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El juicio ejecutivo

Concepto y naturaleza

El juicio ejecutivo es un proceso declarativo, especial y sumario, que tiende a la formación rápida de un título puro de ejecución con base en la presentación de una serie de documentos que, por la forma de su producción, tienen un carácter privilegiado al estar revestidos de las solemnidades y formalidades que, "prima facie", hacen pensar en la existencia de una obligación válida y perfecta.

La LEC presenta una regulación unitaria que abre las puertas del proceso ejecutivo, no sólo a lo que pudiéramos llamar títulos ejecutivos "strictu sensu", que vienen precedidos de un proceso declarativo en donde las partes, en igualdad de armas, dispusieron de amplias facultades para hacer valer libremente sus respectivas pretensiones y defensas, sino también a otra serie de documentos diferentes que, aun cuando dotados de una fehaciencia privilegiada, no han sido objeto de enjuiciamiento en un previo proceso declarativo y que, por tanto, pudieran perfectamente resultar controvertidos.

Resulta jurídicamente imposible someter a un mismo tratamiento procesal las obligaciones contenidas en documentos tales como una sentencia firma de condena y un título al portador, lo que ha obligado al legislador a establecer notables diferencias procedimentales especialmente relevantes en lo que a las causas de oposición alegables se refiere, que desnaturalizan el proceso de ejecución hasta convertirlo en una especie de proceso declarativo sumario.

Documentos considerados como títulos ejecutivos

El art. 517.2 relaciona con el carácter de "numerus clausus" el elenco de títulos que, por su carácter fehaciente, pueden ser tutelados a través del "juicio ejecutivo":

  • Las escrituras públicas, con tal que sea primera copia; o si es segunda que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de las personas a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes.

  • Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos.

  • Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios.

  • Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores, siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria, conforme a la legislación vigente.

  • Auto de cuantía máxima.

  • Las demás resoluciones procesales y documentos que, por disposición de esta u otra Ley, lleven aparejada ejecución.