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Los procesos para el ejercicio de pretensiones en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios

Los procesos regulados en la ley para el ejercicio de pretensiones en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores son dos: el proceso para interponer pretensiones de cesación de un comportamiento empresarial ilícito y el proceso para el ejercicio de las pretensiones de reparación colectiva de todas aquellas personas damnificadas por un mismo acto empresarial.

El proceso para el ejercicio de las pretensiones de reparación colectivas es un juicio ordinario por razón de la cuantía, del que nos hemos ocupado en el tema 54. En esta lección nos ocupamos del proceso para el ejercicio de la acción de cesación, que se tramita por las normas del juicio verbal.

El proceso para el ejercicio de la pretensión de cesación

Fuentes legales

El art. 250.1, establece que las acciones "que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios" habrán de dilucidarse mediante las normas del juicio verbal.

Actualmente son pretensiones que se encuentran reguladas con carácter general en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por RD Legislativo 1/2007, aplicable, en cuanto al régimen jurídico de las acciones de cesación, en materia de cláusulas abusivas, contratos a distancia, contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, viajes combinados, garantía de la venta de bienes de consumo y servicios, regulados, estos últimos por la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a los servicios y su ejercicio.

Fuera del ámbito del TRLGDCU, el régimen especial de las acciones de cesación, aplicable con carácter preferente a cualquier otra regulación más general, puede encontrarse en multitud de leyes especiales que afectan al ámbito de los derechos de los consumidores y usuarios, tales como la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, la Ley 29/2009, la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, el RD Ley 8/2012, etc.