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Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente

Delitos sobre la ordenación del territorio

Aspecto objetivo

El art. 47 de la CE reconoce y garantiza el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada e impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Los art. 319 y 320 CP tipifican cuatro figuras delictivas basados en este precepto:

1. Conductas de construcción o edificación ilícitas, que se tipifican en el art. 319 para sancionar los comportamientos más graves que pueden realizar, contra las normas de la ordenación del territorio, los promotores, constructores o técnicos directores de obras. A tal fin se configuran dos infracciones:

a) El delito de construcción no autorizada en suelos o lugares reservados o protegidos.

Art. 319. Es un delito especial y de resultado, destinado a garantizar la indemnidad edificatoria de determinados suelos y lugares especialmente protegidos. Es especial porque sólo pueden responder de la conducta típica a título de autor ejecutivo, quienes ocupen una de las tres posiciones que de manera alternativa, se determina en el texto: Promotor, responsable empresarial del proyecto constructivo y garante de su financiación económica. Constructor, responsable material de la ejecución de las obras. Director técnico, profesional responsable de la planificación y desarrollo técnico de la construcción. Es un delito de resultado porque las conductas típicas que puede realizar cada uno de los posibles sujetos activos del delito sólo son punibles en la medida que coadyuvan (cooperen) a la producción de una determinada alteración de la realidad: la construcción de un inmueble en un determinado suelo o lugar, que el CP delimita taxativamente. Se protegen los suelos que en los instrumentos de planeamiento urbanísticos vigente en el municipio de que se trate, No basta la constatación de todas estas realidades para que pueda aplicarse el tipo.

Para ello es preciso acreditar que la construcción carece de autorización administrativa precisa. Es atípica la conducta del promotor, constructor o técnico director que realice la conducta objetiva descrita en el art. 319, pero contando con una autorización administrativa habilitante para ello, aunque ésta pueda ser ilegal.

b) El delito de edificación no autorizable en suelo no urbanizable, que se tipifica en el 319.2. Se trata de un delito especial, sólo pueden ser autor ejecutivo los tres del apartado anterior y de resultado, la conducta típica ha de materializarse en la construcción de una edificación, con el que el legislador pretende garantizar la indemnidad edificatoria de los suelos no urbanizables. A diferencia de la conducta anterior, no se adjetiviza como no autorizada, sino no autorizable, lo que supone que no se cumple el tipo previsto en el 319.2 si la obra se realiza sin licencia y después de edificada la construcción recae la autorización administrativa y la construcción queda legalizada. Se diferencia entre la obra no autorizada y no autorizable. La falta de autorización administrativa para la realización de una construcción es una mera constatación de un hecho, que posibilita la aplicación de la sanción penal con independencia del devenir administrativo posterior es una valoración de orden jurídico. Se ha de resolver con anterioridad al proceso penal, el proceso administrativo, que determina si la obra es autorizada o no.

2. Conductas de prevaricación específica, con las que se reprocha la conducta de las autoridades o funcionarios que coadyuven a la lesión del bien jurídico protegido. Tipificada en el 320:

a) El delito de emitir informe favorable a proyectos de edificación o a la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas, que se establece en el primer párrafo de este precepto. Es un delito especial, sólo lo pueden cometer en condición de autor ejecutivo, aquellas personas en quienes concurran la condición de autoridad o funcionario público. De mera actividad, pues para su consumación sólo se exige la emisión del informe favorable a los actos ilegales, sin tener en cuenta el resultado que se pueda dar. La conducta típica requiere un acto positivo, a través del que el sujeto activo se pronuncia. El CP se refiere tanto a la ilegalidad objetiva del proyecto o licencia, como a la arbitrariedad que supondría su aprobación o concesión.

Pueden referirse a cualquier tipo de licencia que implique vulneración de las normas urbanísticas y no sólo a las licencias de edificación, ya que si el legislador hubiera querido conectar el art. 319 y 320 lo habría hecho.

b) Delito de resolver o votar a favor de la concesión de ese proyecto o licencia de construcción contraria a las normas urbanísticas, que se sanciona en el art. 320.2.

Esta infracción es también especial y de mera actividad, con el que se reprocha la concesión de la licencia contraria a las normas urbanísticas vigentes.

Modalidades típicas de estos delitos

Ninguno de los delitos regulados en este apartado presenta forma leva, sancionable como falta.

Aspecto subjetivo

Los delitos sobre la ordenación del territorio se sanciona sólo en su modalidad dolosa, siendo imposible la punición de la forma imprudente pro la inexistencia de un tipo específico que así lo prevea. Los tipos del art. 32º, prevén una limitación de las conductas típicas a las doloso directas, ya que se incorpora expresamente la exigencia de que los autores del hecho lo llevan a cabo a sabiendas de su injusticia.

Antijuridicidad y culpabilidad

Pueden aplicarse a estos delitos, siempre que se den sus propios requisitos, todas las eximente previstas en el art. 20. No obstante, en los supuestos del 319, es frecuente la alegación de existencia de error, por parte de los autores, en la calificación del suelo sobre el que se levante la edificación o que la construcción sea o no autorizable. Se trata de errores de tipo, hacen impune la conducta aunque sea vencible, ya que no hay conducta imprudente punible en este delito.

Autoría y participación

Los delitos sobre la ordenación del territorio son infracciones especiales propias. Los tipos establecidos en el art. 319, sólo pueden ser cometidos, como autor ejecutivo, por quienes ostenten la condición de promotores, constructores o técnicos directores de la construcción que sea objeto del ilícito. Los tipos de prevaricación del 320, sólo responden las autoridades o funcionarios públicos, en los términos del 24 cp.

Formas de ejecución

Los delitos de construcción ilegal del art. 319, son infracciones de resultado, en cuyo inter criminis cabe distinguir la tentativa inacabada, la acabada y la consumación.

Los delitos de prevaricación son infracciones de mera actividad, que admiten como formas punibles la tentativa inacabada (es infrecuente) y la consumación.

Ninguno de ellos están tipificadas las fases de proposición, provocación y conspiración, que deben entenderse como actos preparatorios impunes.

Circunstancias modificativas

En estos delitos pueden aplicarse todas las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el CP, excepto la agravante de alevosía, que es propia y exclusiva, por designación del legislador, de los delitos contra las personas. En caso del 320, además, son inaplicables la agravantes de abuso de superioridad y prevalimiento de carácter público, si tales situaciones derivan del ejercicio del cargo que determina la posibilidad de comisión del delito, lo impide el principio non bis in idem.

El art. 340 establece además una atenuante privilegiada, pues dispone que si el culpable de cualquiera de los hechos tipitificados hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los jueces le impondrán la pena inferior en grado a las penas previstas.

Penas y concursos

Los delitos de construcción no autorizada en suelos o lugares reservados o protegidos, establecidos en el art. 319.1, se sancionan con la pena, cumulativa, de prisión de 6 meses a 3 años, multa de doce a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por 6 meses a 3 años. Cuando las conductas afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado.

Concursos

Los tipos de prevaricación específica del 320, entran en concurso de leyes con el delito de prevaricación genérica, se resuelve a favor de la específica, por aplicación del principio de especialidad.

En lo que respecta a la RC derivada de estos delitos, debe destacarse que el 319.2 prevé que cualquiera de los casos de construcción tipificados en el 319.1 y 2, los jueces motivadamente, podrán ordenar a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

Delitos sobre el patrimonio histórico

Aspecto objetivo

El art. 46 de la CE establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Se tipifican cuatro delitos y una falta:

1. El delito de derribo o alteración grave de edificios especialmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental, art. 321, como delito común, no se exige que el autor ejecutivo ocupe o desempeñe ninguna posición o función especial. De resultado, que en este caso es el derribo o alteración grave del edificio. Lo que no se exige es que el resultado del daño genere un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo.

La conducta típica no está especificada en el tipo, igual que ocurre en los delitos genéricos de daños, cualquier acto de agresión al inmueble protegido, que produzca el resultado típico, pudiendo consistir por ejemplo, en la utilización de maquinaria en un derribo. Lo relevante es que mediante cualquier conducta de eficacia destructiva, se produzca el daño.

La utilización de un concepto jurídico indeterminado, como la alteración grave del edificio, la gravedad deberá determinarse caso por caso.

2. Los delitos de prevaricación específica que puedan cometer las autoridades o funcionarios públicos que posibiliten el derribo o la alteración grave del edificio protegido, distingue dos comportamiento:

a) Informar favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios protegidos a sabiendas de su injusticia. Este infracción es especial y de mera actividad y su conducta típica es la de efectuar, el técnico un informe favorable a la aprobación del un proyecto de derribo o alteración que debe haber sido calificado como protegido, constando tanto la improcedencia jurídica del informe, como la arbitrariedad del acto administrativo que normalmente debería provocar.

b) Resolver o votar a favor de la concesión, aprobando el proyecto. Este delito es especial y de mera actividad.

Por otro es incongruente que se castigue un delito especial con menor pena que el general, como ocurre en este caso.

c) El delito de daño en determinados bienes relevantes por su valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, 323 CP. Es realmente un delito de daños agravados, por razón de la relevancia de su objeto. Es un delito común y de resultado, en la que la conducta típica es indeterminada, englobando todos aquellos comportamientos que provocan el resultado típico: la destrucción, inutilización, alteración, deterioro o perjuicio del bien de que se trate. Los inmuebles protegidos son fácilmente identificables por su denominación o destino notorio, pero los problemas surgen a la hora de determinar qué significa el valor que justifica la protección de los bienes. Se estima que no es preciso que exista una declaración administrativa formal por la que se reconozca un especial status a tales bienes, bastando que tenga signos externos que permitan reconocer sus relevancia.

3. La modalidad imprudente de este delito de daños, se establece en el 324, en términos idénticos a los establecidos en el 323, excepto en la determinación del ámbito subjetivo, al estar configurada en este caso la imprudencia grave. La determinación cuantitativa mínima de 400 euros para la aplicación del tipo responde de ultima ratio e intervención mínima del ordenamiento penal. Los daños imprudente por debajo de los 400 euros resultan impunes penalmente, sin perjuicio de la RC que pueda exigirse a través de la vía civil, demanda de responsabilidad extracontractual.

4. El 625, establece una falta que distorsiona la aplicabilidad del sistema. Se castiga en el 323, con la mitad superior de la pena, la causación de daños cuyo importe no exceda de 400 euros, en los lugares o bienes a que se refiere el art. 323. Se obliga a interpretar, en contra de la voluntad del legislador, que el 323 sólo se aplica cuando el importe de los daños excede de 400 euros, del mismo modo que el 324. Cuando el importe de los daos no alcance esa cuantía, se aplica el 625, si el hecho se comete en forma dolosa o queda impune, si se realiza por imprudencia.

Aspecto subjetivo

Los delitos contra el patrimonio histórico ofrecen todas las modalidades posibles de incriminación subjetiva. Los delitos del 323 sólo pueden cometerse con dolo directo, ya que la exigencia de un elemento subjetivo del injusto, actuar a sabiendas, excluye la incriminación de los comportamientos dolosos-eventuales. Los delitos del 321 y 323 abarcan la comisión de los hechos con todas las formas de dolo, aunque excluyen la imprudencia. El 324 establece específicamente un delito de daños por imprudencia grave.

Antijuridicidad y culpabilidad

Pueden aplicarse a estos delitos, siempre que se den sus propios requisitos, todas las eximentes previstas en el art. 20. No obstante, en los supuestos tipificados en el art. 321 y 323, se puede plantear la existencia de errores, por parte de los autores, sobre el carácter protegido de los inmuebles o el valor histórico. Se trataría de errores de tipo, aunque con diversa trascendencia: En el 321 convertía la conducta en impune, aunque el error fuese vencible y en el caso del 323, sería impune la conducta si el error fuera invencible, pero se castigaría conforme el 324, si fuera vencible.

Formas de ejecución

Los delitos del 321, 323 y 324 son infracciones del resultado, en cuyo iter criminis cabe distinguir la tentativa inacabada, la acabada y la consumación. Los delitos específico de prevaricación del 323, son infracciones de mera actividad, que admiten como formas punibles la tentativa inacabada y la consumación.

No se penaliza la provocación, proposición y conspiración, que debe entenderse como conductas impunes, actos preparatorios impunes.

Circunstancias modificativas

Pueden aplicarse todas las circunstancias agravantes y atenuantes previstas en el cp, art. 20 y siguiente, excepto la de alevosía, que es propia de los delitos contra las personas, por decisión del legislador. En los casos del 322, además, son inaplicables las agravantes de abuso de superioridad y prevalimiento de carácter público, si tales situaciones derivan del ejercicio del cargo que determina la posibilidad de comisión del delito, pues lo impide el principio nom bis in idem.

El 340 establece además una atenuante privilegiada, en la que se dispone que si el culpable hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces le impondrán la pena inferior en grado a las previstas.

Pena y concursos

El delito de derribo o alteración grave de edificios singularmente protegidos, 321, se sanciona con la pena cumulativa de prisión 6 meses a 3 años, multa de doce a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 5 años. Para el delito de daños causado por imprudencia grave, del 324, se contempla una sanción consecuentemente más liviana, multa de 3 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 7 a 10 años. Si afectan a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado.

Concurso

Los tipos de prevaricación específica del 322 entra en concurso de leyes con el delito de prevaricación genérica del 404, se resuelve a favor del primero, en aplicación del principio de especialidad.

La RC derivada de estos delitos deben destacarse:

  • La contenida en el segundo párrafo del 321, delito de derribo o alteración grave de edificios singularmente protegido, dispone que los jueces motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones a terceros de buena fe.

  • La establecida en el 323.2 y aplicable a los delitos dolosos de daños, dispone que los jueces podrán ordenar, a cargo del autor, la adopción de medidas encaminadas a restaurar el bien dañado.

  • La prevista con carácter general en el 329, los jueces, motivadamente, podrán ordenar la adopción, a cargo del autor, de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado.

Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

Aspecto objetivo

El art. 45 de la CE contiene referencia del medio ambiente y los recursos naturales, como bienes merecedores de protección jurídica y específicamente de tutela penal. El Cp tipifica los delitos contra los Rec. Na y el Medio amb., 6 infracciones dolosas y 6 imprudentes.

1. Un delito medio ambiental básico, de amplísimo contenido, todas las conductas han de contravenir las Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, se tipifica en el art. 325.1. Se trata de un delito común y de resultado de peligro, que se consuma, por la creación del riesgo mediante la realización de alguna de las actuaciones, sin que sea necesaria para que tenga lugar la consumación la producción de un perjuicio determinado y específico, pues si se lesiona el medio ambiente se castigará por separado. Es un delito construido con la técnica de la norma penal en blanco, para su aplicación es necesario constatar la confluencia de tres hechos:

a) Que se dé, como punto de partida, una de las diversas conductas que se describen en el precepto, que pueden realizarse sobre la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, las marítimas o las subterráneas, con independencia de que se encuentren en territorio nacional o en espacios transfronterizos. Las conductas se pueden hacer por acción o comisión por omisión.

b) Que la conducta sea contraria a las Leyes u otras disposiciones de carácter general del medio ambiente. No especifica qué norma hay que seguir, hay que indagar para saber qué normativa administrativa se puede incumplir. No es una técnica respetuosa con los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Este requisito no puede confundirse con la existencia de una autorización administrativa singular. La conducta típica en cuanto contraviene la normativa general de protección del medio ambiente, en los términos del 325, pero la existencia de una autorización administrativa singular puede provocar la existencia de un error de prohibición que, de cumplirse sus propios requisitos, genera la impunidad de la conducta o la aminoración de la sanción.

c) Que aquellas conductas sean susceptibles de perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas.

2. Un delito que sanciona, de manera específica, las conductas dolosas de liberar, emitir o introducir radiaciones ionizantes y otras sustancias en el aire, tierra, aguas marítimas, continentales, superficiales o subterráneas, en cantidad que produzcan en alguna persona la muerte o enfermedad que además de una primera asistencia facultativa, requiera tratamiento médico o quirúrgico o produzca secuelas irreversibles.

3. Un delito que sanciona específicamente el establecimiento de depósitos o vertederos que pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas, que se establece en el 328. Es un delito común y de resultado de peligro, con el que se protegen tanto los sistemas naturales como la salud de las personas. Plantea múltiples problemas interpretativo, La interpretación más sugerente sobre su contenido y significado la ofrece Muñoz Lorente, para quien el 328 no se tipifican conductas de efectiva realización de vertidos o de depósito material de sustancias tóxicas o peligrosas, sino única y exclusivamente la construcción de esos depósitos. Lo que sanciona el tipo no es el vertido o depósito de material de las sustancias en un concreto espacio físico, sino la mera construcción de ese espacio físico destinada a la realización de vertidos o depósitos de sustancias tóxicas o peligrosas.

4. Dos delitos de prevaricación específica, con los que el legislador reprocha la conducta de las autoridades o funcionarios que coadyuvan (cooperen) a la lesión de los bienes jurídicos protegidos. El 329 los tipificas:

a) El delito de informar favorablemente la concesión de licencias ilegales o silenciar la infracción de leyes o disposiciones, respecto de industrias o actividades contaminantes. Es un delito especial y de mera actividad u omisión propia, y su conducta típica dual: o efectuar, el técnico un informe favorable a la concesión de una licencia manifiestamente ilegal que autorice el funcionamiento de una industria o actividad contaminante o la arbitrariedad del acto administrativo que normalmente deberá provocar o silenciar, de manera voluntaria las ilegalidades observadas.

b) Y el delito de resolver, si el órgano competente para ello es unipersonal, o votar si es colegiado, de la concesión de las licencias manifiestamente ilegales. Es también un delito especial y de mera actividad.

5. Un delito destinado al castigo de los daños graves en elementos esenciales de un espacio natural protegido, infracción que se establece en el 330, tipificándose, como en el 323, un delito de año agravado por razón de la relevancia o significación de su objeto. Es un delito común y de resultado, en el que la conducta típica aparece indeterminada, porque es plural y abierta, englobando todos los comportamientos que provocan el resultado típico: la destrucción, inutilización, alteración, deterioro, desfiguración, degradación o perjuicio del elemento de que se trate.

6. Seis delitos imprudentes, sancionados de manera unitaria en el 331, se establece una modalidad de comisión por imprudencia grave para cada una de las 6 infracciones delictivas dolosas establecidas en el 325, 328, 329 y 330. Debe tenerse en cuenta que esta previsión de modalidades imprudentes amplía el ámbito de punibilidad de las conductas relativas al medio ambiente. Ejemplo, el TS condena a una persona que encomendó a otra que dejara ocho bidones con productos tóxicos en un vertedero, dejándoles este último, seis en la vía pública y dos en un descampado. El TS fundamentó la condena de quien dio las órdenes en que el acusado, al encomendar a otra persona que dejara los bidones en un vertedero, lo hizo sin consultar la forma adecuada de deshacerse de ellos, haciendo el encargo a una persona no merecedora de confianza y sin cerciorarse de que sus órdenes habían sido cumplidas adecuadamente.

Modalidades típicas

El delito medioambiental básico del 325, presenta seis subtipos agravados, que se aplican cuando concurren alguna de las siguientes circunstancias, del 326:

  • Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.

  • Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el art. anterior.

  • Que se haya falseado y ocultado información sobre aspectos ambientales de la misma. No basta el falseamiento o ocultación de cualquier información sobre aspectos medioambientales, ya que en la medida en que esta agravación debe vincularse a la comisión de un hecho contaminante concreto, la información que justifica la agravación debe limitarse a aquella que, de haber sido previamente conocida por la Administración, hubiera provocado la evitación de esa específica infracción.

  • Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. No debe advertirse este subtipo quedar integrado por la falta de reconocimiento a la Administración de la realidad de los hechos punibles, ni por la omisión de entrega de los documentos que acrediten su realización, ya que lesionaría el derecho constitucional a no declarar contra uno mismo, reconocido en l 17.3. y 24.2 CE.

  • Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.

  • Que se produzca una extracción ilegal de aguas en periodo de restricciones.

Ninguno de los delitos previstos contra los recursos naturales y el medio ambiente presenta forma leve, sancionable como falta.

Aspecto subjetivo

Igual que en los delitos contra el patrimonio histórico, en este tipo de delitos se ofrecen todas las modalidades de incriminación subjetiva. Los tipos de prevaricación específica del 329 sólo pueden cometerse por dolo directo, ya que la exigencia de un elemento subjetivo del injusto característico, actuar a sabiendas..., excluye la incriminación de los comportamientos dolosos-eventual. Los delitos del 325, 328 y 330 prevén la comisión de los hechos con todas las formas de dolo, aunque excluyen la imprudencia. Y el 331 establece específicamente la incriminación a título de imprudencia grave.

Antijuridicidad y culpabilidad

Pueden aplicarse a estos delitos, siempre que se den sus propios requisitos, todas la eximentes previstas en el art. 20. No obstante, en los supuestos tipificados en el 325 y 330 se puede plantear la existencia de errores, por parte de los autores, sobre el contenido de la legislación aplicable a la materia o respecto a la relevancia de un determinado elemento para la calificación de un espacio protegido. Se trataría en ambos casos de errores de tipo, que provocarían la impunidad de la conducta si el error fuera invencible y la sanción como imprudente si fuera vencible.

Autoría y participación

Los delitos previstos en el 325, 328 y 330, son delitos comunes, que puede cometer cualquier persona. Los tipos de prevaricación específica del 329, son infracciones especiales propias, que sólo pueden ser cometidas, como autor ejecutivo, por las autoridades o funcionarios públicos.

Es relevante destacar que en esta categoría de delitos aparece con frecuencia la condena del autor mediato. El TS condena a un profesional que, a sabiendas de que para ello se necesitaba autorización administrativa, ordena a un empleado el vertido de sustancias contaminantes procedentes dela fosa séptica de un restaurante en un lugar que desembocaba directamente a una ría, afectando a una zona de marisqueo.

Formas de ejecución

Loa delitos tipificados en el 325, 328 y 330 son infracciones de resultado, en cuyo inter criminis cabe distinguir la tentativa inacabada, la acabada y la consumación. Los delitos específicos de prevaricación del 329, son infracciones de mera actividad, que admiten como formas punibles la tentativa inacabada, aunque infrecuente y la consumación. En ninguno de estos delitos existe tipificación de las fases de provocación, proposición y conspiración, que debe entenderse como actos preparatorios impunes.

Circunstancias modificativas

En estos delitos pueden aplicarse todas las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en art. 20, excepto la agravante de alevosía, que es propia y exclusiva, por decisión del legislador, de los delitos contra las personas. Además son inaplicables en el 329, los agravantes de abuso de superioridad y prevalimiento de carácter público, si tales situaciones derivan del ejercicio que determina la posibilidad de comisión del delito, pues lo impide el principio non bis in idem.

El 340 establece una atenuante privilegiada, aplicable a todos los delitos del título, en la que dispone que si el culpable hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces le impondrán la pena inferior en grado.

Penas y concursos

El delito medioambiental básico del 325, se sanciona con la pena cumulativa de prisión de 6 meses a 4 años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años, excepto en el caso de que el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, que sería la pena de prisión en su mitad superior. El delito del 325.2 se castiga, además de con la pena que corresponda por el daño causado a las personas, con la prisión de 2 a 4 años. Si en cualquiera de los dos tipos delictivos concurre alguno de los subtipos agravados del 326, se impone la pena superior en grado.

El 327 dispone que en todos los casos previstos en los dos art. anteriores, el juez podrá acordar alguna de las medidas previstas en el 129, esto es medidas cautelares consistente en la clausura de la empresa, sus locales, con carácter temporal o definitivo, no pudiendo exceder la clausura temporal más de 5 años, e intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores, sin que exceda de 5 años.

Las penas de las restantes infracciones son de una gravedad semejante: El delito de daños a elementos esencial del espacio natural protegido, 330, se castiga con pena cumulativa de prisión y multa. Los delitos de prevaricación específica, 329, pena cumulativa de prisión o multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público. El delito de establecimiento de depósitos o vertederos de desechos o residuos tóxicos o peligrosos, 328, con pena cumulativa de prisión y multa. Los tipos imprudentes se sanciona con la pena inferior en grado.

El 338, establece que cuando las conductas afecten a algún espacio natural protegido se impondrán las penas superiores en grado. Deben excluirse el art. 33º, ya que su específico objeto es el espacio protegido y por el principio non bis in idem no se permite.

Concursos

Se plantean tres supuestos:

  1. Los de carácter real que debe efectuarse entre la conducta descrita en el 325 y la concreta pena que corresponda por el daño causado a las personas.

  2. También de carácter real que cabe entre los subtipos agravados del delito medioambiental básico, del 326 y los delitos concretos de desobediencia o falsedad.

  3. Concursos de leyes que se plantean entre los tipos de prevaricación específica del 329 y el delito de prevaricación general del 404.

La RC de estos delitos, debe destacarse el art. 339, de aplicación general para todo el título, prevé que los jueces motivadamente, podrán ordenar la adopción, a cargo del autor del hecho, de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como adoptar cualquier otra medida cautelar necesaria.

Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos

Aspecto objetivo

Con la misma finalidad y fundamento que la protección penal del medio ambiente, el CP estableció sanciones de esta naturaleza para la tutela de la flora y fauna, al menos de las conductas más graves. Tras la reforma de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, esta protección se extendido también a los animales domésticos. Se concreta en:

1. El causar daños, efectuar tráfico ilegal o destruir el hábitat de especies o subespecies de flora amenazada, con grave perjuicio para el medio ambiente, art. 332. Esta infracción acumula conductas de resultado y de mera actividad. Se reprochan todos los comportamientos que ponen en peligro la supervivencia de las especies o subespecies de la flora amenazada.

2. El introducir o liberar especies de flora o fauna no autóctona, tipificado en el 333. Esta infracción configura un delito común y de resultado de peligro, cuyo contenido específico de injusto se defiere, con la técnica de las normas penales en blanco, a las normas jurídicas de naturaleza administrativa. Para que exista delito es precisa la concurrencia de los tres elementos siguientes:

a) Una conducta activa de introducción o liberación de especies de flora o fauna no autóctona.

b) La ilegalidad objetiva del tal conducta

c) Su idoneidad para perjudicar el equilibrio biológico de la zona.

3. El de caza, pesca, comercio o tráfico de especies amenazadas o de realización de actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración, art. 314. El 334.2 prevé un subtipo agravado si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción, la pena se impondría en su mitad superior. Es un delito de resultado y de mera actividad. Se reprochan todos los comportamientos que pone en peligro de extinción a la fauna y flora. Entre estas conductas se incluye la mera tenencia para el tráfico de la especie.

La sentencia a la Audiencia Provincial de Jaén hizo una interpretación formalista, determinando que la mera inclusión formal en un catálogo administrativo no es suficiente para situar los hechos en ilícito penal, al no constar que se trata de especies efectiva y objetivamente amenazadas. En sentido contrario al AP de Sevilla, opina que si el legislador ha considerado, de modo expreso, especies amenazadas las incluidas en las categorías del catálogo y luego ha sancionado como delito la caza de tales especies, y si la administración, en cumplimiento de este mandato legal, ha incluido una especie determinada en cualquier anexo del catálogo teniendo en cuenta precisamente su nivel de amenazas, no cabe reducir arbitrariamente el alcance del término legal para hacerlo equivalente sólo a una o alguna de las cuatro categorías legales.

4. El cazar o pescar otras especies, distintas de las indicadas en el 334, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, 335.1. Es un delito común y de mera actividad.

5. El de llevar a cabo caza o pesca con veneno, explosivos y otros instrumentos o artes de similar eficacia destructivas, previstos en el 336. También prevé un subtipo agravado si el daño causado fuera de notoria importancia se impondrá la pena en su mitad superior.

En ambos casos se trato de delitos comunes y de resultado.

6. Maltratar con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos, causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave menoscabo físico. Art. 337.

Modalidades típicas

La LO 15/2003, ha introducido un subtipo especializado y dos agravados del delito de caza o pesca prohibida de especies no amenazadas. El 335 tipifica un nuevo comportamiento cuando la caza o pesca de esas especies se lleve a cabo en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial sin el debido permiso del titular. El subtipo agravado, 335.3, establece mayor pena si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético. El 335.4 prevé que se imponga la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas se realicen en grupo de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente.

Sólo dos de los delitos regulados en este capítulo presentan forma leve, sancionable como falta:

  1. El causar daños, efectuar tráfico ilegal o destruir el hábitat de especie o subespecies de flora amenazada, sin grave perjuicio para el medio ambiente. 632.1

  2. El maltrato de animales domésticos, que se tipifica como falta en el 632.2. cuando se realiza en espectáculos no autorizados legalmente, sin incurrir en los supuestos previstos en el 337.

Aspecto subjetivo

Los delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos se sancionan sólo en modalidad dolosa, siendo imposible la punición de la forma imprudente por la inexistencia de un tipo específico que así lo prevea, conforme al art. 12 cp.

Antijuridicidad y culpabilidad

Pueden aplicarse a estos delitos, siempre que se den sus propios requisitos, todas las eximentes previstas en el art. 20 del cp. No obstante, en los supuestos tipificados en 332 a 335 será muy frecuente el planteamiento de errores, por parte de los autores, sobre si la flora está o no amenazada, o sobre el contenido de las Leyes, se alega errores de tipo en estos supuestos por falta de conocimiento de que la concreta especie se encuentre en peligro de extinción. Se trataría en ambos casos de un error de tipo, que provocarían la impunidad de la conducta aunque el error fuera vencible, dada la inexistencia de tipos imprudentes que pudieran resultar de aplicación.

Autoría y participación

Estos delitos son comunes, pueden ser cometidos por cualquier persona. Se aplica el art. 27 y ss.

Formas de ejecución

Los delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos mezclan los tipos de actividad y resultado. En las de resultado cabe distinguir la tentativa inacabada, la acabada y la consumación. En las de mera actividad sólo cabe distinguir la tentativa inacabada, infrecuente, y la consumación. No existe tipificación de las fases de provocación, conspiración y proposición, por lo que se ha de entender como actos preparatorios impunes.

Circunstancias modificativas

En estos delitos pueden aplicarse todas las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el CP, excepto la agravante de la alevosía, que es propia y exclusiva, por decisión del legislador, de los delitos contra las personas. Además debe tenerse en cuenta el 340, establece una atenuante privilegiada, según la cual si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los jueces le impondrá la pena inferior en grado.

Penas y concursos

Las figuras básicas de todos los delitos relativos a protección, etc, con la excepción del 335 y 337, se sancionan con una misma pena alternativa, consistente en pena de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses, añadiendo en el 334, el tipo previsto la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por 2 a 4 años.

El delito previsto en el 335.2, se sanciona además con las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1, con la pena de multa de 4 a 8 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar.

El delito de maltrato de animales domésticos, del 337, se sanciona con penas cumulativas de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

La RC del 339, prevé que los jueces motivadamente, podrán ordenar la adopción, a caro del autor del hecho, de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como adoptar cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados.