevea de una manera expresa, de conformidad con la jurisprudencia del TS, puede también el litisconsorcio (como sucede hoy con la práctica totalidad de las excepciones procesales) ser planteado de oficio por el tribunal.

En tal caso, debe el juez oír a ambas partes en la comparecencia previa (primero al demandado y después al actor) y dictar la resolución que proceda. Si el tribunal, entendiere que es procedente el litisconsorcio, dispone el art. 420.3 que "concederá al actor el plazo que considere oportuno para constituirlo que no podrá ser inferior a 10 días".

Si el demandante incumpliera con su carga de redactar nuevas demandas dirigidas contra todos los litisconsortes y no las presentara en el juzgado, junto con sus copias y documentos, en el indicado plazo de 10 días, el tribunal dictará auto de sobreseimiento del proceso (art, 420.4).

En cualquier caso, la apreciación de este presupuesto preliminar a la cuestión de fondo, ha de ocasionar la nulidad de las actuaciones practicadas con retroacción al momento del emplazamiento de los demandados a fin de que sean adecuadamente emplazados los demás litisconsortes.

La intervención procesal

Concepto y fundamento

Conforme al art. 13.1 LEC, consiste en la entrada de terceros con un interés directo y legítimo en un proceso ya iniciado, el cual se convierte en un proceso único con pluralidad de partes sobrevenida, Dicha intervención no ocasiona, a diferencia de la acumulación de procesos o de autos, la incorporación de nuevas pretensiones, sino tan sólo de partes en la posición actora y/o demandada.

Son presupuestos de la intervención procesal: a) la existencia de un proceso pendiente, en virtud de la interposición de una demanda, que, al haber sido admitida, haya generado los efectos propios de la litispendencia (art. 410), por lo que no cabe la intervención procesal en los actos preparatorios del proceso, como pudieran serlo las diligencias preliminares (STS 1986/3784-9), y b) la intervención de un tercero en dicho proceso, entendiendo por tercero a una parte material no formal (distinta al demandante y demandado ya personados en el proceso) que ostente la titularidad de un derecho subjetivo o un interés "directo y legítimo" o que goce de legitimación ordinaria o extraordinaria.

El fundamento de la intervención procesal es el mismo que el del litisconsorcio necesario: la necesidad de preservar el derecho a la tutela del art. 24. 1 pues si la CE concede este derecho fundamental a todos quienes ostenten un derecho o interés legítimo, no se puede privar del acceso a un proceso a quienes, ostentando dicho derecho o interés, desean acceder a un proceso ya incoado por otras partes materiales y por la sola razón de haberse éste ya incoado.

El tercero ha de gozar de dicho interés jurídico. No ostenta dicho interés quien nada tiene que ver con la relación jurídico material debatida.

El tercero ha de ostentar una legitimación ordinaria o extraordinaria, que el art. 13.1 la concreta en el "interés directo y legítimo en el resultado del pleito". Dicha legitimación puede consistir en la titularidad del derecho subjetivo que se discute en el proceso o en la existencia de un interés directo en el proceso, surgido de la circunstancia de poder experimentar, como consecuencia de los futuros efectos directos o reflejos de la sentencia, un perjuicio o beneficio patrimonial o moral.

Clases: voluntaria y provocada

En la intervención voluntaria (art. 13 LEC) el tercero decide voluntariamente intervenir en un proceso ya iniciado. Dicha intervención puede ser “litisconsorcial” si el tercero es titular del derecho o interés que en él se discute , o "adhesiva", cuando su derecho depende del bien o derecho litigioso del que es titular la parte principal.

En la intervención provocada, (art. 14 LEC) el tercero interviene como consecuencia de una denuncia de la existencia del proceso efectuada por alguna de las partes. Puede ser, provocada a instancia del demandante (art. 14.1) o del demandado (art. 14.2).

No contempla la LEC otros supuestos de intervención, tales como la principal, en la que el tercero ejercita un derecho, tanto frente al demandante como frente al demandado, pero incompatible con la pretensión por lo que habrá de interponer la correspondiente demanda, sin perjuicio de instar la acumulación de procesos (arts. 74 y ss.). Tampoco contempla la intervención "iussu iudicis" o por mandato del tribunal, si bien el art. 15 LEC contempla una modalidad próxima, pues en los procesos de tutela de intereses difusos el Juzgado está obligado a publicar la admisión de la demanda a fin de que puedan comparecer en el proceso la totalidad de los perjudicados; pero la carga de su determinación y de la notificación de la demanda corresponde, con carácter previo, al actor (art. 15.2).

La intervención voluntaria y sus clases

El presupuesto ineludible, que ha de cumplir la parte material que pretenda intervenir en un proceso pendiente, consiste en la existencia de una legitimación originaria o extraordinaria. En cualquier caso, el tercero no deduce pretensión autónoma alguna, por lo que nos encontramos ante un proceso único con pluralidad de partes, bien en el "rol" del actor, bien en el del demandado.

Pueden distinguirse dos clases de intervención voluntaria: la litisconsorcial y la adhesiva.

Intervención litisconsorcial

El tercero es cotitular de la relación jurídico material debatida, por lo que se encuentra en la misma comunidad de suerte que las demás partes a cuyo éxito o fracaso de la pretensión coadyuva mediante su intervención. A él se le extenderán los efectos directos de la cosa juzgada, su situación y régimen coincide con la del litisconsorio cuasinecesario, el interviniente litisconsorcial no está obligado a comparecer en el proceso; pero si decide intervenir habrá de hacerlo en ese mismo proceso pendiente, no pudiendo incoar otro proceso para deducir la misma pretensión y contra las mismas partes, porque el inicial le habrá producido litispendencia.

Según STS 1993/8975 "la intervención litisconsorcial viene determinada y justificada, por la circunstancia de que la sentencia única que, en cuanto al fondo del asunto propiamente dicho, recaiga en el proceso seguido entre las partes originarias, haya de producir efectos directos (no reflejos) contra el tercero interviniente, con la consiguiente vinculación de éste a la cosa juzgada".

Como supuestos de intervención litisconsorcial pueden citarse: los acreedores y deudores solidarios (art. 1144 CC); los accionistas que, en un proceso de impugnación de acuerdos sociales deciden comparecer para defender la validez del acuerdo (arts. 206.4 LSC y 222.3.3 LEC); el titular de un bien embargado que, en un proceso de ejecución, desee ejercitar una tercería de dominio (art. 594.1 LEC) y el ejecutado que haya de comparecer para oponerse a dicha pretensión (art. 600.2); los consumidores que pretendan intervenir en un proceso incoado por una asociación de consumidores (arts. 13.1.2, 15.2 y 15.3 LEC).

Intervención adhesiva

En la adhesiva no existe dicha cotitularidad, sino una relación jurídica subordinada a la relación jurídico material debatida en el proceso y de la que es titular el tercero, quien está interesado en la defensa de aquélla, pues de su reconocimiento depende su relación subordinada. Los efectos de la sentencia se extenderán sobre el tercero de forma refleja.

Como ejemplos de la intervención adhesiva suelen citarse el del subarrendatario que se encuentra interesado en coadyuvar a la defensa del arrendatario frente a su arrendador que pretenda la resolución del contrato, el del legatario que tiene interés en la defensa de quien sostenga la validez de la institución de heredero, la intervención de la esposa e hijos en un proceso de reconocimiento de la paternidad, la de los interventores o demás acreedores en una reclamación de cantidad efectuada por un acreedor contra el suspenso, la intervención de las Compañías aseguradoras o la del esposo en la defensa de los bienes privativos del otro cónyuge.

Régimen procesal

Los intervinientes en un proceso pueden comparecer en cualquiera de sus fases o instancias, sin que se produzca la retroacción de las actuaciones (art. 13 LEC). Dicha intervención se produce mediante un escrito de solicitud, que origina un incidente en el que el juez ha de dar traslado a las demás partes y resolver mediante auto.

En general, todos los intervinientes pueden ejercitar la totalidad de los medios de ataque y de defensa, posibilidades y levantamiento de cargas procesales que coadyuven al éxito de la pretensión o resistencia, a cuyo éxito o fracaso coadyuvan.

Hay que distinguir el régimen de intervención del litisconsorte, del coadyuvante.

La intervención litisconsorcial

El interviniente litisconsorcial es un auténtica parte principal, y por consiguiente, está legitimado para conformar, junto con los demás litisconsortes, el objeto procesal. Los actos de disposición de la pretensión exigen la concurrencia de la voluntad de todos ellos, por lo que puede el interviniente oponerse a cualquiera de los tales actos (desistimiento, allanamiento, etc.), puede suplir mediante sus actos procesales los efectos de la rebeldía o de una conducta meramente pasiva de la parte intervenida, a él se le deben notificar todas las resoluciones judiciales y, contra ella, podrá ejercitar los medios de impugnación con independencia (pues, al igual que el litisconsorcio necesario, rige el principio de beneficio de los efectos procesales conseguidos por los litisconsortes activos o diligentes con respecto a los inactivos), debiendo satisfacer las costas procesales que su sola conducta origine dentro del proceso.

La intervención adhesiva

El interviniente adhesivo no es una verdadera parte principal, sino subordinada, pues tan sólo mantiene un interés en el éxito de la pretensión de la parte a la que coadyuva. Por tanto, ni delimita el objeto del proceso, ni el ámbito cognoscitivo de la obligación de congruencia que ha de circunscribirse a la pretensión y defensa efectuadas por las partes principales. No obstante la literalidad del art.13.1 y 3, tampoco puede ocasionar la crisis del proceso mediante un acto de disposición de la pretensión, ni recurrir las resoluciones judiciales en contra de la voluntad de la parte coadyuvada.

Su capacidad de postulación es la de un colaborador de la parte principal y se circunscribe a la utilización de todos los actos de alegación, prueba y dependiente impugnación que coadyuven al éxito de la pretensión o defensa de la parte principal.

Al igual que el interviniente litisconsorcial, puede ser acreedor o deudor de una condena en costas derivada de su intervención ya que al tercero se le ha de tener por parte a todos los efectos (art. 13.3 LEC).

La intervención provocada

Consiste en la llamada, efectuada por el demandante o el demandado, a un tercero a fin de que intervenga en un proceso determinado. Si fuera el demandante quien pretendiera efectuar dicha llamada, así lo solicitará en su escrito de demanda, solicitud que, si fuera admitida por el juez, facultará al tercero a formular su demanda y "dispondrá de las mismas facultades de actuación que la ley concede a las partes" (art. 14.1). Si fuera el demandado quien realizara la llamada, deberá formular su solicitud en el escrito de contestación o con anterioridad a la vista del juicio verbal; el Secretario suspenderá el plazo para la contestación y dará traslado de dicha solicitud al demandante y, si aceptara la intervención, le otorgará idéntico plazo de contestación (art. 14.2).

A instancia del demandante

Como típicos supuestos pueden citarse: la evicción invertida, en la que el comprador ejercita la posición de demandante en una acción de saneamiento por evicción del art. 1481 CC y en la que aquél ha de requerir previamente al vendedor a fin de que le suministre las informaciones necesarias para la defensa de la cosa vendida; las acciones de los comuneros de una patente frente a terceros que la menoscaben (en cuyo caso el copropietario ha de notificar a los demás comuneros la acción ejercitada) y la de los licenciatarios en exclusiva frente a terceros que infrinjan los derechos del titular de la patente, en cuyo caso habrá de notificarle la pendencia del proceso (Ley de Patentes).

Junto a dichas modalidades, el art. 15 contempla una específica relativa a la protección de los intereses de consumidores y usuarios. Si el proceso fuera incoado mediante demanda de una asociación de consumidores o usuarios(que poseen una legitimación extraordinaria representativa) el juez dispondrá la publicación de la admisión de la demanda en los medios de comunicación a fin de que puedan comparecer los perjudicados para deducir su pretensión resarcitoria. Asimismo, el precepto distingue la intervención de terceros en la tutela de los intereses difusos, de la de los colectivos; en el primero, el llamamiento suspenderá el proceso durante el plazo de dos meses a fin de que puedan comparecer a plantear su pretensión, finalizado el cual no se admitirá su personación, sin perjuicio de que lo hagan en el proceso de ejecución (art. 15.3 en relación con los arts. 221 y 519 LEC); en los intereses colectivos, en los que los perjudicados son fácilmente determinables, el actor tiene la carga de determinar a todos ellos en su escrito de demanda y de trasladarles, con anterioridad a su presentación, dicho escrito a fin de que puedan intervenir en el proceso como demandantes sin que se retrotraigan las actuaciones (art. 15.2).

A instancia del demandado

Como supuestos pueden citarse: a) la denuncia del proceso de evicción, efectuada por el comprador demandado por un tercero al vendedor de la cosa (arts. 1475, 1478, 1481 y 1482 CC); b) la denuncia del coheredero que no hubiere aceptado la herencia a beneficio de inventario y que ha sido demandado por un acreedor, de la existencia del proceso a otro coheredero (art. 1084 CC) a fin de evitar la ulterior vía de regreso del art. 1085 CC; c) la denuncia del usufructuario al propietario de la existencia de un proceso en el que un tercero puede lesionar su derecho de propiedad (art. 511) o la del arrendatario al arrendador frente a la demanda de un tercero que pretenda usurpar o dañar su propiedad (art. 1559) a fin de evitar una ulterior vía de regreso del poseedor mediato frente al inmediato (art. 511 CC) en reclamación de daños y perjuicios; en estos últimos supuestos, la ausencia de legitimación pasiva del usufructuario y del arrendatario ha de provocar la sustitución procesal de aquellos por el propietario (art. 14.2.4 LEC) a través de una impropia sucesión procesal; y d) la denuncia del demandado a un tercero (ej. de un promotor de las viviendas al arquitecto) para oponerse a una acción de responsabilidad derivada de vicios o defectos en una edificación (Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación), si dicho tercero no compareciera, también a él se le extenderán los efectos de la sentencia con clara derogación de los límites subjetivos de la cosa juzgada, trazados por el art. 22.3 LEC.

En todos estos supuestos, si el tercero hiciera caso omiso del llamamiento, puede verse afectado por los efectos perjudiciales de la sentencia recaída en el primer proceso, los cuales pueden operar en el segundo proceso efectuado en vía de regreso por la parte principal frente a la subordinada.

La sucesión procesal

Concepto y clases

Consiste en la sustitución, en un proceso determinado, de unas partes formales por otras materiales, como consecuencia de la transmisión "inter vivos" o "mortis causa" de la legitimación de aquéllas a éstas.

Como consecuencia de la "perpetuatio jurisdictionis" que ocasiona la litispendencia, tras la admisión de la demanda, no pueden existir cambios sustanciales de las partes en el proceso (art. 413.1), el cual habrá de transcurrir entre el actor y el demandado. Puede ocurrir que, fuera del proceso se haya transmitido el derecho subjetivo o la titularidad del bien o relación jurídica litigiosa, en cuyo caso el nuevo adquirente es quien ostenta la legitimación, activa o pasiva (en el caso de transmisión de bienes litigiosos), y quien se encuentra, por tanto, legitimado para suceder a la parte originaria en el proceso.

La sucesión procesal queda regulada en los arts. 16 a 18 LEC.

Sucesión procesal por muerte

Las personas físicas

El art. 16 LEC traslada a la esfera del proceso el hecho jurídico de la muerte de las personas físicas, conforme al cual "los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones" (art. 661 CC) y "los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte" (art. 657 CC).

El art. 16.1 establece que "cuando se transmita mortis causa lo que sea objeto del juicio, la persona o personas que sucedan al causante podrán continuar ocupando en dicho juicio la misma posición que éste, a todos los efectos".

Dichos sucesores son, los herederos a título universal (art. 661 CC) y los legatarios (art. 881) sobre la cosa legada.

Existen además previsiones procesales específicas, tales como la de los herederos del actor en un proceso de filiación y de impugnación de la paternidad o maternidad quienes pueden continuar las acciones ya entabladas (art. 765.2), la de sus sucesores en los procesos de tutela del derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen (arts. 4 y 6 de la LO 1/1982) y en la subrogación de los derechos de arrendamiento urbano (arts. 16 y 33 LAU, Ley 29/1994) y rústicos (art. 79.2-4 LAR, Ley 83/1980).

La sucesión procesal exige la acreditación de la muerte y del título sucesorio, efectuado lo cual el Secretario habrá de admitir al sucesor como parte procesal (art. 16.1.2). Si la defunción constara al tribunal, tiene la contraparte la carga procesal de identificar a los sucesores a fin de que comparezcan en el proceso. Si no lo hicieran, se declarará en rebeldía a la parte demandada o se estimará el desistimiento tácito de la demandante (art. 16.3).

Las personas jurídicas

Las personas jurídicas suceden por fenómenos de fusión o de absorción, pues la liquidación de la sociedad extingue su personalidad (art. 395 LSC) sin que exista una transmisión de derecho alguno. En tales supuestos, la sucesora será la nueva sociedad fusionada o la absorbente.

Sucesión procesal por transmisión del objeto litigioso

Al igual que en la transmisión "mortis causa", también en la "inter vivos", se requiere la existencia de un proceso pendiente, pero es necesario además el cumplimiento de varios requisitos: a) que lo solicite el adquirente del bien o derecho litigioso, quien habrá de acreditar la transmisión; b) que se le dé audiencia a la parte contraria; c) finalmente, "no se accederá a la pretensión cuando dicha parte acredite que le competen derechos o defensas que, en relación con lo que sea objeto del juicio, solamente puede hacer valer contra la parte transmitente, o un derecho a reconvenir, o que pende una reconvención, o si el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa".

Solicitada la sucesión por el adquirente el Secretario abrirá un incidente, en el que dará traslado de dicha petición a la contraparte. Si ésta no se opone, admitirá la sucesión; pero si se opusiera por el incumplimiento de los anteriores requisitos, el tribunal resolverá mediante auto en el que, bien dispondrá que el proceso transcurra con el transmitente, bien con su sucesor (STS 856/2006).