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Delitos relativos a la manipulación genética

Aspecto objetivo

Conductas delictivas

Manipulaciones que alteren el genotipo

Se castiga en el art. 159.1 CP a los que "con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo".

Pena: Prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de siete a diez años.

El CP emplea el sistema de ley penal en blanco, pues la complejidad de las figuras que se estudiarán a continuación necesariamente precisa el complemento de otras disposiciones legales que se encuentran fuera del CP.

En el bien jurídico protegido, todavía no concretado, en principio subyace la salud y su protección que puede afectar al futuro ser como consecuencia de las manipulaciones genéticas. Tampoco puede olvidarse la dignidad humana, como derecho a recibir el caudal hereditario que corresponda, sin manipulaciones, salvo en los supuestos permitidos por la ley. En realidad, del texto del Código no es posible deducir el bien jurídico protegido. Aunque en principio puede pensarse que se trata de un delito especial sobre la base de los conocimientos técnicos que se precisan para su comisión, sin embargo, al no hacer referencia e tipo legal a ninguna profesional, hay que desestimar que se trate de un delito especial.

Por tanto, sujeto activo puede ser cualquiera; no es fácil determinar el sujeto pasivo, pudiendo a título particular quedar afectado el producto de la concepción, y con carácter general la propia especie humana.

Nos encontramos ante delitos de peligro abstracto. Se perfecciona con la alteración del genotipo, lo cual no precisa que de ello se derive ningún efecto para la salud. Las figuras que aquí se contemplan son dolosas, pues la imprudencia se tipifican en el art. 159.2 CP que se tratarán más adelante. La conducta es impune cuando las manipulaciones genéticas se llevan a cabo para “la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves”. La consumación se produce en el momento en que se altere el genotipo como consecuencia de la manipulación genética.

No importa cuál sea el resultado. Además del delito consumado cabe la tentativa, pues es posible iniciar manipulaciones genéticas sin que llegue a alterarse el genotipo.

Manipulación genética por imprudencia grave

Se castiga en el art. 159.2 CP la alteración del genotipo realizada por imprudencia grave. Pena: Multa de seis a quince meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de uno a tres años. Si difícil es poder conocer los supuestos de conductas dolosas en las que se persigue alterar el genotipo mediante la manipulación de genes humanos, todavía presentarán más dificultades los supuestos de imprudencia grave. Hay que tener en cuenta que para la perfección del delito es necesario que se altere el genotipo. Será difícil en todo caso saber cuál era el genotipo anterior para poder asegurar que ha sido modificado.

Utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana

Se castiga en el art. 160.1 CP “la utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana”.

Pena: Prisión de tres a siete años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de siete a diez años.

Se tipifican dos supuestos:

  • producir armas biológicas, y

  • producir armas exterminadores de la especie humana.

En ambos supuestos se ha de utilizar la ingeniería genética.

El bien jurídico protegido es la especie humana.

La conducta puede realizarse tanto con dolo directo como eventual.

Delitos relativos a la reproducción humana

Se castiga en el art. 160.2 CP a “quienes fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana”.

Pena: Prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a diez años.

El Derecho protege tanto el preembrión como su desarrollo en las fases sucesivas de embrión y feto. El tipo sólo abarca el dolo directo, no cabe el dolo eventual, pues el sujeto ha de perseguir la fecundación de óvulos con fin distinto al de la procreación humana. El consentimiento de la mujer es irrelevante.

La consumación del delito se produce por el mero hecho de fecundar óvulos para finalidad distinta a la procreación humana. Es posible la tentativa, pues quien inicia el procedimiento puede fracasar.

Creación de seres humanos idénticos y selección de la raza

Sanciona el art. 160.3 CP “la creación de seres humanos idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza”. Pena: Prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a diez años. La doctrina se venía pronunciando en contra de la creación de seres idénticos por clonación, por entender, entre otras razones, que atentaba contra los valores fundamentales de la persona. Sin olvidar el derecho al caudal genético que corresponde por la herencia, que conlleva a una identidad personal de cada individuo, en el bien jurídico se protege la dignidad humana. En todo caso, el bien jurídico es complejo.

Se tipifican dos supuestos:
  • la creación de seres humanos idénticos por clonación, y

  • cualquier procedimiento dirigido a la selección de la raza.

La “clonación” consiste en la creación de seres humanos idénticos. No supone una manipulación genética, pues los genes no se alteran. Se produce con la combinación de los cromosomas, lo cual permite repetir indefinidamente seres humanos iguales. Para la consumación del delito porclonación ha de producirse un resultado, es decir la creación de seres idénticos sin que sea necesario perseguir ningún otro fin. Es posible la tentativa. En cuanto a los procedimientos dirigidos a la selección de la raza es indiferente que persigan mejorar la misma o degradarla.

Reproducción asistida sin consentimiento de la mujer

Se castiga en el art. 161.1 CP a “quien practicare reproducción asistida en una mujer, sin su consentimiento”.

Pena: Prisión de dos a seis años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años.

El bien jurídico protegido es la libertad de la mujer respecto de la reproducción asistida, planteándose la cuestión de si estamos ante un concurso con otro delito de coacciones.

El texto se limita a decir : sin consentimiento, pudiendo revestir diversas situaciones, como el engaño, simple desconocimiento, utilización de procedimientos que coarte su libertad o la obligue a su asentimiento, etc.

Como en los supuestos anteriores, no estamos ante un delito especial, pues, aunque se requieren unos conocimientos especiales para la realización de las prácticas de reproducción asistida, el CP no hace ninguna referencia concreta.

La conducta ha de ser dolosa.

La consumación del delito se produce con la práctica de las técnicas de reproducción asistida. Aunque es imaginable la tentativa por practicar técnicas inadecuadas, lo normal en este caso es que estemos ante una tentativa inidonea que es impune. No es necesario que se produzca resultado alguno, pues se trata de un delito de mera actividad.

Perseguibilidad: Respecto del delito de reproducción asistida sin consentimiento de la mujer dispone el artículo 162.2 CP que: “Para proceder por este delito será precisa denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz, o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal”. Se configura como un delito semipúblico. Por persona “desvalida” hay que entender la que carece de auxilio y protección.

Disposiciones comunes

Establece el art. 162 CP que “en los delitos contemplados en este título, la autoridad judicial podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el art. 129 CP cuando el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades”. En nuestro sistema la extracción de sangre o cualquier parte de tejido para realizar un análisis de ADN puede colisionar con el derecho a la integridad corporal así como con el derecho que conoce la Constitución Española de que nadie está obligado a facilitar pruebas que puedan incriminarle. No está permitido el uso de la fuerza para realizar la prueba del ADN, pues en este caso la prueba sería nula. La negativa a cometerse a la prueba de ADN, sin causa justificada puede ser una prueba indiciaria contra el presunto culpable. No obstante, el Juez de instrucción, cuando haya razones para ello, podrá decretar la obtención de muestras biológicas para determinar el perfil del ADN.