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Omisión del deber de socorro

Consideraciones generales sobre el deber de socorro

El Derecho penal exige a todos el deber de auxiliar a cualquier persona que se encuentre en peligro del que por sí mismo no puede salir.

Respecto al bien jurídico protegido no es pacífica la postura de la doctrina ni de la jurisprudencia, pues no es único, aunque se mantiene que la base es la solidaridad humana, que es el deber que todos tenemos de colaborar con los demás y ayudarles dentro de las posibilidades de cada uno, a evitar ciertos resultados que pueden producirse ante una situación de riesgo grave. Algún autor reduce esa solidaridad a los supuestos en los que sea la vida o integridad física de las personas lo que está en peligro.

La diferencia entre ambos preceptos está en que en el art. 195 CP se castiga el no impedir la producción de un resultado seguro o muy probable y que la persona que lo va a sufrir (o tiene riesgo inminente de sufrir) no puede valerse por sí misma para evitarlo. Por el contrario, en el art. 450 CP lo que se castiga es no evitar la comisión de un delito, pudiendo hacerlo sin riesgo propio o ajeno.

El bien jurídico protegido por tanto, abarca además de la vida o la integridad física, otros bienes eminentemente personales, como la libertad sexual, etc.

Sujetos activo y pasivo pueden ser cualquiera.

Omisión de socorro personal

El tipo básico de este delito se recoge en el art. 195.1 CP donde se castiga “al que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros”.

Pena: Multa de tres a doce meses.

Consiste la acción en no prestar socorro a otra persona que se halle en peligro manifiesto y grave, siempre que el auxilio se pueda prestar sin riesgo propio o de terceros, pues en tal caso cesa la obligación. Socorrer equivale a ayudar. La ayuda que se presta ha de perseguir evitar el riesgo, por lo que ha de tener cierta eficacia. Por persona desamparada hay que entender la que se encuentra abandonada a su suerte en una situación que ella no puede resolver al carecer de recursos, por lo que necesita ayuda de terceros. Peligro es el riesgo probable de que se produzca un resultado que perjudique la vida, integridad, salud física o mental, libertad, libertad sexual y honor. Ha de tratarse de un peligro concreto que puede percibirse por signos externos. Manifiesto equivale a patente y claro; no a una posibilidad más o menos remota. El peligro será grave cuando sea de notable entidad o importancia en relación con el resultado que pueda producir. En cuanto a la referencia de que no se dé riesgo propio ni de terceros hay que entender que nadie está obligado a sacrificarse cuando ponga en peligro, por ejemplo, su propia integridad física o la de terceras personas. En todo caso el riesgo ha de ser de cierta entidad, pues si se trata de un peligro de escasa importancia no existe el deber de socorrer.

Estamos ante un delito de omisión. No es necesario que de la conducta pasiva del obligado a socorrer se derive un resultado lesivo para quien se encuentra en peligro.

Es necesario que el sujeto esté capacitado para prestar auxilio y que además, pueda prestarlo. No incurrirá en este delito quien presencia impasible el incendio de grandes proporciones de un edificio con personas dentro, pues no tiene capacidad ni medios suficientes para intervenir. Para que el sujeto esté obligado a prestar socorro ha de encontrarse con la situación, no es suficiente con que la conozca de forma más a menos directa. No se estará obligado a prestar socorro en un accidente de tráfico ocurrido a cierta distancia y que comenta un automovilista en una gasolinera. Otra cosa es que tenga el deber de intervenir cuando se conoce la noticia, como en este caso sería la Guardia Civil de tráfico. Solo caben las conductas dolosas, siendo suficiente el dolo eventual. El sujeto ha de ser consciente del peligro, desamparo y necesidad de auxilio.

Cabe error, vencible o no de la situación, en cuanto que el sujeto puede pensar que la misma no es grave. Al tratarse de un delito de carácter formal y de peligro, para la consumación no es necesario que se produzca resultado dañoso alguno. El delito quedará consumado en el momento en el que no se presta el socorro debido, y el sujeto obligado puede prestarlo.

Supuestos agravados

Situación de riesgo creada por accidente fortuito

Se castigan en el art. 195.3 CP los supuestos en los que la situación de desamparo y peligro manifiesto y grave se produce “si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio”.

Pena: Prisión de 6 a 18 meses.

Por fortuito hay que entender lo imprevisible. El peligro se produce sin dolo ni culpa en el accidente, la situación creada no le puede ser imputada desde el punto de vista penal. Son los supuestos en los que aparece un elemento extraño en el plano de la causalidad no imputable al que ocasionó el accidente.

Situación de riesgo creada por imprudencia

Se castigan en el art. 195.3 CP los supuestos en los que no se socorriere, por quien ha provocado la situación (un accidente por imprudencia) a la persona que se hallare desamparada y en peligro manifiesto y grave.

Pena: Prisión de seis meses a cuatro años.

La situación de peligro tiene que haberse ocasionado en accidente por imprudencia, con lo que se excluyen los supuestos de accidente doloso. El tipo de imprudencia puede ser grave o leve, pues el Código no distingue. De todos modos por cualquier tipo de imprudencia se pueden ocasionar situaciones de peligro graves para las personas. Aunque los accidentes de mayor frecuencia son los de tráfico, también pueden darse en otros casos, siendo también importantes, por ejemplo, en la construcción. En los delitos dolosos, como puede ser atropellar a alguien con ánimo de ocasionarle la muerte, la ley no obliga al deber de socorro por parte del autor del atropello, que responderá por tentativa de homicidio si no llega a morir. Si presta socorro se beneficiará de la atenuante 5ª del art. 21 CP.

Omisión de petición de auxilio

Se castiga en el art. 195.2 CP al “que, impedido de prestar socorro, no demanda con urgencia auxilio ajeno”.

Pena: Multa de tres a doce meses.

El sujeto que omite la petición de auxilio de socorro a tercero ha de estar impedido para prestarlo por sí mismo, no importando cuál sea la razón: falta de fuerzas, de conocimientos, magnitud de los acontecimientos, etc. La urgencia de la petición de auxilio a tercero ha de estar en función de las posibilidades de quien imposibilitado de prestarlo tiene el deber de pedir auxilio a otro. Si es posible la ayuda, hay que prestarla de forma inmediata. Comunicada la situación a la persona que queda obligada a prestar el auxilio, el sujeto quedará exento de toda responsabilidad si aquella no prestare el auxilio debido. No obstante, si requerida una persona para prestar el auxilio abiertamente dice que se niega, el primer obligado debe recurrir a otros, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el que se negó a prestarlo al haber sido requerido.

Denegación y abandono de asistencia sanitaria

Castiga el art. 196 CP al “profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas”.

Pena: Mitad superior de las previstas en el art. 195 CP e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años.

Se prevén dos supuestos:

  • Denegación de asistencia sanitaria, y

  • abandono de los servicios sanitarios, antes de que ingrese el enfermo, pues si el abandono se produce después, estaríamos ante la denegación de asistencia.

En ambos casos ha de derivarse riesgo grave para la salud de las personas.

Sujeto activo sólo puede ser el personal sanitario, de ahí que se trate de un delito especial.

Sujeto pasivo cualquier persona.

Por personal sanitario habrá que entender en este caso al profesional que con su denegación de asistencia pueda poner en riesgo grave la salud de las personas, por tanto cabe incluir, en principio, a médicos y profesionales de enfermería.

La acción consistirá bien en denegar la asistencia por el profesional sanitario que está obligado a ella, o por abandono de los servicios sanitarios, siempre que en ambos casos se derive riesgo grave para la salud de las personas.

Se trata de un delito de peligro concreto. Estamos ante un delito doloso, pues el personal sanitario, consciente de ello, deniega la asistencia o abandona el servicio, pese a conocer la situación de riesgo grave que ocasiona. Es suficiente el dolo eventual.

Cabe el error vencible o no. Aunque el texto legal solo hace referencia a los profesionales de la sanidad, sin embargo, la denegación de asistencia puede presentarse en otras profesiones, en situaciones similares, aunque en estos casos la conducta encajaría en el art. 195 CP, como podría ser el conductor de una ambulancia.

Si como consecuencia de la negativa a prestar asistencia sanitaria falleciera el necesitado de ella, el médico respondería por un homicidio en comisión por omisión, su posición de garante le obligaba a intervenir. La situación de que se pueda originar un riesgo grave ha de ser previsible.

Es posible la concurrencia del estado de necesidad ante situaciones en las que son varias las personas que precisan auxilio, y siendo insuficiente el número de médicos, sólo pueden atender a parte de ellas. La consumación del delito se produce en el momento en que se crea la situación de riesgo grave para la persona necesitada de ayuda, sea por la negativa del personal sanitario a intervenir o por abandono de los servicios sanitarios.

Concurso

En el supuesto de concurso entre la omisión de socorro del art. 195 CP y la específica del profesional sanitario, es de aplicación preferente el art. 196 CP por el principio de especialidad. Cuando el concurso se plantee con respecto al párrafo segundo del art. 409 CP la situación se resolverá por el precepto penal más grave. (regla 4º del art. 8 CP).