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Auditoría de cuentas y Registro Mercantil

La auditoría de cuentas

La auditoría de cuentas

Como consecuencia de la progresiva complejidad de la ciencia contable y de las cuentas anuales, se hace necesario que exista un proceso de revisión y verificación de la contabilidad a cargo de expertos, que redunde en una mayor protección de terceros y, en general, en una mayor Habilidad de las cuentas.

Este proceso de revisión y verificación de la contabilidad constituye el contenido de la auditoría de cuentas.

La auditoría se rige por la Ley 19/1988 y por su Reglamento (RD 1636/1990). Esta Ley incorpora el contenido de la Directiva 84/253/CEE (la cual ha sido derogada por la Directiva 2006/43/CE). La auditoría de cuentas es la «actividad [profesional] consistente en la revisión y verificación de los documentos contables, siempre que aquélla tenga por objeto la emisión de un informe que pueda tener efectos frente a terceros» (art. 1 LAC). La actividad del auditor: es el análisis de la contabilidad del empresario y de los documentos que sirven de base a esa contabilidad para verificar los datos contables consignados (actividad de verificación) y para comprobar la regularidad de los criterios y normas contables empleados (actividad de revisión). Este análisis se materializa en el informe firmado por el auditor.

La auditoría de las cuentas anuales y del informe de gestión no es obligatoria para todos los empresarios. La regla general es, pues, el carácter meramente voluntario de la verificación contable.

Frente a esta regla general, excepciones: clasificadas en cuatro grandes categorías:

  1. por razón del genero de actividad a la que se dedique la entidad, como es el caso de las cuentas anuales y del informe de gestión de las entidades de crédito y de seguros y, en general, de las entidades que se dediquen de forma habitual a la intermediación o a la actividad financiera;

  2. por razón de la cotización bursátil: deben ser objeto de auditoría obligatoria las cuentas anuales y el informe de gestión de las sociedades que tengan valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial y también las de las entidades que emitan obligaciones en oferta pública;

  3. por razón de subvenciones públicas o de las relaciones con la Administración pública: deben auditarse las cuentas de las entidades de cualquier clase que reciban subvenciones, así como las que realizan obras o suministros al Estado o a organismos públicos; y,

  4. por razón de la forma jurídica, cualquiera que sea la actividad a la que se dedique la entidad: las cuentas anuales y el informe de gestión de las sociedades anónimas, comanditarias por acciones y de responsabilidad limitada tienen que ser revisados por auditores de cuentas.

Sin embargo, la Ley excluye de la obligación de hacer verificar las cuentas anuales a aquellas sociedades de capital que puedan presentar balance abreviado (art. 203.2 LSA).

Tiene también carácter obligatorio la auditoría si así lo decreta Juez competente, incluso en vía de jurisdicción voluntaria, acogiendo la solicitud fundada de quien acredite un interés legítimo (art. 40.1 C. de C). El solicitante deberá prestar caución para el pago de las costas procesales y de los gastos de la auditoría, ya que dichos gastos serán a su cargo cuando del informe del auditor no resulten vicios o irregularidades esenciales en las cuentas anuales revisadas (art. 40.2 C. de C).

El estatuto jurídico del auditor

La auditoría de cuentas es una actividad que sólo puede ser realizada por aquellos profesionales titulados o por aquellas sociedades profesionales autorizadas para el ejercicio de esa actividad. Esa autorización se obtiene por la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) que se lleva por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (art. 61 LAC), organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de Economía, al que corresponde el control y disciplina del ejercicio de la actividad auditora y el control técnico de las auditorías de cuentas.

Los requisitos que deben reunir los auditores personas naturales que soliciten esa autorización:

  1. haber obtenido una titulación universitaria,

  2. haber seguido programas de enseñanza teórica y adquirido una formación práctica y

  3. haber superado un examen de aptitud profesional organizado y reconocido por el Estado (art. 7.2 LAC).

El ejercicio de la función auditora puede ser desarrollada también por sociedades de auditores de cuentas, que igualmente deberán inscribirse en el citado Registro administrativo. Se trata de sociedades profesionales especiales en las que todos los socios tienen que ser personas naturales, debiendo la mayoría de ellos, como mínimo, ser auditores de cuentas inscritos en el Registro como ejercientes.

En el ejercicio de la auditoría los auditores y las sociedades de auditores están sometidos a dos principios básicos: el principio de la profesionalidad y el principio de la independencia.

El principio de profesionalidad

La profesionalidad del auditor se manifiesta en el grado de diligencia exigible en el cumplimiento de la tarea encomendada y en la necesidad de acomodar su actuación en todo momento a las denominadas «normas técnicas de auditoría de cuentas» (art. 5.1 LAC), que son vinculantes para todos los auditores a partir de su publicación por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (art. 5.2 LAC). Estas «normas técnicas» pueden ser clasificadas:

  • normas técnicas de carácter general, son las se ocupan de las condiciones que debe reunir el auditor, el comportamiento a seguir y el deber de secreto;

  • normas técnicas sobre la ejecución del trabajo, referente a la utilización de técnicas de muestreo y de otros procedimientos de comprobación selectiva, la que se ocupa de la «carta de manifestaciones» de la dirección, la relativa a los denominados «hechos posteriores», la que tiene como objeto las «confirmaciones de terceros» o la que se ocupa de la utilización del trabajo de expertos independientes por los auditores de cuentas; y,

  • reglas técnicas sobre preparación de informes especiales, como, por ejemplo, las relativas a la determinación del valor razonable de las acciones (en caso de ejercicio por los accionistas del derecho estatutario de adquisición preferente o en los casos de ejercicio del derecho de separación de la sociedad), las relativas al aumento del capital de una sociedad anónima con cargo a reservas, las relativas a la verificación de determinados informes que deben realizar los administradores de sociedades anónimas —así, en caso de exclusión o limitación del derecho de suscripción preferente, en caso de aumento del capital social por «compensación» de créditos o en caso de emisión de obligaciones—, y la referente a la determinación del patrimonio contable en los supuestos de reducción del capital social y disolución de la sociedad.

El principio de independencia

Los auditores de cuentas «deberán ser y parecer independientes, en el ejercicio de su función, de las empresas o entidades auditadas, debiendo abstenerse de actuar cuando su objetividad en relación con la verificación de los documentos contables correspondientes pudiera verse comprometida». El ICAC es el organismo encargado de velar por el adecuado cumplimiento del deber de independencia, así como de valorar en cada trabajo concreto la posible falta de independencia de un auditor de cuentas o de una sociedad de auditoría.

Independencia es «la ausencia de intereses o influencias que puedan menoscabar la objetividad del auditor». Las «normas técnicas de auditoría» definen la independencia como una «actitud mental que permite al auditor actuar con libertad respecto a su juicio profesional, para lo cual debe encontrarse libre de cualquier predisposición que limite su imparcialidad en la consideración objetiva de los hechos, así como en la formulación de conclusiones».

Para garantizar la independencia del auditor se ha articulado un régimen de incompatibilidades legales, de modo tal que, cuando concurren, tiene que considerarse necesariamente que el auditor no goza de la «suficiente independencia» para el ejercicio de la función profesional que le corresponde (art. 8.2 y 3 LAC). La actuación profesional sin suficiente independencia constituye un caso de infracción muy grave.

Igualmente, para facilitar la rotación de auditores —y, de este modo, potenciar la independencia—, la Ley establece límites de tiempo para la contratación de los auditores cuando la auditoría es legalmente obligatoria: los auditores serán contratados por un período de tiempo determinado inicial que no podrá ser inferior a 3 años ni superior a 9 a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar; y, una vez finalizado ese período para el que hubieran sido contratados, los sucesivos contratos tienen que tener como máximo 3 años de duración (art. 8.4 LAC).

La principal obligación del auditor es la realización de la auditoría de cuentas encargada en firme.

El incumplimiento de este deber es causa de resolución del contrato de auditoría, con indemnización de daños y perjuicios a cargo del auditor. Pero, además, constituye infracción administrativa. A fin de impedir que estas situaciones se produzcan, la Ley no sólo configura el incumplimiento contractual como falta administrativa grave, sino que establece la misma calificación para la aceptación de trabajos de auditoría que superen la capacidad media en horas del auditor de cuentas, de acuerdo con lo establecido en las «normas técnicas de auditoría».

Los auditores de cuentas tienen derecho a obtener toda clase de informaciones y hacer todas las verificaciones que estimen necesarias (art. 3 LAC). Normalmente, el auditor procederá a examinar, mediante un sistema de muestreo selectivo, las anotaciones contables y los soportes documentales que han servido de base para la realización de esos asientos; y realizará cuantas comprobaciones considere necesarias u oportunas. Los métodos para corroborar la exactitud de esos asientos son muy variados, como, por ejemplo, la circularización de cartas a los acreedores solicitando confirmación de saldos, remisión de cartas a los prestadores de servicios solicitando información de determinados extremos (v. gr.: cartas a los abogados de la sociedad solicitando relación de litigios en tramitación, riesgos jurídicos existentes), solicitud de carta de manifestaciones a la propia dirección de la sociedad, etc.

La fiabilidad de la evidencia obtenida por el auditor está en relación con la fuente de que se obtenga (interna o externa) y de la naturaleza de la información facilitada (visual, documental u oral), si bien el auditor debe partir de que la evidencia externa (por ej., las confirmaciones recibidas de terceros) es más fiable que la interna, y la evidencia en forma de documentos y manifestaciones escritas es más fiable que la procedente de declaraciones orales. Por supuesto, la «carta de manifestaciones de la dirección» no puede sustituir a los procedimientos normales que deben aplicar los auditores para la obtención de la evidencia necesaria y suficiente en que fundamentar la opinión técnica.

El auditor está obligado a mantener el secreto de cuanta información conozca en el ejercicio de su actividad, no pudiendo hacer uso de la misma para finalidades distintas de las de la propia auditoría de cuentas. La documentación referente a cada auditoría de cuentas, incluidos los denominados «papeles de trabajo» del auditor que constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones que consten en el informe, debe ser conservada y custodiada por el auditor durante el plazo de 5 años a contar desde la fecha del informe de auditoría (art. 14.1 LAC).

El informe del auditor

Tras la verificación y revisión de las cuentas, el auditor debe emitir y firmar el informe de auditoría.

Este documento debe tener las cualidades de transparencia, fiabilidad y fidelidad: transparencia para poder apreciar, a través del informe, la realidad económica de la empresa; fiabilidad en cuanto que este documento goza de «general credibilidad, análoga a una especie de fe pública contable-económica»; y fidelidad en cuanto que «es exacto y seguro, porque los datos y conclusiones a que se contrae responden a una verdad».

La parte más importante de este informe —cuyo contenido mínimo— es la opinión técnica del auditor. La opinión puede ser favorable, contener salvedades, ser desfavorable o ser denegada. La opinión favorable —o «informe limpio»— se emitirá cuando las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos en el ejercicio. La opinión con salvedades tiene lugar cuando el auditor considera que existen algunas circunstancias que pueden condicionar o limitar la conclusión de que esas cuentas expresan la imagen fiel: el informe es favorable pero se hacen constar individualizadamente las salvedades que pudieran afectar a ese juicio positivo. La opinión desfavorable o con reservas significa que el auditor manifiesta que las cuentas anuales no representan la imagen fiel de conformidad con los principios y con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Por último, la no emisión del informe, u opinión denegada, se produce cuando el auditor se abstiene de emitir opinión técnica, bien por limitaciones al alcance de la auditoría, bien por incertidumbres de importancia y magnitud muy significativas.

La responsabilidad del auditor

Sobre el auditor confluyen, la responsabilidad civil contractual frente a los empresarios y a las sociedades auditadas por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones por parte del auditor, responsabilidad que, en las sociedades de capital, puede ser exigida no sólo por la propia sociedad sino también, en interés de ella, por la minoría de socios, y también, la responsabilidad civil extracontractual frente a los terceros que acrediten haber adoptado decisiones dañosas confiando en el contenido del informe del auditor.

De esta responsabilidad es independiente la responsabilidad administrativa por cualquiera de las infracciones tipificadas como muy graves, graves y leves.

La potestad sancionadora se atribuye al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que debe ejercerla con arreglo a la LRJAPyPAC, a la Ley de Auditoría y a los Reglamentos que la desarrollan.

El Registro Mercantil

La publicidad legal

La extraordinaria importancia de la actividad que desarrollan los empresarios individuales y las sociedades mercantiles en el ámbito general de la actividad económica explica que la Ley imponga a esos sujetos publicar determinados datos considerados relevantes. Esta publicidad se practica por declaraciones hechas en boletines o periódicos oficiales y sobre todo por inscripciones en los registros públicos.

La publicidad puede tener distinto carácter. En unos casos, lo que se persigue con la publicación en boletines o periódicos oficiales o la inscripción en un registro público es que los terceros puedan conocer determinados datos relativos a los sujetos a que esa publicación o esa inscripción se refiere. Se trata de facilitar el conocimiento de esos datos por los terceros que lean la publicación o que consulten el registro.

En esos supuestos el Derecho no establece consecuencias jurídicas, positivas o negativas, para los terceros por el hecho mismo de la publicación o de la inscripción, si bien puede sancionar a los sujetos obligados a esa publicidad que incumplan el deber legal.

En otros casos, los datos que se ofrecen al dominio público se consideran conocidos por los terceros, con independencia de que ese conocimiento jurídico se corresponda o no con el conocimiento real. Se trata de una publicidad legal no sólo por el origen, sino también por sus efectos: los datos publicados o inscritos son oponibles a los terceros sin que éstos puedan alegar ignorancia. La cognoscibilidad, es decir, la mera posibilidad de conocer, equivale al conocimiento: por el hecho de la publicación o de la inscripción en un registro público, el Derecho considera que los terceros conocen los datos publicados e inscritos.

No todo registro público constituye instrumento técnico de la publicidad legal. Para que los datos anotados o inscritos en un registro sean oponibles a terceros se requiere que el OJ así lo establezca de modo expreso. Entre los registros públicos dotados de publicidad legal destaca por su importancia el RM.

Para facilitar al tercero el conocimiento de algunos datos esenciales y, en su caso, la identificación del RM en que el sujeto figure inscrito, el OJ impone a los empresarios mercantiles, a las sociedades mercantiles y a las demás entidades sujetas a inscripción obligatoria en dicho Registro el deber legal de hacer constar en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas el domicilio y los datos identificadores de la inscripción. Las sociedades deben hacer constar, además, su forma jurídica y, si fuera procedente, la situación de liquidación en que se encuentren (art. 24.1 C. de C). El incumplimiento de este deber legal será sancionado con multa (art. 24.2 C. de C).

El RM como instrumento técnico de la publicidad legal

El RM es un Registro público que tiene por objeto la publicidad de los empresarios, de las sociedades mercantiles y demás sujetos inscribibles, así como de determinados hechos y actos relativos a esos sujetos. El RM es una institución esencialmente dirigida a los terceros.

El precedente del RM se encuentra en las listas y matrículas de mercaderes de las corporaciones y gremios medievales, en las que era preciso figurar inscrito para el ejercicio del comercio.

El comerciante matriculado gozaba de los derechos de la condición mercantil y obtenía la protección de la corporación o del gremio. Se trataba de una matrícula de personas individuales, al que pronto van a acceder determinados actos de esos comerciantes: como las escrituras dótales y las capitulaciones matrimoniales, los poderes concedidos a factores y dependientes y los contratos de sociedad concertados por el comerciante con otros comerciantes o no comerciantes.

La aparición del RM es obra del CCom de 1829, dividido en dos secciones: de un lado, la matrícula general de comerciantes (descendiente de las viejas matrículas) y, de otro, el registro de documentos.

Aunque de modo incipiente, en el primer CCom ya está presente la idea de que el RM es una institución destinada a desplegar efectos sustanciales en relación con los terceros. Con todo, es preciso esperar a la promulgación del CCom de 1885 para que el RM aparezca como instrumento técnico de publicidad legal.

En este CCom y en los sucesivos Reglamentos del RM de 1885, de 1919 y de 1956, el RM se concibe, al igual que en el Código anterior, como un Registro de personas —los comerciantes y las sociedades mercantiles— y de actos, y, como un Registro de bienes: los buques, a los que, con el paso del tiempo, habrían de añadirse las aeronaves. Con la inscripción de estos bienes destinados o susceptibles de ser destinados a la navegación marítima o aérea, el RM se convirtió en un Registro mixto incorporando algunos de los principios que hasta entonces eran específicos del Registro de la Propiedad. Pero el CCom de 1885 no sólo procede a la ampliación del objeto del Registro, sino que instaura un auténtico sistema de publicidad legal: el acto inscribible, que ha sido inscrito, se considera conocido por todos desde la fecha de inscripción, sin que pueda invocarse ignorancia, mientras que el acto inscribible y no inscrito no produce efectos respecto de terceros.

El RM experimentaría una transformación por la Ley 19/1989, de adaptación y reforma parcial de la legislación mercantil a las Directivas en materia de sociedades. En efecto, la Directiva 68/151/CEE obligaba a modificar el momento de producción de efectos de la inscripción en relación con las sociedades anónimas, comanditarias por acciones y de responsabilidad limitada: la oponibilidad de los actos inscritos tenía que producirse, no desde la inscripción, sino desde la publicación de esa inscripción del acto inscribible, bien íntegramente o por extracto, en un boletín nacional designado por el Estado miembro.

El legislador español aprovechó la ocasión para sentar sobre nuevas bases la institución registral.

Se da una nueva redacción al Título II del Libro I del Código y se aprueba un nuevo Reglamento del RM por RD de 1989 el cual, tras la Ley de 1995 de sociedades de responsabilidad limitada, habría de ser sustituido por el aprobado por RD de 1996, que es el actualmente vigente.

En primer lugar, con la Ley de 1989, se produce la ampliación de los instrumentos técnicos de la publicidad legal. Mientras que el sistema de publicidad legal del CCom se basaba única y exclusivamente en los Registros mercantiles territoriales, el sistema introducido por la Ley de 1989, se caracteriza por la dualidad de instrumentos técnicos de publicidad: los Registros Mercantiles territoriales, que hacen efectiva la publicidad por certificación del contenido de los asientos expedida por el Registrador o por simple nota informativa o copia de los asientos y de los documentos depositados, y el Boletín Oficial del RM, en el que se publican por extracto los actos inscritos en los Registros territoriales así como anuncios y avisos legales. Como órgano de conexión o enlace entre los Registros territoriales y el Boletín, figura el RM central que, entre otras funciones, tiene la de ordenar los extractos de las inscripciones practicadas en los Registros Mercantiles territoriales, la de reelaborar la información recibida y la de publicar esa información en el citado Boletín. Además de esta publicidad oficial en el Boletín Oficial del RM, desde la entrada en vigor de la Ley 19/1989, el Colegio de Registradores ha procedido a recuperar en soporte digital el archivo histórico de todos los Registros Mercantiles territoriales, facilitando así la publicidad a través de instrumento técnico alternativo: un portal único en la red.

En segundo lugar, el RM vuelve a ser exclusivamente Registro de personas y de actos. La Ley de 1989 cierra las puertas del RM a los buques y a las aeronaves (que ahora se inscriben en la Sección 1ª del Registro de Bienes Muebles). Pero es necesario añadir que este retorno a la concepción originaria va acompañado de una sustancial ampliación de los sujetos y de los actos inscribibles. No sólo acceden al Registro empresarios y sociedades mercantiles, sino también otros sujetos a los que la Ley desea someter al mismo régimen de publicidad legal.

En tercer lugar, los efectos de la publicidad registral se desplazan desde la inscripción misma hasta la publicación del extracto del acto inscrito: los actos sujetos a inscripción, en efecto, sólo son oponibles a terceros desde la publicación de los datos esenciales de la inscripción en el Boletín Oficial del RM.

En cuarto lugar, se amplían considerablemente las funciones del RM. Hasta la promulgación de la Ley de 1989, el RM era sólo un Registro público. A partir de entonces, al lado de las funciones regístrales tradicionales, el RM asume otras nuevas funciones: la legalización de los libros de los empresarios, el nombramiento de expertos independientes y de auditores de cuentas y el depósito y publicidad de los documentos contables.

La configuración actual del RM debe servir de base para una potenciación de este Registro público, que tiene que orientarse en un triple sentido: en primer lugar, ampliando los sujetos inscribibles. Si pretende ser una institución útil, el RM debe aspirar a ser el Registro público de los «operadores económicos», es decir, de cualquier clase de personas naturales y jurídicas que participen en el tráfico como oferentes o como demandantes de bienes y servicios. En segundo lugar, la oponibilidad de los actos inscritos a los terceros de buena fe debe prescindir por completo del «soporte papel», el cual tiene que ser sustituido por un «soporte informático». En este sentido, la Directiva 2003/58/CE ha procedido a modificar la Directiva 68/151/CEE con la finalidad de proceder a la simplificación de los instrumentos legales de publicidad, de modo tal que los interesados puedan acceder con mayor facilidad y rapidez a la información, a la vez que se simplifiquen sustancialmente los requisitos de publicación impuestos a las sociedades. En este contexto, la citada Directiva persigue, entre otras finalidades, que las sociedades puedan elegir entre realizar la presentación de documentos en papel o por medios electrónicos, salvo que opten por imponer la presentación por medios electrónicos; que el contenido del Registro se convierta progresivamente al formato electrónico; que los interesados puedan obtener una copia, bien en papel, bien en formato electrónico, según soliciten, del contenido del Registro y de los documentos en él depositados; que los Estados puedan decidir entre mantener el Boletín, bien editado en papel o en formato electrónico, o suprimir esta publicación siempre que establezcan «otra medida de efecto equivalente que implique, como mínimo, la utilización de un sistema que permita consultar las informaciones publicadas en orden cronológico a través de una plataforma electrónica central». Aunque algunas de estas medidas ya han sido puestas en práctica en el Derecho español, sería deseable sustituir el BORMpor un «Boletín electrónico» en el que, además, no figuren simples extractos de las inscripciones, sino la totalidad del contenido de la hoja registral. Y, en tercer lugar, es imprescindible que el acceso a esa información sea gratuito.

Sujetos y actos inscribibles

Sujetos y actos inscribibles

A lo largo de la historia, el RM se ha caracterizado por una continua ampliación de su contenido.

Durante un largo período esa ampliación se ha limitado a los actos inscribibles. A esa expansión objetiva se ha añadido ahora una expansión subjetiva: al lado de los empresarios individuales, herederos de los viejos comerciantes y al lado de las sociedades mercantiles, la Ley, por distintas razones, ha considerado sujetos inscribibles a otras entidades.

En el Derecho vigente, el RM tiene por objeto la inscripción de los empresarios individuales, las sociedades mercantiles —entre las que deben considerarse comprendidas las sociedades cooperativas cuando «se dediquen a actos de comercio extraños a la mutualidad»—, incluidas las sociedades anónimas europeas y las sociedades cooperativas europeas que tengan el domicilio en territorio español; las sociedades civiles profesionales; cualesquiera entidades de crédito y de seguros (así, además de las sociedades anónimas bancarias y de las sociedades anónimas de seguros y de reaseguros, las Cajas de ahorro, las cooperativas de crédito, incluidas las Cajas rurales, y las cooperativas y las mutuas de seguros y las mutuas de previsión social); las sociedades de garantía recíproca; las instituciones de inversión colectiva (sociedades y fondos de inversión); los fondos de pensiones; y las agrupaciones de interés económico, así como aquellos actos de los sujetos inscritos determinados legal o reglamentariamente. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista ha añadido la inscripción de cualesquiera clase de entidades que se dediquen al comercio al por mayor o al por menor o a la realización de adquisiciones o presten servicios de intermediación para negociar las mismas por cuenta de comerciantes al por menor, cuando en el ejercicio inmediatamente anterior hayan superado determinada cifra de volumen de negocio.

En realidad, al lado de auténticos sujetos de derecho, en ese catálogo de sujetos inscribibles figuran algunas realidades que en modo alguno merecen esa calificación, sino que son patrimonios dotados de un grado mayor o menor de autonomía. Tal es el caso de los fondos de inversión y de los fondos de pensiones que son patrimonios pertenecientes a una colectividad de inversores o de pensionistas.

En cuanto a los actos inscribibles, éstos están en función de la clase de sujeto de que se trate. En el caso del empresario individual, los principales actos o resoluciones judiciales inscribibles son los relativos a la capacidad del empresario y al régimen económico del matrimonio (como el consentimiento, la oposición y la revocación al ejercicio de la actividad empresarial, las capitulaciones matrimoniales y las sentencias firmes en materia de nulidad del matrimonio, separación y divorcio), así como los poderes generales (incluida su modificación, revocación y sustitución), la apertura, el cierre y demás actos relativos a las sucursales, y la declaración judicial de concurso de acreedores, la intervención o la suspensión de las facultades de administración y disposición que hubiera decretado el Juez y el nombramiento de los administradores concursales. En el caso de las sociedades mercantiles y demás entidades inscribibles, el acto constitutivo y sus modificaciones, el nombramiento y cese de administradores, liquidadores y auditores, los poderes generales (incluida su modificación, revocación y sustitución), la apertura, el cierre y demás actos relativos a las sucursales, la rescisión, disolución, reactivación, transformación, fusión y escisión de la sociedad, así como la declaración judicial de concurso de acreedores de la sociedad, la intervención o la suspensión de las facultades de administración y disposición y el nombramiento de los administradores concúrsales y, en el caso de sociedades anónimas o entidades autorizadas para ello, la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones, salvo que la emisión se realice por sociedades cotizadas y revista determinadas características. Las sociedades cotizadas deberán inscribir, además, en el RM en el reglamento de la junta general de accionistas y en el reglamento del consejo de administración.

La inscripción de sujetos y de actos está sometida al principio de tipicidad: existe un numerus clausus de sujetos y de actos inscribibles. Solamente son inscribibles en los RM territoriales aquellos sujetos y aquellos actos determinados por la Ley y por el Reglamento del RM. El Registro tiene por objeto publicar frente a terceros hechos relevantes.

El principio de la inscripción obligatoria

Los sujetos y los actos inscribibles deben inscribirse obligatoriamente en el RM. La Ley no autoriza la inscripción, sino que la exige. Incluso los Notarios que autoricen documentos sujetos a inscripción en el RM tienen la obligación de advertir a los otorgantes, en el propio documento y de manera específica, acerca de la obligatoriedad de la inscripción.

En relación con los sujetos, este principio de la inscripción obligatoria tiene dos importantes excepciones:

  1. La inscripción de los empresarios individuales.

    • Mientras que la inscripción de las sociedades mercantiles y demás entidades inscribibles es obligatoria, la inscripción de los empresarios individuales no tiene este carácter. Existe, no obstante, una importante medida de fomento de la inscripción y que puede hacer dudar acerca de la significación puramente potestativa de la inscripción del empresario individual: nos referimos a la sanción impuesta a ese empresario no inscrito en el sentido de que no podrá pedir la inscripción de ningún documento en el RM ni aprovecharse de sus efectos legales.

    • En todo caso, el carácter potestativo de la inscripción del empresario individual tiene una excepción: la relativa al carácter obligatorio de la inscripción del naviero, es decir, del empresario individual dedicado al comercio marítimo, que es el único caso de empresario individual que goza parcialmente del beneficio de limitación de la responsabilidad. El beneficio presupone la inscripción: el naviero no inscrito responde con todo su patrimonio de las obligaciones contraídas (art. 19.3 C. de C).

  2. La segunda excepción es la inscripción de los fondos.

    • Mientras que la inscripción de los fondos de pensiones es obligatoria, la inscripción de los fondos de inversión y de los fondos de capital-riesgo es potestativa.

En relación con los actos, el principio de la inscripción obligatoria tiene también dos importantes excepciones:

  1. La primera excepción es la inscripción de los poderes.

    • Mientras que los poderes generales y las delegaciones permanentes de facultades del Consejo de administración de una sociedad mercantil en uno o varios Consejeros-delegados o en una Comisión ejecutiva, así como la modificación, la revocación y la sustitución de esos poderes y la modificación y la revocación de esa delegación permanente de facultades, deben necesariamente inscribirse (salvo que se trate de poderes generales para pleitos); los poderes especiales —es decir, para la realización de actos concretos— y las delegaciones ocasionales o transitorias de facultades son de inscripción meramente voluntaria.

  2. La segunda excepción es la relativa a la emisión de obligaciones.

    • Frente al carácter obligatorio de las emisiones de obligaciones en general, no será necesario el requisito de la escritura pública ni el de la inscripción de la emisión en el RM respecto de aquellas emisiones de obligaciones (o de otros valores que reconozcan o creen deuda), cualquiera que sea la entidad emitente, «siempre que vayan a ser objeto de una oferta pública de venta o de admisión a negociación en un mercado secundario oficial y respecto de las cuales se exija la elaboración de un folleto que esté sujeto a aprobación y registro por la Comisión Nacional del Mercado de Valores», salvo que se trate de obligaciones convertibles.

Un caso particular es el de los denominados «protocolos familiares» estipulados entre socios de una sociedad mercantil con vínculos de familia «para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa». Se puede hacer constar en el RM la existencia del protocolo; se puede depositar ese protocolo, total o parcialmente, junto con las cuentas anuales; y se puede insistir en el Registro que un determinado acuerdo inscribible ha sido adoptado en ejecución de un protocolo familiar.

La organización y el funcionamiento del RM

Los Registros mercantiles territoriales

El sistema registral mercantil español pertenece a los denominados sistemas de Registro descentralizado. El Registro es una oficina pública radicada en todas las capitales de provincia —y, además, en Santiago de Compostela, en Ceuta y Melilla y en determinadas islas—, que está a cargo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y depende del Ministerio de Justicia a través de la DGRN.

A diferencia de los Registros de la Propiedad, la circunscripción territorial de los Registros Mercantiles coincide con la provincia en cuya capital radica, salvo en el caso de los Registros Mercantiles de Ceuta, Melilla y de las islas.

Cada RM territorial tiene uno o varios titulares. En las provincias de mayor actividad económica, el RM cuenta con una pluralidad de Registradores Mercantiles, los cuales llevarán el despacho de los documentos con arreglo al convenio de distribución de materias o sectores que acuerden, que deberá ser sometido a la aprobación DGRN. En las provincias de menor actividad económica, el titular del RM suele tener también la titularidad de un Registro de la Propiedad.

El Reglamento del RM determina qué libros y legajos debe llevar cada Registro Territorial y las formalidades comunes de esos libros.

El sistema de hoja personal: apertura y cierre

El RM se lleva por el sistema de hoja personal, a diferencia del Registro de la Propiedad que, en cuanto Registro de bienes inmuebles y de derechos relativos a ellos, se lleva por el sistema de hoja real.

Significa ello que, al practicar la primera inscripción de un sujeto inscribible, se abre una hoja numerada en el Registro, en la que, en los folios que sean necesarios, se practicarán todos los asientos posteriores relativos a ese sujeto.

Para la apertura de la hoja registral es competente el Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del sujeto inscribible. Como la circunscripción territorial del RM, salvo excepciones, es provincial, para el cambio de domicilio del sujeto inscrito a provincia distinta se presentará en el RM de destino certificación literal de las inscripciones practicadas en la hoja abierta en el Registro de origen, a fin de que esas inscripciones se trasladen a la nueva hoja que se le abra en dicho Registro.

En cuanto a la cancelación de los asientos, cuando el Registrador Mercantil practica el asiento general de cancelación de todas las inscripciones realizadas en aquella hoja tiene lugar el llamado cierre definitivo de la hoja (así sucederá en los supuestos de muerte o cese en el ejercicio de la actividad o, en caso de sociedad mercantil al concluir la liquidación).

Pero el cierre de la hoja puede ser provisional: parcial y total. El cierre provisional parcial es cuando, a pesar del cierre, se autoriza la práctica de algunas inscripciones que específicamente enumera la Ley o el Reglamento, así en los supuestos de falta de depósito de las cuentas anuales, o de falta de adaptación oportuna de los estatutos de las sociedades anónimas. Y es cierre provisional total cuando ya no cabe practicar inscripción alguna en la hoja abierta a ese sujeto en tanto no se regularice la situación que motivó el cierre de esa hoja. Así, en el supuesto de inscripción de la resolución judicial por la que se reduzca el capital a una cifra inferior al mínimo legal en caso de amortización de acciones propias permaneciendo cerrada la hoja hasta que se inscriba la escritura de aumento de ese capital en la medida necesaria, la escritura de transformación o la escritura de disolución de la sociedad; o en el caso de inscripción de la sentencia que ordene a una sociedad o entidad inscrita el cambio de la denominación, durando el cierre hasta que no se inscriba la nueva denominación.

Especial consideración merece el cierre provisional del RM por impago de impuestos estatales. En cada Delegación de la AEAT se lleva un índice de entidades en el que figuran inscritas las que tengan el domicilio fiscal dentro del ámbito territorial de la Delegación. Cuando los débitos tributarios para con la Hacienda pública del Estado de la entidad sujeta al impuesto de sociedades sean declarados fallidos, o cuando la entidad no haya presentado la declaración correspondiente al impuesto de sociedades durante tres períodos impositivos consecutivos, la AEAT, previa audiencia de los interesados, dictará acuerdo de baja provisional que notificará al RM si la sociedad o entidad figura inscrita en ese Registro procediendo el Registrador al cierre provisional de la hoja mediante nota marginal en la que hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a dicha hoja concierna sin presentación de certificación de alta en el índice de entidades. A este cierre provisional, excepciones: pueden extenderse los asientos ordenados por la Autoridad judicial y aquellos otros que hayan de contener los actos necesarios que sea presupuesto para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales, pero no los relativos a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores.

El proceso de inscripción

El proceso de inscripción se inicia con la presentación de los documentos en los que constan las circunstancias de los sujetos que pretenden ser inscritos o los actos objeto de inscripción. En esta materia rigen los denominados principios de rogación y de titulación pública: El principio de rogación significa que el procedimiento dirigido a la práctica de los asientos regístrales se inicia a instancia de parte legitimada, y no de oficio, por el Registrador mercantil. En el Derecho español, se facilita extraordinariamente la presentación de documentos inscribibles mediante aquella presunción según la cual quien presente un documento inscribible en el RM se considera representante de quien tenga la facultad o el deber de solicitar la inscripción. Existen algunos casos excepcionales en los que el Registrador procede de oficio a la práctica de determinados asientos, sin previa solicitud de interesado. Así, por ejemplo, en los casos de caducidad del nombramiento de administradores de sociedades, una vez vencido el plazo para el que hubieran sido nombrados y en los casos de disolución de pleno derecho de sociedad por transcurso del tiempo o por falta de cambio de la denominación social a que hubiera sido condenada por sentencia firme como consecuencia de violación del derecho de marca.

El principio de titulación pública significa que la inscripción tiene que practicarse en virtud de documento público. Son documentos públicos las escrituras públicas, los documentos judiciales y los documentos administrativos. Por excepción, la inscripción se practicará en virtud de documento privado, por ejemplo, la inscripción primera del empresario individual, salvo que se trate de naviero, y la apertura y el cierre de sucursales; la inscripción del nombramiento y del cese de administradores, liquidadores y auditores; y la inscripción de los reglamentos de la junta general de accionistas y del consejo de administración de las sociedades cotizadas. La agrupación europea de interés económico y los actos inscribibles relativos a la misma pueden inscribirse también en el RM en virtud de documento privado con firmas legitimadas notarialmente.

Es indiferente que se trate de un documento público otorgado en España o en el extranjero. El documento extranjero, debidamente apostillado, constituye título hábil para la inscripción.

La presentación debe hacerse en el Registro territorial del domicilio del sujeto inscribible o inscrito.

La presentación puede ser directa, es decir, realizarse mediante la entrega o consignación material del título a inscribir o por vía telemática y con firma electrónica avanzada del Notario autorizante o responsable del protocolo. En todo caso, tiene que realizarse por persona legitimada o por su representante; pero quien presente un documento inscribible será considerado representante de quien tenga la facultad o el deber de solicitar la inscripción, facilitándose así este trámite. Si la inscripción es obligatoria, la presentación del documento tiene que realizarse dentro del mes siguiente al otorgamiento del documento o de los documentos necesarios para la práctica del asiento, salvo disposición contraria legal o reglamentaria.

Entre estas excepciones destaca la relativa a los acuerdos sociales inscribibles: el documento en que consten estos acuerdos debe presentarse dentro de los 8 días siguientes a la fecha de aprobación del acta correspondiente.

Al presentar cualquier documento que pueda provocar alguna operación registral se extenderá en el Diario correspondiente oportuno asiento de presentación, haciendo constar en el documento el día y la hora de presentación y el número y tomo del Diario, entregando recibo al presentante. La fecha de este asiento tiene particular importancia: se considera como fecha de inscripción la fecha del asiento de presentación. El asiento tiene una vigencia de 2 meses, salvo el relativo a la presentación de las cuentas anuales para depósito, que es de 5 meses.

Presentado a inscripción un documento, rigen los principios de prioridad y de tracto sucesivo.

Según el principio de prioridad (inscrito o anotado preventivamente en el RM cualquier título) no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él.

Además, el documento que acceda primeramente al Registro es preferente sobre los que accedan con posterioridad. Este principio de prioridad tiene que interpretarse «en conexión con la global significación y finalidad del Registro», por lo que debe ceder en beneficio de otros principios regístrales de mayor trascendencia. Según el principio de tracto sucesivo (para inscribir actos o contratos relativos a un sujeto inscribible será preciso la previa inscripción del sujeto), para inscribir actos o contratos modificativos o instintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de éstos; y, en fin, para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores será igualmente precisa la previa inscripción de éstos. Así, por aplicación del principio de tracto sucesivo, se ha denegado la inscripción de un acuerdo de reducción del capital social que parta de una cifra de dicho capital que no se corresponda con la que el Registro publica.

Una vez presentado los documentos necesarios para la práctica de la inscripción, el Registrador Mercantil debe proceder a la calificación de los mismos. La calificación es el examen que debe realizar el Registrador para comprobar la legalidad de los títulos o documentos presentados a los meros efectos de extender, suspender o denegar el asiento solicitado. La calificación consiste en el control de la legalidad del título que se presenta a inscripción. La calificación es un control obligatorio, ya que el Registrador ha de pronunciarse necesariamente sobre el título presentado, practicando la inscripción, suspendiendo la práctica de la misma o denegándola; un control personalísimo, que no es susceptible de ser delegado; y de un control independiente, pues el Registrador no puede recibir instrucciones ni intromisiones de autoridades judiciales o administrativas, sin perjuicio de que las Resoluciones de la DGRN que estimen recursos interpuestos contra la calificación del Registrador tengan carácter vinculante para todos los Registradores mientras no se anulen por los Tribunales.

La calificación se limita a comprobar la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad y legitimación de los que los hubieran otorgado o suscrito y la validez de su contenido.

En relación con la representación orgánica, el Registrador no puede exigir que conste en el documento manifestación alguna sobre la vigencia del cargo del administrador, ya que no existe ninguna norma legal que imponga esa manifestación, la cual, en todo caso, debe entenderse implícita en la afirmación, que hace el otorgante en el momento mismo del otorgamiento de la escritura, de que ostenta la condición de administrador con poder de representación.

Como los únicos medios o instrumentos que puede utilizar el Registrador para realizar la calificación son los propios documentos presentados y los asientos del Registro con ellos relacionados, el Registrador, al calificar, sólo puede fundarse en lo que conste en los documentos presentados en el Registro. Naturalmente, debe tomar en consideración no sólo el documento aisladamente presentado sino también aquellos otros que, obrando en el Registro tengan relación con el acto cuya inscripción se solicita, aunque sean incompatibles entre sí.

El Registrador no puede inscribir en el RM sociedades o entidades cuya denominación le conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española.

El plazo máximo para practicar la inscripción es de 15 días contados desde la fecha del asiento de presentación. Si el título hubiera sido retirado antes de la inscripción, si tuviera defectos subsanables o si existiera pendiente de inscripción un título presentado con anterioridad, ese plazo se computará respectivamente desde la fecha de la devolución del título, desde la fecha de la subsanación o desde la fecha de la inscripción del título previo. Si la calificación no se hubiera realizado dentro del plazo señalado, el interesado puede optar entre instar del Registrador que la practique en el término improrrogable de 3 días o solicitar la aplicación del cuadro de sustituciones; y, si únicamente hubiera pedido que se practique la inscripción en ese plazo improrrogable, una vez transcurrido ese plazo sin que hubiera tenido lugar, podrá solicitar la aplicación del cuadro de sustituciones. La calificación realizada fuera de plazo por el Registrador titular producirá una reducción de aranceles de un 30 por 100, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador correspondiente.

Aun cuando la calificación ha de ser global y unitaria, se permite en ciertos casos la inscripción parcial del título: si los defectos atribuidos por el Registrador afectaren sólo a una parte del título y no impidieren la inscripción del resto, podrá practicarse la inscripción parcial, siempre que se hubiera previsto en el título mismo o se hubiere solicitado por el interesado mediante instancia. La inscripción parcial del título no exime al Registrador de especificar razonablemente los defectos, subsanables o insubsanables, que aprecie en la parte no inscrita.

Inmediatamente después de practicar el asiento correspondiente, el Registrador Mercantil territorial remitirá al Registrador Mercantil Central los datos esenciales de dicho asiento haciendo constar la remisión por nota al margen del asiento practicado. El Registrador mercantil central incorpora estos datos al archivo informatizado a su cargo y los publica en el BORM.

Cuando la calificación es positiva no cabe recurso administrativo alguno. En ese supuesto, quien acredite interés legítimo podrá solicitar ante la jurisdicción civil la declaración judicial de inexactitud o de nulidad del asiento practicado. Cuando la calificación es negativa el interesado: dentro de los 15 días siguientes al de la notificación de la calificación negativa, puede instar que el título sea calificado por otro Registrador, quien asumirá la calificación bajo su responsabilidad, o puede, por el contrario, recurrir ante la DGRN, recurso que es meramente potestativo; o puede, en fin, impugnar directamente la calificación ante el Juzgado de lo mercantil por los trámites del juicio verbal.

La legitimación para la interposición de este recurso (gubernativo o DGRN) de reforma se reconoce no sólo a la persona a cuyo favor se hubiera de practicar la inscripción, a quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta y a los representantes legales y voluntarios de esos legitimados, sino también al Notario que hubiera autorizado el documento —incluso aunque los interesados hubiesen prestado su conformidad a la calificación—, a la autoridad judicial o al funcionario competente de quien provenga la ejecutoria, el mandamiento o el título presentado y, en ciertos casos, al MF.. La DGRN debe resolver y notificar el recurso en el plazo de 3 meses, computados desde que hubiera tenido entrada en el RM cuya calificación se recurre; transcurrido este plazo sin que hubiera recaído resolución, se entenderá desestimado el recurso, quedando expedita la vía jurisdiccional. El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, el Consejo General del Notariado y los Colegios Notariales carecen de legitimación para recurrir las resoluciones de la DGRN.

En el caso de que un RM esté a cargo de dos o más Registradores, la Ley establece el deber de procurar la uniformidad de los criterios de calificación. Con esta finalidad, exige que el despacho de los documentos se realice con arreglo al convenio de distribución de materias o sectores que éstos acuerden.

Cuando el Registrador al que corresponda la calificación apreciare defectos que impidan practicar la inscripción solicitada, tiene el deber de poner el hecho en conocimiento del cotitular o cotitulares del mismo sector o del sector único, con traslado de la documentación antes de que transcurra el plazo máximo establecido para la inscripción del título. Si el cotitular o alguno de los cotitulares considerasen que la operación es procedente, la practicará bajo su responsabilidad antes de que expire ese plazo. A fin de garantizar el cumplimiento de este deber, se establece que el Registrador a quien corresponda debe expresar en la calificación negativa que se ha extendido con la conformidad de los cotitulares. Si falta esta indicación, la calificación se entenderá incompleta, pudiendo los legitimados recurriría, instar la intervención del sustituto o solicitar que se complete.

Las relaciones entre RM y Registro de la Propiedad

Se echa de menos una adecuada coordinación entre RM y Registro de la Propiedad para mayor seguridad del tráfico. Destaca que el hecho de que sea obligatoria la inscripción en el RM del nombramiento de los administradores y de los apoderados generales no impide que éstos, aunque no estén inscritos, puedan otorgar actos y contratos inscribibles en el RP y que esos actos y contratos se inscriban en dicho Registro a pesar de esa falta de inscripción del representante orgánico o voluntario.

Los asientos registrales

Las inscripciones y sus clases

Se denominan asientos todas y cada una de las «inscripciones» que se practican con la firma del Registrador en los libros del Registro. En sentido vulgar inscripción equivale a asiento registral; pero en sentido técnico-jurídico la inscripción constituye una clase de asientos. En efecto, en el Registro se practican inscripciones, pero también asientos de presentación, anotaciones preventivas, cancelaciones y notas marginales. La inscripción es el asiento de mayor importancia: la inscripción es (un asiento principal, y no accesorio como la nota marginal) un asiento que se practica en el Libro de inscripciones, a diferencia del asiento de presentación que, en cuanto asiento preparatorio de la inscripción, se practica en el Libro Diario; es un asiento definitivo, y no provisional como la nota preventiva; y es un asiento positivo, a diferencia de la cancelación que es un asiento de virtualidad extintiva.

Las inscripciones se clasifican en primeras y posteriores. Inscripción primera es la que abre la hoja registral. Como el RM se lleva por el sistema de hoja personal (art. 3 RRM) la primera inscripción es la relativa a las circunstancias del empresario individual o a la escritura de constitución de sociedad mercantil o demás entidades inscribibles. Las inscripciones posteriores, como su nombre expresa, son las que se refieren a aquellos actos posteriores de ese empresario o de esa sociedad o entidad que la Ley o el Reglamento consideran inscribibles.

Atendiendo a la eficacia de las inscripciones se clasifican éstas en declarativas y constitutivas o, si se prefiere, en inscripciones de eficacia declarativa e inscripciones de eficacia constitutiva, según que los efectos intrínsecos o esenciales del acto inscrito se produzcan con independencia de la inscripción o dependan de ella. En el caso de las inscripciones constitutivas, el acto no produce los efectos que le son propios en tanto no se inscriba en el RM. En el Derecho español, la regla general es el de la eficacia meramente declarativa de las inscripciones. Por excepción la inscripción de las sociedades anónimas, comanditarias por acciones y de responsabilidad limitada es constitutiva: estas sociedades no quedan sometidas plenamente al estatuto específico de la forma social elegida sino a partir del momento mismo de la inscripción. También por excepción la inscripción es constitutiva en los casos de delegación de facultades en un Consejero-delegado o en una Comisión ejecutiva y en los casos de transformación, fusión o escisión de sociedades.

La publicidad de los asientos registrales: certificaciones y notas informativas

El Registro es público y, cualquier persona tiene acceso a él para adquirir conocimiento de cuantos asientos regístrales o de cuantos documentos archivados o depositados en el Registro puedan interesarle.

A diferencia de lo que acontece respecto del Registro de la Propiedad y del Registro de Bienes muebles, no se exige al solicitante acreditar un interés legítimo para acceder al contenido del RM.

En atención al soporte físico en que se facilita la publicidad, es posible distinguir entre publicidad en soporte papel y la publicidad telemática, que se realizará de acuerdo con lo establecido en la LH para los Registros de la Propiedad.

En el Derecho vigente, los dos únicos medios para hacer efectiva la publicidad son las certificaciones y las notas informativas o copias. Las certificaciones son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro o de los documentos archivados o depositados en él. La certificación puede solicitarse bien mediante escrito entregado directamente, bien mediante escrito enviado por correo, por telefax o por comunicación electrónica. La facultad de certificar corresponde exclusivamente al Registrador, el cual deberá firmar y expedir la solicitud en el plazo máximo de 5 días a contar desde la fecha en que se hubiera presentado la solicitud.

Las copias —o notas simples informativas— presentan frente a las certificaciones la ventaja de que tienen que expedirse en el plazo máximo de 3 días desde la solicitud; pero, a diferencia de las certificaciones, no cumplen la función de acreditar el contenido del Registro.

Pero los terceros, además de estos medios, pueden conocer los datos esenciales de los asientos practicados en los Registros territoriales, a través del RM Central y a través del BORM. El RM Central no expide más certificaciones que las correspondientes a la Sección de denominaciones. Con esta única excepción, la publicidad de los datos esenciales que figuran en ese Registro se hace efectiva a través de copias o notas simples informativas.

El acto inscrito

La presunción legal de exactitud y validez

El contenido del Registro se presume exacto y válido. Inscrito un acto en el Registro, previa calificación de legalidad por el Registrador, ese acto se presume legítimo, es decir, dotado de exactitud y de validez. Precisamente por ello la Ley declara que los asientos del Registro «están bajo la salvaguarda de los Tribunales».

Ahora bien, la inscripción no tiene eficacia convalidante o sanatoria, es decir, no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo a las Leyes. De ahí que la presunción de exactitud y de validez pueda ser destruida mediante resolución judicial; pero en tanto esa resolución no acceda al Registro la presunción continúa desplegando sus efectos: los asientos del Registro producen los efectos que le son propios mientras no se inscriba la declaración judicial firme de su inexactitud o de su nulidad. Esa declaración de inexactitud o de nulidad de los asientos regístrales no perjudica los derechos de terceros de buena fe adquiridos conforme a Derecho.

En algunos casos, el Juez puede suspender los efectos del acto inscrito en tanto se dilucida la validez, del mismo. Así acontece en los casos de impugnación de acuerdos de sociedades anónimas, comanditarias por acciones y de responsabilidad limitada cuando, a solicitud de la minoría, se decrete por el Juez la suspensión de los efectos del acuerdo impugnado. La resolución judicial firme que acuerde la suspensión de los efectos del acuerdo inscrito y, por ende, la suspensión de los efectos de la inscripción debe ser objeto de anotación preventiva en la hoja abierta a la sociedad.

En ocasiones, aunque la inscripción carece de eficacia convalidante o sanatoria, la Ley limita las causas de nulidad del acto inscrito, consiguiendo de este modo efectos semejantes a los de la convalidación. Así, una vez inscrita una sociedad de capital, la acción de nulidad sólo puede ejercitarse por las causas taxativamente establecidas por la Ley; y, del mismo modo, una vez inscrita la fusión o la escisión de sociedades, la acción de nulidad sólo puede basarse en la nulidad o la anulabilidad de los correspondientes acuerdos de las juntas generales de las sociedades que se fusionan o escinden, y no en otras causas diferentes.

La oponibilidad del acto inscrito

En el sistema registral mercantil que establecía originariamente el CCom de 1885, los efectos de la inscripción se producían frente a tercero desde la fecha en que ésta se practicaba. Se presumía que el contenido de los asientos era conocido por todos desde la fecha de la inscripción. Los efectos de la publicidad del RM se conectaban, pues, al concreto momento temporal en que la inscripción se practicaba: a partir de ese momento, el acto era oponible al tercero; antes de ese momento el acto se presumía no conocido por éste y, por consiguiente, era inoponible, salvo que se probase el conocimiento.

Tras la Ley de 1989, los actos sujetos a inscripción sólo son oponibles a terceros de buena fe desde que se publican en el BORM los datos esenciales del asiento practicado. En cuanto al momento de producción de efectos se pasa así del sistema de la inscripción al sistema de la publicación.

En rigor, el objeto de la oponibilidad no es lo publicado, sino lo inscrito. En el BORM sólo se publican extractos, es decir, los datos esenciales de cada asiento practicado en los Libros de inscripciones, y no la totalidad del asiento. Pero el contenido de la totalidad del asiento es oponible desde que tiene lugar esa publicación de los simples datos esenciales. Así, por ejemplo, en la hoja correspondiente a un empresario o sociedad se inscriben los poderes generales que otorguen, haciendo constar en esa hoja la identidad de los apoderados, la fecha del nombramiento, las facultades conferidas, el modo de ejercitar esas facultades si son varios los apoderados y las limitaciones que, en su caso, hubiese considerado oportuno introducir el poderdante. Practicada la inscripción, el BORM pública únicamente la identidad del apoderado o de los apoderados y la fecha en la que el nombramiento ha tenido lugar. El hecho de que no se publiquen las limitaciones que eventualmente se hubieran introducido en el poder no significa que esas limitaciones no sean oponibles a los terceros. La publicación determina el momento de la oponibilidad, y no el contenido de lo oponible.

La oponibilidad de lo inscrito a partir de la publicación tiene dos excepciones. Por virtud de la primera, durante los 15 días siguientes a la publicación, el acto inscrito y publicado no será oponible a aquel tercero que pruebe que no pudo conocerlo, prueba que en la mayoría de los casos, será extraordinariamente difícil. Segunda excepción, el acto, inscrito o no, es oponible al tercero antes de la publicación si se prueba que ese tercero lo conocía.

La discordancia entre inscripción y publicación

La dualidad de instrumentos técnicos de publicidad —Registros territoriales y BORM— plantea el problema de la eventual discordancia entre lo inscrito y lo publicado. En tales casos, el tercero tiene derecho de elección: puede optar entre el Registro o el Boletín. Si no coincide el contenido de la inscripción y el contenido de la publicación el tercero de buena fe puede invocar la publicación si le fuera favorable. Naturalmente, la buena fe de ese tercero se presume. Quien alegue que el tercero conocía la discordancia entre inscripción y publicación debe probarlo. Si esa prueba se aporta, sea prueba directa o indirecta o por presunciones —es decir, si se llega a acreditar que el tercero conocía el contenido del Registro (v. gr.: por haber solicitado y obtenido certificación del asiento o simple nota informativa: art. 23 C.de C.)—, entonces prevalece el contenido del Registro sobre lo que inexactamente se hubiera publicado en el BORM.

Si la discordancia entre el contenido de la inscripción y el contenido de la publicación hubiera causado o contribuido a causar un daño al tercero de buena fe, quien haya ocasionado la discordancia estará obligado a resarcir al perjudicado.

El RM Central

El RM Central

La Ley 19/1989 creó el RM Central, al que asignó un carácter meramente informativo, sin precisar las funciones a desarrollar por este Registro. En realidad, la principal función del RM Central es la de ser el instrumento técnico de conexión entre los Registros Mercantiles Territoriales y el BORM, cuya publicación tiene encomendada. En efecto, el RM Central se concibe como un registro centralizador de aquellos datos esenciales de los asientos practicados en los distintos Registros territoriales, datos que, remitidos por estos Registros dentro de los 3 días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera practicado el asiento correspondiente y reelaborados, en su caso, por el RM Central, son objeto de publicación en el BORM.

Es ésta la función capital del RM Central. Colocado en el vértice del sistema registral mercantil, este Registro coordina, articula y da unidad al sistema en sí. Precisamente por la importancia de esta función, el Reglamento del RM regula minuciosamente la remisión y el tratamiento de datos al RM Central.

Pero, al lado de esta función básica, el RM Central cumple una función informativa en la medida en que esos datos remitidos por los distintos Registros territoriales son accesibles al público. Mientras que la publicidad formal de los Registros Mercantiles territoriales se hace efectiva mediante certificaciones o por simple nota informativa o copia de los asientos, la publicidad formal del RM Central está limitada a las notas informativas, no pudiendo expedir certificaciones. Ahora bien, el RM Central no facilita notas informativas de las inscripciones y demás asientos que se hayan practicado en los Registros territoriales, sino de los datos esenciales de esos asientos, es decir, de lo que figura en el RM Central. Por eso, en las notas que se expidan existe el deber de advertir acerca de las limitaciones relativas a la información que se facilita.

Además de estas dos funciones esenciales, el RM Central se ocupa del archivo y de la publicidad de las denominaciones de sociedades y demás entidades jurídicas. Para el desarrollo de esta función (el antiguo Registro General de Sociedades), dependiente de la DGRN, se ha convertido en la Sección de denominaciones del RM Central.

El Boletín Oficial del RM

Entre las funciones del RM Central figura la publicación del BORM. Al RM Central corresponde la publicación del BORM de periodicidad diaria (excepto: sábados, domingos y días festivos en Madrid), pero no la impresión, la distribución y la venta del mismo, que es competencia del Organismo autónomo BOE.

En el sistema registral mercantil, este Boletín constituye una pieza fundamental por cuanto que la oponibilidad de los actos sujetos a inscripción a los terceros de buena fe tiene como presupuesto que los datos esenciales de dichos actos, una vez inscritos, sean objeto de publicación en BORM.

El BORM cuenta con una Sección 2ª, en la que se publican anuncios y avisos legales correspondientes a aquellos actos de los sujetos inscritos que no causen operación en el RM y cuya publicación resulte impuesta por la Ley (ejemplo, los anuncios de convocatoria de las juntas generales de las sociedades anónimas y, salvo que los Estatutos hayan sustituido este sistema por otro de los admitidos por la Ley especial, los anuncios de convocatoria de las juntas generales de las sociedades de responsabilidad limitada).

La Directiva 2003/58/CE, del PE y del Consejo, autoriza a los Estados miembros a sustituir la publicación del boletín «por otra medida de efecto equivalente que implique, como mínimo, la utilización de un sistema que permita consultar las informaciones publicadas en orden cronológico a través de una plataforma electrónica central».

Las demás funciones del RM

Las demás funciones del RM

Los cambios introducidos por la Ley 19/1989 en el régimen jurídico del RM no se limitaron a la sustitución del sistema de la inscripción por el sistema de la publicación. Al mismo tiempo, esa Ley procedió a la sustancial ampliación de las funciones de los RM territoriales, los cuales, además de ser oficinas públicas en las que se practica la inscripción de determinados sujetos y de determinados actos de esos sujetos, asumen: la legalización de los libros de los empresarios, el nombramiento de expertos independientes y de auditores de cuentas y el depósito y publicidad de los documentos contables de las entidades obligadas.