Derecho‎ > ‎Grado en Derecho‎ > ‎Derecho Procesal I‎ > ‎

La litispendencia

Concepto, naturaleza y fundamento

Por litispendencia se entiende el conjunto de efectos que produce la admisión de la demanda.

Tales efectos pueden ser materiales (así, la constitución en mora del deudor, la interrupción de la prescripción o la obligación de devengo de intereses legales), procesales, el fundamental de los cuales es la "perpetuatio iurisdictionis", en sus dos manifestaciones:

  1. positiva, en la medida en que, de un lado, traba al órgano judicial y le crea la obligación de resolver, con congruencia y a través del procedimiento adecuado, el objeto procesal, el cual queda definitivamente fijado, con prohibición de "mutatio libelli", y, de otro, otorga a las partes todo el conjunto de posibilidades, cargas y obligaciones procesales que se derivan del procedimiento incoado;

  2. negativa o imposibilidad de que sobre ese mismo objeto procesal pueda conocer otro órgano jurisdiccional; si así lo hiciera, podrá oponerse en el segundo procedimiento la excepción de "litispendencia"

El fundamento y naturaleza de la litispendencia descansa, de un lado, en la obligación constitucional de permitir el libre acceso de los ciudadanos a los tribunales que conlleva la obligación constitucional del juez de admitir las demandas, sin que, como regla general, pueda producirse una "denegatio actionis" (art. 403.1), y de otro, atendiendo a su efecto negativo, la litispendencia participa de la misma naturaleza que la "cosa juzgada", a la que viene a prevenir o garantizar sus futuros efectos.

Presupuestos y requisitos

Ver lección 8.

Cómputo

Debido al silencio que la anterior LEC mantenía en todo lo referente al momento de la producción de los efectos de la litispendencia, tanto la doctrina como la jurisprudencia mantenían diversos criterios, el momento de la personación del demandado, que encontraba su fundamento en la vieja jurisprudencia que concebía al proceso como un "cuasi contrato de litis contestatio" la fecha de la admisión de la demanda o la de su presentación. Para el art. 410 dicho momento ha de serIo el de la admisión de la demanda, la cual, si es admitida, ha de retrotraer sus efectos al día de su presentación: "la litispendencia se produce desde la interposición de la demanda, si después es admitida".

Efectos

Materiales

Los efectos materiales de la litispendencia consisten en la interrupción de la prescripción, la constitución en mora del deudor y la obligación de pago de intereses legales, y el otorgamiento a la pretensión mediata del carácter de "bien litigioso".

La interrupción de la prescripción

Como consecuencia de la admisión de una demanda se puede obtener, tanto la interrupción de la prescripción adquisitiva, como la de la extintiva.

Dispone el art. 1945 CC que "la interrupción civil se produce por la citación judicial hecha al poseedor; aunque sea por mandato de juez incompetente".

El art. 1947 CC erige al acto de conciliación como instrumento idóneo para obtener la interrupción de la prescripción, siempre y cuando la demanda se interponga dentro de los dos meses posteriores a su celebración. En tal supuesto, la interrupción de la prescripción se produce desde el momento de admisión de la papeleta de conciliación (art. 479 LEC/1881).

Pero, tratándose de una demanda, el momento de interrupción de dicha prescripción adquisitiva no lo es aquí el de su admisión, sino el del emplazamiento y, dentro de él, el del día en que el demandado suscriba su pertinente acuse de recibo.

Distinto a la prescripción adquisitiva es la prescripción extintiva o de las "acciones", la cual también se interrumpe con la admisión de la demanda. El art. 1973 CC dispone que "la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extra judicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor". Aunque no sea el único modo de interrupción de la prescripción extintiva, la admisión de la demanda, en la medida en que supone "ejercicio de la acción ante los tribunales" produce dicha interrupción.

El precepto no exige el ejercicio de la acción en forma de demanda, sino sencillamente "su ejercicio ante los Tribunales". Por esta razón, el TS ha admitido la "demanda de pobreza" como medio idóneo para obtener dicha interrupción, siempre y cuando pueda, de su lectura, individualizarse la pretensión. Con el cumplimiento de idéntico requisito, "mutatis mutandis" puede reclamarse la aplicación de esta doctrina a determinados actos preparatorios de la demanda, como las "diligencias preliminares" (arts. 256 y ss) o los actos de "prueba anticipada y aseguramiento de la prueba" (arts. 293 y ss).

También, pueden alcanzarse tales efectos interruptorios mediante el acto de conciliación. Así se establece en el art. 479 LEC/1881, con respecto al cual la jurisprudencia del TS ha afirmado que, para que dicha interrupción surta sus efectos, es necesario que la demanda principal sea interpuesta en el plazo de dos meses, contados desde la celebración de dicho acto.

Finalmente, también puede obtenerse la interrupción de la prescripción extintiva mediante instrumentos materiales, como el requerimiento del acreedor al deudor para que cumpla su obligación y el reconocimiento de la deuda efectuado por el deudor.

Constitución en mora del deudor y devengo de intereses legales

La admisión de la demanda tiene como otro de los efectos materiales, el de constituir en mora al deudor. Art. 1100 CC: "incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extra judicialmente el cumplimiento de su obligación".

Los principales efectos de la mora del deudor consisten en poder ser condenado al pago de la pertinente indemnización de daños y perjuicios (arts. 1101 y ss) y al de los "intereses legales" (art. 1109).

La constitución en mora del deudor puede obtenerse a través de cualquier reclamación extrajudicial (ej. mediante un requerimiento notarial -art. 1100 CC-), en tanto que los intereses legales (no los convencionales, cuyo nacimiento puede condicionarse a cualquier momento anterior, como lo sería el del cumplimiento de la obligación) nacen "desde que son judicialmente reclamados" (art. 1109 CC), con lo que se configuran como un efecto exclusivo y típico de la litispendencia (art. 410 LEC).

El CC no exige la admisión de la demanda, sino tan sólo la "reclamación judicial", lo que permite sustentar la tesis de que también la demanda de acto de conciliación es idónea para ocasionar dicho nacimiento de los intereses legales.

El surgimiento de los "bienes litigiosos"

La litispendencia ocasiona también que la pretensión mediata, es decir, el bien o interés que se discute en el proceso, adquiera el carácter de "bien litigioso". Este carácter surge, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1535 CC "desde que se conteste a la demanda" y no desde su admisión, como dispone el art. 410 LEC, por lo que también aquí sería deseable su armonización legislativa. Para que este carácter pueda ser reclamable frente a terceros, es necesario que se adopte la oportuna medida cautelar con efecto registral que impida al tercero ampararse en la buena fe. De aquí la conveniencia de inscribir en el Registro de la Propiedad la oportuna anotación de embargo o sencillamente obtener la correspondiente "anotación preventiva de demanda" (art. 42.1 LH).

La conversión de un crédito en litigioso permite extinguirlo al deudor, siempre y cuando satisfaga al acreedor el principal, intereses y costas causadas (art. 1535.1 CC). Son rescindibles los contratos sobre créditos litigiosos celebrados sin el consentimiento del acreedor (art. 1291.4 CC).

Procesales

Los efectos genéricos que ocasiona la admisión de la demanda pueden sistematizarse en positivos y negativos.

Positivos

El efecto positivo de la litispendencia consiste en trabar la competencia de un determinado órgano jurisdiccional para que conozca de un determinado objeto procesal. La litispendencia genera, pues, sus efectos, tanto con respecto al órgano jurisdiccional, como con respecto a las partes.

Una vez examinada por el Juez su propia jurisdicción y competencia y admitida la demanda, surge en el órgano judicial la obligación de solucionar el litigio u objeto procesal que se le ha trabado. Ningún otro órgano jurisdiccional, mientras esté pendiente el proceso declarativo y a salvo de que carezca de alguno de aquellos presupuestos procesales de jurisdicción o competencia (en cuyo caso nos encontraríamos ante un claro supuesto de nulidad radical, del art. 225.1), podrá conocer de ese objeto procesal que ha quedado trabado jurisdiccionalmente y con respecto al cual el Juez está obligado a resolver con todas las exigencias de la doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela (resolución motivada, fundada en Derecho, razonada y razonable y congruente).

Debido a la introducción del principio de la oralidad, puede afirmarse que esa obligación de resolver el conflicto es predicable, en principio, exclusivamente del juez que admitió la demanda a excepción de casos justificados de enfermedad, sanción disciplinaria, jubilación o promoción del titular del órgano judicial sólo dicho Juez tiene, so pena de nulidad de actuaciones judiciales, la obligación de inmediación en todas las comparecencias, tanto la previa, como la principal (art. 137). Y, como consecuencia de lo anterior tiene la obligación de dictar la sentencia, porque en un proceso oral, tan sólo el juez que ha presenciado la prueba, está legitimado para dictar la sentencia.

Así, pues, la admisión de la demanda genera la obligación del juez de conocer de todo el proceso declarativo hasta el pronunciamiento de una resolución definitiva. De dicho procedimiento tan sólo quedará liberado mediante los actos (normales y anormales) de finalización del proceso y hasta la obtención, bien de una sentencia firme, bien de la interposición de un recurso devolutivo, en cuyo caso la litispendencia se traslada al tribunal "ad quem" (normalmente la Audiencia Provincial).

Los principales efectos que se ocasionan con la admisión de la demanda son dos: la prohibición de la "mutatio libelli" y la preclusión, para el demandante, de la entrada de nuevos hechos y causas de pedir.

Como consecuencia de la admisión de la demanda queda fijado definitivamente para el actor el objeto procesal. A partir de ese momento, el art. 412 dispone no le es dado modificar su pretensión. La razón de esta prohibición de transformación de la demanda reside en el derecho de defensa: el demandado tiene derecho a contestar a la demanda en los términos en los que se le ha dado traslado de la demanda; cualquier variación en sus elementos esenciales, es decir, en la "petición" o en la "causa petendi", le generaría indefensión.

La prohibición hay que extenderla también a la acumulación inicial de pretensiones (art. 401) y a la entrada de nuevos documentos (art. 270) e incluso a la prohibición del "ius novorum" (art. 464) en la segunda instancia, en la medida en que, mediante tales nuevos actos de prueba, se pueden introducir nuevos hechos que sustancien "causas de pedir" diferentes y originen, por tanto, indefensión al demandado. Sin embargo, no hay que entender excluida la ampliación del objeto por el demandado mediante la reconvención y las excepciones análogas, tales como la prescripción y nulidad de contrato (art. 408). Lo que no puede hacer el demandado es, sin haber alegado una excepción, plantearIa en la segunda instancia o en la casación.

Esta prohibición de cambio de la demanda no significa que no pueda el demandante efectuar "alegaciones complementarias" (art. 426), que tienen por finalidad obtener la plenitud del objeto procesal, sin que pueda el demandante alterar los elementos esenciales de su pretensión. Se pueden, pues, rectificar errores de la demanda, formular aclaraciones o explicaciones e incluso adicionar "hechos nuevos" pero siempre y cuando se circunscriban a fundamentar la pretensión ya deducida en los términos previstos en los arts. 426.4 y 286. Asimismo, puede el demandado variar sus argumentos jurídicos en las conclusiones (art. 433.3 "a sensu contrario").

Distinto a los hechos nuevos son las "innovaciones" en el "estado de las cosas" o en el de las "personas o terceros", los cuales en nada han de afectar a la mutación del objeto procesal. De este modo, la valoración del bien litigioso queda definitivamente fijado en la demanda con independencia de sus futuras fluctuaciones de valor, lo que puede tener importantes consecuencias procesales (así, para la "suma de gravamen" en el recurso de casación); lo mismo cabe decir con el domicilio del demandado, una vez contestada la demanda, pues es una obligación de las partes, la de notificar al tribunal sus cambios de domicilio (art. 155.5).

Pero, si la innovación consistiera en la pérdida del objeto procesal por falta de legitimación para el sostenimiento de la pretensión el art. 413 se remite al art. 22, autorizando al tribunal a dar por finalizado el procedimiento por satisfacción extraprocesal de la pretensión.

La preclusión en la entrada de nuevos hechos y causas de pedir, que ha de efectuarse en la demanda, no se circunscribe a la fase declarativa y sucesivas instancias, sino que se extiende también a los futuros procesos que, en relación a esa pretensión, puedan suscitarse y, de aquí la conveniencia de alegar en la demanda la totalidad de los hechos y de las causas de pedir que fundamenten la pretensión.

El art. 400.1 LEC dispone que "cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de deducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interposición, sin que sea admisible su alegación para un proceso ulterior".

El art. 400.2 se encarga de establecer la sanción procesal al incumplimiento del mandato contenido en el num. 1: "a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste".

Este precepto establece es la obligación del demandante de exhaustividad en la incorporación de hechos y de "causas de pedir" a la demanda, cuyo fundamento, en último término, descansa en la seguridad jurídica y en la economía procesal. Al igual como acontece en el proceso penal con el derecho del acusado a una sentencia de fondo y a no ser juzgado de nuevo por el mismo hecho, también en el proceso civil se le ha de reconocer al demandado el derecho a no ser, a causa de un litigio, sucesivamente emplazado por la sola razón de que el actor decidiera fragmentar sus pretensiones y deducirlas en sucesivas demandas, lo cual tampoco sería económico para el Estado. Por otra parte, las demandas constitutivas no pueden dilatarse excesivamente en el tiempo por la inseguridad jurídica y daños a terceros que pueden acarrear la incertidumbre de las situaciones jurídicas pendientes de modificación.

Por esta razón, el art. 400 obliga al actor a acumular en la demanda todas las causas de pedir (hechos jurídicos que fundamentan sus pretensiones). Así lo señala el art. 222.2, que al referirse a los límites objetivos de la cosa juzgada, no contempla los títulos jurídicos, sino exclusivamente los hechos: "se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación...".

La referencia a la exigencia de aducir la totalidad de los "títulos jurídicos" hay que entenderla efectuada limitada a las "pretensiones constitutivas", en las que rige la doctrina de la "individualización" de la demanda y, en consecuencia, existirán tantos objetos procesales, cuantos motivos de impugnación o causas de pedir sucedan y se deduzcan en el proceso.

La existencia de un plazo de caducidad en el ejercicio de las acciones constitutivas, convierte en inútil al art. 400, pues, una vez transcurrido dicho plazo, sencillamente no se puede volver a suscitar demanda de anulación o de impugnación alguna.

El ámbito de aplicación del art. 400 no puede reclamarse en los procesos sumarios que, atendida su naturaleza, gozan de una cognición limitada a determinados aspectos de la relación jurídico-material debatida. Al no poderse deducir en ellos, la totalidad del objeto procesal y no producir las sentencias plenos efectos materiales de la cosa juzgada (art. 447.2-4), resulta claro que no se les puede exigir a ellos la obligación de exhaustividad del art. 400.1 y la consiguiente prohibición de su número segundo.

Esta obligación de exhaustividad y consiguiente sanción de la preclusión no puede extenderse indistintamente a los hechos y a las alegaciones jurídicas. La preclusión, a fin de evitar situaciones de indefensión, ha de ser rígida en todo lo referente a la introducción de nuevos hechos, dada la prohibición del "ius novorum", de introducción de nuevos hechos o de "nova reperta" una vez transcurrida la fase de alegaciones (art. 222.2), existente en nuestro ordenamiento, tanto en la primera (arts. 270, 286, 400.1 y 412), como en la segunda instancia (arts. 460.3 y 446), constituyendo la única excepción a este principio las "alegaciones complementarias o de hechos nuevos o de nueva noticia" permitidas en la LEC (art. 400.1). Fuera de tales supuestos, la introducción intempestiva de nuevos hechos constitutivos de otros derechos de crédito, distintos a los afirmados en la demanda, ocasionaría una indefensión material al demandado y de aquí la necesidad de la vigencia de esta prohibición.

La sanción procesal al incumplimiento de esta obligación la contempla el art. 400.2, "a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en este". Dicho precepto viene a completar la "identidad de las causas de pedir", y lo efectúa, mediante una ficción jurídica, conforme a la cual se ocasionará el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada y de su antecedente procesal, la litispendencia, no sólo con respecto a las causas de pedir, deducidas en el primer proceso, sino también con respecto a las que, en relación con la misma pretensión, pudo el actor efectuar en la primera demanda y, sin embargo, no lo hizo con infracción de lo dispuesto en el número primero del art. 400.

Negativos

El efecto negativo o excluyente faculta al demandado a plantear, en el segundo proceso incoado, la excepción de litispendencia, si bien el TS ha admitido que se pueda deducir también en el primer procedimiento (STS 1997/7462).

Para que la excepción de litispendencia, deducida en el segundo proceso pueda ser estimada, es necesario que concurran determinados presupuestos y requisitos procesales. Los presupuestos se resumen en uno solo, la identidad del objeto procesal (art. 222.1), la cual es susceptible de sistematizarse en la concurrencia de las tres clásicas identidades, de partes, de peticiones y de causas de pedir.

Junto a este clásico presupuesto, han de concurrir además otros requisitos procesales derivados de la existencia efectiva de pendencia entre auténticos procesos.