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La comparecencia previa (III). Fijación del objeto procesal y alegaciones complementarias

La fijación del objeto procesal

La comparecencia previa está destinada a evitar el juicio oral, mediante la conciliación intraprocesal y si ella no fuera posible, está también destinada a preparar el juicio oral, mediante la asunción de sus funciones, saneadora de presupuestos procesales y de fijación del objeto procesal.

A esta última función de fijación del objeto procesal se refiere el art. 426, que autoriza a las partes a modificar sus escritos de demanda y contestación a fin de que, tanto la pretensión, como su defensa queden perfectamente delimitadas, todo ello en orden a que puedan las partes ejercer su derecho de defensa y, en su día, el órgano judicial pueda cumplir, en la sentencia, con su obligación de congruencia.

La modificación de tales escritos no puede ser, ni arbitraria, ni incondicionada. A lo que el art. 426 autoriza es exclusivamente a efectuar actos de aclaración, de alegación complementaria y de nueva alegación, con respecto a los cuales pueden las partes justificar tales alegaciones adicionales mediante la pertinente prueba documental o pericial (art. 426.5).

Los actos de aclaración

En virtud del art. 426, la aclaración del objeto procesal puede ser a instancia de parte y de oficio. Su finalidad es contribuir, mediante alegaciones adicionales, a cumplir con la obligación de "esclarecimiento" y de "complitud", que, en un proceso civil social, incumbe tanto a las partes, como al juez, a fin de que se introduzca en el proceso todos los hechos necesarios para determinar con exhaustividad y en términos inteligibles la relación jurídico material debatida, en orden a que pueda el juez obtener el descubrimiento de la verdad material y otorgar la razón, no solo a quien la tiene dentro, sino también "fuera" del proceso.

A instancia de parte

Una vez finalizada la función saneadora de la comparecencia previa, el art. 426.2 faculta a las partes a efectuar alguna "aclaración de sus alegaciones" o "rectificación de extremos secundarios de sus pretensiones, siempre sin alterar éstas ni sus fundamentos".

Por aclarar una alegación puede entenderse la introducción de elementos fácticos o jurídicos, adicionales y secundarios, que contribuyan a hacerla cognoscible o inteligible, tanto por el juez, como por la parte contraria; esta labor de esclarecimiento comprende la de aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión de la demanda o de la contestación, de modo similar al objeto del llamado "recurso de aclaración de sentencias" (art. 267 LOPJ).

Por rectificar extremos secundarios de las pretensiones cabe entender la adición, modificación o supresión de elementos de hecho o de Derecho con la finalidad de alcanzar una mayor precisión en la determinación de la pretensión y de su resistencia; esta facultad de rectificación alcanza también el objeto propio del recurso de aclaración de sentencias, tales como rectificar los errores manifiestos o aritméticos o colmar las lagunas en las que hayan podido incurrir los escritos de alegación.

En cualquier caso, los límites de esta facultad de las partes de aclaración o de rectificación de extremos secundarios de las pretensiones no puede llegar a modificar el objeto litigioso o los elementos esenciales de la pretensión, debiendo entenderse por tales conceptos, tanto la determinación de las partes, como la petición y su "causa petendi" o hechos que la fundamentan. Lo que el precepto prohíbe es, una mutación esencial del objeto del proceso o "mutatio libelli".

En cuanto al régimen probatorio de tales elementos fácticos complementarios rigen las mismas normas de la carga de la prueba que disciplinan los hechos de la demanda y de la contestación: al actor le incumbe la carga de probar los hechos constitutivos y al demandado los impeditivos, extintivos y excluyentes.

De oficio

Esta labor de esclarecimiento y de rectificación de errores puede también ser suscitada de oficio por el propio tribunal. A esta facultad se refiere el art. 426.6 al afirmar que "el tribunal podrá también requerir a las partes para que realicen las aclaraciones o precisiones necesarias respecto de los hechos y argumentos contenidos en sus escritos de demanda o contestación".

El objeto de esta actividad de esclarecimiento se contrae exclusivamente a los hechos y no a los argumentos jurídicos, con respecto a los cuales "iura novit Curia". Aunque el legislador utilice el término "argumentos" no se refiere a los fundamentos de Derecho de la pretensión, sino a los argumentos que las partes pueden efectuar sobre los hechos y los medios de prueba alegados o "valoraciones o razonamientos" a los que se refiere el segundo apartado del art. 399.3.

Pero la novedad más importante de este precepto estriba en la derogación de las reglas de distribución de la carga material de la prueba. Si la parte concernida cumple con dicho requerimiento no existe problema alguno, por cuanto regirán las normas tradicionales; si dicha parte incumpliera el referido requerimiento judicial, dispone el precepto que "el tribunal les advertirá de que puede tenerlos por conformes con relación a los hechos y argumentos aducidos de contrario".

Este precepto establece la sanción a dicho incumplimiento mediante la "ficta confessio". De la conducta omisiva de la parte interesada con respecto al cumplimiento de sus obligaciones de esclarecimiento y de complitud fáctica, infiere el legislador que dicha conducta la efectúa la parte porque habrá obtenido la convicción de que la eventual introducción de los elementos de hecho complementarios le perjudicarían en la medida en que podrían contribuir a un descubrimiento de la verdad material favorable a las tesis de la parte contraria, y por esta razón sanciona el incumplimiento con la "ficta confessio".

Los actos de alegación complementaria

Consisten en la introducción de elementos de hecho, no afirmados en los escritos de demanda y contestación, pero conexos con ellos, anteriores a tales escritos y nacida su oportunidad de aportación al proceso, tras el conocimiento del acto inicial de alegación por la parte contraria.

Los actos de alegación complementaria cumplen una función similar a los escritos de "réplica" y "dúplica" del antiguo juicio de "mayor cuantía". Del mismo modo que la introducción por el demandado de determinadas excepciones, tales como la de compensación y de nulidad de negocio, han aconsejado al legislador a autorizar un nuevo trámite de contestación al actor (art. 408.2), bien podría suceder que la alegación de otras excepciones situara también al demandante en la necesidad de efectuar alegaciones complementarias, tendentes a obtener el esclarecimiento y la exhaustividad del material instructorio, alegaciones que ahora no puede efectuar tras la supresión del trámite de "réplica" y "dúplica".

Por esta razón, el art 426.1 y 3 autoriza a las partes a efectuar "alegaciones complementarias" (art. 426.1) o a deducir alguna "petición accesoria o complementaria de las formuladas en sus escritos", siempre y cuando, en el primer caso, no se produzca una alteración sustancial de la pretensión, ni de sus fundamentos de hecho, y en el segundo, la parte contraria muestre su conformidad o, en cualquier otro caso, el juez estime que su planteamiento no impide "a la parte contraria ejercer su derecho de defensa en condiciones de igualdad".

Las alegaciones complementarias han de estar sometidas a la observancia de ciertos requisitos: a) han de versar sobre "hechos viejos" o conocidos en el momento de la formalización de la demanda y del escrito de contestación, ya que el régimen de los "nova reperta" se encuentra expresamente contemplado en el art. 426.4; b) la pertinencia de las alegaciones complementarias está sometida a la condición de que surjan "en relación con lo expuesto de contrario" (art. 426.1), en tanto que la incorporación de peticiones accesorias o complementarias está supeditada a la conformidad del demandado o a que su entrada en el proceso no le genere indefensión; c) las alegaciones complementarias tan sólo pueden ser efectuadas por el demandante, siempre y cuando las provoque las alegaciones efectuadas por la contestación a la demanda y nunca al revés (salvo posibilidad de reconvención), pero las peticiones accesorias pueden formularse sin dicho condicionamiento, siempre y cuando se encuentren conexas en una relación de subordinación con la pretensión principal (ej. la incorporación, a una pretensión de condena a una prestación principal, otra de pago de intereses "legales") y no originen indefensión al demandado; en este último supuesto, ha de tratarse de nuevas peticiones y no de aclaración de las existentes, en cuyo caso el procedimiento para hacerlas valer ha de ser el del art. 424 (demanda defectuosa); d) finalmente, tanto las alegaciones complementarias, como las nuevas peticiones no pueden generar indefensión al demandado, es decir, no se puede, a través de ellas, modificar esencialmente la pretensión hasta el punto de transformar alguno de sus elementos esenciales (partes, petición o "causa petendi"), incorporar nuevas pretensiones (ej. la de intereses "convencionales" a la pretensión principal), o transformar la pretensión (de una declarativa a otra de condena), tal y como quedó determinada en el escrito de demanda.

Los actos de nueva alegación

El art. 426.4 faculta también a las partes para introducir en la comparecencia previa "algún hecho de relevancia para fundamentar las pretensiones" o cuando hubiese "llegado a noticia de las partes alguno anterior de esas características".

El precepto autoriza la "ampliación de hechos" que puede efectuarse mediante escrito, presentado con anterioridad a la apertura del plazo para dictar sentencia y del que se ha de dar traslado a la parte contraria (art. 286.1 y 2), o verbalmente en la audiencia previa, al amparo del art. 426.4, del que se levantará la oportuna acta e incluso al inicio de las sesiones de la audiencia principal (art. 433.1).

El objeto de estos actos de nueva alegación son los hechos relevantes y nuevos o viejos, pero desconocidos por la parte en el momento de redactar su demanda o escrito de contestación. Por hechos "relevantes" hay que entender los que fundamentan las respectivas pretensiones y resultan pertinentes con el tema de la prueba; por hechos "nuevos", los que surgen con posterioridad a los escritos de alegaciones; y por hechos "desconocidos" los anteriores a tales escritos, pero que llegan a conocimiento de la parte con posterioridad al momento de presentación de su demanda o contestación, como consecuencia del surgimiento de acontecimientos extraprocesales o de actos procesales efectuados por la parte contraria que tienen relevancia para la fundamentación de la pretensión o de su resistencia.

El régimen de entrada de estos "nova reperta" al proceso ha de ser similar al previsto en el art. 286, es decir, se ha de garantizar el contradictorio. Cuando la parte interesada alegue el nuevo hecho, debe el juez conceder la palabra a la parte contraria a fin de que pueda manifestar su oposición por alguno de estos dos motivos: a) formal, si el hecho no fuera relevante, bien por no afectar a la fundamentación de la pretensión, bien por ser impertinente (ej. un hecho reconocido por la parte contraria) o por transformar esencialmente la pretensión, y b) material, por no constituir un hecho nuevo o, siendo viejo, era conocido por la parte contraria, la cual podía haberlo aducido en su escrito de alegación y, sin embargo, no lo hizo, incumpliendo su obligación de exhaustividad y de preclusión en el momento de la redacción de su escrito de alegación.

En estos supuestos, el juez denegará la entrada del hecho nuevo o desconocido a la formación definitiva del objeto procesal, pudiendo incluso imponer a la parte, que lo propuso, la sanción económica prevista en el art. 286.4, si apreciare, en su conducta procesal, mala fe y ánimo dilatorio con la introducción de esta nueva alegación (art. 426.4). En otro caso, el juez admitirá la entrada del nuevo hecho, haciéndolo constar así en la pertinente acta, en cuyo caso conformará definitivamente el objeto procesal.

La impugnación de documentos

Una de las innovaciones de la vigente LEC consiste en permitir que, en la comparecencia previa, pueda dilucidarse el incidente de impugnación de documentos.

Las partes tienen la carga de incorporar, en sus escritos de demanda y de contestación, los documentos acreditativos del cumplimiento de los presupuestos procesales y de la fundamentación de la pretensión (arts. 264-266). Esta carga procesal se encuentra sometida a una preclusión rígida, de tal manera que los documentos que no se presenten en tales escritos, y salvo que se encuentren en los supuestos contemplados en el art. 270, no podrán ser ya introducidos en el proceso (arts. 269 y 272).

Podría ocurrir que, habiéndose presentado un documento en tales escritos de alegación, la parte contraria dude de su autenticidad. En tal supuesto, podrá suscitar el incidente de impugnación de documentos previsto en el art. 427.

Concepto

Se entiende por impugnación de un documento la negación de su autenticidad. Las partes no están obligadas a presentar en el proceso los documentos originales, ya que dicha presentación, en ocasiones, es imposible (así, la de la escritura pública matriz, que obra en poder del notario); por esta razón, el art. 267 faculta a las partes a presentar una "copia simple" del documento, en cuyo caso la parte contraria podría impugnar su autenticidad, bien por motivos de índole material o formal: a) materialmente puede impugnarse un documento cuando existan dudas acerca de su contenido intrínseco, es decir, acerca del "hecho, acto o estado de cosas que documenten" entre lo reflejado en la copia del documento y el mismo contenido del documento original; pero la impugnación procesal civil no alcanza a determinar su exactitud con la realidad histórica o veracidad material, la cual se puede hacer valer, en su caso, mediante el ejercicio de la acción penal por "falsedad ideológica" (de documento intervenido sólo por funcionario público o por particular en documento oficial), suscitando la correspondiente "cuestión prejudicial" (art. 40); y b) formalmente, cuando tales dudas surjan en torno a la paternidad o autoría del documento.

Este trámite de impugnación de documentos ostenta un marcado carácter preclusivo, porque si la parte interesada muestra su conformidad o no impugna expresamente el documento presentado por la contraria, el tribunal habrá de estimar su validez formal y extender, sobre él, su valoración probatoria.

Clases

Documentos públicos

Puede la parte contraria impugnar su autenticidad, en cuyo caso la parte que ha aportado el documento tiene la carga de traer (si ello fuere posible) a los autos el "original, copia o certificación del documento con los requisitos necesarios para que surta sus efectos probatorios" (art. 267).

Si se hubiere impugnado un documento de la demanda, esta carga procesal sólo puede suceder cuando el demandado haya impugnado expresamente, en su escrito de contestación, la copia del documento, en cuyo caso deberá el actor acudir a la comparecencia previa con el original o pertinente certificación. Si el demandado impugna el documento en la misma comparecencia previa, habrá el juez de suspender la comparecencia y otorgar un plazo prudencial al actor a fin de que subsane este requisito.

Si lo que se ha impugnado es la copia autenticada (por imposibilidad de traer a los autos el original), el demandante habrá de indicar en la comparecencia previa (si no lo ha hecho, y como es lo correcto, en su escrito de demanda), la oficina o protocolo en donde se encuentre su original, y la contraparte instará al juez a fin de que disponga que, por el Secretario judicial, se proceda a constituirse en la sede del archivo o local en donde se encuentre el original o matriz a fin de que proceda a efectuar la diligencia de "cotejo" o de comprobación de documentos (art. 320.2). Tratándose de un documento público la carga de instar el cotejo corresponde a quien duda de su autenticidad y ello, no sólo por la presunción de autenticidad de dicho documento intervenido por fedatario, sino también por las consecuencias que genera una impugnación irresponsable. Sólo en el caso de la impugnación de un documento público (pues, en la de los privados rige la regla contraria), quien lo impugna ha de "proponer prueba acerca de su autenticidad".

Si la impugnación trajera como causa deficiencias en la elaboración de las copias de los escritos de demanda y contestación (arts. 273 y ss) y siempre que su inexactitud afecte al derecho de defensa, el Tribunal podrá disponer la nulidad de actuaciones (art. 280). Si una vez practicada la diligencia de cotejo, resultare manifiesta la exactitud o autenticidad del documento, la parte que lo ha impugnado habrá de satisfacer las costas, gastos y derechos de este incidente, sin perjuicio de que, si el Tribunal estimare que ha incurrido en una conducta temeraria, imponerle además la sanción económica prevista en el art. 320.3.

Documentos privados

La regla general es que en materia de presentación de documentos privados, deben aportarse los originales. Las copias de documentos privados sólo pueden aportarse cuando el original no obre en poder de la parte interesada, en este caso, si la contraparte manifiesta su conformidad o no impugna dicha copia, tendrá la misma autenticidad que el original (art. 286). Pero lo aconsejable será que la parte que sólo ostenta una mera copia pida del juez que requiera a la contraparte su obligación de exhibición de documentos, prevista en el art. 256.1.1.

En cualquier caso, si se produce la impugnación de un documento privado, quien lo ha presentado en juicio tiene la carga de instar del tribunal la diligencia de "cotejo pericial de letras o cualquier otro medio de prueba" (ej. el análisis fonográfico, en el caso de que se impugne la autenticidad de un soporte magnético, previsto en los arts. 299.2 y 352) para acreditar la autenticidad material y formal del documento privado (art. 326.2). A diferencia de los documentos públicos, en los privados, la carga de demostrar su autenticidad corresponde, pues, a quien los ha aportado al proceso. La diligencia de "cotejo de letras" se encuentra regulada en los arts. 349 y siguientes.

Si, de la práctica de dicho cotejo o del medio de prueba adecuado se demostrara la autenticidad del documento, el art. 326.2. se remite a lo dispuesto en el art. 320.3 (condena en costas del incidente y en su caso, multa por temeridad).

La complementación de la prueba pericial

Otra de las innovaciones de la LEC sobre la comparecencia previa consiste en depurar o integrar definitivamente la prueba pericial, a fin de que los peritos puedan prestar, con imparcialidad, idoneidad y unidad de acto, su informe en el juicio oral sin obstáculos formales que impidan dicho examen de fondo en la referida audiencia principal.

Ámbito de aplicación

La nueva LEC pone todo su acento en la designación privada de los peritos. A este respecto, y salvo que haya instado alguna de las partes la designación judicial del perito en sus escritos de demanda o de contestación (art. 339.2), el art. 265.5 permite la incorporación a la demanda de informes elaborados por profesionales de la investigación privada y el art. 336 establece, como momento preclusivo para la incorporación de los dictámenes privados al proceso, el de los escritos de demanda y contestación, si bien, si el demandante o demandado justifican que, para la adecuada defensa de sus derechos, no pueden presentar tales informes en sus respectivos escritos de alegación, determinarán en ellos los dictámenes de los que pretendan valerse, los cuales serán introducidos al procedimiento con anterioridad a la celebración de la comparecencia previa (art. 337.1).

Es en la comparecencia previa cuando la parte contraria puede manifestar lo que estime conveniente acerca de la admisión, contradicción o ampliación del informe presentado (art. 427.2); asimismo, puede manifestar, si no lo han hecho con anterioridad, si debe el perito designado prestar su informe en e] juicio oral (art. 337.2) e incluso puede tachar al perito (art. 343.2) por alguna de las causas contempladas en el art. 343.1. Pero, si el tribunal desestimara la tacha y apreciara en su proposición "temeridad o deslealtad procesal" podrá imponer a la parte la multa prevista en el art. 344.2.

La prueba pericial de las alegaciones complementarias

Dispone el art. 427.3: "Si las alegaciones o pretensiones a que se refieren los tres primeros apartados del art. 426 suscitasen en todo o en alguna de las partes la necesidad de aportar al proceso algún dictamen pericial, podrán hacerla dentro del plazo establecido en el apartado segundo del art. 338".

La posibilidad de presentación de dictámenes periciales hay que entenderla extensiva a todo supuesto de aclaración, alegación complementaria o afirmación de hechos nuevos o desconocidos, contemplados en el art. 426. En tal supuesto, la parte interesada podrá aportar el dictamen en el plazo contemplado en el art. 338.2, es decir, al menos dentro de los "cinco días de antelación a la celebración del juicio" o vista principal. Nótese que es éste un plazo máximo, por lo que nada impide que el informe pericial pueda aportarse incluso en la propia comparecencia previa.

Si la parte deseara la designación judicial de un perito, el art. 427.4 le faculta a solicitarlo al tribunal en la misma audiencia o dentro de los diez días siguientes, designación judicial que se efectuará con arreglo a las disposiciones comunes (art. 339 y ss). El art. 339.3.1 somete la nominación judicial al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) que el tribunal estime la prueba "pertinente y útil"; b) que ambas partes se manifiesten conformes con el objeto de la pericia; y c) que la misma conformidad exista en la aceptación del dictamen del perito que el tribunal nombre.

La fijación de los hechos, segunda conciliación y sentencia inmediata

La fijación de los hechos controvertidos

Tras la fijación definitiva del objeto procesal mediante las aclaraciones, alegaciones complementarias y afirmación de nuevos hechos o desconocidos, el art. 428.1 faculta a las partes para que, junto con el tribunal, "fijen los hechos sobre los que exista conformidad y disconformidad de los litigantes".

Es ésta otra función clásica de la comparecencia previa, fijar el tema de la prueba y posibilitar, en el supuesto de que no existan hechos controvertidos, una sentencia inmediata. A diferencia del art. 693.2 de la LEC de 1881, que facultaba al juez a invitar a las partes a que "concreten los hechos", la redacción imperativa del art. 428.1 ha de obligar al tribunal para que les pregunte sobre qué hechos existe y cuáles no conformidad, todo ello con la finalidad de fijar el tema de la prueba.

Según el art. 428.1, los destinatarios de esta actividad, son las "partes o sus defensores". El precepto pretende ser coherente con lo dispuesto en el art. 414.2 que estimula la intervención personal de las partes materiales a fin de obtener una autocomposición. Pero, la labor de fijación de los hechos controvertidos requiere un nivel de conocimientos jurídicos del que el ciudadano medio carece, razón por la cual, no debe el juez preguntar indistintamente a una u otro, sino exclusivamente a los abogados o, en último término, a la parte, asistida de su abogado; la interpretación contraria podría generar indefensión.

De conformidad con la nueva figura del juez civil "director del proceso", debe el juez, teniendo a la vista la totalidad de los escritos de alegaciones (complementarias, aclaraciones y "nova reperta", en su caso) ir preguntando, según el orden correlativo de la exposición de hechos contenidos en los escritos de demanda y de contestación, primero al demandante y después al demandado, si se manifiestan o no conformes con cada uno de los hechos afirmados en sus respectivos escritos de alegaciones.

El objeto de esta función de fijación, y de conformidad con la tesis de la "sustanciación" de la demanda, son única y exclusivamente "los hechos" y no los fundamentos de Derecho. Sucede que, tratándose de pretensiones constitutivas, es imposible escindir los hechos de los fundamentos de Derecho, pues, en tal caso, rige la doctrina contraria, la de la "individualización" de la demanda. Pero, incluso en tales casos, debe el juez rehuir de la utilización de conceptos jurídicos que podrían predeterminar el fallo y aparentar, frente a la sociedad y en esta fase, una pérdida de su imparcialidad "objetiva".

La segunda conciliación intraprocesal

Una vez fijados los hechos dispone el art 428.2, que "el tribunal podrá exhortar a las partes o a sus representantes y a sus Abogados para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al litigio".

A diferencia de la anterior LEC, en la que tan sólo se preveía una conciliación intraprocesal al inicio de la comparecencia previa, la nueva Ley le otorga al tribunal una segunda posibilidad "activa" de conciliación intraprocesal al término de la comparecencia previa.

La ubicación de esta segunda conciliación al término de la audiencia preliminar constituye una innovación muy plausible, pues, a través del diálogo entre las partes y el juez acerca, no sólo de los presupuestos procesales, sino también de la propia fundamentación de la pretensión, nacida con ocasión del examen de la regularidad de la demanda y de la actividad complementadora de las alegaciones iniciales de las partes, pueden ellas mismas haber tomado conciencia de las posibilidades de éxito de sus respectivas pretensiones y manifestarse propicias a la obtención de una "solución amistosa".

En tal supuesto, debe el juez exhortar a las partes a una conciliación. A diferencia de la contemplada en el art. 426, no es este intento de conciliación preceptiva. Es el juez, quien, tras la realización de la comparecencia, se encuentra en condiciones de valorar la pertinencia o no de este "requerimiento". Es ésta una conciliación en la que el juez tiene un "rol" más activo, nos encontramos ante una admonición con cierto contenido imperativo. Si el Juez es consciente de que el litigio tiene una fácil solución, debe, de una manera objetiva y sin perder su imparcialidad, hacérselo saber a las partes (ej. si el litigio ha sido solucionado de una manera unánime y reiterada por la jurisprudencia del TS, debe ilustrárselo a las partes) a fin de que ellas mismas se atengan a las consecuencias y decidan sobre la continuación o no del procedimiento.

De conformidad con el régimen de intervención de las partes, trazado por el art. 414, el precepto contempla como destinatarios, tanto a las partes materiales, cuanto a sus representantes y abogados. "Exhortará" a las partes materiales, cuando, por no haber otorgado a su procurador un "poder especialísimo", comparezcan y presencien la totalidad de la audiencia preliminar; pero, si hubieren otorgado dicho poder, los destinatarios de este requerimiento han de ser exclusivamente las partes formales.

El acuerdo puede obtenerse en la misma comparecencia previa o puede el tribunal disponer su suspensión, si tiene la convicción de que necesitan un tiempo para que, a través de la actividad de mediación entre ellas, puedan obtener dicha solución amistosa. En el primer caso, el juez examinará los presupuestos formales requeridos por el art. 415.1.1 y homologará judicialmente el acuerdo alcanzado. En el segundo, podrá decretar la suspensión del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el art.19.

La sentencia inmediata

Dispone el art. 428.3 que, si las partes no hubieran alcanzado un acuerdo, pero hubieran manifestado su conformidad con los hechos y su discrepancia fuera meramente jurídica, "el tribunal dictará sentencia dentro de veinte días a partir del siguiente al de la terminación de la audiencia".

Transcribe el precepto una de las soluciones posibles de la comparecencia previa, tal y como fue diseñada por la reforma parcial de 1984 a la LEC de 1881, pero con una diferencia, en la anterior LEC, podía también dictarse una sentencia inmediata, si ninguna de las partes hubiera solicitado la apertura del procedimiento a prueba. Pero la nueva LEC ha incrementado notablemente el principio de investigación hasta el punto de permitir "de oficio" la práctica de la prueba (arts. 282 y 429), razón por la cual ha suprimido dicho supuesto de sentencia inmediata. Con la nueva LEC, si existen hechos controvertidos, el tribunal dispondrá la apertura de la audiencia principal, la hayan instado o no las partes, la sentencia inmediata tan sólo puede suceder cuando exista plena y total conformidad a los hechos aducidos por las partes.

Si existiera dicha total conformidad, es evidente que no existirá tema de la prueba, ya que esta actividad tan sólo puede recaer sobre hechos controvertidos. Por esta razón el art. 428.3 permite al tribunal obviar una innecesaria audiencia principal y dictar, sin más tramites y en el indicado plazo, una sentencia en la que aplicará el Derecho pertinente, de conformidad con el aforismo romano "iura novit Curia", sancionado por el art. 218.1.