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Las sociedades de base mutualista

Consideraciones generales

Al lado de las formas sociales contempladas en los capítulos anteriores, hemos de contar también con las sociedades de base mutualista. El CCom no regula ciertamente estas entidades, pero no deja de referirse a dos viejos tipos de sociedades de base mutualista: las sociedades cooperativas y las mutualidades de seguros (art. 124). Junto a ellas cabe incluir también la sociedad de garantía recíproca incorporada a nuestro ordenamiento por el Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de febrero.

Todas estas sociedades ofrecen unos rasgos comunes: el ejercicio y desarrollo de la empresa social tiene como finalidad propia la satisfacción de determinadas necesidades comunes a todos los socios; como consecuencia de ello son sociedades de capital variable que permiten la entrada y salida de los socios, sin necesidad de acudir a los correspondientes procedimientos de modificación de los estatutos sociales. De otro lado —como hemos de ver—, presentan características especiales en relación con la posición jurídica de sus socios dentro de la estructura social. Por lo demás, pueden considerarse próximas a estas formas sociales las sociedades laborales, reguladas por la Ley 4/1997, de 24 de enero, pues si bien carecen de una base mutualista realizan también una función de promoción social.

Las sociedades cooperativas

Significado, concepto y características de la sociedad cooperativa

Las sociedades cooperativas tienen un reconocimiento específico en nuestro ordenamiento, en nuestra propia Constitución, como instrumentos de promoción social. Pero de otro lado es importante señalar que al haber asumido todas las CCAA (con la salvedad de las Ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla) competencia exclusiva en esta materia, se trata de una forma especial de empresario social regulada por diferentes leyes autonómicas. Es más, en este momento prácticamente todas las CCAA han aprobado ya su propia Ley; de ahí que, no obstante su limitado ámbito de aplicación (art. 2), la Ley estatal de Cooperativas de 1999 haya de servir de punto de referencia básico en el examen de esta forma social frente a esa pluralidad legislativa autonómica.

Estamos, por otro lado, ante una Ley que ofrece importantes innovaciones en su tratamiento positivo. La Ley estatal de la Sociedad Cooperativa, en efecto, no sólo ha tratado de incorporar este tipo de sociedad a los cambios introducidos por las Directivas comunitarias en materia de sociedades, sino que intenta favorecer su consolidación económica, abriendo por primera vez estas sociedades a nuevas formas de captación de recursos patrimoniales en el mercado financiero; así sucede con la nueva figura de las «participaciones especiales», y las llamadas partes sociales con voto propias de las llamadas cooperativas mixtas, que podrán emitirse en serie para negociarse en el mercado de valores; y así sucede también con la propia figura de los «socios colaboradores», o con el reconocimiento expreso de la fusión o la transformación de la sociedad cooperativa en otras formas sociales, rompiendo con el criterio tradicional de su reconocimiento en el ámbito exclusivamente cooperativo.

En materia de concepto, la Ley define este tipo de sociedad de una manera descriptiva, señalando un doble dato: por un lado, su significado como entidad al servicio del «movimiento cooperativo», desarrollado a través del asociacionismo cooperativo, cuya promoción, difusión, formación, inspección y control se encomienda fundamentalmente al Ministerio de Trabajo; y, por otro lado, estableciendo que la sociedad cooperativa, capaz de organizar y desarrollar cualquier actividad económica licita, se constituye por personas que se asocian en régimen de adhesión y baja voluntaria para la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios de la Alianza Cooperativa Internacional.

Entendida en estos términos, tres son los principios fundamentales que caracterizan a la sociedad cooperativa:

  1. el principio de puerta abierta, que se hace efectivo a través de la técnica del capital variable y que en buena medida ha sido atemperado con las modificaciones que sobre la constitución del capital social ha establecido la Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización con base en las normas de la UE y que se ha proyectado sobre el derecho del socio al reembolso en caso de baja de la sociedad;

  2. el principio de fundamentación no capitalista de la condición de socio; y

  3. el principio de autogobierno, gestión, y control democrático.

Mas, estas características no excluyen su calificación como sociedades mercantiles. Así lo prevé el art. 124 del CCom para las cooperativas que desarrollen actividades con terceros; pero, además, y con carácter general, cabe señalar que de acuerdo con su propia regulación la sociedad cooperativa realiza una actividad de empresa integrada en las reglas del mercado y en sus esquemas de rentabilidad y competitividad, sometida al estatuto del empresario mercantil a través de las normas que establecen y regulan su deber de contabilidad y su sumisión antes de la generalización del concurso a los procedimientos de suspensión de pagos y quiebra.

En cuanto se refiere a las clases de cooperativas, la Ley establece una clasificación extensa y no cerrada, algo que viene a representar la proyección del movimiento cooperativo sobre los distintos sectores de la actividad económica (art. 6); añadamos que algunas de esas cooperativas, como sucede con las cooperativas de crédito y las de seguros, están sometidas a una regulación específica. De otro lado, las cooperativas pueden ser de primero y segundo grado, estando estas últimas constituidas por al menos dos cooperativas, y pudiendo integrarse también en ellas en calidad de socios otras personas jurídicas públicas o privadas, incluso empresarios individuales (art. 77).

En la consideración de la sociedad cooperativa es imprescindible hacer una referencia al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) que después de un largo proceso de elaboración ha sido regulado por el Reglamento del Consejo de 2003. Este Estatuto, dentro de la política general de la Comunidad de ofrecer los instrumentos jurídicos adecuados que permitan facilitar el desarrollo de actividades transfronterizas, pretende dotar a las sociedades cooperativas de una forma jurídica de alcance europeo que se base en principios comunes, pero que tenga en cuenta también las características específicas de estas sociedades.

Constitución de la sociedad cooperativa

De acuerdo con lo que dispone la Ley estatal, la sociedad cooperativa se constituye a través de un proceso de fundación simultánea, en escritura pública otorgada por todos los promotores y que deberá inscribirse en el Registro de Cooperativas llevado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyo Reglamento ha sido aprobado por RD 136/2002. A partir de ese momento, la sociedad adquiere su personalidad jurídica y su calificación como sociedad cooperativa, de la que podrá ser privada por las causas y a través del procedimiento previsto en la propia Ley. Las cooperativas de crédito y las de seguros deberán además inscribirse en el RM. Para la constitución de una sociedad cooperativa son necesarios al menos tres socios si se trata de una cooperativa de primer grado y dos si es de segundo grado (art. 8).

Posición jurídica de los socios de la sociedad cooperativa

Las características de la sociedad cooperativa explican las peculiaridades propias de la condición de socio, tanto por lo que se refiere a la forma en que se establece la relación socio-sociedad, como en cuanto atañe al contenido de la condición de socio.

Por lo que se refiere a la forma en que se entabla la relación del socio con la sociedad, cabe señalar como característica específica que dada la función social de la sociedad cooperativa, no sólo es necesario que los socios reúnan determinadas condiciones objetivas y subjetivas en función de la actividad que constituye el objeto social, sino que se produce también una especial relación de subordinación del socio a la sociedad; hasta tal punto que a través de los acuerdos sociales se le pueden imponer nuevas obligaciones, quedando incluso sometido al poder disciplinario de la sociedad (art. 18).

En cuanto atañe al contenido de la posición del socio, sus obligaciones y derechos, cabe destacar, como característica específica, que el socio no sólo está obligado a efectuar el desembolso de sus aportaciones sociales, sino que está obligado también a desarrollar una amplia colaboración en la vida económica y corporativa de la sociedad. Por lo que se refiere a sus derechos ofrecen las características: en primer lugar, la igualdad de los derechos políticos expresada fundamentalmente en el conocido principio general de «un hombre, un voto»; en segundo lugar, las peculiaridades de sus derechos económicos que vienen dadas, tanto por las especialidades que ofrece la aplicación de los llamados excedentes como por el singular reparto del retorno cooperativo (forma especial de participación en los beneficios de la sociedad), como, en fin, por la forma especial y limitada en que se prevé la participación del socio en la adjudicación del haber social; en tercer lugar, el derecho del socio a participar en la actividad económica cooperativizada de la sociedad y la especial relevancia que se concede al derecho de información del socio, así como el no menos importante derecho a la baja voluntaria del socio afectado de forma relevante por la ya citada modificación de la Ley. Cerremos esta apretada referencia a sus obligaciones y derechos señalando, aunque no se trate de una característica especial del tipo, que tal como se configura la sociedad cooperativa en nuestra Ley los socios no responden personalmente de las deudas sociales.

La Ley prevé que al lado de los socios puedan existir también los llamados socios colaboradores, sean personas físicas o jurídicas. Estos socios colaboradores, que han venido a sustituir a la figura de los asociados prevista en la Ley anterior, constituyen una vía para estimular la aportación de recursos económicos a la sociedad; de ahí la peculiaridad de su situación dentro de la cooperativa, en la que se les reconoce una integración mayor en su condición de socios que lo que tradicionalmente se les permitía a los asociados. Sus aportaciones no podrán exceder, sin embargo, del 45 por 100 del total de las aportaciones al capital social, ni la totalidad de votos de esta categoría de socios podrá superar el 35 por 100 del total de votos en los órganos sociales.

Estructura organizativa de la sociedad cooperativa

Las sociedades cooperativas desarrollan su actividad interna y externa a través de cuatro órganos sociales: la asamblea general, el consejo rector, los interventores y el comité de recursos.

La asamblea general

Es el órgano supremo de expresión de la voluntad social, cuyos acuerdos se imponen a todos los socios, incluso los disidentes, y a los que no hayan participado en la reunión. Está regulada por normas paralelas a las que se establecen para la convocatoria, constitución, funcionamiento, impugnación de acuerdos y clases de juntas generales en las sociedades mercantiles de capital, aunque con características propias.

Conviene advertir, que frente al poder tradicionalmente más amplio de la asamblea general, su regulación actual establece que únicamente podrá tomar acuerdos obligatorios en materias que la propia Ley no considere competencia exclusiva de otros órganos. Característica peculiar de estas sociedades es, asimismo, la existencia de las llamadas asambleas generales de delegados, previstas en atención a que pueden darse circunstancias que dificulten la presencia de todos los socios en la asamblea general y que aconsejan su celebración por medio de delegados (art. 30).

El consejo rector

Es el órgano al que corresponde el gobierno, gestión y representación de la sociedad cooperativa. En las sociedades cooperativas con un número de socios inferior a diez, este órgano podrá tener carácter unipersonal, atribuyéndose todas las competencias y funciones de gestión y representación de la sociedad a un administrador único, que habrá de ser persona física y tener la condición de socio. En materia de representación, ha de tenerse en cuenta además que la Ley establece expresamente que, en todo caso, las facultades representativas del consejo rector se extienden a todos los actos relacionados con las actividades de la cooperativa, sin que surtan efecto frente a terceros las limitaciones que en cuanto a ellos pudieran contener los estatutos (art. 32).

En consonancia con las peculiaridades de este tipo de sociedades, y lo que tradicionalmente han sido las características propias del consejo rector (integrado por consejeros socios y retribuidos en función de los resultados sociales), la Ley actual da también un paso más de flexibilización hacia planteamientos de mayor apertura, permitiendo, dentro de ciertos límites, el nombramiento como consejeros de personas cualificadas y expertos aunque no ostenten la condición de socios, y la posibilidad de que los consejeros no socios sean retribuidos en la forma y con arreglo a los criterios previstos en los estatutos de la sociedad. Siguiendo la línea del autogobierno propio de estas sociedades, se prevé, no obstante, que los socios están obligados a aceptar los cargos sociales, prohibiendo a los consejeros que se hagan representar en el consejo (art. 36.2). Por otro lado, se establece la posibilidad de que los estatutos sociales reserven determinados puestos de vocales para su designación por determinados colectivos de socios, e incluso se reconoce la presencia de un vocal en representación de los trabajadores, cuando el número de esos trabajadores sea superior a 50 y esté constituido el comité de empresa (art. 33).

Los interventores

Las funciones de fiscalización de la sociedad cooperativa, en el caso de que no esté obligada a auditar las cuentas, corresponden a los interventores, que tienen, además de otras funciones que les confieran la Ley o los estatutos, la función específica consistente en la censura de las cuentas anuales (art. 38). El número de interventores, que en principio deberán ser socios, será el establecido en los estatutos y nunca superior al de miembros del consejo. Los interventores quedan sometidos al mismo régimen de responsabilidad que los consejeros, con la diferencia importante de que su responsabilidad no tiene carácter solidario (art. 43).

El comité de recursos

En caso de que esté previsto en los estatutos, las cooperativas podrán constituir un comité de recursos, que tramitará y resolverá los recursos contra las sanciones a los socios y los demás supuestos en los que así lo prevean la Ley o los estatutos (art. 44).

Régimen económico y contable

Aunque en la sociedad cooperativa el capital social carece del significado jurídico que tiene en las sociedades capitalistas como instrumento de organización corporativa y económica de la sociedad, no deja por ello de tener importancia jurídica: la sociedad cooperativa debe determinar en los estatutos sociales su cifra de capital mínimo, que deberá estar totalmente desembolsado, y su disminución puede ser causa de disolución de la sociedad.

El capital social de la sociedad cooperativa está integrado por las aportaciones obligatorias y por aportaciones voluntarias de los socios, incluso por las ya mencionadas participaciones especiales. Las aportaciones obligatorias representan la aportación mínima al capital social para poder adquirir la condición de socio, distinguiéndose después de la modificación que ha sufrido la ley entre aportaciones con derecho a reembolso en caso de baja del socio y aportaciones cuyo reembolso en caso de baja del socio será decidido libremente por el Consejo Rector. Ha de advertirse, no obstante, que las aportaciones al capital social no son las únicas prestaciones que el socio puede estar obligado a realizar a la sociedad; los estatutos sociales o, en su caso, la asamblea general pueden establecer igualmente el pago de cuotas que no integran el capital social (art. 52).

La sociedad cooperativa, como toda sociedad mercantil, está obligada a formular sus cuentas sociales y a llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad. La contabilidad de la sociedad cooperativa está sometida a las normas generales de contabilidad establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por RD 1514/2007, y a las especiales que establece su propia Ley, debiendo llevar además de los libros sociales establecidos en ella, el de inventarios y cuentas anuales y el diario, y los libros especiales exigidos para cada clase de cooperativas. Todos estos libros sociales y contables deberán ser previamente diligenciados por el Registro de Sociedades Cooperativas, en el que deberán depositarse y publicarse las cuentas anuales.

Características propias del régimen económico de la sociedad cooperativa son las siguientes:

  • La distinción entre los resultados de la actividad cooperativizada con los socios y los resultados extracooperativos derivados de su actividad con terceros (art. 57.3).

  • La necesidad de destinar en primer lugar los excedentes o beneficios de la sociedad, en la forma y porcentajes establecidos, a la constitución de un fondo de reserva obligatorio y un fondo de educación y promoción, que serán irrepartibles entre los socios (art. 58.1).

  • El hecho de que el llamado retorno cooperativo (es decir, los excedentes y beneficios disponibles que la asamblea general decida repartir entre los socios en cada ejercicio económico), se distribuirá en proporción a las actividades cooperativizadas que cada socio realice con la cooperativa y no a sus aportaciones al capital social (art. 58.3 y 4). Se presenta también con características propias el régimen de imputación y satisfacción de las pérdidas sociales que se establece en la Ley (art. 59).

Modificación de los estatutos sociales. Transformación, fusión y escisión de la sociedad

De especial interés son igualmente todos aquellos aspectos de la vida social que introducen modificaciones en su estructura y exceden de lo que puede considerarse su funcionamiento normal. Este es el caso de la modificación de los estatutos, y de aquellas otras figuras más complejas como son la transformación, la fusión o la escisión, que ofrecen ciertas peculiaridades en este tipo social.

En lo que toca a la modificación de estatutos, la Ley realiza únicamente una regulación fragmentaria, destacando tres aspectos fundamentales:

  1. que cualquier modificación de los estatutos sociales se hará constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro de Cooperativas, concediéndose un derecho de separación a los socios cuando la modificación consista en un cambio de clase de cooperativa;

  2. que la modificación debe ser decidida por la asamblea general a través de un acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de los votos presentes o representados (art. 28.2); y

  3. que será competencia del consejo rector la modificación de estatutos que consista en el cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal (art. 32.1).

La Ley prevé las fusiones mixtas, declarando que las sociedades cooperativas podrán fusionarse con sociedades civiles o mercantiles de cualquier clase siempre que no haya una norma legal que lo prohíba (art. 67). Por otro lado, cualquier sociedad, asociación o agrupación económica que no tenga carácter cooperativo puede transformarse en sociedad cooperativa, y las sociedades cooperativas pueden transformarse en sociedades civiles y mercantiles de cualquier clase, sin que sea necesaria su disolución y la creación de otra nueva sociedad.

Se trata de especialidades que afectan fundamentalmente al régimen de las mayorías exigidas, al derecho de separación que en estas sociedades se concede también a los socios en los supuestos de fusión y de escisión, y al destino que habrá que dar, en su caso, a aquellos fondos patrimoniales que como los propios de la reserva obligatoria, el fondo de educación y cualquier otro fondo o reserva que estatutariamente esté establecido, no sean repartibles entre los socios.

Disolución y liquidación de la sociedad cooperativa

Estas materias están reguladas en la Ley con un sistema de normas claramente inspiradas en las que rigen para las sociedades anónimas. Cabe destacar, no obstante, estos tres aspectos generales:

  1. La formulación de las causas de disolución se adapta a las características y finalidades propias de estas sociedades.

  2. Se prevé expresamente la posibilidad de reactivación de la sociedad cooperativa en liquidación.

  3. Se somete a unas normas especiales el reparto del haber social. Estas normas especiales suponen una importante modificación respecto de la regulación tradicional de estas sociedades, permitiendo a los socios, por la vía de la liquidación del haber social, participar en los resultados de la gestión social de forma más flexible que la permitida en la legislación anterior (art. 75).

Finalizada la liquidación, la Ley prevé que los liquidadores otorguen la escritura de extinción de la sociedad en los términos establecidos en ella. La referida escritura se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas, debiendo solicitar los liquidadores la cancelación de los asientos registrados.

Sociedades mutuas de seguros

Concepto, características y clases: mutuas y sociedades de previsión social

Las sociedades mutuas de seguros constituyen una forma especial de organizar la empresa de seguros; de acuerdo con su carácter mutualista, esa especialidad supone que se asegura a sus propios socios, quienes contribuyen a su financiación. El Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados de 2004 y su Reglamento distinguen, en atención a su diferente objeto social, entre mutualidades de previsión social y mutuas de seguros en sentido propio.

Unas y otras sociedades mutuas están sometidas a distinta regulación, pero unas y otras tienen unas características comunes. En efecto, fundadas ambas sociedades en el principio de ayuda mutua, y carentes de ánimo de lucro, sus socios ostentan la doble condición de socios y asegurados, lo que determina una doble relación asociativa y aseguradora. Por otro lado, su estructura jurídica responde a unas características propias. Se trata de sociedades que están sometidas al principio de igualdad de derechos y obligaciones de sus socios, sin que puedan establecerse privilegios, organizándose su estructura sobre la base del principio «un hombre un voto». En la medida en que desarrollan una actividad aseguradora, ambas sociedades están sometidas también a los requisitos generales que establece la legislación mercantil de sociedades: constitución en escritura pública e inscripción en el RM, todo ello con independencia de su necesaria autorización administrativa y la inscripción de la sociedad en el correspondiente registro administrativo.

Las mutualidades de previsión social se caracterizan por ejercer una actividad aseguradora de carácter voluntario, complementaria al sistema de la seguridad social obligatoria, dentro de un ámbito y unos límites de cobertura que pueden superar, si están autorizadas para ello, con el cumplimiento de determinadas garantías financieras. Reguladas las características generales de las mutualidades de previsión social en los art.s 64 a 68 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, cuentan con un régimen especial recogido en el Reglamento aprobado por RD de 2002 y, en su caso, en las Leyes de las distintas CCAA que han asumido competencia exclusiva en esta materia.

Las mutualidades de previsión social presentan como característica propia el hecho de que en ellas, dentro de ciertos límites, al lado de los socios mutualistas, puede haber personas o entidades que no son destinatarios de sus prestaciones, pero son titulares de ciertos derechos y obligaciones.

Las mutuas de seguros en sentido propio se reconocen en la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados como una forma social de ejercicio de la actividad aseguradora por entidades privadas.

Tanto las mutuas de seguros como las mutualidades de previsión social pueden ser a prima fija o a prima variable, según que la cobertura de sus socios asegurados se realice mediante el pago de una prima fija pagadera al comienzo de cada período de riesgo, o mediante el cobro de derramas con posterioridad a los siniestros. En el caso de las mutuas a prima variable, la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados limita su actividad, ya que sólo les permite operar en un ramo distinto al de vida, crédito, o caución, y deben desarrollar su actividad y localizar sus riesgos en un ámbito territorial determinado.

Sociedades de garantía reciproca

Concepto y características

Estas sociedades constituyen un tipo social de creación relativamente reciente. Su marco legal está establecido en la Ley 1/1994 junto con el RD 2345/1996.

Se trata de sociedades integradas por pequeños y medianos empresarios individuales o sociales, que se asocian para buscar mayores posibilidades de financiación a través de garantías o avales prestados a sus socios por la propia sociedad, que además puede proporcionarles también servicios de asistencia y asesoramiento financiero. Ha de advertirse que la eficacia real de la función económica propia de estas sociedades se hace efectiva a través de un sistema de reafianzamiento de las mismas en el que participa la Administración pública; esa actividad se lleva a cabo a través de las llamadas sociedades de reafianzamiento, cuya finalidad es precisamente la de reforzar la solvencia de las sociedades de garantía recíproca.

De acuerdo con su propia función económica, la Ley califique a estas sociedades como entidades financieras sometidas al registro, control, vigilancia e inspección del Banco de España; es más, las propias reglas de contabilidad de estas sociedades se aproximan a las previstas para las entidades de crédito. De ahí también el significado especial que en estas sociedades tiene el patrimonio social como garantía de terceros, algo que se hace efectivo a través de una serie de disposiciones como son fundamentalmente las siguientes: las que sometiendo el capital social a unos principios semejantes a los que se siguen para las sociedades anónimas, resaltan su función de retención de valores en el activo; las que prevén la necesidad de que la sociedad constituya un fondo de provisiones técnicas, y todas aquellas normas que, limitando el reparto de beneficios, someten a control la distribución de las reservas de libre disposición y aquellas otras que para garantizar un mínimo de solvencia de estas sociedades regulan la composición de sus recursos propios y el régimen de los mismos. De otro lado, cabe señalar que las sociedades de garantía recíproca constituyen un tipo social en el que, por una parte, el capital social, el régimen de responsabilidad de sus socios y la estructura y funcionamiento de sus órganos sociales se rigen por normas semejantes a las de las sociedades anónimas; y, por otra parte, que respecto de la posición de los socios prevalece su carácter mutualista.

Ese carácter mutualista de las sociedades de garantía recíproca se pone de manifiesto en las finalidades propias de estas sociedades, bien alejadas de la obtención de un beneficio repartible entre los socios. Al propio tiempo, se da en ellas la nota de variabilidad de su capital social, algo que permite la continua incorporación y separación de socios como una forma clara de hacer efectiva su finalidad social.

Es importante también la proclamación como principio general de la igualdad de derechos de todas las participaciones sociales y un régimen de representación en la junta general en el que sólo se admite la representación por medio de otro socio, a la vez que se ponen limitaciones al número de representaciones y a los votos delegados. Característica propia de estas sociedades es igualmente el hecho de que en ellas aparece como dato esencial que los socios partícipes de la sociedad son al propio tiempo clientes exclusivos de la misma; doble condición de socio y cliente que se refleja en la estructura de las relaciones sociales y que la Ley tiene buen cuidado de que no se proyecte de forma abusiva sobre el régimen de los avales y de las garantías que prestan.

Las sociedades de garantía recíproca, en cuya denominación social debe figurar necesariamente la indicación de «sociedad de garantía recíproca», o bien la abreviatura SGR, se constituirá mediante escritura pública que se inscribirá en el RM, debiendo acompañar para ello la correspondiente autorización del Ministerio de Economía y Hacienda (art. 13).

Sociedades laborales

Concepto y características

Las sociedades laborales no son ciertamente sociedades de base mutualista, pero responden también a una finalidad de promoción social. El régimen jurídico de estas sociedades aparece establecido en la Ley 4/1997 de Sociedades Laborales. En esa Ley, la sociedad laboral se concibe como una sociedad que puede adoptar la forma de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada, pero cuya regulación especial responde a la idea fundamental de que en ellas se pretende facilitar el acceso de los trabajadores de la empresa a la titularidad de su capital social.

La Ley establece una serie de requisitos que son constitutivos de la calificación de estas sociedades como laborales. Estos requisitos afectan, por un lado, a la formación del capital social y, por otro lado, a la constitución de un fondo especial de reserva.

Por lo que atañe al capital social, se exige, por una parte, que la mayoría de ese capital sea propiedad de los trabajadores que presten en ella sus servicios retribuidos de forma personal y directa, y cuya relación laboral sea por tiempo indefinido. Se establece, además, una relación de equilibrio en la dedicación al trabajo de los trabajadores por tiempo indefinido que no sean también socios de la sociedad, requisitos ambos que son una forma de objetivar la realización efectiva de la promoción de los trabajadores por tiempo indefinido a la titularidad del capital de la empresa social. Y, por otra parte, y en la misma línea de atención a la finalidad a la que sirven, se atiende a la composición del capital social de tal forma que ninguno de los socios podrá poseer participaciones o acciones que representen más de la tercera parte del capital social, salvo que se trate de sociedades participadas por las CCAA, las Entidades locales u otras entidades públicas, o las sociedades públicas participadas por cualquiera de tales instituciones, en cuyo caso la participación de las entidades públicas podrá superar dicho límite, sin alcanzar el 50 por 100 del capital social.

Por lo que se refiere al fondo especial de reserva, se dotará con el 10 por 100 del beneficio líquido de cada ejercicio. Este fondo especial de reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles para este fin.

La calificación de sociedad laboral corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o a las CCAA que hayan recibido el correspondiente traspaso de funciones y servicios. Ha de advertirse que la calificación como laboral de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada podrá solicitarse tanto si es de nueva constitución como si se trata de una sociedad ya constituida, entendiendo en este caso para facilitar la formación de este tipo social que no hay transformación.

En la denominación de estas sociedades deberá figurar la indicación «sociedad anónima laboral» o «sociedad de responsabilidad limitada laboral» o sus abreviaturas «SAL» o «SRL». La sociedad goza de personalidad jurídica desde el momento de su inscripción en el RM, si bien para ello deberá acreditarse que le ha sido concedida la calificación correspondiente, y que ha sido inscrita en el Registro administrativo de Sociedades Laborales.

Finalmente, que las características peculiares del régimen jurídico de estas sociedades se proyectan de una manera especial sobre el régimen propio de las acciones y de las participaciones sociales y sobre el ejercicio del derecho de suscripción preferente; así como también sobre la incidencia de la extinción de la relación laboral del socio trabajador sobre la titularidad de sus acciones o participaciones.

Las acciones y participaciones de las sociedades laborales se dividirán en dos clases, las que sean de propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido y las restantes; las primeras se denominarán de «clase laboral» y las segundas de «clase general».