Derecho‎ > ‎Grado en Derecho‎ > ‎Derecho del Consumo‎ > ‎

Los contratos a distancia

Noción general

Descripción y características

Los contratos a distancia son un modo particular de negociación, distribución o contratación, en el cual el mensaje impreso o transmitido a distancia constituye el mecanismo principal para ofrecer los productos o servicios a una clientela indeterminada y potencial de futuros consumidores. Se trata de una operación que se desarrolla en tres fases o etapas fundamentales:

  1. El consumidor recibe la oferta del producto o servicio mediante una técnica de comunicación a distancia, a través de una descripción escrita, visual u oral, con indicación del precio y demás condiciones de la oferta contractual.

  2. Sobre esta base el consumidor efectúa su pedido, emplea también una fórmula cualquiera de comunicación a distancia para entrar en contacto con el vendedor.

  3. Más tarde recibe el producto o servicio en la dirección suministrada.

Debido a esta doble utilización de técnicas de comunicación, no se producirá la presencia física simultánea del consumidor y del profesional en ningún momento, característica diferenciadora fundamental entre los contratos celebrados a distancia y los realizados fuera de los establecimientos mercantiles.

Otra diferencia es que el consumidor no tiene porque contratar sin reflexionar, cosa que sucede en los contratos realizados fuera de establecimientos mercantiles, donde sí se corre el riesgo de que la mercancía recibida no se corresponde con sus deseos, a la oferta o publicidad, o que sea defectuosa, por lo que se le concede un período para privar de eficacia al contrato, mediante el desistimiento unilateral, no con objeto de que puede reflexionar, sino para examinar con tranquilidad el producto comprado o característica del servicio contratado.

Supuestos principales

Los contratos a distancia se pueden dividir en varias categorías:

  • Los contratos por correo. Sistema de contratación en el cual el mensaje impreso es el soporte principal para ofrecer el producto o servicio a la clientela. Este mensaje impreso sobre papel puede adoptar formas diversas: a) Catálogo, b) Ofertas hechas para mailing; y, c) Anuncios en prensa.

  • Los contratos por teléfono.

  • Los contratos por televisión.

  • Los contratos por radio.

  • Los contratos mediante uso de instrumentos informáticos o telemáticos.

La Regulación normativa

La UE no ha permanecido indiferente ante la problemática generada por este tipo de contratación, y los contratos a distancia fueron objeto de la Directiva 97/7/CE. En nuestro país, la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, contiene en sus arts. 38 a 48 la primera regulación a nivel estatal sobre las Ventas a Distancia, pues con anterioridad a esta Ley algunas CCAA disponían de una normativa sobre esta materia, la cual ha sido objeto de reforma tras la aprobación de la Ley 47/2002 para la transposición al Ordenamiento Jurídico interno de la Directiva 97/7/CE, y para la adaptación de la Ley a diversas Directivas comunitarias.

Ámbito subjetivo de aplicación

La Noción de consumidor conforme a la directiva

La Directiva sobre contratos a distancia define al consumidor como “Toda persona física que en los contratos contemplados en la presente Directiva actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional”.

Por tanto, la Directiva caracteriza a los consumidores, en oposición al profesional, como destinatarios finales del producto o servicio, considera consumidores sólo a las personas físicas; y los asimila sistemáticamente a la figura del contratante, es decir, al consumidor jurídico; incluyendo dentro del ámbito de aplicación de la Directiva cualquier modalidad contractual celebrada, entre estos y el proveedor del bien o servicio, en el marco de un sistema de ventas o prestación de servicios a distancia, utilizándose exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia.

No obstante, la norma comunitaria excluye expresamente de su ámbito de aplicación algunos contratos a los que más adelante aludiremos.

La ratio legis de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista

Aunque la Ley 7/1996 (LOCM) no lo especifique de manera expresa, las ventas a distancia deben de celebrarse entre un vendedor que ha de ser un profesional y el comprador que deberá ser un destinatario final. Ello se deduce de la LOCM, que entiende por comercio minorista aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos utilizando o no un establecimiento.

Así, la LOCM tan sólo alude a los destinatarios finales sin remitirse a la definición que de consumidores da la LCU, ello posiblemente con el fin de abarcar no sólo a las ventas de consumo sino también las ventas a destinatarios finales. Esto pone de manifiesto que las ventas especiales y actividades de promoción comercial recogidos en la LOCM no tienen como objetivo principal la tutela de los consumidores.

En definitiva, dado que la finalidad de la LOCM es establecer el régimen general del comercio minorista y no la protección del consumidor, se aplicará también a los destinatarios finales cuando no sean consumidores en el sentido de la LCU, y sólo para ellos no será de aplicación el art. 48 de la LOCM sobre la irrenunciabilidad de los derechos, posibilidad prevista única y exclusivamente para los consumidores.

El proveedor o vendedor

La Directiva, además de dar una definición de consumidor, hace lo propio con la figura del proveedor al que define como “Toda persona física o jurídica que, en los contratos contemplados en la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional.”

Por su parte, la LOCM se aplica al destinatario final y a quien desarrolle la actividad del comercio minorista profesionalmente con ánimo de lucro, y descubre la figura del comerciante o empresario.

La LOCM pretende ordenar la venta de un comerciante al destinatario final de la mercancía exigiéndole que ejercite su actividad de una forma profesional o de forma habitual. La Ley exige ánimo de lucro, algo que, sin embargo, no es esencial, en términos jurídicos, para el concepto de empresario.

Ámbito objetivo: la contratación a distancia

La Directiva sobre contratos negociados a distancia tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativos a los contratos a distancia entre consumidores y proveedores. A tal efecto, se entiende por contrato a distancia todo contrato entre proveedor y consumidor sobre bienes o servicios celebrado en el marco de un sistema de ventas o de prestación de servicios a distancia organizado por el proveedor que, para dicho contrato, utiliza exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta la celebración del contrato, incluida la celebración del propio contrato.

Iniciativa comercial y técnica de Comunicación a distancia

De la LOCM se puede deducir que será el comerciante quien tome la iniciativa contractual, cuando al dar el concepto de ventas a distancia alude a la necesidad de que la propuesta de contratación provenga del vendedor mientras que el comprador deberá proceder a su aceptación, momento en que se perfecciona el contrato conforme al art.

1262.2 CC, al no disponer nada dicha Ley. Por el contrario, cuando sea el consumidor quien emita a través de una técnica de comunicación a distancia una oferta de contrato no será de aplicación el régimen jurídico dispuesto para esta modalidad contractual.

La Directiva entiende por técnica de comunicación a distancia, todo medio que permita la celebración del contrato entre consumidor y proveedor sin su presencia física simultánea, rasgo característica de este tipo de contratos, falta la presencia física simultánea de las partes contratantes que será sustituida por la utilización de una técnica de comunicación a distancia.

La aceptación expresa del consumidor

La LOCM incorpora el derecho del consumidor a oponerse a recibir comunicaciones comerciales a distancia, para lo cual, la Administración deberá articular unos mecanismos de control del cumplimiento de esta exigencia. Además, recuerda el deber de cumplir las disposiciones vigentes sobre respeto a la intimidad y sobre protección de menores.

También considera la LOCM que en ningún caso la falta de respuesta a la oferta de venta a distancia podrá considerarse como aceptación de aquélla, lo que exige una aceptación expresa por parte del comprador, o nos encontraríamos ante un supuesto de envío no solicitado prohibido. Es evidente, que corresponderá al proveedor demostrar que ha habido aceptación expresa por parte del comprador.

Contratos excluidos

El ámbito de aplicación de la Directiva se extiende tanto a los contratos sobre bienes como sobre prestación de servicios. En cambio, la LOCM al referirse en su art. 1 a “la venta de cualquier clase de artículos” dejaba fuera de su ámbito de aplicación las actividades de prestación de servicios, así como el tráfico inmobiliario.

Una vez publicado el TRLCU, la referida disposición ha quedado derogada, pasando a ser el nuevo art. 93.1, que establece que la regulación establecida en este título no será de aplicación a:

  • Las ventas celebradas mediante distribuidores automáticos o locales comerciales automatizados.

  • Las ventas celebradas en subastas, excepto las efectuadas por vía electrónica.

  • Los contratos sobre servicios financieros.

  • Los contratos celebrados con los operadores de telecomunicaciones debido a la utilización de los teléfonos públicos.

  • Los celebrados para la construcción de bienes inmuebles.