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Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional (I)

Los presupuestos procesales: concepto y clases

Concepto y efectos

Para que se pueda constituir válidamente un determinado proceso y el juez pueda dictar una sentencia de fondo que resuelva definitivamente el conflicto, es necesario que el actor cumpla con los presupuestos procesales que son requisitos previos al proceso, sin cuyo cumplimiento no puede válidamente instaurarse el proceso ni puede el juez entrar en el examen jurídico material de la pretensión, es decir, no puede satisfacer materialmente la pretensión.

Estos requisitos formales condicionan, pues, la admisibilidad de la pretensión. Sin su concurrencia el juez no puede entrar a examinar la pretensión o relación jurídica debatida, quedando imprejuzgada.

Los presupuestos procesales son, pues, requisitos que deben observar las partes en el momento de la interposición de la demanda o la reconvención y cuya ausencia, bien impedirá la admisión de la demanda, bien el examen del fondo de la pretensión, debiendo el juez pronunciar un Auto de inadmisión de la demanda, de archivo o de sobreseimiento del proceso, o una "sentencia absolutoria en 1ª instancia", resoluciones todas ellas que, por carecer de los efectos materiales de la cosa juzgada, posibilitan el ejercicio de la acción e interposición de la misma pretensión en un ulterior proceso declarativo.

Los presupuestos procesales condicionan la admisibilidad de la demanda y, en cualquier caso, la de la sentencia de fondo. Los que ocasionan el rechazo de la demanda "ex" art. 503 y vienen determinados por la falta de jurisdicción, ausencia de competencia objetiva, funcional y territorial indisponible, falta de capacidad para ser parte, de postulación y de conducción procesal y presupuestos especiales del objeto procesal (la autocomposición, la reclamación previa, las cauciones y requerimientos) deben ser examinados de oficio en el momento de la admisión de la demanda, si la ausencia de dichos presupuestos procesales y la de todos los demás es denunciada por el demandado, bien, como cuestión previa, en la declinatoria, bien, como excepción, en la contestación a la de manda o en la audiencia preliminar, provocarán una sentencia procesal absolutoria en 1ª instancia.

Clases

Los presupuestos procesales pueden sistematizarse en:

  1. del órgano jurisdiccional: la jurisdicción y competencia objetiva, territorial y funcional.

  2. de las partes: la capacidad para ser parte y de actuación procesal, la postulación procesal, la capacidad de conducción procesal y el litisconsorcio necesario.

  3. del objeto procesal:

    • generales: la caducidad de la acción, la litispendencia y la cosa juzgada, el arbitraje y el pendiente compromiso y la existencia de actos de disposición del derecho subjetivo material; y

    • especiales: la autocomposición (la reclamación administrativa previa, la reclamación y agotamiento de los recursos en los procesos de responsabilidad civil de Jueces y de Magistrados y la conciliación en las demandas relativas a invenciones laborales), las cauciones y los requerimientos al deudor.

Examen de oficio

Los presupuestos procesales han de ser observados por el actor en el momento de la interposición de la demanda. Si incumpliera alguno de ellos, el demandado tendrá la carga procesal de evidenciar su ausencia en su escrito de contestación mediante la interposición de la pertinente excepción "dilatoria".

La vigente LEC de 2000 ha acentuado también el "examen de oficio" de los presupuestos procesales en la fase declarativa y, así, el juez está expresamente autorizado, en ocasiones, a inadmitir de plano la demanda o a poner de manifiesto a las partes su incumplimiento en la comparecencia previa, pudiendo disponer el archivo del proceso si, habiéndose inobservado el presupuesto procesal, fuera de naturaleza insubsanable o la parte, que tuviere la carga de su sanación, no lo hiciera en el plazo acordado por el juez (arts. 418 y ss.).

Los presupuestos de los recursos

Los presupuestos procesales han de ser observados en todas y cada una de las instancias. Condicionan la admisibilidad de la pretensión en el ejercicio de los medios de impugnación. Pueden ser sistematizados en:

  • comunes: el gravamen (perjuicio que ha de sufrir el recurrente por la resolución impugnada) y la conducción procesal (o exigencia de haber sido parte en el proceso de primera instancia)

  • especiales o requisitos que han de concurrir en el ejercicio de medios de impugnación extraordinarios: el cumplimiento de una determinada "suma de gravamen" para la interposición del recurso de casación (art. 477.2.2°) y el de prestar un depósito o caución para la interposición de determinados recursos.

El incumplimiento de tales requisitos impedirá al Tribunal el examen de la pretensión en la segunda instancia o en la casación, ocasionando, mediante un Auto de inadmisión del recurso, la firmeza de la resolución recurrida o recaída en la primera instancia.

Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional: la jurisdicción

El primer requisito, que ha de cumplir quien pretenda la tutela judicial efectiva de su pretensión, consiste en cumplir con los presupuestos procesales el Tribunal ante el que tiene que plantearla, cuales son la jurisdicción y la competencia.

Concepto

Se entiende por "Jurisdicción" el otorgamiento por el OJ a un determinado Tribunal de la potestad de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", contenida en el art. 118.3 CE.

Desde un punto de vista funcional constituye un auténtico presupuesto procesal, pues es "improrrogable" (art. 9.6 LOPJ), se tiene o no se tiene, de manera que las normas que la disciplinan son de orden público, sin que las partes, ni el propio juez puedan decidir cuando ostentan la Jurisdicción. Este presupuesto procesal es apreciable de oficio (arts. 9.6 LOPJ y 37 LEC) y su infracción acarrea una nulidad de pleno derecho (art. 238.1 LOPJ), la cual puede ser examinada en cualquier estadio el procedimiento (art. 240.2 LOPJ).

Para que dicho Tribunal ostente legítimamente la potestad jurisdiccional sobre un determinado objeto procesal es necesario que el ordenamiento le atribuya expresamente esta facultad, para lo cual es preciso conjugar dos criterios, externo e interno. De conformidad con el primero, el conocimiento de esa materia u objeto procesal, no puede estar exento del conocimiento de los Tribunales españoles, bien por la existencia de una inviolabilidad o inmunidad, bien por pertenecer dicho conocimiento a otro Tribunal de un Estado extranjero (falta de competencia internacional); según el criterio interno, y admitida la Jurisdicción del Estado español, tampoco puede estar atribuido el conocimiento de dicho objeto a otra Jurisdicción especial (la Militar, que es la única que legitima el art. 117.5 de la CE), a otro Tribunal especial (al Constitucional, de Cuentas o a los Tribunales consuetudinarios y tradicionales) o a otro orden jurisdiccional, distinto al civil (es decir, a los Tribunales penales, contencioso- administrativos o laborales).

Jurisdicción española y tribunales extranjeros

Con independencia de las inmunidades de Jurisdicción, constitucionales, europeas, diplomáticas, o de determinadas autoridades nacionales, en la práctica forense, el supuesto más común de ausencia de Jurisdicción de los Tribunales españoles viene determinado por la existencia de un conflicto de Derecho Internacional Privado que provoca la correlativa asunción de la Jurisdicción por un Tribunal perteneciente a otro Estado extranjero (art. 36.2.2).

En tal supuesto, y de conformidad con el principio de supremacía de las normas internacionales sobre las internas (art. 96.1 CE), tanto el art. 21.2 LOPJ, como el art 36.2.1 LEC se remiten, para su solución a las normas de "Derecho Internacional Público", por lo que el surgimiento de cualquier conflicto ha de ser solucionado con arreglo al siguiente sistema de fuentes preestablecido: en primer lugar, lo dispuesto en los Convenios Internacionales y, en segundo, lo establecido en los arts. 21 y 22 LOPJ y 9 a 12 del CC.

Los Convenios Internacionales

Con independencia de los Tratados Internacionales, que haya podido suscribir el Reino de España sobre competencia judicial relativa a materias específicas (Ej. Derecho marítimo, del transporte, etc.), adquieren singular relevancia el Convenio de Bruselas y el de Lugano.

El Convenio de Bruselas y el Reglamento (CE) 44/2001

El Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, sobre competencia judicial internacional y el reconocimiento de las decisiones en materia civil y mercantil es el Convenio que rige en Europa, con base en lo dispuesto en el art. 220 del Tratado constitutivo de la CEE.

Mediante el Protocolo de Luxemburgo, de 3 de junio de 1971, se le confirió al Tribunal de Justicia de la CEE el monopolio de su interpretación, la cual realiza a través del planteamiento de una cuestión prejudicial.

En la actualidad, dicho Convenio ha de ser integrado por el Reglamento del Consejo de Europa 44/2001. El Reglamento entró en vigor el 1 de marzo de 2002. Pero, como no le es aplicable a Dinamarca, permanece vigente el Convenio de Bruselas para los conflictos entre dicho país y España, los demás conflictos con otros Estados de la CE se rigen por el citado Reglamento 44/2001.

Su ámbito de aplicación se reconduce al de sus Estados parte sobre materias civil y mercantil (permanecen exceptuadas determinadas materias, tales como el Derecho de familia, Arbitraje, Seguridad Social y Derecho Concursal) exige, como requisito previo para su aplicación, que el demandado en un proceso esté domiciliado en un Estado miembro de la CE.

Salvo que exista una sumisión expresa o tácita de las partes y algún fuero especial (Ej. en materia de alimentos, el del domicilio del alimentista), como foro general, rige también el del domicilio del demandado en un Estado contratante (STS 8/2/2007).

Asimismo, adquiere singular relevancia el criterio de la territorialidad. Así, corresponde al fuero del lugar del Estado donde esté sito el bien inmueble litigioso, en el Derecho de sociedades dicho foro es el del Estado en donde la sociedad mercantil tenga su domicilio social, en la validez de impugnación de inscripciones de Registros públicos, incluidos los de la propiedad industrial, donde esté ubicado el Registro público, en materia contractual, el lugar del cumplimiento de la obligación, y en responsabilidad extracontractual donde se haya producido el daño.

El Convenio de Lugano

El Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988 (BOE de 20 de octubre de 1994) es idéntico al de Bruselas y se suscribió para extender su aplicación a los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC y EFrA), que no formaran parte de la Comunidad Europea. En la actualidad rige las relaciones entre España e Islandia, Noruega, Polonia y Suiza. No está sometido al régimen de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades, si bien su doctrina suele ser aplicada por los Estados parte.

Nuestro Derecho interno

A falta de un Convenio Internacional sobre la materia (no olvidemos que, como consecuencia de la cesión de soberanía que la aprobación de un Tratado internacional comporta, los Tratados Internacionales poseen, "ex" art. 96 CE, un rango jurídico superior al de la Ley), han de aplicarse las disposiciones contenidas en el art. 22 LOPJ y 9-12 del CC.

El art.22 LOPJ contempla, como foro general el del domicilio en España del demandado.

En materia de foros exclusivos adquiere relevancia el criterio de la territorialidad: la Jurisdicción española será competente acerca de los litigios que se susciten sobre derechos reales, si el inmueble o el bien mueble se encuentra sito en España; en materia de Derecho de sociedades, si el domicilio social se encuentra en nuestro país; si se tratara de la impugnación de inscripciones registrales :la ubicación del Registro, (art.22.1). También determinados foros especiales (es decir, se rigen en atención a las características del objeto litigioso y se caracterizan por no requerir de la exigencia del domicilio del demandado -aun cuando sea éste requisito, de ineludible cumplimiento para la aplicación de la normativa comunitaria- y por operar a favor del demandante) están informados por criterio de la territorialidad: así, tratándose de obligaciones contractuales, nuestros Tribunales ostentan Jurisdicción, cuando éstas hayan nacido o deban cumplirse en España; en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en España (art. 22.3.11), etc. Idéntico criterio secunda el CC al consagrar el fuero del lugar del bien inmueble o mueble (art. 10.1 CC), el del lugar de emisión de los títulos valores(art. 10.3) o el del hecho del que nazca la obligación no contractual (art. 10.9).

Pero dicho criterio de la territorialidad ha de ser complementado con el de la "personalidad", basado en la nacionalidad o residencia en España, en la aplicación de determinados foros especiales por razón de la materia: así, cuando se trate de cuestiones relativas al Derecho de familia y estado civil, consumidores (el foro del domicilio del comprador, en atención a la finalidad de protección de la parte más débil), En materia de seguros, cuando el asegurador y el asegurado tengan domicilio en España (art. 22.3.11 y 4), etc. Asimismo, el art. 9 del CC se inclina por el criterio de la personalidad en todo lo relativo al estado civil y Derecho de familia. De este modo, los efectos del matrimonio se rigen por la Ley personal común de los esposos al tiempo de contraerlo y, en su defecto, por el de la residencia habitual de cada uno de (art. 9.2); la sucesión, por la nacionalidad del causante (art. 9.8), etc.

Jurisdicción civil y otras jurisdicciones o tribunales especiales u otros órdenes jurisdiccionales

Admitido que los órganos jurisdiccionales del Estado español sean los competentes para el conocimiento de un determinado objeto litigioso, podría suceder que un determinado Tribunal civil, al que se dirija el actor, tampoco ostentara Jurisdicción por resultar competente, bien una Jurisdicción o Tribunal especial, bien un Tribunal de otro orden jurisdiccional, distinto al civil.

En tal caso, se hace necesario determinar el ámbito objetivo interno de la jurisdicción civil, ya que los Juzgados y Tribunales sólo pueden ejercer su Jurisdicción "exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por (la LOPJ) u otra Ley" (art. 9.1 LOPJ). Por esta razón podría surgir un conflicto de Jurisdicción o uno de competencia, recordemos que los "conflictos jurisdiccionales" pueden surgir entre un Tribunal y la Administración o una Jurisdicción o Tribunal especial y se rigen por lo dispuesto en los arts. 38-41 LOPJ, en tanto que los "conflictos de competencia" suceden entre un Tribunal de un determinado orden jurisdiccional y otro perteneciente a los demás les jurisdiccionales (penal, social o administrativo), su régimen jurídico se regula en los arts. 42-50 LOPJ.

El art. 9.2 LOPJ determina el ámbito de aplicación de los tribunales civiles: "Los Tribunales y Juzgados del Orden Civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional". De su exégesis, cabe inferir dos criterios de determinación de la esfera de atribuciones de la Jurisdicción civil:

  • Criterio positivo: por "materias que les son propias", cabe entender todas las pretensiones fundadas en el Derecho privado (civil o mercantil)

  • Criterio negativo: hay que acudir a las distintas normas, que contemplan la esfera de atribuciones de los respectivos órdenes jurisdiccionales, contenidas, tanto en la LOPJ (art. 9.3) como en las Leyes especiales (arts. 9 y ss. LECrim, 1-5 LJCA y 1 a 3 LPL), de cuya lectura se hace obligado inferir que la Jurisdicción civil no es competente para el conocimiento de los conflictos sociales surgidos por la comisión de un delito (Juzgados y Tribunales de lo Penal) ni de las pretensiones de anulación de actos administrativos o de disposiciones generales con rango inferior a la Ley (Juzgados y Tribunales administrativos) ni de los conflictos que puedan surgir entre empresarios y trabajadores con ocasión de la aplicación o interpretación de una relación jurídica, individual o colectiva, de trabajo, ni de las materia Seguridad Social (Juzgados y Tribunales de lo Social).

Así pues, los Juzgados y Tribunales de lo Civil ostentan Jurisdicción para el conocimiento de todas las relaciones jurídico-materiales regidas por el Derecho civil o mercantil, que transcurran entre personas privadas o públicas con la sola excepción de la Jurisdicción Militar, que retiene su competencia para la prevención de los juicios de testamentaría y de abintestato en tiempos de guerra (art. 9.2.II LOPJ).

Pero, en el caso de que una determinada materia no esté expresamente atribuida a un determinado orden, serán tribunales civiles los competentes, en virtud de la cláusula residual de atribución genérica de la competencia, contenida en el art. 9.2 LOPJ ("Los Tribunales y Juzgados del Orden Civil conocerán ..., de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional"). El sentido de esta cláusula reside en garantizar siempre el derecho a la tutela judicial efectiva o libre acceso a los Tribunales, que podría verse conculcado por una deficiente regulación de las normas especiales de atribución de la competencia a los distintos órdenes jurisdiccionales.

Pero esta "vis atractiva" de la Jurisdicción civil, frente a los demás órdenes jurisdiccionales, se circunscribe al conocimiento de las pretensiones fundadas en el Derecho privado y no a las que pudieran estarlo en el Derecho penal, en cuyo caso la Jurisdicción penal goza siempre de "preferencia" (art.44 LOPJ), ni tampoco al de las "cuestiones prejudiciales" penales, con respecto a las cuales, también es la Jurisdicción penal la preferente (arts. 3 LECrim, 10.2 LOPJ).

Tratamiento procesal

Como la Jurisdicción es un auténtico presupuesto procesal, su concurrencia debe ser examinada de oficio por el propio órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que, en cualquier otro caso, pueda ser denunciada, vía excepción, por el demandado.

Examen de oficio

Los arts. 36.2 y 37 LEC disponen que los Tribunales civiles "se abstendrán de conocer" cuando carecieran de Jurisdicción, bien por pertenecer la potestad jurisdiccional para el conocimiento de un determinado asunto a un Tribunal de otro Estado, distinto al español, bien por estar atribuida a un órgano de otro orden jurisdiccional, distinto al civil.

En tal caso, dispone el art. 38, habrá el juez de oír a las partes y al Ministerio Fiscal "tan pronto como sea advertida la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional", es decir, a fin de evitar las injustas sentencias absolutorias en 1ª instancia, "a limine litis". Se resolverá mediante auto de inadmisión de la demanda. En él, habrá el juez de ilustrar a la parte del orden jurisdiccional que estima competente (arts. 9.3 LOPJ y 65.3 LEC).

Más podría ocurrir que, planteada la pretensión ante el orden jurisdiccional que el tribunal civil ha estimado competente, tampoco este tribunal reputara que ostenta Jurisdicción para el conocimiento del asunto. En tal supuesto, surgirá un conflicto negativo de competencia que habrá de dirimirse por la Sala Especial del TS, contemplada en el art. 42 LOPJ y a través del procedimiento que regulan los arts. 43 a 50 LOPJ.

Si el conflicto negativo surgiera entre un Tribunal del orden jurisdiccional civil y la Administración o la jurisdicción contable, habrá que plantear un "conflicto jurisdiccional" de los contemplados en los arts. 38-41 LOPJ y LO 2/1987, de Conflictos Jurisdiccionales.

A instancia de parte

Como todo presupuesto procesal, si el órgano jurisdiccional no lo examina de oficio, tiene el demandado la carga procesal de denunciar su incumplimiento por la vía de las excepciones y en el trámite de contestación a la demanda (art. 405), pudiéndose, como regla general, plantear en la audiencia previa del juicio ordinario.

Pero esta regla parece tener una excepción en el caso de la falta de Jurisdicción, pues el art. 416.2 establece que "el demandado no podrá impugnar la falta de jurisdicción o de competencia del tribunal, que hubo de proponer en forma de declinatoria".

Según el art. 39 LEC ("el demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje la controversia") el demandado debe interponer, como cuestión previa a la contestación de la demanda, la declinatoria "dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda", abriéndose un incidente suspensivo, que ha de resolverse con arreglo a lo dispuesto en los arts. 64-67.

Si el demandado no hiciere uso de la declinatoria, también podrá proponer dicha excepción en la audiencia previa, pues, tratándose de un auténtico presupuesto procesal, sobre el cual subsiste la obligación judicial de examen de oficio, por lo que su infracción acarrea una nulidad de pleno Derecho (art. 238.1 LOPJ), puede el demandado, al amparo de lo dispuesto en el art. 240.2 LOPJ, suscitar la falta de Jurisdicción en cualquier estadio del proceso.

La competencia objetiva

Concepto y naturaleza

Consiste en el conjunto de normas procesales que distribuyen jerárquicamente, entre los diversos órganos judiciales de un mismo orden jurisdiccional, el conocimiento de la fase declarativa de los objetos procesales.

La naturaleza de las normas que regulan la competencia objetiva son de "orden público", de manera que si a un tipo de Juzgado (de 1ª Instancia o de paz) no le corresponde el conocimiento de una determinada materia, sus actuaciones procesales adolecerán de una nulidad radical (art. 238.1 LOPJ), que no permite sanación alguna e impedirá un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Por esta razón, la competencia objetiva es un presupuesto procesal vigilable de oficio a lo largo de todo el procedimiento (art. 240.2).

Tales normas de "ius cogens" han de ostentar rango de Ley. Así lo declara el art. 44 de la LEC: "para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores a la incoación de las actuaciones de que se trate". Así, se prohíbe a la potestad reglamentaria invadir las normas de la competencia objetiva, y además, dichas normas afianzan el derecho fundamental al "juez legal" del art. 24.2 CE en su primigenia manifestación de preconstitución del órgano jurisdiccional con anterioridad al surgimiento del conflicto, con expresa prohibición de creación de Tribunales "ex post facto", lo cual constituiría un claro supuesto de "tribunal de excepción".

Criterios determinantes

Con la sola excepción de las prerrogativas de determinadas Autoridades, que permanecen aforadas a órganos jurisdiccionales superiores los criterios determinantes de la competencia objetiva civil son dos: por razón de la cuantía y por razón de la materia.

Por razón de la cuantía

El criterio más relevante para distribuir la competencia entre los Juzgados de Paz y los de Primera Instancia es el de la cuantía. Serán objetivamente competentes los Juzgados de Paz si el valor del bien litigioso no excediera de 90€ y no se tratara de ninguna de las materias que han de dilucidarse a través de alguno de los juicios verbales especiales contemplados en el art. 250.1 (así, un desahucio por falta de pago o un interdicto es competencia siempre de los Juzgados de 1ª Instancia, aunque la cuantía litigiosa no exceda de 90€). Serán siempre competentes los Jugados de Primera Instancia, si dicho valor excediera de 90€, (art. 47 LEC).

El art. 45 LEC atribuye "a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros Tribunales", es decir, les confiere "vis atractiva" de todas las materias no comprendidas en el art. 47 LEC.

Por razón de la materia: los "Juzgados especializados"

Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia los actos de Jurisdicción voluntaria, la ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras (art. 85.2 y 5 LOPJ) y la gestión del Registro Civil (art. 86).

Pero, con independencia de este criterio, la LOPJ creó los "Juzgados especializados", bien con carácter permanente, bien meramente coyuntural.

Con carácter permanente: los Juzgados de lo Mercantil

La LO 8/2003 ha adicionado a la LOPJ los arts. 86 bis y ter, en cuya virtud se instauran en las capitales de Provincia y en aquellos núcleos industriales o mercantiles, cuya actividad económica así lo aconseje, los Juzgados de lo Mercantil que circunscriben su competencia a las materias de Derecho Concursal, Estatuto de la Propiedad Industrial, Transportes, Derecho Marítimo, condiciones generales de la contratación, recursos contra las resoluciones de la Dirección general de los Registros y del Notariado sobre calificaciones del Registrador Mercantil, legislación comunitaria en materia de libre competencia (arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea) y arbitraje.

Con carácter coyuntural

El art. 98 LOPJ faculta al CGPJ, previo informe de la Sala de Gobierno del TSJ, a crear Juzgados de Primera Instancia especializados en determinadas materias en aquellas ciudades donde exista una pluralidad de dichos Juzgados. Su competencia se extiende tanto a la fase declarativa, como a la de ejecución y el Acuerdo del CGPJ ha de publicarse en el BOE.

Estos Juzgados especializados carecen de "vis atractiva" ,el art. 46 LEC establece que "Los Juzgados de Primera Instancia a los que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica, del Poder Judicial, se les haya atribuido el conocimiento específico de determinados asuntos, extenderán su competencia, exclusivamente, a los proceso en que se ventilen aquéllos, debiendo inhibirse a favor de los demás tribunales competentes, cuando el proceso verse sobre materias diferentes. Si se planteara cuestión por esta causa, se sustanciará como las cuestiones de competencia".

Tratamiento procesal

El régimen procesal de la competencia objetiva es idéntico al de la jurisdicción. Tratándose ambos requisitos de unos presupuestos procesales, deben ser examinados de oficio por el juez o pueden ser alegados por la parte interesada.

De oficio

Dispone el art. 48.1 LEC que "la falta de competencia objetiva se apreciará de oficio, tan pronto como se advierta, por el tribunal que esté conociendo del asunto". Establece, pues, la obligación del juez de examinar de oficio su propia competencia "tan pronto como se advierta", lo cual ha de suceder en el momento de la admisión de la demanda, en la que el actor ha de determinar el valor del objeto litigioso (art. 253.1) al efecto de determinar el procedimiento adecuado y, por tanto, dispone el art. 404 que el Tribunal examinará de oficio su propia competencia objetiva con anterioridad a la admisión de la demanda. El juez habrá de oír previamente a las partes y la Ministerio Fiscal en el plazo de diez días; una vez transcurrido dicho plazo, dictará auto en el que, declarando la nulidad de todo lo actuado, apreciará su falta de competencia e indicará, en su resolución, el órgano jurisdiccional que estima procedente (art. 48.2 y 3).

Podría suceder que el Tribunal tomara conocimiento de su falta de competencia en un estadio posterior. Ello es lo que podría suceder en el caso de que, con ocasión del incidente de fijación de la cuantía al efecto de determinar, la adecuación del procedimiento (arts. 251-255), resultara que el valor del objeto litigioso no supera los 90€. La solución no será la del art. 254 (providencia de reconversión de las actuaciones al procedimiento adecuado con conservación de las actuaciones), sino la del art. 48: el Tribunal dictará auto declarando su incompetencia y la nulidad de lo actuado.

Excepcionalmente, si el examen de oficio lo efectuara el Tribunal de la segunda instancia, el art. 48.2 consagra la misma solución: declaración absolutoria en 1ª instancia de incompetencia con nulidad total de las actuaciones e ilustración a las partes del juzgado objetivamente competente.

A instancia de parte

Si el Tribunal no apreciara de oficio su falta de competencia, el demandado tiene la carga procesal de aducir, como cuestión previa, dentro de los primeros diez días de los veinte que la LEC otorga para la contestación (art. 64), la excepción de falta de competencia objetiva, a través del procedimiento de la declinatoria (art. 49); pero también puede la parte interesada denunciar su violación en cualquier estadio del procedimiento anterior al momento de dictar sentencia (art. 240.2 LOPJ) y, en particular, en la audiencia previa.

La competencia funcional

Concepto

Consiste en los criterios legales de atribución del conocimiento del objeto procesal en atención a las distintas fases procesales que las partes han de transcurrir a fin de obtener la tutela efectiva de sus pretensiones.

Tales fases procesales son tres: la fase "declarativa", la de "impugnación" y la de "ejecución". La competencia funcional exige, pues, la pendencia de un proceso para determinar a qué órgano jurisdiccional, dentro de los de distinto grado de un mismo orden jurisdiccional, le corresponde una fase determinada del proceso.

Criterios

La fase declarativa

Art. 61 LEC: "salvo disposición legal en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare".

Así, los órganos jurisdiccionales objetivamente competentes para el conocimiento de la fase declarativa que son, los Juzgados de Paz y de Primera Instancia, poseen toda su jurisdicción para el conocimiento de las distintas fases procesales por las que transcurre la pretensión (alegaciones, prueba, conclusiones y sentencia), así como de las cuestiones incidentales que se planteen, y para la adopción y ejecución de todas las resoluciones interlocutorias y definitivas (providencias, autos y sentencias), incluidas las diligencias de ordenación, que son competencia del Secretario.

Tales órganos ostentan competencia para conocer de cuantos incidentes se produzcan dentro del procedimiento, necesarios, bien para poder entrar en el conocimiento de dicho objeto (un conflicto de competencia que ha de solucionarse previamente mediante la declinatoria), bien para integrar la valoración jurídica necesaria para poder satisfacer o desestimar la pretensión (solución de una cuestión prejudicial no devolutiva del art. 42), la acumulación objetiva y subjetiva de acciones (arts, 71 y 72) y de procesos (arts. 74 y ss.), siempre que dichas acumulaciones sean procedentes, para la instrucción de los incidentes de recusación contra los Secretarios (art. 115.1) y para la resolución de las recusaciones contra el personal auxiliar y colaborador (art. 121) y peritos (art. 127), para la reconstrucción de autos (art. 232), aseguramiento y anticipación de la prueba (art. 293.2) y para la adopción de medidas cautelares (art. 723.1).

La fase de impugnación

Cabe distinguir el conocimiento de la apelación o segunda instancia, del de los recursos extraordinarios.

El recurso de apelación

Del recurso de apelación es competente el tribunal superior al que ha dictado la resolución definitiva impugnada, esto es, los Juzgados de 1ª Instancia conocen de las apelaciones contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz (arts. 85,3 LOPJ y 455.2.1 LEC) y las Audiencias Provinciales las de Juzgados de 1ª Instancia (arts. 82.4 LOPJ y 455.2.2 LEC).

Los recursos extraordinarios

Del recuso extraordinario de casación, fundado en Derecho privado estatal conoce la Sala 1ª o de lo Civil del Tribunal Supremo. Su competencia se extiende, tanto en la infracción de normas materiales, como procesales. Si el recurso se fundara en infracción de normas de Derecho Civil especial o foral propio de las CCAA, entiende la Sala de lo Civil del TSJ correspondiente. Del recurso de revisión fundado en Derecho privado estatal conoce la Sala de lo Civil del TS (art 56.1 LOPJ y 509 LEC). Si se fundara en Derecho Civil Foral especial de la Comunidad Autónoma, habría de conocer su Sala de lo Civil del TSJ (art. 73.1.b LOPJ).

La fase de ejecución

De la ejecución de las sentencias han de conocer los órganos jurisdiccionales que hubieren conocido del objeto litigioso en la primera instancia y hubieren dictado la sentencia, cuya ejecución se pretende (arts. 61 y 545.1 LEC).

El art. 98.1 LOPJ permite que, como Juzgados especializados, puedan instaurarse, como así ha ocurrido en las grandes capitales, "Juzgados de ejecutorias", los cuales conocen de la ejecución de todas las sentencias dictadas por los demás Juzgados de su circunscripción.

Tratamiento procesal

De oficio

La competencia funcional es vigilable de oficio a lo largo de todo el procedimiento, ya que, al igual que la jurisdicción o la competencia objetiva, la infracción de las normas que la disciplina acarrea una nulidad radical (art. 238.1 LOPJ).

A instancia de parte

También pueden las partes denunciar su incumplimiento, por la vía de la declinatoria, la cual es reclamable para denunciar "la falta de competencia de todo tipo" (art. 63.1.2) e incluso, habida cuenta de su naturaleza de orden público, puede también ser discutida en la comparecencia previa del juicio ordinario, no obstante la aparente prohibición del art. 416.2.

Asimismo, la parte interesada puede denunciar su violación en cualquier estadio del procedimiento anterior al momento de dictar sentencia (art. 240 LOPJ).

Si se interpusiera un recurso ante un órgano jurisdiccional funcionalmente incompetente, previa audiencia de las partes, inadmitirá el recurso, con información del órgano competente. La parte gravada dispondrá de un plazo de diez días para interponer el recurso ante el Tribunal competente (art. 62).

La competencia funcional en el reparto de los asuntos

Regulada en los arts. 68-70 LEC: sólo es predicable de aquellas demarcaciones que tengan una pluralidad de órganos jurisdiccionales, por lo que se hace necesario el establecimiento de criterios para asignar los asuntos a cada uno de dichos Juzgados o Secciones de un determinado Tribunal.

Concepto y fundamento

Se entiende por "reparto de los asuntos" la actividad procesal de los Jueces Decanos o Presidentes de los Tribunales y Audiencias, consistente en asignar a un órgano jurisdiccional el conocimiento de una demanda o recuso determinado.

Una vez determinada la competencia objetiva, funcional y territorial de la fase declarativa o de impugnación, si el órgano jurisdiccional, que ha de conocer de un asunto, estuviera integrado por una pluralidad de Juzgados o de Secciones, será necesario asignar, con arreglo a unas bases objetivas que distribuyan equitativamente la carga de trabajo y que, no infrinjan el derecho al juez legal, el conocimiento de la demanda o recurso determinado.

Tradicionalmente el fundamento del reparto de los asuntos residía en obtener una distribución equitativa de la carga de trabajo entre los Juzgados y Tribunales de un mismo orden y órgano jurisdiccional a fin de evitar entre ellos los agravios comparativos. Por ello, la naturaleza de esta actividad se consideraba meramente gubernativa, sin incidencia alguna en la esfera del proceso. De esta concepción participa nuestra LOPJ.

La finalidad del reparto estriba hoy en obtener una distribución objetiva de los asuntos entre los distintos Juzgados y Tribunales que asegure su independiente constitución, antes que asegurar el reparto equitativo de los asuntos, y, por la misma, la naturaleza del reparto, tal y como efectúa la LEC 1/2000, ha de considerarse como procesal, susceptible incluso, cuando se atente al derecho al juez legal, de fundar un recurso de amparo contra actos del Poder Judicial.

Requisitos

El reparto sólo es procedente cuando el ejercicio del derecho de acción o la interposición de un recurso haya de efectuarse ante un órgano jurisdiccional plural. Art. 68.1 LEC: "Todos los asuntos civiles serán repartidos entre los Juzgados de Primera Instancia cuando haya más de uno en el partido. La misma regla se aplicará a los asuntos de los que deban entender las Audiencias Provinciales cuando estén divididas en Secciones".

Si se tratara de la interposición de una demanda, el órgano jurisdiccional competente para decidir su reparto es el juez Decano, auxiliado por su Secretario, y el Presidente de una Audiencia o del TS, cuando se haya interpuesto un recurso (arts. 160.9 y 167.2 y 168.2.a LOPJ).

Corresponde a las Salas de Gobierno de los TSJ aprobar las normas de reparto de su circunscripción. Estas normas o bases de reparto contienen criterios objetivos de distribución de los asuntos (por ej. el orden de entrada que asigna mecánicamente los asuntos entre los Juzgados, la procedencia de los recursos por demarcaciones de los Juzgados y su asignación permanente a determinadas Secciones, su especialización, el régimen de sorteo, etc.), con arreglo a los cuales hay que asignar su conocimiento a los distintos Juzgados o Secciones.

La actividad del reparto, efectuada por los Jueces Decanos o Presidentes de los Tribunales, ante la presentación de un nuevo asunto, consiste en limitarse a la aplicación de tales criterios, "a todos y cada uno de los asuntos ingresados en uno o dos días, de tal suerte que sean objetivamente distribuidos entre los distintos Juzgados o Tribunales que integran el órgano jurisdiccional. El juez Decano extenderá una "diligencia de reparto" sobre el escrito de iniciación del proceso en el que constará el número de Juzgado o de Sección funcionalmente competente; si faltare esta diligencia y sólo por esa causa, el Tribunal rechazará de plano la tramitación de la solicitud (art. 68.2 LEC).

Medios de impugnación

Cuando el reparto de los asuntos infringiera las normas de reparto o, el derecho al juez legal la parte gravada debe reaccionar inmediatamente contra dicha vulneración:

  1. si el demandante conoce de dicha infracción en el momento de la presentación del escrito o solicitud de incoación de las actuaciones, el art. 68.3 LEC le prohíbe la utilización de la declinatoria, pero permite su impugnación, remitiéndose tácitamente al recurso "gubernativo" contemplado en el art. 2.a LOPJ, precepto que faculta al juez Decano a decidir de tales impugnaciones contra las propuestas de reparto efectuadas por su Secretario;

  2. si la parte interesada (el demandante o el demandado) conociera de dicha infracción posteriormente, cuando el asunto se encuentra ya asignado a un determinado Juzgado o Sección que reputara incompetente, el art. 4 LEC autoriza a la parte a instar su nulidad "en el trámite procesal inmediatamente posterior al momento en que la parte hubiera tenido conocimiento de la infracción de las normas de reparto", siempre y cuando "dicha infracción no se hubiere corregido conforme a lo previsto en el apartado anterior".

En este último supuesto, la nulidad habrá de fundarse en la falta de competencia funcional contemplada en el art. 238.1 LOPJ. El Juzgado o Sección habrá de oír a la contraparte (art. 240.2) y dictar auto, en el que, si apreciara este motivo de nulidad, así lo declarará e informará a la parte de su derecho de volver a someter su asunto a reparto, debiendo finalizar los efectos de la litispendencia. .

Si la vulneración de las normas de reparto tuviera por objeto atentar a la independencia judicial a fin de mediatizar el contenido de la sentencia en un sentido determinado y no se restableciera el derecho al juez legal, podrá la parte gravada, previa la oportuna protesta y el agotamiento de los recursos, interponer en su día el recurso constitucional de amparo.