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Delitos contra el honor

Introducción

El honor ha constituido tradicionalmente un bien jurídico con gran arraigo en nuestro ordenamiento, si bien hoy se reconoce que su protección debe en cierta manera relativizarse, en especial cuando existen otros intereses fundamentales en conflicto.

En cualquier caso, el honor sigue constituyendo un bien de vital importancia, y de este modo se encuentra reconocido en la propia Constitución como derecho fundamental.

La protección que alcanza en nuestro ordenamiento, además, no se limita a la Constitución y al Código Penal, sino que el ámbito civil ha establecido importantes medios a este propósito. Merece destacarse dentro de la esfera puramente civil la Ley de 1982 de protección civil al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. De esta manera, lo que se pretende proteger en estos tipos es el honor.

Discutido y de difícil definición es el concepto de honor. Se trata del derecho a nuestra fama, reconocimiento y respeto personal y social. Todas las personas tienen honor y, por lo tanto, se encuentran protegidas por el derecho, independientemente del mayor, menor o mínimo reconocimiento social o ético del que gocen. El honor se relaciona directamente con la dignidad humana, también reconocida en nuestra Constitución como derecho y fundamento “del orden político y de la paz social” en su art. 10.1.

En cualquier caso, la especial posición social, reputación o mérito del perjudicado puede en ocasiones tener importancia por ejemplo en la individualización de la pena o en la reparación, al significar una mayor gravedad del delito, y sin que ello pueda suponer una infracción del principio constitucional de igualdad.

También las personas jurídicas, e incluso otras asociaciones, aunque carezcan de personalidad jurídica, tienen honor y derecho a su reconocimiento, lo cual ya puede extraerse de la tipificación de algunas figuras especiales referidas, como hemos visto, a ciertas instituciones. Los fallecidos no pueden recibir, sin embargo, esta protección.

La injuria

Define al art. 208 CP en su párrafo primero la injuria como “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. Sólo son punibles, en cualquier caso, las injurias graves: “Solamente serán constitutivas de delito las injurias que… sean tenidas en el concepto público por graves” (art. 208, párrafo segundo CP).

La acción puede consistir tanto en la declaración de expresiones deshonrosas, insultos o juicios de valor como en la atribución de hechos. Debe tratarse de declaraciones susceptibles de dañar al honor ajeno. Puede incluso calificarse como injuria alguna acción física violenta, siempre que su gravedad afecte al menoscabo del honor. De acuerdo con el tenor literal no cabrían las injurias por omisión, si bien puede pensarse en algún supuesto quizá susceptible de protección penal. Es suficiente para que exista este delito con que el autor conozca que de su acción se deriven perjuicios para el honor ajeno y que quiera realizar tales injurias causando el daño (o al menos que así lo acepte); o en otras palabras, que exista dolo.

En cuánto al sujeto pasivo del delito con respecto a las personas jurídicas me remito a lo que se dijo para las calumnias. Los menores e incapaces, pueden ser sujeto pasivo, siempre que pese a su edad o incapacidad le puedan afectar a la dignidad de unos u otros. En cuánto a las injurias a personas fallecidas solo podrán perseguirse cuando afecten a personas vivas.

El consentimiento excluye la tipicidad. No se acepta la retorsión, esto es, la impunidad de la conducta si se responde a una previa injuria con otra. No obstante, debe acogerse sin reparos la legítima defensa del honor, hasta ahora aceptada de forma dubitativa por nuestra jurisprudencia. Importante es el conflicto que puede y suele plantarse entre libertad de expresión y honor. Se trata de dos derechos fundamentales para un Estado democrático, no siendo siempre fácil compaginarlos. A partir de una protección preferente del derecho al honor, se ha evolucionado hacia una ampliación y reconocimiento de la importancia de la libertad de expresión, entendiéndola como fundamental para la vida en democracia y conforme a los dictados de la Constitución, así como para la formación de la opinión pública y de cara al interés general de la información.

Clases de injurias

Solo son punibles como delito las injurias graves.

Dispone el art. 208 CP en su párrafo segundo. “Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancia, sean tenidas en el concepto público por graves”. En el párrafo siguiente se recoge: “Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

Las injurias pueden asimismo consistir bien en una serie de expresiones hirientes, juicios de valor, insultos… bien en la imputación de hechos, siempre que no sean constitutivos de delitos, ya que entonces se trataría del tipo de calumnia. Para este último supuesto, el Código vuelve a recurrir a la exigencia de que “se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad” (art. 208 CP, párrafo tercero). Además de haberse efectuado de esta manera, la injuria resultante de la imputación de hechos ha de ser tenido por grave, a pesar de la poco clara redacción del texto.

En lo referente a la pena, se distingue en el artículo 209 CP del mismo modo entre injurias realizadas con y sin publicidad, concepto de publicidad que se explícita en el art. 211 CP. Pena: Multa de seis a catorce meses si se realizan con publicidad. Multa de tres a siete meses si no se realizan con publicidad. Si el delito de cometiere mediante precio, recompensa o promesa, se impondrá además de la pena de multa la de inhabilitación especial prevista en los arts. 42 o 45 CP por tiempo de seis meses a dos años.

La “exceptio veritatis”

Establece el art. 210 CP: “El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas. De forma algo más limitada que para el caso de calumnias, se recoge la exceptio veritatis, que elimina la responsabilidad. Se limitan sus efectos a la imputación de ciertos hechos y sólo cuando se refieran a funcionarios públicos. No cabe prueba acerca de juicios de valor.

Disposiciones generales

Se trata de una serie de supuestos comunes para los delitos de calumnias e injurias.

Publicidad

El art. 211 CP explica lo que ha de entenderse por publicidad: “La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante”.

Retractación

De acuerdo con el párrafo primero del art. 214 CP, si el acusado de calumnia o injuria reconociere ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retractare de ellas, el Juez o Tribunal impondrá la pena inmediatamente inferior en grado y podrá dejar de imponer la pena de inhabilitación que se establece en el art. 213 CP. La aplicación de este beneficio excluye la posibilidad de apreciar a su vez la circunstancia atenuante 4ª del art. 21 CP.

Perseguibilidad

Se trata de delitos privados en cuanto que sólo son perseguibles mediante “querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal”, de acuerdo con el art. 215.1 CP, inciso primero. Se exceptúan aquí los supuestos en que la “ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos”, en los que se procederá de oficio. Para la perseguibilidad de calumnias e injurias vertidas en juicio será necesaria la licencia del Juez o Tribunal que hubiere conocido tal procedimiento (art. 215.2 CP).

Perdón del ofendido

Según el art. 215.3 CP “el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130 de este código”, en consonancia con el carácter privado de estos delitos.

Publicación de la sentencia y responsabilidad civil solidaria

La reparación del daño en estos delitos incluye también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, según establece el artículo 216 CP. Asimismo, para el caso de calumnias o injurias con publicidad propagadas a través de la imprenta, la radiodifusión u otro medio de parecido alcance, “será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo o través del cual se haya propagada la calumnia o injuria”, conforme establece el artículo 212 CP.

La calumnia

Concepto

Según el art. 205 CP la calumnia consiste en la “imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

Se trata de una modalidad de las injurias sustentada en la mayor gravedad de las imputaciones que se realizan, pues los hechos que se tipifican como delitos responden a un especial rechazo por parte de la sociedad, y, además, su atribución conlleva la significación explícita de delito. “Imputar” consiste en atribuir a otro la comisión de un delito.

La imputación ha de referirse a un delito en sentido estricto, de modo que quedan fuera las faltas.

Sujeto activo puede ser cualquiera.

Sujeto pasivo, en cambio, sólo puede serlo, según la doctrina que podemos considerar mayoritaria, quien efectivamente pueda cometer tal delito, lo cual tiene relevancia, por ejemplo, cuando afecta a las personas jurídicas.

En favor de la tutela del honor de los entes jurídicos está el propio Código Penal que castiga a los que “calumnien, injurien o amenacen gravemente” a las principales instituciones del país. En esta línea el TC reconoce el derecho al honor de las personas jurídicas. También el Código Penal se pronuncia a favor de la tutela del honor de los entes jurídicos, tipificándolo como delito de injuria en los arts. 505 y 510.2 CP. En cuánto a si los inimputables y menores pueden ser sujeto pasivo de calumnias, la respuesta es afirmativa.

Sólo es posible la conducta dolosa. Es suficiente el dolo eventual. Sobre el alcance del dolo hay que tener en cuenta lo que ha de entenderse por “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. No se requiere ningún ulterior elemento subjetivo del injusto. Para que se produzca la consumación es necesario que la imputación llegue a conocerse, siendo suficiente para ello que sea percibida por un tercero relevante, aunque no necesariamente por el propio perjudicado. Es posible la tentativa cuando una carta calumniosa no alcanza su destino.

La formula “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”

Dentro de la reforma que han sufrido los delitos contra el honor; lo que deba entenderse por “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad” se convierte en una de las principales claves a la hora de comprender el alcance de la protección penal del honor. Según algún autor, con esta fórmula “el legislador alude expresamente a la veracidad subjetiva”. A lo que se refiere el legislador es a la actitud del autor frente a la verdad, esto es, que se haya preocupado con una cierta seriedad de encontrar la verdad o, por el contrario, haya realizado la imputación de algún delito sin tal preocupación, esto es “con temerario desprecio por la verdad”. Quien se ha preocupado por averiguar con seriedad la veracidad objetiva de unos hechos que imputa y que posteriormente resultan falsos no realiza la acción típica salvo en el caso de que llegue a saber que la atribución es falsa. Lo que se juzga no es lo que crea el autor acerca de las imputaciones, sino su actitud frente a la verdad. Respecto a la fórmula “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad” habrá que recurrir para determinar el elemento subjetivo a criterios objetivos, siempre que no haya otros medios.

Clases de calumnias

De acuerdo con el artículo 206 CP, las calumnias pueden ser:

  • Con publicidad, esto es, que han sido divulgadas. Tal publicidad incluye las propagadas “por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante” (art. 211 CP), como puede ser su insertación en un medio informático.

    • Pena: Prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.

    • La razón de esta modalidad, castigada con una pena superior, es sobre todo el mayor ámbito de potenciales y reales receptores de la ofensa, pero también que en alguno de estos casos el agravio “publicado” permanezca por un mayor espacio de tiempo. Naturalmente, la utilización y alcance de un medio u otro ha de ser relevante en el ámbito de la individualización de la pena.

  • Sin publicidad: Esto es, por exclusión, en cualquier otro caso.

    • Pena: Multa de seis a 12 meses.

Calumnia cometido por precio, recompensa o promesa

El artículo 213 CP establece que en estos casos se impondrá, además de la que correspondiese, la de inhabilitación especial “para empleo o cargo público”, o “para profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho” (artículos 42 y 45 CP). Esta medida se establece también para luchar contra verdaderos calumniadores profesionales, a menudo mediatizados y que han existido desde siempre.

Pena: Además de las señaladas para los delitos de que se trate, la de inhabilitación especial prevista en los artículos 42 y 45 CP… por tiempo de seis meses a dos años.

La verdad de las imputaciones. La “exceptio veritatis”

Dispone el art. 207 CP que, “el acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado”. Para el caso de que exista “conocimiento de la falsedad” ya he explicado que el conocimiento solo puede darse cuando los hechos sean efectivamente falsos. Para el caso del temerario desprecio podría plantearse la posibilidad de una respuesta afirmativa por la eliminación del tipo de la referencia a “falsa imputación…”, esto es, que en alguna ocasión pudiera ser condenado quien atribuyó de forma temeraria un delito, lo cuál finalmente resultó cierto, quizá incluso con sorpresa para el propio acusador. Por la “exceptio veritatis” en las calumnias, el legislador permite la difamación a terceros.