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La comparecencia previa (I). La conciliación intraprocesal

La "audiencia preliminar" o comparecencia previa

Fundamento y funciones

La "comparecencia previa" se regula en el Capítulo 2 del Título 2 del Libro II de la LEC arts. 414 a 430. Fue introducida en el juicio ordinario de "menor cuantía" por la reforma parcial de 1984 a la LEC de 1881 (arts. 691-693).

Su finalidad es evitar y, en su caso, preparar el juicio oral: a) evitarlo mediante la creación de una conciliación "intraprocesal"; y b) eliminar al proceso de obstáculos procesales y fijar su objeto, a fin de que la audiencia principal se pueda desarrollar con unidad de acto, si las partes no alcanzaran la conciliación.

La LEC 1/2000, al introducir la oralidad y su corolario, la obligación judicial de inmediación, tanto en la audiencia previa, como en la principal (art. 137) ha dotado de pleno contenido material a dicha comparecencia previa, ya que los Jueces de Primera Instancia están obligados a presenciarlas y a cumplir con todos y cada uno de sus cometidos, que aparecen genéricamente descritos en el art. 414.1: a) el intento de una conciliación intraprocesal ("más vale un mal arreglo que un buen pleito"); b) es necesario purgar al proceso de presupuestos y excepciones procesales, sino buena parte de la audiencia principal se dedicará a estas cuestiones con olvido de que su función esencial consiste en descubrir la relación jurídico material debatida a fin de que pueda el juez otorgar una tutela judicial "efectiva"; y c) es imprescindible fijar definitivamente el objeto procesal y el tema de la prueba en orden a que el juicio oral pueda desarrollarse sin la entrada de objetos intempestivos, es decir, con unidad de acto.

Concepto

Se entiende por comparecencia previa la audiencia preliminar o previa a la vista principal, que ha de practicarse en todo juicio ordinario, una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, el Secretario ha de convocarla dentro del tercer día siguiente a la finalización del plazo de alegaciones y celebrarse, bajo la inmediación del juez (art. 137.2), dentro de los 20 días siguientes a su convocatoria (art. 414), con el objeto de que se pueda obtener una conciliación entre las partes (arts. 414-415) y en cualquier otro caso, se resuelvan los presupuestos y excepciones procesales (arts. 416-425), se complementen y fijen los hechos controvertidos (arts. 426 y 428) y su material probatorio (art. 427) y se decida sobre la proposición y admisión de la prueba (art. 429).

Presupuestos

La comparecencia ha de celebrarse en todos los juicios ordinarios (es obligatoria), aun cuando, por no ser su objeto dispositivo, no pueda efectuarse una de sus funciones esenciales, cual es la conciliación y que exige la previa conclusión total de la fase formal de alegaciones, entendiendo por dicha fase, la presentación de la demanda y su contestación y, en su caso, de la reconvención y excepciones afines del demandado y contestación a ambas por el actor.

Requisitos

Subjetivos

A la audiencia preliminar han de comparecer, tanto el órgano judicial, como las partes.

El juez: la obligación de inmediación judicial y el incremento del principio de investigación. En aplicación de lo dispuesto en el art. 137.2 "las vistas y comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución se celebrarán siempre ante el juez o los magistrados integrantes del Tribunal que conozca del asunto". El art. 137.3 sanciona con "nulidad de pleno derecho" la infracción de esta obligación de inmediación judicial.

Si se tiene en cuenta que en la comparecencia previa, de un lado, hay que "oír a las partes" y que, de otro, culmina con importantes "resoluciones", tales como la finalización anormal del proceso o la decisión sobre presupuestos y excepciones procesales, fácilmente se colige que el titular del Juzgado, auxiliado del Secretario, ha de presenciar siempre personalmente las comparecencias previas, sin que pueda delegar esta función en ningún otro personal auxiliar o colaborador.

Esta obligación de inmediación judicial se acrecienta como consecuencia del incremento, en la nueva LEC, del principio de investigación y de examen de oficio de los presupuestos procesales, que ha de efectuar el juez con independencia de que la ausencia de tales presupuestos sea denunciada o no por las partes.

Sin ser exhaustivos, entran dentro de dicho examen de oficio los siguientes presupuestos procesales: la capacidad de las partes (art. 9), la jurisdicción, la competencia objetiva y territorial imperativa (art. 404), la subsanación del procedimiento inadecuado (art. 254.4) y de la acumulación de acciones en la demanda (art. 73.4), la falta de postulación y de representación procesal (art. 414.2-4), la conducción procesal y el litisconsorcio necesario (art. 420.3), la litispendencia y la cosa juzgada (art. 421) y el defecto en el modo de proponer la demanda (art. 424.2).

Además en dicha comparecencia previa ha de intervenir personalmente el juez para intentar una conciliación (arts. 414 y 415), formular "aclaraciones y precisiones" sobre los escritos de alegaciones (art. 426.6), obtener la fijación de los hechos controvertidos (art. 428.1), o, en otro caso, decidir sobre la elusión de la fase probatoria (art. 428.3), así como resolver acerca de la admisión e incluso proposición de oficio de la prueba (art. 429).

La LEC 1/2000 otorga al juez un nuevo papel, especialmente comprometido en obtener la rápida solución del conflicto y en dirigir el procedimiento desde sus inicios en punto a obtener la tutela de los derechos subjetivos materiales que el art. 24.1 CE proclama.

La comparecencia de las partes materiales y formales.

La genérica obligación de comparecencia. El art. 691de la LEC/1881, permitía la inasistencia de los Abogados y tan sólo señalaba la obligación de citar a dicho acto a los "Iitigantes", lo que ocasionaba la inasistencia, en no pocas ocasiones, de las partes materiales o de sus Abogados, (con lo que, ni existía posibilidad de conciliación alguna, ni la comparecencia tenía mucha utilidad práctica), la LEC 1/2000 no consagró una auténtica obligación procesal de comparecencia de las partes, pero sí estimuló su presencia mediante el establecimiento de determinadas sanciones procesales a su incomparecencia.

El art. 414.2 establece la obligatoriedad de dicha comparecencia: "las partes habrán de comparecer en la audiencia asistidas de abogado". Por partes aquí hay que entender las partes materiales, los justiciables o sujetos que han de sufrir los efectos de la sentencia, quienes han de concurrir personalmente asistidos con sus abogados.

La comparecencia del procurador y de la parte material. El art. 414.2 párrafo segundo, permite la incomparecencia de la parte material, siempre y cuando otorgue a su procurador "poder para renunciar; allanarse o transigir".

Por dicho poder no cabe entender el poder general para pleitos al que podría incorporarse una cláusula genérica para efectuar tales actos de disposición. Debido a que, tanto el allanamiento, como la renuncia o la transacción, al entrañar un poder de disposición sobre el derecho subjetivo material, exigen que sean todos ellos actos personales y expresos. El TS viene exigiendo que dicho poder debiera ser "especialísimo", es decir, posterior al nacimiento del litigio y, en él, se le debe facultar expresamente al procurador para poder transigir sobre la petición mediata, o sobre el derecho, bien o interés litigioso que se discute en el proceso.

Así pues, a la audiencia preliminar ha de comparecer, bien la parte material, en cuyo caso no es preceptiva la asistencia del procurador o bien el procurador con poder especialísimo.

Si comparece la parte material, habrá de presenciar la totalidad de la comparecencia previa, pues, no sólo habrá de participar en la primera conciliación, contemplada en el art. 415, sino también en la segunda, situada al término de la audiencia preliminar, en la que el art. 428 faculta al Juez a dirigirse a las partes materiales, si bien la parte material podría ausentarse temporalmente en la realización de otras funciones de dicha comparecencia, tales como la "saneadora" de presupuestos procesales (arts. 416-425) o la de fijación del objeto procesal (arts. 426-427) que ha de transcurrir fundamentalmente entre el juez y las partes formales.

El último apartado del art. 414.2 dispone que si el procurador no estuviera habilitado por dicho poder especialísimo, ni la parte material compareciera personalmente a la audiencia preliminar, "se les tendrá por no comparecidos a la audiencia".

Los efectos de dicha incomparecencia (art. 414.3): a) como exigencia del derecho a la tutela ha de permitirse siempre que sea posible la subsanación del poder; b) si no comparece ninguna de las dos partes, el juez dictará auto de sobreseimiento y el archivo de las actuaciones; c) si no compareciera la parte demandante, se decretará asimismo el sobreseimiento, a salvo que el demandado acredite "interés legítimo" en la continuación del procedimiento; y d) si incompareciere la parte demandada, el juez dispondrá, mediante resolución oral, la celebración de la audiencia exclusivamente con el actor, es decir, la audiencia se efectuará "inaudita parte" demandada, pero no el resto del procedimiento, ya que la simultánea comparecencia y contestación a la demanda impide declarar su rebeldía.

Los supuestos de incomparecencia de ambas partes o del actor se sancionan con el archivo del procedimiento, nos encontramos ante un "desistimiento tácito".

Si la parte material comparece, no es necesaria la presencia del procurador (el art. 414.2 solo exige abogado).

La comparecencia del abogado. El art. 414.4 contempla y sanciona la conducta relativa a la incomparecencia del abogado de cada una de las partes: a) si faltara el abogado del actor "se sobreseerá el proceso, salvo que el demandado alegare interés legítimo en la continuación del procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo", y b) si no compareciera el abogado del demandado "la audiencia se seguirá con el demandante en lo que resultare procedente". La nueva LEC, consciente de que la intervención del Abogado es garante de la efectividad de los derechos fundamentales a la tutela y de defensa, ha impuesto la necesidad de su intervención en la audiencia previa.

El problema reside, en que la norma permite una interpretación des proporcionada y contraria al derecho a la tutela, consistente en asociar mecánicamente la sanción de archivo a toda incomparecencia del abogado del actor. Si el letrado manifiesta la imposibilidad de comparecer en la audiencia previa por alguna de las causas previstas en el art. 183, debe el juez suspender, mediante resolución oral, su celebración, todo ello con independencia de la aplicación de las correcciones disciplinarias previstas en el art. 183.5.

Los art. 414.3. y 414.4 facultan al demandado a oponerse al archivo del procedimiento cuando tenga "interés legítimo en que se dicte una sentencia sobre el fondo". Dicho interés legítimo es, la "difamatio iuditialis" frente a una demanda temeraria del actor, en cuyo caso ha de hacerse acreedor el demandante a la condena en costas (art. 396.1) e incluso a una multa por infracción de la "buena fe procesal" (art. 247). Siendo la causa de dicha oposición exclusivamente material, la norma no permite una oposición basada solamente en excepciones procesales, cuya estimación conduciría a idéntico resultado: la emisión de una resolución absolutoria en la instancia.

Formales

La comparecencia previa está presidida por los principios de oralidad, inmediación, publicidad y preclusión elástica. La vigencia de este último principio significa que, si bien las funciones de la audiencia previa han de asumirse, en principio, de conformidad con un programa cronológico (conciliación intraprocesal, examen ordenado de los presupuestos y excepciones, fijación del objeto y segunda conciliación, y finalmente la decisión sobre la prueba) esta sucesión temporal no es rígida y así, por ejemplo, puede suceder que la potestad del juez de exhortar a las partes a un acuerdo se pueda y deba realizar al principio y no al término de la audiencia, tal y como parece disponer el art. 428.2.

A lo largo de la lectura de los arts. 414-430 no se encuentra precepto alguno que contemple la intervención del Secretario y la exigencia de levantar la pertinente acta.

Así, hay que estar a lo dispuesto en las normas comunes sobre la intervención del fedatario público, contenidas en los arts. 145-148, de cuyo régimen cabe destacar una actividad limitada, como consecuencia de la exigencia de grabación en vídeo de la comparecencia previa.

El art. 147.1, dispone "las actuaciones orales en vistas y comparecencias se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen". Tratándose la audiencia preliminar de una comparecencia, habrá de ser grabada en el correspondiente soporte magnético, y la intervención del Secretario "se limitará a consignar junto con los datos relativos al tiempo y lugar, las peticiones y propuestas de las partes y las resoluciones que adopte el tribunal, así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquél soporte" (art. 146.2).

La conciliación intraprocesal

Desde la reforma parcial a la LEC del año 1984 la conciliación ha pasado de ser preprocesal a "intraprocesal", pues permanece vigente su finalidad esencial, cual es la de evitar juicios innecesarios. Pero, para cumplir adecuadamente esta función es necesario que las partes descubran, mediante la interposición de la demanda y correlativa presentación de su contestación, sus armas procesales y que el Juez pueda tomar conocimiento exhaustivo del litigio. Por esta razón, la conciliación permanece en nuestro ordenamiento como intraprocesal, habiéndose de practicar en la comparecencia previa, al inicio y al final de la misma.

La primera conciliación intraprocesal

Una vez comparecidas las partes el art. 415.1, dispone que "el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas". Para ello, el juez concederá la palabra a las partes y les preguntará "si han llegado a algún acuerdo" o se muestran "dispuestas a concluirlo de inmediato", en cuyo caso "podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado".

La autocomposición voluntaria. Los actos de disposición

La LEC contempla dos conciliaciones intraprocesales, al inicio y al término de la comparecencia previa. La primera, regulada por el art. 415, es preceptiva, pero desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, posee un marcado carácter pasivo, por cuanto es el juez quien ha de preguntar a las partes acerca de la existencia o no de un acuerdo entre ellas. La segunda, ubicada al término de la comparecencia previa y regulada por el art. 428.2, posee un carácter potestativo (el tribunal es dueño de suscitarla o no), pero, si el juez decide practicarla, es más activa, en la medida en que debe el juez "exhortar" a las partes a la obtención del acuerdo.

El art. 415.1 dispone que, una vez abierta la comparecencia, su primer acto ha de consistir en comprobar si las partes han podido finalizar el litigio por alguno de los medios de finalización del procedimiento previstos en los arts. 19-22 y no tan solo por los contemplados en el art. 414 (la transacción y el desistimiento).

Para ello, debe el juez, en primer lugar, preguntar si existe dicho acuerdo. Si la respuesta fuere positiva examinará sus presupuestos (capacidad de las partes, representación y objeto disponible) y homologará dicho acuerdo con los efectos previstos en el art. 415.2.

Dicho acuerdo, en forma de transacción judicial, no excluye que las partes hayan podido finalizar el procedimiento a través de otro medio de disposición del proceso (como la renuncia o el allanamiento). El art 415.1 sólo contempla la transacción y el desistimiento. Puede ocurrir que el actor renuncie a la demanda o el demandado se allane a la pretensión en tal caso debe el juez examinar también los requisitos que condicionan la validez de tales actos, cuales son que, sean personales, claros, concluyentes e inequívocos, expresos, conscientes y previsibles y efectuados sin condicionamiento alguno, han de recaer sobre materias disponibles y no pueden efectuarse en fraude de Ley. En tales supuestos, lo procedente es homologar tales actos de disposición mediante la emisión de una sentencia de fondo que ha de poner fin al proceso.

Pero puede el actor desistir del procedimiento, como prevé el art. 415.1. En tal caso, habrá el juez de dar traslado de dicho escrito de desistimiento al demandado para que manifieste su conformidad u oposición, tal y como prevé el art. 20.2 y 3. Si el tribunal estimara el desistimiento dictará un auto de sobreseimiento que no gozará de efectos materiales de cosa juzgada.

La autocomposición provocada

Podría suceder que las partes, aun no habiendo obtenido ningún acuerdo, comuniquen al juez que se encuentran en negociaciones que permitan inferir su inminente adopción. En tal supuesto, contemplado incidentalmente en el art. 415.1 y 3 ("...se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato..."), puede el juez sugerir oralmente a las partes que insten la suspensión de la comparecencia previa o admitir directamente esta solicitud "apud acta" para que concluyan tales negociaciones amistosas en el plazo máximo de 60 días (art. 19.4).

También puede acontecer que, aun no existiendo voluntad de las partes para obtener un acuerdo, de la lectura de las alegaciones de las partes, escritas u orales en dicha comparecencia, haya el Juez de inferir la conclusión de que el conflicto tiene fácil solución mediante la pública reflexión de determinados extremos de las alegaciones de las partes, de las que, siendo las partes conscientes de su fundamento, pueden llegar a efectuar concesiones en orden a la obtención del acuerdo. En tal caso, debe el juez, con toda la prudencia y cuidado posible a fin de no perder su imparcialidad, manifestar a las partes tales reflexiones, pero sin sugerir soluciones, pues la actividad del juez no es la del "mediador", sino la del conciliador, y el art. 415, no autoriza al juez a ejercer un papel más activo.

Efectos

El art. 415.2 tan sólo contempla la posibilidad de que las partes alcancen una transacción judicial, en cuyo caso nos encontraremos ante un título de ejecución. Pero la comparecencia previa puede finalizar por cualquiera de los medios previstos en los arts. 19 y siguientes (renuncia, desistimiento, allanamiento, pérdida de objeto, etc).

Si no existiera acuerdo, ni posibilidad racional de alcanzarlo, el art. 415.3 dispone que "la audiencia continuará según lo previsto en los artículos siguientes", que contemplan el examen de los presupuestos y excepciones procesales.

La segunda conciliación intraprocesal

La segunda y última conciliación o intento de conciliación procesal sucede al término de la audiencia previa, una vez se ha depurado al proceso de los obstáculos procesales, se han complementado las alegaciones de las partes y fijado el objeto procesal.