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Los efectos económicos del proceso. Las costas y la multa por mala fe procesal

Las costas procesales

Concepto

Son costas procesales los gastos del proceso, que se determinan en el art. 241 LEC y que comprenden diversos conceptos.

Los honorarios del Abogado

Los honorarios de abogado formarán parte del concepto de costas tan sólo cuando su intervención en el proceso fuera preceptiva (art. 241.1). Esta norma debe conjugarse, sin embargo, con otras disposiciones que vienen a matizar la anterior regla general y así, el art. 32.5 regula determinados supuestos en los que, aun siendo facultativa la intervención de letrado, sus honorarios pasarán igualmente en concepto de costas. Se trata de aquellos casos en los que se apreciare temeridad en la conducta del condenado al pago de las costas y de aquellos otros en los que el domicilio de la parte representada y defendida estuviera en lugar distinto de aquél en el que se tramite el juicio. En esta misma línea, el art. 6.3 LAJG prevé la posibilidad de que el derecho a la asistencia jurídica gratuita cubra los honorarios de abogado en los supuestos en los que, aún no siendo obligatoria su intervención, ésta haya sido requerida por el órgano judicial a fin de garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

Los derechos del Procurador

Impropiamente el art. 241.1 se refiere a los "honorarios de la defensa y la representación técnica" cuando, en sentido estricto, debiera haberse referido a los "derechos y suplidos" del procurador.

El hecho de que la retribución de los procuradores venga fijada por un arancel, que se aplicará con carácter vinculante (y no orientativo, como sucede con las tablas de honorarios aprobadas por los Colegios de Abogados), supone que la inclusión de sus derechos en la tasación de costas sea, por lo general, mucho menos controvertida que la relativa a los honorarios de abogado. Existen, no obstante, conceptos de dudosa inclusión que, finalmente la jurisprudencia ha optado por apartar de las tasaciones y que se refieren, entre otros, a fotocopias, material de despacho, correo, teléfono o locomoción, o gastos por desglose de poder.

Los depósitos necesarios para recurrir

Tales depósitos, se encuentran en el art. 449 y en la Disp. Adic. 15 LOPJ. El depósito es un desembolso económico realizado por la parte recurrente, cuya finalidad estriba en evitar la proliferación de impugnaciones meramente dilatorias y que ésta recuperará si se estima su pretensión. En tales casos, el recurrente que vea estimada su pretensión impugnatoria se encontrará con un doble "resarcimiento" de un mismo desembolso; o, para ser más exactos, con el reembolso en concepto de costas de un gasto que, en realidad, no ha sufrido, pues, si bien desembolsó la cantidad necesaria para recurrir, dicha cantidad le fue reembolsada por la Administración en primer lugar y le será reembolsada de nuevo en concepto de costas por la parte condenada a su pago. El fundamento de la catalogación, en concepto de costas, de los depósitos necesarios para recurrir no encuentra, por tanto, una satisfactoria explicación.

Los honorarios de los peritos

La inclusión de sus honorarios en la tasación de costas viene impuesta por el art. 241.1 pero, como en todo caso sucede, para que estos gastos sean reembolsados en concepto de costas, habrá de tratarse de actuaciones que respeten los límites del art. 243.2; es decir, de actuaciones que no sean "inútiles, superfluas o no autorizadas por la Ley". Junto a ello, se exigirá también que la parte que haya de satisfacerlos no tenga reconocido el Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Los peritos podrán ser designados por las partes (art. 336.1) o por el juez (art. 339), si bien, en este último caso, la designación podría ser instada por una de las partes (art. 339.2), por ambas partes "ab initio" (art. 339.2) o consecuencia de alegaciones o peticiones complementarias acaecidas durante el transcurso del procedimiento (art. 339.3) o bien, por último, de oficio por el propio juez (art. 339.5).

Con la salvedad del último supuesto, en todos los demás casos, los honorarios de los peritos podrán pasar en concepto de costas siempre que la actuación no sea inútil ni superflua. Y sucede al respecto que, en función de uno u otro supuesto, se conocerá "a priori" la correcta inclusión de dicha partida en la tasación, pues, en determinados casos, se hace necesario un previo juicio sobre la pertinencia o utilidad de la prueba pericial.

Auxilio e indemnizaciones a testigos

Los gastos satisfechos por las partes en concepto de auxilios o indemnizaciones debidos a testigos no tienen un expreso reconocimiento como costas; sin embargo su inclusión encontraría perfecta acogida en la regla 4 del art. 241.1 que prevé el reembolso de los "demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso". Sin duda, y pese a la indeterminación legal del precepto, cabe incluir en él las indemnizaciones a pagar a los testigos -como personas que intervienen en el proceso, distintas de abogados, peritos, procuradores, notarios, registradores..., que sí encuentran un reconocimiento legal directo- recogidas en el art. 375 con las lógicas limitaciones impuestas por el art. 363.

Así, si de un lado, el art. 375 obliga a la parte a cuya instancia comparece el testigo al pago de los gastos y perjuicios que dicha comparecencia le genere en la cuantía que se determine en el correspondiente auto, el art. 363, de otro, establece que, si bien cada parte propondrá los testigos que estime pertinentes, "los gastos de los que excedan de tres por cada hecho discutido serán en todo caso de cuenta de la parte que los haya presentado". De la expresada regulación resulta que tan sólo pasarán en concepto de costas los auxilios o indemnizaciones referidos a tres testigos por cada hecho controvertido.

Otros gastos legalmente previstos

Publicación de anuncios o edictos. El art. 241.1 establece que se reputarán costas los gastos originados por la publicación de anuncios o edictos que la Ley haya previsto "de forma obligada". Según ello, cuando el art. 164.2, tras establecer la vía oficial de comunicación edictal, deja en manos de las partes -y a su costa- la posibilidad de, además, solicitar la inserción de los edictos en los "Boletines Oficiales", debe entenderse que resultará inviable -de una interpretación conjunta de ambos preceptos- incluir en la tasación de costas los gastos originados por esa segunda publicación complementaria y voluntaria para las partes.

Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos. El art. 241.1 entiende que podrán pasar en concepto de costas los gastos originados por las partes para la obtención de copias, certificaciones, notas, testimonios, y cualesquiera otros documentos análogos, siempre que su solicitud venga exigida por la Ley. No se trata de una enumeración taxativa, ni en cuanto al tipo de documentos (pues termina diciendo "y documentos análogos"), ni en cuanto al origen de éstos (que no tendrá que ser notarial o registral, necesariamente). El coste, por tanto, de cualesquiera documentos que, por ministerio de la Ley, haya de aportarse al proceso, conformará el concepto de costas ex art. 241.1. Se excluyen únicamente los gastos generados por la obtención de los documentos que el Tribunal reclame de Registros y Protocolos Públicos que, según dispone el propio precepto, tendrán carácter gratuito.

Tasas judiciales. El número 7 del art. 241.1, introducido por la Ley 37/2011 de agilización procesal, incluye también en el concepto de costas las tasas judiciales (cuya omisión constituye un requisito sanable) que, reintroducidas por la Ley 53/2002, obliga sólo a las personas jurídicas a satisfacer tasas por la interposición de demandas o ejercicio de recursos en los órdenes civil y administrativo.

Otros gastos previstos fuera de la enumeración del artículo

Los diversos conceptos que comprenden el art. 241 no constituyen un "numerus clausus", pueden existir otros gastos, previstos por la Ley fuera del mencionado precepto y que, igualmente, tienen cabida en la tasación. A título de ejemplo:

  • Los gastos ocasionados por el transporte, conservación, custodia, exhibición y administración de los bienes objeto de depósito judicial (art. 628).

  • Los gastos ocasionados como consecuencia del cotejo de documentos públicos pedido por la parte contraria a la que los aporta al pleito en aquellos supuestos en los que la impugnación no prospere (art. 320).

  • Los gastos que la inserción de los anuncios de subasta en medios de difusión públicos o privados pueda ocasionar en el ejecutante (art. 645).

La imputación de las costas y de los gastos procesales

Las costas procesales no cubren la totalidad de los gastos que ocasiona un proceso. Los gastos dimanantes de un acto previo de conciliación, de un requerimiento notarial, de la consulta a Registros públicos, de investigación de antecedentes fácticos, las dietas de un abogado para trasladarse a la sede del tribunal en el que tenga que efectuar una intervención profesional, todos estos desembolsos, siempre y cuando "tengan su origen directo en la existencia del proceso" (art. 241.1) y no sean gastos superfluos o inútiles (art. 243.2), etc, son también gastos procesales que, al igual que las costas, en principio, han de ser satisfechas por la parte material que contrata los servicios de un abogado y de un procurador, excepción hecha de quien haya obtenido el beneficio de justicia gratuita, en cuyo caso los arts. 241.1 LEC y 6 Ley 1/1996, exoneran a dicho beneficiario del pago de las costas procesales, que correrán a cargo del Estado.

Pero, en el supuesto de que la pretensión triunfe y obtenga un fallo condenatorio en costas, tan sólo puede resarcirse, de la parte contraria, de las costas procesales determinadas en el art. 241. La jurisprudencia viene excluyendo sistemáticamente de la tasación de costas los conceptos relativos a fotocopias, gastos de estancia y desplazamiento, así como los gastos de manutención. Por su parte, el art. 35.2 excluye también de la tasación de costas los escritos de personación del litigante, de solicitud de medidas urgentes con anterioridad al juicio o de suspensión de vistas o actuaciones por estar todos ellos exceptuados de firma letrada.

Las costas procesales serán satisfechas por la parte en la medida en que vayan venciendo y sin esperar a la finalización del proceso, sin perjuicio de que, producida una condena en costas, la parte material pueda resarcirse de ellas mediante el pago que ha de efectuar la contraparte voluntariamente o a través del procedimiento de tasación y exacción de costas contemplado en los arts. 242 y ss. Pero el derecho que genera la condena en costas no es un derecho de repetición que exija el previo pago o reembolso de los cobrado, por lo que "basta con que presente las correspondientes facturas de haberse devengado los honorarios o los derechos durante el recurso".

La condena en costas

Criterios de imposición

En materia de imposición de costas, distingue el art. 394 dos criterios, que se encuentran en función de la índole de condena: si fuere total, rige el criterio del vencimiento atenuado, en tanto que, si fuere parcial, rige el proporcional, conforme al cual cada parte sufragará las costas que haya causado.

La condena total y el vencimiento atenuado

Los arts. 394 y ss consagran el criterio del vencimiento atenuado, conforme al cual se le impondrán las costas "a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones", siempre y cuando el caso no presente "serias duda de hecho o de Derecho".

El criterio general de imposición del art. 394 es, pues, el del "vencimiento atenuado" que constituye el máximo exponente o indicador de la teoría de la "causalidad" en el proceso y, en tal contexto, cabe afirmar que el sistema actualmente vigente del vencimiento atenuado viene a consagrar una presunción, según la cual, en principio, quien resulta vencido en juicio es quien, con su actitud, causó el proceso, careciendo de razones para fundamentar su pretensión. Dicho criterio ha de ser aplicado cuando se estime o desestime íntegramente la demanda (art. 394).

Dicha regla general admite excepciones que implican la posibilidad de no condenar en costas al vencido. La clave para excepcionar reside en que la relación causa-efecto (actitud de las partes como causante del proceso) no quede nítidamente perfilada. Si surgieran dudas sobre si el litigante vencido causó el proceso como consecuencia de una actitud poco diligente en la relación jurídica debatida y no se pudiera, por tanto, dilucidar con claridad si le es imputable a él o no la propia existencia del proceso, la solución que ofrece el ordenamiento es la de no hacerle cargar con el pago de las costas de un proceso, a cuya existencia, pese a resultar vencido en el mismo, posiblemente se vio abocado. A esta excepción de no imponer las costas a aquella parte cuyas pretensiones se han visto totalmente desestimadas, se refiere el art. 394 cuando dispone que "salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de Derecho".

Bajo la expresión "dudas de hecho o de Derecho" cabe reconocer aquellas circunstancias que, por excepcionales, vienen concediendo al juzgador la posibilidad de no imponer las costas al vencido, fundamentalmente, la complejidad de la causa, la diversa orientación jurisprudencial sobre el tema o las dificultades probatorias, siendo la jurisprudencia recaída en el caso la que habrá de integrar este estándar jurídico (art. 394.1).

La jurisprudencia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las características de las actuales "dudas de hecho o de Derecho". Así, se trata, en primer lugar, de cuestiones de hecho que han de apreciar discrecionalmente los Tribunales de Instancia y que, por tanto, no son revisables en casación.

En segundo lugar, establece igualmente la jurisprudencia la necesidad de que la apreciación de tales circunstancias esté debidamente razonada. Y en tercer lugar, se trata de decisiones que, tal y como ha sostenido el TC en la STC 41/1994, no pueden ser revisadas en amparo por pertenecer, de lleno, al ámbito de la legalidad ordinaria.

La condena parcial y el criterio proporcional

Los supuestos de estimación parcial de las pretensiones tienen como consecuencia que cada parte pagará las costas causadas a su instancia, corriendo por mitad el pago de los gastos comunes (art. 394.2), criterio de justicia distributiva que puede calificarse de "proporcional". El fundamento de esta solución resulta claro desde la teoría de la causalidad: se ha entablado un proceso cuya causa no es, en principio, imputable a ninguna de las partes con carácter absoluto. Ambas partes tuvieron que valerse del proceso para que se reconocieran sus respectivas pretensiones -aunque sólo fueran estimadas en parte-, sin que dicho procedimiento hubiera podido ser total y fácilmente evitado por la actitud extraprocesal de ninguna de las partes.

Pero la no aceptación de pedimentos accesorios a la pretensión principal deducida en la demanda no supone la exoneración del pago de costas; en este sentido, se entiende que la estimación de la demanda es total cuando ésta se acepta en lo fundamental. Del mismo modo, debe entenderse que no supone estimación parcial de las pretensiones la aceptación en su integridad de las mismas, aunque con una mínima diferencia de cuantía; en tales casos, se estará ante un supuesto de estimación total de la demanda (pese a la diferencia entre lo solicitado y lo concedido) y, por tanto, cabrá la condena en costas del demandado ex art. 394.1.

Asimismo, para el supuesto en el que el actor plantee una pretensión y subsidiariamente un segundo pedimento, previendo la posible desestimación de la principal, la estimación de cualesquiera de las pretensiones interpuestas -sea la principal, sea la subsidiaria- supondrá el vencimiento total del actor frente al demandado que correrá, por tanto, con el pago de las costas causadas.

Idéntica solución se ofrece cuando la acumulación de las pretensiones reviste carácter alternativo: la estimación de cualquiera de ellas supone el vencimiento total del actor y la consiguiente imposición de costas al demandado vencido.

Distintos son, sin embargo, los problemas que suscita la acumulación originaria de pretensiones, según la cual un actor interpone frente a un mismo demandado diversos pedimentos independientes. El vencimiento total se producirá cuando se estimen todas las pretensiones y, del mismo modo, la desestimación de todas ellas supondría la condena en costas del propio actor que será la parte vencida en juicio. La estimación, sin embargo, de tan sólo alguna de las pretensiones interpuestas debe entenderse como un supuesto de vencimiento parcial o estimación parcial de pretensiones en consonancia con el cual, cada parte debería correr con el pago de las costas causadas a su instancia y de las comunes por mitad.

Conviene, en todo caso, tener presente la distinción entre el vencimiento parcial y el vencimiento mutuo o recíproco, que surgiría en los procedimientos en los que el demandado reconviene y se produce una estimación parcial, tanto de la demanda del actor, cuanto de la demanda reconvencional. En tales casos, a diferencia de lo que sucede en los supuestos de vencimiento parcial, será necesario contar con un doble y separado pronunciamiento judicial en materia de costas: uno, en relación con la demanda del actor y otro, en relación con la demanda reconvencional interpuesta por el demandado.

La regla genera, según la cual en los supuestos de vencimiento parcial no habrá expresa condena en costas en relación con ninguna de las partes, encuentra también una posible excepción en aquellos supuestos en los cuales el juez aprecie que alguna de las partes litigó con "temeridad". En tal supuesto, el art. 394.2 otorga al juez la facultad de dirigir la condena contra el litigante malicioso. Temeridad y mala fe reaparecen pues como criterios que, en determinadas circunstancias, justificarían la condena en costas de alguno de los litigantes.

En los supuestos litisconsorciales, el codemandado condenado no correrá con el pago de las costas de los codemandados absueltos y las costas a sufragar por el litisconsorte vencido serán las resultantes de dividir la cuantía total entre el número total de litisconsortes. Ésta será también la solución a adoptar en los supuestos de intervención de tercero en calidad de parte.

El criterio de la temeridad

Del mismo modo y por las mismas causas que la teoría del vencimiento lleva a condenar al vencido al pago de las costas, conlleva también la no imposición de condena alguna cuando las pretensiones han sido tan sólo parcialmente estimadas. Sin embargo, ambas reglas admiten excepciones: la existencia de "dudas de hecho o de Derecho" para el caso del vencimiento total y la consiguiente condena en costas al vencido y la "temeridad" para el caso de la estimación parcial de pretensiones con la consiguientes ausencia de condena al pago de costas.

Al igual que acontece con las "dudas de hecho", también la "temeridad" exige una específica motivación en la sentencia. Pero, estando motivada la temeridad, no es fiscalizable en casación, salvo supuestos de arbitrariedad, error patente o irrazonabilidad (STS 2000/6193).

El fundamento del criterio de temeridad se encuentra en que, con base en ella, la presunción de que, al no haber en el proceso ni "vencedores" ni "vencidos", su origen -el del proceso- no es imputable con rotundidad a ninguna de las dos partes. Efectivamente, si el juez aprecia que una de las partes litigó con temeridad, sí que sería posible entender que dicha parte, con su actitud maliciosa, bien fue la que originó el proceso, bien la que causó determinados gastos innecesarios durante su tramitación. La temeridad, de nuevo, hace referencia a la causalidad del proceso y de los gastos que éste genera; de tal modo que, cuando una parte actúa maliciosamente, es posible entender que es la causante de gastos innecesarios o que se hubieran podido evitar con una actitud correcta.

La temeridad es un criterio de "imposición" de costas y además, una "circunstancia agravante" de la cuantía en la que éstas han de ser satisfechas. Ese incremento de la cuantía encuentra su fundamento en la obligación de litigar sometidos al principio de la buena fe procesal que consagran los arts. 11.1 LOPJ y 247 LEC. No se trata, en suma, de "imponer" las costas como sanción, sino de imponer una sanción económica -consistente en no aplicar la limitación del art. 394.3, según la cual no se satisfará en concepto de profesionales no sometidos a tarifa o arancel una cantidad que exceda de la tercera parte del proceso- a la parte que incumplió el deber de buena fe procesal.

Requisitos subjetivos

El art. 394.1 dispone que la condena al pago de las costas ha de recaer sobre las "partes", entendiendo por este concepto quienes hayan sido parte formal en el proceso y no los profesionales que los representan o defienden. Por tanto, y con la excepción del Ministerio Fiscal, todas las personas físicas o jurídicas, que hayan comparecido en calidad de parte, pueden ser condenadas al pago de las costas procesales.

Mayores problemas suscitan, sin embargo, los casos de sucesión procesal. El sucesor del actor o del demandado entra en la posición originaria que estos ostentaban, de tal modo que, si como consecuencia de la teoría del vencimiento resulta condenada en costas, será el sucesor el obligado a satisfacerlas, puesto que, desde el puntos de vista material, el sucesor asume todos los derechos y obligaciones del causante (art. 661 CC) y, desde el procesal, asume también todos los derechos y obligaciones procesales, posibilidades y cargas procesales, viniendo a ocupar la misma posición que el causante o transmitente (arts. 16.1 y 17.1 LEC), sin perjuicio del derecho de repetición que ostente frente al anterior titular de la relación jurídica debatida.

Requisitos formales

La condena en costas conlleva la imposición de oficio de las mismas, y ello, con independencia de que exista expresa solicitud o instancia de la parte interesada. Dicha condena habrá de venir impuesta por resolución judicial. Las resoluciones susceptibles de contener la condena en costas podrán ser las sentencias (sean de fondo o absolutorias en la instancia), los autos resolutorios de incidentes, los que resuelvan recursos y los que ponen fin al asunto haciendo imposible su normal terminación. Tan sólo las providencias se muestran ya, "ab initio", como resoluciones no susceptibles de contener la condena en costas por cuanto dicha condena debe estar motivada.

Este pronunciamiento contenido en la resolución genera un derecho de crédito y se convierte en título ejecutivo entre los sujetos afectados por el mismo. El ordenamiento prevé la posibilidad de la exacción forzosa de las costas ante el incumplimiento voluntario de la condena (art. 242), previa tasación de las mismas.

Por último, ante la falta de pronunciamiento en materia de costas, dos son las posibles soluciones que brinda el ordenamiento: en primer lugar, la de acudir al recurso de aclaración de sentencias (art. 215) y, en segundo, acudir al recurso de apelación, pues aunque en principio dicho recurso está previsto para cuestiones de fondo relativas a la imposición o no imposición de las costas, nada impediría acudir al mismo ante un caso de omisión de pronunciamiento. Pero, si lo que se pretende es la modificación del fallo condenatorio en costas, la única solución que le resta a la parte gravada es la de su impugnación a través del recurso de apelación, ya que, mediante la aclaración, no se puede alterar la parte dispositiva de la sentencia.

El allanamiento

En caso de allanamiento del demandado a la pretensión del actor, el art. 395 distingue si este medio sucede con anterioridad o con posterioridad a la contestación a la demanda. En el primer caso, la regla general es su no imposición y la excepción, su condena, si el tribunal apreciare mala fe, en tanto que, en el segundo, la remisión que el art. 395 efectúa al art. 394 permite concluir que rige el criterio del vencimiento atenuado. Es necesario que el allanamiento sea total, no parcial.

El art. 395.1 dispone que "se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación".

El desistimiento

El art. 396 contempla dos soluciones en función de su naturaleza: si el desistimiento no fuere consentido por el demandado, se impondrán las costas al actor y, si lo fuere, no se condenará en costas a ninguno de los litigantes.

No hay que olvidar, que cabe la posibilidad de que el demandado tenga un interés legítimo en la obtención de una resolución de fondo a fin de no verse sujeto a ulteriores procesos entablados por el mismo actor y con la misma finalidad, o en reparar su "difamatio iuditialis". Consciente de tal realidad, el legislador regula el desistimiento como institución de carácter bilateral, aún admitiendo la posibilidad de que, bajo la concurrencia de determinadas circunstancias, no fuera estrictamente necesario el consentimiento del demandado. Así, el desistimiento podrá tener carácter unilateral cuando el demandado todavía no haya sido emplazado o haya sido declarado en rebeldía (art. 20.3). En cualquier caso, la oposición del demandado frente al desistimiento no vincula al juez, de modo que resolverá lo que estime pertinente sobre la continuación o finalización del procedimiento.

Si pese a la oposición del demandado, el desistimiento se estima, finalizando así el procedimiento, la única solución acorde con la teoría de la causalidad pasa por entender que las costas correrán a cargo del actor, que es quien originó el proceso y quien, en un determinado momento, ha decidido abandonarlo.

Pero podría suceder que, por la oposición del demandado, el proceso continúe hasta llegar a dictar una sentencia de fondo. Entonces, en lógica consonancia con los criterios generales de imposición, debería entenderse aplicable la teoría del vencimiento objetivo, consagrada en el art. 394.

En el recurso de casación no es obligatoria la imposición de las costas a quien desiste del recurso.

Los recursos

La resolución judicial sobre costas podrá ser apelada. De conformidad con el art. 397, a las costas derivadas de la tramitación de dicha apelación le serán de aplicación los mismos criterios que para la primera instancia ha previsto el art. 394.

La apelación podrá fundarse, bien en la disconformidad del condenado en relación con la condena, bien en la propia ausencia de pronunciamiento; y, el recurso podrá sustentarse exclusivamente en esta causa o, por el contrario, podrá acumularse a los demás motivos de apelación planteados. Para que proceda la condena en costas es necesario que la parte sostenga su pretensión en la segunda instancia, por lo que no cabe imponerlas al apelado que no se adhiere a la apelación (STS 2002/5245).

La LEC regula la posible apelación de la condena en costas con independencia de cuál haya sido el criterio de imposición; es decir, independientemente de si se han impuesto sobre la base del vencimiento o si, precisamente, no se han impuesto las costas a ninguna de las partes por concurrir cualesquiera circunstancias que excluyeron la aplicación de dicho criterio legal. Así, esta posibilidad de recurrir en apelación la condena al pago de las costas (o la no imposición), explica la necesaria argumentación de las circunstancias que excepcionan la aplicación del criterio del vencimiento. De lo contrario, la manifestación del art. 397 sería meramente programática.

El art. 398 distingue entre dos supuestos: el de la desestimación total del recurso -que supondrá la imposición de costas al vencido- y el de la estimación total o parcial del mismo -que supondrá la no imposición de costas a ninguna de las partes-.

Para el primer supuesto, el precepto remite a los criterios de imposición de costas del art. 394, aceptando así la imposición bajo el criterio del vencimiento objetivo atenuado. La remisión al art. 394, sin embargo, no debe entenderse hecha en su totalidad, por cuanto, para el supuesto de estimación parcial del recurso, el art. 398 contiene su propia regulación. Así, ante la estimación total del recurso se aplicará el art. 394.1, en toda su extensión, y por supuesto, tanto la limitación contenida en el art. 394.3, relativa al pago de no más del tercio del coste total del proceso en concepto de honorarios de los abogados, cuanto la referida en el art. 394.4 relativa a la imposibilidad de imponer las costas al Ministerio Fiscal -pues este supuesto se aplicará siempre-.

El art. 398.2 regula cuál es el criterio de imposición de costas ante la estimación total o parcial del recurso, estableciendo, para tal supuesto, la no imposición de las mismas, de tal modo que cada parte pagará las causadas a su instancia y las comunes por mitad (STS 2004/179).

El hecho de no imponer la condena en costas al litigante vencido en fase de recurso, cuando éste haya sido totalmente estimado, encuentra justificación si se piensa en que el recurrido-vencido contaba con una sentencia anterior que le era favorable y avalaba su posición.  No ha sido él el causante de la tramitación de esa segunda instancia. Se trata de una solución acorde sobre la base de la causalidad del proceso, que se muestra respetuosa con la aplicación del criterio del vencimiento objetivo atenuado.

Cuando fueran varios los recursos interpuestos contra una misma sentencia, cada recurso habrá de ser objeto de su correspondiente pronunciamiento en lo que a las costas se refiere.

Las multas por infracción de la buena fe procesal

El tribunal puede, si así lo apreciara fundadamente, no sólo imponer la condena en costas al litigante temerario, sino también imponerle la sanción económica prevista en el art. 247, que contempla la infracción de la obligación de las partes, consistente en actuar en el proceso ajustándose a las reglas de la buena fe, sin abuso de derecho y sin fraude de ley o procesal (art. 247). La multa oscila entre 180€ y 6.000€.

Requisitos

Subjetivos

En primer lugar, dicha infracción la han de cometer las partes formales o, lo que es lo mismo, el actor o el demandado. A diferencia de otras obligaciones procesales, que, como es el caso de la inmediación judicial (art. 137) o la de obtención de la exahustividad probatoria (arts. 282, 306.1, 327.2 y 429.1), incumben exclusivamente al órgano jurisdiccional, o la de colaboración en la eficacia de la actividad probatoria (art. 261.5) que puede asistir a terceros, es ésta una obligación cuyo sujeto pasivo lo son exclusivamente las partes procesales. Debe entenderse por "partes" exclusivamente a las formales, pues, las que no han comparecido, nunca pueden haber infringido la "buena fe procesal". Por consiguiente, ni a las partes materiales, que, como es el caso de los litisconsortes inactivos, no comparecieron en el proceso, ni a los testigos o peritos se les puede imponer la referida sanción económica.

Formales

En segundo lugar, la infracción ha de ser procesal y no material (arts. 6.4 y 7.1 y 2 CC), por lo que dicha vulneración ha de transcurrir dentro del proceso, es decir, con ocasión de la realización de actos procesales, los cuales tienen lugar desde la interposición de la demanda hasta la obtención de una sentencia firme. Ello no significa que la vulneración de la buena fe material que ha de regir la contratación (arts. 1255 y 1275 CC), carezca de efectos procesales, pues una demanda temeraria, como hemos visto, puede hacer acreedor al demandante del pago de las costas procesales (art. 394). Pero, por la sola circunstancia de plantear una demanda que, por el carácter manifiesto de su ausencia de fundamentación jurídico material, merezca la calificación de temeraria, no debiera irrogarse, sin más, la imposición de la multa prevista en el art. 247.3. Para que pueda ordenarse esta sanción económica se hace preciso, además, que la demanda temeraria suponga un abuso procesal del derecho a la tutela o se convierta en objeto material de un fraude procesal.

Materiales

El art. 247.1 sanciona genéricamente la infracción de las "reglas de la buena fe", en tanto que el art. 247.2, que reproduce el art. 11.2 LOPJ, faculta al órgano judicial a repeler las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto "abuso de derecho" o entrañen "fraude de ley o procesal". El estándar "buena fe" es un concepto indeterminado y omnicomprensivo del abuso del derecho y del fraude procesal (STS 4/05/1998).

La "buena fe procesal". Por buena fe entiende la jurisprudencia la "conducta ética significada por los valores de la honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena".

Dentro de dicho estándar procesal, de carácter objetivo -por cuanto no requiere la prueba de la culpabilidad de quien lo infringe-, hay que estimar incluidos los deberes de veracidad, probidad y lealtad procesal, en la medida en que no se puede calificar de conducta honesta la de la parte procesal que intenta obtener el éxito de su pretensión mediante afirmaciones mendaces -silenciando un régimen de separación de bienes, replanteando un objeto procesal sobre el que ya existía cosa juzgada, o introduciendo nuevos motivos de impugnación-, con malas artes (ej. con "cohechos" en el juzgado), con una conducta sinuosa (planteando incidentes manifiestamente improcedentes), tendente a impedir el surgimiento de la verdad o a retrasar indebidamente en el tiempo la publicación de la sentencia, o actuando, en general, dentro del proceso "con chicanas o enredos". Tales actuaciones, en la medida en que pueden conculcar los derechos fundamentales "a un proceso sin dilaciones indebidas" y a que la tutela judicial sea "efectiva" del art. 24 CE, han de merecer, sin duda, también un reproche constitucional.

Dentro de la infracción a la buena fe procesal hay que entender incluido la vulneración del principio general del Derecho de que "nadie puede ir contra sus propios actos", lo que sucedería, si, una vez obtenido una terminación anormal del procedimiento, mediante alguno de los actos contemplados en los arts. 19 y ss (renuncia, allanamiento, etc), sin causa justificada alguna, pretendiera la parte, que manifestó su consentimiento a dicho acto de terminación anormal, la reanudación del procedimiento; o el planteamiento de incidentes o recursos con sucesivo desistimiento sin causa alguna que lo justifique (ej. la realización de gestiones amistosas) o la tergiversación de las alegaciones o del objeto procesal efectuada en un recurso devolutivo.

En cualquier caso, la regla general ha de ser la de la presunción general de la buena fe de las partes, por lo que la estimación de la mala fe requiere una determinada actividad probatoria por quien alega su infracción y, de aquí, que el art. 247.3 exija que la imposición de la sanción se efectúe "de forma motivada" o, lo que es lo mismo, mediante un acuerdo en el que habrá de declararse probada la mala fe. Pero, una vez declarada probada, su valoración pertenece a la soberanía del juzgador de instancia, por lo que, como regla general, no puede ser trasladada al TS mediante el recurso de casación, si bien excepcionalmente, y debido a que esta valoración entraña también la infracción de un estándar jurídico, dicha valoración, en la medida en que puede violentar las reglas de la lógica y de la experiencia y erigirse en una resolución arbitraria, irrazonable o incursa en un error patente, puede ser revisada por el TS a través del motivo de casación por infracción de Derecho (STS 4/4/1998).

El "abuso de derecho procesal". Una forma específica de la infracción de la buena fe consiste en la actuación mediante abuso de derechos procesales ("posibilidades procesales"), conducta que, no solo faculta al tribunal a la inadmisión de oficio del pertinente escrito en el que se cometió tal abuso (art. 247.2), sino que también le autoriza a la imposición de la oportuna multa (art. 247.3), pues, como se ha dicho, toda actuación en abuso de derecho implica necesariamente la vulneración de la buena fe procesal.

Según la jurisprudencia, el abuso del derecho "exige como requisitos esenciales, los siguientes: a) una actuación aparentemente correcta que indique una extralimitación y que por ello la ley la debe privar de protección; b) una actuación extralimitada que produzca efectos dañinos inmorales o antisociales; c) que dicha acción produzca una reacción del sujeto pasivo concretada en que pueda plantear una pretensión de cesación y de indemnización".

Empero, la traslación de la doctrina civil del abuso de derecho al Derecho procesal no puede efectuarse de una manera mecánica. Piénsese, a este respecto, que el abuso civil de derecho se realiza con un claro ejercicio antisocial, es decir, con "animus nocendi" ("animo de fastidiar"), sin que exista contraprestación alguna para el autor de dicho daño.

En la esfera procesal, esa contraprestación siempre existe. Por esta razón, y debido a que el art. 24.1 CE no permite la tutela judicial de intereses espurios, sino tan sólo de los "legítimos", el "animus nocendi" debiera sustituirse por la ausencia de interés legítimo para accionar o para defenderse.

De aquí que deban calificarse conductas constitutivas de "abuso de derecho procesal" el planteamiento de procedimientos, excepciones, incidentes, recursos o motivos que no obedezcan al ejercicio de los derechos fundamentales a la tutela o de defensa, sino que pretendan situaciones indebidas de ventaja, tales como la injustificada adopción de medidas cautelares (el abuso del interdicto de obra nueva para "chantajear" a una empresa constructora), provocar la confusión en el juzgador con una manifiesta falta de economía procesal (ej. plantear decenas de motivos de casación, cuando tan sólo exista uno o ninguno) o generar dilaciones indebidas.

En cualquier caso, conviene diferenciar el acceso a la primera instancia, del ejercicio de los recursos, ya que la doctrina del TC distingue, de un lado, entre el derecho al libre acceso a la primera instancia, que ha de garantizarse siempre, como regla general, y, de otro, el acceso a la instancia legalmente preestablecida, que ha de quedar condicionado al cumplimiento de requisitos de admisibilidad y, frente al cual, se alza también el no menor derecho fundamental de la parte recurrida a la pronta ejecución de la sentencia.

De lo dicho no se infiere, sin embargo, que no pueda nunca una parte incurrir en abuso de derecho procesal dentro de las fases declarativa y de ejecución. En este sentido, si el demandado utilizara, con ánimo dilatorio, excepciones claramente improcedentes, planteará cuestiones prejudiciales devolutivas y suspensivas injustificadas, conflictos de competencia o, en general, incidentes abusivos o dilatorios, como sería el caso del planteamiento de un improcedente incidente de nulidad de actuaciones o si el demandante planteara la misma demanda en diversos juzgados o, en vez de acudir a un juicio ordinario, suscitara un proceso sumario, como sería el interdicto de obra nueva, con la exclusiva finalidad de obtener la indebida paralización de una obra nueva, podría estimarse la comisión de un abuso de derecho procesal en la fase declarativa. Lo mismo sucedería, en la fase de ejecución, si el ejecutado planteara injustificadas tercerías con el ánimo de dilatar la realización del derecho de crédito.

Mucho más receptiva todavía ha sido la jurisprudencia a la hora de estimar incurso en abuso de derecho procesal a la parte que utiliza torticera o con meros efectos dilatorios los medios de impugnación. De este modo, ha apreciado la concurrencia de dicha conducta en el recurrente que tergiversa el objeto procesal o se contradice entre sus alegaciones vertidas en la primera instancia y las efectuadas en el recurso (STS 30/12/1997) o quien, por ausencia de motivo, utiliza de una manera manifiestamente improcedente el recurso de casación o el de revisión.

El "fraude procesal". Finalmente, y todavía más lesivo de la buena fe procesal, proscribe el art. 247.2, tanto el fraude de ley, como el procesal.

Ahora bien, en la medida en que el art. 247.3 tan solo sanciona la vulneración de las "reglas de la buena fe procesal" y debido a las exigencias del principio de legalidad del art. 25 CE, reclamable en todo procedimiento sancionador, una de las cuales es la de la "tipicidad" de la conducta (esto es, la necesidad, no solo de la "Lex praevia", sino también de la "Lex certa"), tan sólo el fraude procesal puede ser conminado con la multa prevista en dicho precepto. La comisión de un fraude de ley material puede llevar aparejada la condena en costas, pero no debiera, como regla general, llevar también asociada la sanción económica establecida por el citado art. 247.3.

Sucede, sin embargo, que, en ocasiones, es muy difícil deslindar el fraude de ley material, del procesal, y ello porque pueden concurrir simultáneamente. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando se simula un arrendamiento para posibilitar una acción de retracto o cuando se permuta al arrendador para evitar el derecho a la prórroga forzosa del inquilino y facilitar, así, su desahucio. En tales supuestos, existe, en realidad, un fraude procesal.

Entiende la jurisprudencia que, para que exista fraude procesal, es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos: "que el acto o actos sean contrarios al fin práctico que la norma defraudada persigue y supongan, en consecuencia, su violación efectiva, y que la norma en que el acto pretende apoyarse (de cobertura) no vaya dirigida, expresa y directamente, a protegerle, bien por no constituir el supuesto normal, bien por ser un medio de vulneración de otras normas, bien por tender a perjudicar a otros, debiendo señalarse, asimismo, que la susodicha figura no requiere la prueba de la intencionalidad, siendo, pues, una manifestación objetiva a apreciar por la circunstancia de concurrir los requisitos que la configuran" (STS 23/01/1999).

Exige, pues, el fraude procesal que se efectúe una actuación, al amparo de una norma procesal de cobertura, a través de la cual se infrinja o se evite la aplicación de otra norma eludible o soslayable, ocasionando un determinado perjuicio a alguna de las partes procesales.

De este modo, si, con manifiesta vulneración de las reglas de la legitimación activa, alguno de los demandantes asume el indebido "rol" de parte demandada con el objeto, bien de intentar un indebido allanamiento, bien de ejercitar el derecho a los recursos si la demandada fuere absuelta, nos encontraríamos ante un auténtico fraude procesal, pues, utilizando como normas de cobertura las que permiten la personación del demandado, se vulneran las que disciplinan la legitimación activa o las del gravamen en los recursos con claro perjuicio de la auténtica parte demandada. Lo mismo ocurriría, si se cambia el domicilio con el fin de manipular en la competencia territorial o si se desiste de una demanda ya "turnada" para manipular en el reparto de los asuntos si se pretendiera la nulidad de un procedimiento de apremio con la finalidad de plantear indebida e intempestivamente, una tercería de mejor derecho, si extemporáneamente se introduce un documento, sin posibilidad de contradicción por la parte contraria y con la finalidad de inducir a error al órgano jurisdiccional (STS 2002/2301), si se pretendiera eludir las garantías que ofrece una prueba pericial, mediante su sustitución por otra de informes (STS 21/06/1999) o si, con la finalidad de extraer indebidamente un crédito de la masa de la quiebra, se planteara una demanda contra el administrador de la quebrada, oponiéndose a la acumulación de autos (STS 4/12/1997).

La sanción

La sanción puede imponerse con independencia de la condena en costas (arts. 394 y ss). Lo normal es que se irrogue de una manera acumulativa, pues la infracción de la buena fe procesal y la temeridad suelen ser "compañeras de viaje". Pero, podría ocurrir que existiendo una, no concurriera, sin embargo, la otra: así, una demanda puede ser temeraria y el actor moverse dentro del proceso con pleno cumplimiento de sus deberes de veracidad, probidad y lealtad procesales; y viceversa, una demanda fundada materialmente puede ocasionar la vulneración de la buena fe procesal, si el actor utiliza artimañas y malas artes para conseguir el éxito de su pretensión.

Lo que el art. 247.3 sanciona es, pues, la infracción de la buena fe procesal. Cumplido este presupuesto, puede el órgano judicial imponer la sanción, si concurren los demás requisitos de proporcionalidad y de "audiencia al interesado" exigido por el procedimiento de "las correcciones disciplinarias" (art. 453 LOPJ).