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La legitimación

Concepto, fundamento y naturaleza

Para que una pretensión pueda ser estimada por el órgano jurisdiccional precisa que se cumplan los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional (jurisdicción y competencia) y los de las partes (capacidad para ser parte y procesal, de postulación y de conducción procesal); y también que las partes se encuentren en una determinada relación jurídico material con ella.

A la legitimación se refiere el art. 10.1 LEC: "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan u actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso".

La legitimación viene establecida por una norma de Derecho material que otorga a quien interpone la pretensión o se opone a ella la titularidad del derecho subjetivo y obligación jurídica material, del bien jurídico o del interés legítimo que se discute en el proceso, que ejercita frente a quien reclama su propiedad o impide su disfrute y que la faculta para obtener a la tutela jurisdiccional de dicho derecho, bien o interés legítimo. Según STS 2003/3041 "es la afirmación de una titularidad subjetiva, coherente con las consecuencias jurídicas pedidas" la que legitima al actor o al demando para impetrar la tutela de los tribunales de sus derechos e intereses legítimos.

La legitimación pertenece al Derecho material, vincula a las partes con la relación jurídico material que se discute en el proceso, y no constituye presupuesto procesal alguno, sino que se erige en un elemento subjetivo de la fundamentación de la pretensión. De aquí que la ausencia de legitimación activa o pasiva no deba ocasionar como regla general, una resolución absolutoria en la instancia sino de fondo, es decir, ha de producir una sentencia con todos los efectos materiales de cosa juzgada.

El fundamento de la legitimación hay que encontrarlo en las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva y en la prohibición de indefensión (art. 24 CE). Y ello, porque, si se permitiera actuar en un proceso a quien afirma la titularidad del derecho subjetivo, sin serlo efectivamente, se produciría una condena en ausencia de la auténtica parte material, a la que se le habría privado de su derecho a la tutela o de defensa.

Esta fundamentación constitucional otorga a las normas materiales que disciplinan la legitimación un carácter de "orden público procesal" que permite su examen de oficio a fin de que los Tribunales puedan controlar el "interés legítimo" de las partes en la obtención de una sentencia.

Como señala la STS 2000/3111 "la legitimación no radica en la mera afirmación de derecho sino que depende también de la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden". Exige la adecuación entre la titularidad jurídica que se afirma y el objeto jurídico que se pretende, por lo que aunque afecte a los argumentos jurídicos de fondo, puede determinarse con carácter previo a la resolución del mismo.

La legitimación pertenece a la fundamentación de la pretensión aunque no se identifica totalmente con ella, pues, de un lado, la legitimación es un elemento jurídico, ya que viene determinada por la titularidad de un bien o interés jurídico, en tanto que la fundamentación lo es de los hechos con significación jurídica que justifican el "petitium" y, de otro, la fundamentación de la pretensión es mucho más amplia pues abarca la totalidad de las causas de pedir que hacen atendible la estimación de la petición y, así, se puede estar legitimado en un proceso determinado y no recibir del juez la satisfacción de la pretensión, por encontrarse infundadas las causas de pedir.

Clases

Desde el punto de vista subjetivo, la legitimación puede ser activa y pasiva, y desde el objetivo, originaria y extraordinaria.

Legitimación activa y pasiva

A la legitimación activa se refiere el art. 10.1: serán considerados como partes legítimas "los titulares de la relación jurídica u objeto litigioso", y a la legitimación pasiva, el art. 5.2: "las pretensiones... se formularán... frente a los sujetos a quienes haya de afectar la decisión pretendida".

Legitimado activamente es pues, quien por afirmar la titularidad, directa o indirecta, de un derecho subjetivo o de crédito, de un bien o interés jurídico, deduce una pretensión y se convierte en parte demandante en el proceso, en tanto que legitimado pasivamente lo está quien deba cumplir con una obligación o soportar las consecuencias jurídicas de la pretensión, por lo que le incumbe la carga procesal de comparecer en el proceso como parte demandada.

Corresponde al actor efectuar en su escrito de demanda, a la que incorporará la oportuna justificación documental (art. 265.1.1), la afirmación acerca de su relación jurídica material y la del demandado con el objeto litigioso, y a este último le incumbe la carga procesal de reconocerla o negarla a través de las excepciones de "falta de legitimación activa o pasiva" (art. 405.1 y 2), en cuyo caso se convertirá en tema de prueba y de decisión la comprobación de la exactitud de dicha afirmación. Lo que no puede, sin embargo, un codemandado es alegar la excepción de falta de legitimación pasiva con respecto a alguno o los demás demandados (STS 2000/1823).

La legitimación ordinaria

La legitimación ordinaria, originaria, directa o propia es la que se ostenta en virtud de la titularidad de un derecho o interés legítimo. A ella se refiere el art. 24.1 CE, al proclamar el derecho a la tutela judicial efectiva de "los derechos e intereses legítimos", y el art. 10.1 LEC que contrapone dicha legitimación frente a la extraordinaria contemplada en el segundo párrafo de dicho precepto.

Tanto los titulares de las relaciones jurídicas -a título de dueño (Ej. el de propiedad para el ejercicio de la acción reivindicatoria del art. 348 CC) o al de cualquier otro derecho real o de crédito- como los obligados por dichas relaciones, ostentan legitimación ordinaria para comparecer en el proceso en calidad de partes principales, sean originarias o sobrevenidas, lo que puede acontecer, en este último caso, como consecuencia de la aparición de alguno de los fenómenos de sucesión procesal contemplados en los arts. 16-18 LEC.

En ocasiones, la Ley faculta a comparecer como partes a quienes ostenten un "interés legítimo", es lo que sucede en los procesos de incapacitación, matrimoniales o de filiación, en los que, junto a la capacidad de conducción procesal determinada por el parentesco (arts. 757, 765 y 766, 771, 773 y 777), las partes han de ostentar un interés legítimo (art. 24.1 CE), pues el ordenamiento procesal no puede amparar pretensiones que puedan obedecer a intereses espurios (así, el internamiento de un menor o la incapacitación de un mayor de edad con la exclusiva finalidad de obtener la indebida administración de sus bienes).

La jurisprudencia otorga legitimación a terceros con interés legítimo en la impugnación de negocios jurídicos radicalmente nulos, bien para ejercitar la acción de declaración de inexistencia de un contrato, por carencia de algunos de los requisitos esenciales que determina el art. 1261 CC, bien la de nulidad radical o de pleno derecho del mismo, por ser contrario a las normas imperativas o prohibitivas (art. 6.3 CC), y siempre que dicho tercero tenga un interés jurídico en dicha impugnación. Por interés legítimo cabe entender la situación en la que un tercero, visto desde el prisma de la sentencia, pueda verse afectado por sus futuros efectos de cosa juzgada, es decir, haya de sufrir un perjuicio o experimentar un beneficio en su esfera patrimonial o moral.

La legitimación extraordinaria

A la legitimación extraordinaria se refiere el segundo párrafo del art 10 LEC que, después de proclamar en el primero la exigencia de la legitimación ordinaria, establece la excepción de "los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular".

En ocasiones, el demandante puede actuar en el proceso en interés de un tercero, produciéndose, una falta de identidad entre las partes materiales y las formales que comparecen en el proceso. En la legitimación extraordinaria quien comparece en el proceso actúa en interés de otro. Pero dicha intervención ha de circunscribirse a los taxativos supuestos en los que la Ley expresamente lo autorice.

La actuación de la parte formal en interés de un derecho de la parte material puede ser en nombre propio, en cuyo caso nos encontraremos ante un fenómeno de "sustitución procesal" o en nombre e interés ajeno, lo que encierra una legitimación por "representación procesal".

La legitimación por sustitución procesal

El actor comparece en el proceso en nombre e interés propio, pero en defensa de un derecho ajeno. La parte procesal es el sustituto y no el sustituido, aunque los efectos de la sentencia afectarán a ambos, por lo que también el sustituido podría comparecer en el proceso como interviniente litisconsorcial (art. 13 LEC). Pero dicha intervención no es obligatoria, ni debe el Tribunal llamar al proceso a dicho interviniente, pues puede válidamente dictar sentencia con la actuación procesal del sustituto.

Como supuestos de legitimación por sustitución procesal pueden citarse:

  • La legitimación del MF a. para promover el proceso de incapacidad de las personas (art. 757.2 LEC) para ejercitar la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y difusos (art. 11.4 LEC) y para el ejercicio, en el proceso penal y en interés de los perjudicados, de las acciones civiles "ex delicto" (art. 108 LECrim).

  • La acción subrogatoria del art. 111 CC (y la del art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro, Ley 50/1980), en virtud de la cual el acreedor puede demandar al deudor de su deudor, ejercitando el crédito de éste. El administrador concursal también está legitimado para ejercitar los derechos de crédito de la masa de la quiebra (art. 54.1 LC, Ley 22/2003).

  • La acción del usufructuario para reclamar los créditos vencidos del usufructo (art. 507 CC).

  • El acreedor prendario para el ejercicio de las acciones que competan al dueño de la cosa pignorada (art. 1869.II).

  • Los trabajadores y suministradores de material en una obra ajustada alzadamente por el contratista para reclamar al dueño las cantidades que éste le adeude (art. 1597 CC).

  • La impugnación de la paternidad efectuada por los progenitores en nombre de sus hijos y la petición de alimentos del cónyuge para los hijos mayores de edad que con él convivan (art. 93.2 CC).

  • La Comunidad de Propietarios puede ejercitar, en sustitución del propietario de la vivienda, una acción de cesación y privación del uso de la misma al poseedor que realizara actividades molestas, incómodas o insalubres (art. 7.2.III-VI LPH, Ley 49/1960). Asimismo, los comuneros ostentan legitimación, por sustitución de los demás, para el ejercicio de acciones en lo que le sea favorable a la Comunidad de Propietarios.

  • El concesionario de una licencia en exclusiva puede ejercitar en su propio nombre las pretensiones de condena que asisten al titular de la patente (art. 124.1 LP, Ley 11/1986).

  • El Estado ostenta legitimación por sustitución para accionar en nombre de otra entidad pública la titularidad de un monte público (art. 14 Ley 43/2003 de Montes).

  • Las asociaciones de consumidores y usuarios representativas están legitimadas para la defensa de los intereses difusos (art. 11.3 LEC) y las entidades habilitadas por la normativa comunitaria para el ejercicio de las acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos (art. 11.4). En tales supuestos, nos encontramos ante una legitimación extraordinaria o por sustitución procesal, pues dichas asociaciones de consumidores se encuentran legitimadas para ejercitar la acción en nombre propio, pero en interés ajeno, es decir en el de los perjudicados titulares de derechos individuales plurales homogéneos. Por asociaciones "representativas" sólo cabe entender, según art. 37 RDL 1/2007, a las asociaciones de consumidores y usuarios que se encuentren inscritas en el Registro del Instituto Nacional del Consumo o Consejería de Sanidad y Consumo.

La legitimación representativa

Al igual que en la legitimación por sustitución, en la representativa la parte formal actúa por derechos ajenos, pero, mientras en aquélla lo hace en nombre propio, en la representativa la defensa de dichos derechos también lo es en nombre e interés de otro.

En la legitimación representativa es la Ley la que atribuye o encarga al tercero la facultad de ejercitar la acción en nombre e interés de otros y para la defensa de sus derechos.

Constituyen supuestos de legitimación representativa:

  • La representación orgánica del Presidente de una Comunidad de Propietarios para todo lo que sea favorable a dicha comunidad y los intereses de los copropietarios (art. 13.3 LPH, Ley 49/1960).

  • Los Colegios Profesionales tienen legitimación para reclamar los honorarios de sus colegiados (art. 5.p Ley de Colegios Profesionales 2/1974).

  • La "Sociedad General de Autores" ostenta "ex lege" legitimación para reclamar o defender los derechos de la propiedad intelectual de sus asociados. Dicha legitimación era considerada por la jurisprudencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 135 LPI de 1987, como un supuesto de sustitución procesal si bien, cuando el ejercicio de las acciones sucede en virtud de lo dispuesto en el art. 20.4.c de la LPI (RD- Leg. 1/1996), es unánime la jurisprudencia a la hora de concebir dicha legitimación como ordinaria. Para nosotros, se trata también de una legitimación representativa, pues la SGAE actúa en nombre e interés de los titulares del derecho a la propiedad intelectual, es decir, de los autores, lo que sucede es que este concepto de "legitimación representativa" todavía no ha sido sancionado por la jurisprudencia.

  • Las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas están legitimadas para la defensa de los derechos e intereses de sus asociados y los difusos de consumidores y usuarios (art. 11.1 LEC) el art. 11.2 les confiere legitimación representativa para la defensa de los intereses colectivos. Están legitimadas para el ejercicio de acciones de nulidad (ej. la de las cláusulas abusivas de la contratación) y de cesación y de retractación (art. 66 RDL 1/2007) de prácticas contrarias a tales intereses difusos y colectivos e incluso para la impugnación de los Reglamentos ilegales. Pero la legitimación representativa de dichas asociaciones no alcanza a la interposición de pretensiones resarcitorias de condena, las cuales tan sólo asisten a los perjudicados (art. 221.1 .3), a quienes se dirigirá la publicación del proceso (art. 15) a fin de que puedan en él intervenir (art.13.1 .II), si bien podrán afectarles los efectos de la cosa juzgada (art. 222.3), pudiendo acudir, aunque no lo hayan hecho en la fase declarativa, al proceso de ejecución para obtener el reconocimiento de su derecho de crédito (art. 519), siempre y cuando la sentencia hubiere establecido los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago (art. 221.I.II).

Tratamiento procesal

El tratamiento procesal de la legitimación se encuentra en relación con la determinación de su naturaleza jurídica. Si se afirmara que constituye un elemento de la fundamentación de la pretensión, es claro que debiera examinarse siempre en la fase de sentencia y como cuestión previa al examen de fondo, en tanto que si se reclamara la naturaleza de presupuesto procesal podría examinarse "a limine litis" en la fase de admisión de la demanda o en la comparecencia previa.

Estas tesis no han sido suscritas por el TS que establece distintas soluciones para todas ellas.

En opinión del autor, estas soluciones no se cohonestan con la naturaleza de la legitimación, la que, si bien es cierto que, tanto por la naturaleza de las normas que la disciplinan (siempre pertenecientes al Derecho material), como por su relación con la pretensión (de la que constituye uno de los elementos de su fundamentación), aparece íntimamente vinculada a la relación jurídico material debatida, tampoco lo es menos que la ausencia de la legitimación puede ocasionar, en ocasiones, la inexistencia de la "acción" o la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y de defensa, lo que, ha incidido en la jurisprudencia para afirmar que su infracción puede afectar al "orden público procesal". Además, la existencia de elementos ignorados por nuestra doctrina como es el caso de la capacidad de conducción procesal, que han sido tradicionalmente estudiados dentro de la legitimación, pero permiten su examen previo y separado, ya que constituyen un auténtico presupuesto procesal, obliga a revisar el tratamiento procesal de la legitimación.

El régimen procesal de la legitimación debiera consistir, por tanto, en discriminar los supuestos en que, ora debido a la infracción de normas imperativas, ora a la naturaleza de presupuesto procesal de la capacidad de conducción procesal, permiten su examen de oficio por parte del tribunal.

El examen de oficio de la legitimación

Aun cuando sea una doctrina del TS con vocación de generalidad la de que "la existencia o no de legitimación "ad causam" es cuestión que afecta al orden público procesal, examinable de oficio por esta Sala aunque no haya sido planteada por las partes en el período expositivo del proceso" y la de que "la legitimación activa o "ad causam" puede ser apreciada de oficio por la misma, en tanto que atañe al control de si se tiene interés legítimo para solicitar de los órganos judiciales una resolución", no creemos que pueda sustentarse esta solución para cualquier ausencia de legitimación activa o pasiva, sino única y exclusivamente para aquellos supuestos en que, de no apreciarse de oficio dicha ausencia, se pueden conculcar normas imperativas como lo son las que tipifican los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva o de defensa o cuando más que de una ausencia de legitimación, nos encontremos ante supuestos de incumplimiento del presupuesto de la falta de conducción procesal.

La violación del derecho a la tutela judicial efectiva por ausencia de titularidad sobre el derecho subjetivo

Sabido es que el art. 24.1 consagra la teoría concreta del derecho a la acción o pretensión de tutela de los derechos e intereses legítimos. Dicha concepción también ha sido secundada por la LEC, tal y como lo demuestra la simple puesta en relación del art. 10.1 con su art. 5.

Pues bien, si manifiestamente, en un proceso determinado, no existiera la titularidad de ese derecho subjetivo material cuya tutela jurisdiccional pretende el actor, podría el tribunal de oficio, sin conculcar el art. 24.1, repeler dicha infundada pretensión.

La violación de los derechos a la tutela y defensa por falta de emplazamiento de las partes legítimas al proceso

La primera manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva constituye el libre acceso de todos a los tribunales, para cuyo ejercicio los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de comunicar la existencia del proceso a fin de que puedan ejercitar sus derechos fundamentales a la tutela o de defensa.

Sucede, sin embargo, que en un proceso, como el civil, regido por los principios dispositivo y de aportación, dicha obligación del tribunal sólo puede contraerse con respecto a las partes que han sido demandadas en el proceso, en principio, tan sólo a ellas se dirigirán las notificaciones (art. 150.1). Al demandante, por tanto, le asiste la carga, que debiera transformarse en obligación procesal, de demandar, fuera de los supuestos de legitimación extraordinaria, en su propio nombre y exclusivamente en relación a derechos de su efectiva titularidad y de dirigir la demanda tan sólo contra quien deba soportar los efectos de su pretensión. Si no lo hiciera así y aparentara una titularidad que no tiene o demandara a una persona que nada tiene que ver con la relación jurídico material debatida, el tribunal, obligado por la congruencia, podría otorgar, en su sentencia, derechos a quien de ningún modo le corresponden o condenar a quien ni siquiera tuvo la oportunidad de haber sido oído en el proceso.

Por esta razón, porque esta infracción de las normas que tutelan la legitimación activa y pasiva infringe el derecho a la tutela del art. 24.1 CE y el "orden público procesal" y porque, como señala la STS 1999/4572 "los efectos de las normas jurídicas no pueden quedar a voluntad de los particulares de modo que se apliquen aun no dándose los supuestos queridos y previstos por el legislador para ello", la jurisprudencia del TS, con muy buen criterio, ha admitido, en tales casos, el examen de oficio de la legitimación.

Como puede observarse, el común denominador de este segundo grupo de supuestos lo constituye la prevención por el TS de la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva de tercerosl art. 24.1 CE, que, por ostentar en la realidad la cualidad de partes materiales, debieron demandar o ser demandados en el proceso, sin que lo fueran a causa de la negligencia o mala fe del demandante. La vulneración del art. 24.1 CE, por la extensión indebida de los efectos de la cosa juzgada, hubiera producido un supuesto de nulidad radical de la sentencia y la interposición, en su caso, por la parte, cuyo emplazamiento se hubiera omitido, de un recurso constitucional de amparo.

Todas estas razones y la obligación de los tribunales de preservar, frente a su hipotética violación, el libre ejercicio de los derechos fundamentales (arts. 53.2 CE y 43 LOTC), aconsejan que, en tales supuestos, el tratamiento procesal de la legitimación haya de ser de oficio. Pero dicha consecuencia no la convierte, sin más, en un presupuesto procesal, sino en un requisito de la fundamentación de la pretensión, cuya infracción provoca la vulneración del art. 24.1 y, con ella, un supuesto típico de nulidad radical e insubsanable (arts. 238.3 y 241.1 LOPJ).

La denuncia de la falta de legitimación

Fuera de estos casos de inexistencia del derecho de "acción", de la preservación de la infracción de los derechos fundamentales a la tutela y de defensa, de los supuestos de ausencia de capacidad de conducción procesal o de la falta de litisconsorcio pasivo necesario, el examen de la legitimación ha de efectuarse, previa denuncia del demandado en su escrito de contestación a la demanda y resolverse en la sentencia como elemento de la fundamentación de la pretensión, de examen previo a la cuestión de fondo.

Incumbe al demandante la carga procesal de adjuntar a su escrito de demanda el documento justificativo de su legitimación material (el título o contrato que acredita la titularidad del derecho discutido o, como señala el art. 265.1.1, "los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden"). Si tales documentos no se encontraran en los supuestos de conducción procesal contemplados en el art. 266, el juez, ante su omisión, no podrá por dicha causa dejar de admitir la demanda (art. 269.2); pero el demandado habrá de alegar, en su escrito de contestación, la pertinente excepción de falta de legitimación activa o pasiva (art. 405). Según la jurisprudencia del TS dicha excepción ha de alegarse expresamente en dicha contestación, sin que pueda "ex novo" invocarse en la apelación, o en la casación el no planteamiento de dicha excepción ocasiona el reconocimiento de la legitimación activa y pasiva por parte del demandado, sin que pueda posteriormente negarla, pues atentaría al principio de que "nadie puede ir contra sus propios actos".

Una vez aducida expresamente por el demandado en su escrito de contestación la excepción de falta de legitimación activa o pasiva, surge el problema de determinar, si en la comparecencia previa puede discutirse la falta de legitimación de las partes. Pues una respuesta negativa abonaría la redacción del art. 416 que, en su listado de excepciones, no contempla expresamente la legitimación activa y pasiva, aunque sí lo hace con respecto a la de litisconsorcio, que encierra una cuestión de falta de legitimación pasiva. Tampoco la jurisprudencia clásica del TS fue favorable al tratamiento de esta excepción, porque "no es admisible la tesis de que en la comparecencia prevista en el juicio de menor cuantía se tenga que pronunciar el juzgador sobre las cuestiones que constituyen el fondo del asunto, como si en ese momento finalizase el litigio" (STS 318/1998).

Pero el art. 425 permite, junto a la excepción de litisconsorcio pasivo necesario prevista en el art. 416.1.3, plantear excepciones análogas, dentro de las cuales podría incluirse la falta de legitimación, aunque circunscrita su ausencia a los supuestos enunciados: falta de capacidad de conducción procesal y la ausencia de legitimación que afecte a la falta del derecho de "acción", entendida en sentido concreto, o que pueda ocasionar la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela o de defensa; asimismo, la ausencia de habilitación legal en la legitimación extraordinaria, tanto por sustitución procesal, como la legitimación representativa, pues, si la Ley no autorizara al sustituto a accionar en interés de otro, es claro que su legitimación sería originaria y ocasionaría al sustituido, de no comparecer en el proceso, indefensión material.

En los demás casos, no debiera discutirse la legitimación en la comparecencia previa, que, como elemento de la fundamentación de la pretensión, exige una actividad probatoria, por lo que, a fin de evitar una precipitada e injustificada denegación del derecho la tutela, debe merecer un examen de fondo en la sentencia.

Aun cuando la vulneración de las normas, que disciplinan la legitimación de Derecho sustantivo, es una doctrina reiterada y unánime del TS la de que su infracción ha de denunciarse por el cauce del recurso de casación extraordinario por infracción procesal y no a través del recurso material de casación.