La Comisión Europea

La Comisión Europea: naturaleza, composición, funcionamiento y competencias

Naturaleza

La Comisión es el órgano que representa a la UE, al encarnar el interés supranacional frente a los intereses particulares de los Estados miembros.

La Comisión le compete velar por el interés general de la Comunidad y, específicamente, asegurar la aplicación y el desarrollo y cumplimiento de los Tratados y del conjunto de las normas comunitarias. Asimismo, la Comisión prepara y presenta las propuestas normativas en el conjunto de las políticas comunitarias. La Comisión es también una institución diseñada para asumir en la estructura político-administrativa europea la función ejecutiva, por cuanto dispone de poderes de gestión de las políticas comunitarias y de ejecución de presupuesto. E incluso su iniciativa legislativa es considerada como la expresión de una competencia ejecutiva.

Composición

El número de comisarios depende, en principio, del número de Estados miembros de la Unión. Desde 2004, la Comisión se compone de un Comisario por Estado miembro (27) uno de los cuales es su Presidente.

Se decidió que cuando la Unión contara con 27 Estados miembros, el número de comisarios sería inferior al número de Estados miembros, los cuales serían elegidos cono arreglo a una rotación igualitaria cuyas modalidades adoptaría el Consejo por unanimidad, de acuerdo con dos principios:

  1. Los Estados miembros serían tratados en un estricto pie de igualdad en lo que se refiere a la determinación del orden del turno y del período de permanencia de sus nacionales en la Comisión.
  2. Cada uno de los colegios sucesivos se constituiría de forma que refleje de manera satisfactoria la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de los Estados miembros de la Unión.

Asimismo, el Consejo adoptaría también por unanimidad, el número de miembros de la Comisión. Esta opción de un número de Comisarios inferior al de los Estados miembros es la opción más europeísta: si la Comisión debe ser una institución independiente encargada de identificar y defender el interés de la Unión, no precisa tener comisarios de todas las nacionalidades.

Las condiciones requeridas por los Tratados para ser elegido Comisario son tres:

ser nacional de un Estado miembro, estar dotado de “competencia general” y ofrecer “garantías plenas de independencia”.

Sus componentes no son representantes de los Estados miembros de la Unión, independencia no exigida sólo de los gobiernos de los Estados, sino también respecto de cualquier entidad pública o privada que pudiera interferir en las funciones asignadas a ellos.

Nombramiento

Hasta la entrada en vigor del TUE, los miembros de la Comisión eran nombrados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros.

El Tratado de Amsterdam introdujo dos importantes novedades. La primera era que el TCE exigía la aprobación por parte del PE de la designación previa que los gobiernos de los Estados miembros hayan hecho de la personalidad a la que se propongan nombrar Presidente de la Comisión. Y en segundo lugar, el Tratado de Amsterdam exigía también a los gobiernos de los Estados miembros que la designación de los demás miembros del Colegio de Comisarios se hiciera de común acuerdo con el Presidente de la Comisión.

El Tratado de Niza, también introdujo algunas modificaciones interesantes. En primer lugar, dispone que será “el Consejo en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno, y por mayoría cualificada”, el que designará a la personalidad a la que se proponga nombrar Presidente de la Comisión; y el PE deberá aprobar dicha designación. El hecho de que el Presidente pueda ser elegido por mayoría cualificada y no por unanimidad, supone que el candidato más débil no tendrá posibilidades que los demás para ser elegido.

Asimismo, el Tratado de Niza dispone que “el Consejo, por mayoría cualificada, y de común acuerdo con el Presidente designado, adoptará la lista de las demás personalidades a las que se proponga nombrar miembros de la Comisión, establecida con arreglo a las propuestas hechas por cada Estado miembro”.

El Presidente y los demás miembros de la Comisión designados de este modo deberán someterse colegiadamente al voto de aprobación del PE, no obstante, una vez obtenida dicha aprobación, el Presidente y los demás miembros de la Comisión serán nombrados por el Consejo por mayoría cualificada.

Por otra parte, el Tratado de Niza, dispone que “la Comisión ejercerá sus funciones bajo la orientación política de su Presidente, que decidirá su organización interna para garantizar la coherencia, la eficacia y la colegialidad de su acción”. Así, se otorga al Presidente de la Comisión el poder de estructurar y repartir las responsabilidades que incumben a la Comisión entre sus diferentes miembros.

Asimismo el Presidente puede nombrar Vicepresidentes de entre los miembros de la Comisión.

El Tratado de Niza también prevé que todo miembro de la Comisión presentará su dimisión si el Presidente, previa aprobación del Colegio, así se lo pidiere.

Los miembros de la Comisión son nombrados por un período de cinco años, haciéndolo coincidir con el mandato del PE, tratando de establecer una relación fiduciaria lo más parecida a la relación de confianza que liga a los gobiernos con los Parlamentos en los sistemas parlamentarios.

El mandato de los Comisarios es renovable indefinidamente, pero cesan en sus funciones a los cinco años de su nombramiento. Asimismo, su mandato puede concluir anticipadamente por diferentes causas, tales como aprobación de moción de censura contra su gestión por parte del PE, fallecimiento, dimisión voluntaria, etc.

El miembro dimisionario, cesado o fallecido será sustituido por el tiempo que falte para terminar su mandato por un nuevo miembro nombrado por el Consejo por mayoría cualificada, sin necesidad de presentarse ante el PE. El nuevo Comisario termina el mandato de su predecesor, de manera que la Comisión pueda ser renovada nuevamente en bloque por otros cinco años.

En caso de muerte, dimisión o cese del Presidente de la Comisión, éste será sustituido en todo caso por el tiempo que falte para terminar el mandato, mediante designación del Consejo Europeo, por mayoría cualificada, designación que deberá ser aprobada por el PE.

Si prosperara una moción de censura del PE contra la Comisión, los miembros de la Comisión deberán renunciar colectivamente a sus cargos, si bien continuarán despachando los asuntos de administración ordinaria hasta su sustitución.

Funcionamiento

La Comisión tiene su sede en Bruselas. Sus sesiones no son públicas y los debates son confidenciales, aunque de cada reunión se levanta un Acta que debe ser aprobada por la Comisión en una reunión posterior, y firmada por el Presidente y el Secretario General de la Comisión.

Su funcionamiento se articula sobre dos principios: autoorganización y colegialidad.

Principios de autoorganización

La Comisión dispone de un Reglamento interno propio cuyo objeto es el de “asegurar su funcionamiento y el de sus servicios, en las condiciones previstas en el Tratado”.

La Comisión está asistida por una Administración y los servicios de la Comisión se estructuran en Direcciones Generales y otros servicios.

Principio de colegialidad

El principio de actuación colegiada de la Comisión supone que todas sus decisiones expresan la voluntad global del órgano, aún cuando sean el resultado de una votación interna. En tal sentido, los acuerdos de la Comisión se adoptan por mayoría absoluta, si bien todos sus miembros responden colectivamente – políticamente hablando – del conjunto de las decisiones adoptadas en su seno.

Ahora bien, este principio de colegialidad no excluye la preeminencia del Presidente de la Comisión, que ostenta una autoridad considerable. El Tratado de Niza, establece al efecto que, el Presidente “decidirá la organización interna de la Comisión para garantizar la coherencia, la eficacia y la colegialidad de su acción” y atribuirá a los miembros de la misma, las funciones que deban ejercer, bajo su autoridad, pudiendo pedir la dimisión de un comisario y éste estará obligado a presentarla, previa aprobación del colegio.

Competencias

Competencias en materia de iniciación de la política comunitaria

Al representar la Comisión el interés general de la Comunidad, los Tratados le atribuyen el poder de iniciar e impulsar la política comunitaria, lo cual significa que el Consejo sólo puede decidir y ejercer sus poderes normativos sobre la base de una propuesta de la Comisión.

Así pues, a la Comisión le corresponde casi en exclusiva la iniciativa legislativa.

Ello significa que el procedimiento legislativo comienza necesariamente con la presentación por parte de la Comisión de la propuesta de un texto, propuesta que debe ajustarse al interés comunitario, sin favorecer los intereses de un Estado determinado, y coherente con el resto del Derecho común derivado.

Los Tratados prevén la posibilidad de que el PE o el Consejo soliciten a la Comisión que proceda a efectuar los estudios que considere oportunos para la consecución de los objetivos comunes y someta al Consejo las propuestas pertinentes.

Ahora bien, si la Comisión no ejerce su poder de iniciativa, el Consejo e incluso el PE pueden interponer ante el Tribunal de Justicia un procedimiento por omisión.

Competencias en materia de salvaguardia del Derecho comunitario

La Comisión vela por la aplicación de las disposiciones de los Tratados, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en los ámbitos CE y EURATOM. De ahí que la Comisión sea conocida como “Guardiana de los Tratados”.

Para ello, la Comisión dispone de los medios necesarios para recabar todo tipo de información y proceder a todas las comprobaciones necesarias y no tienen como destinatario de ello, sólo a los Estados miembros, sino también, en algunos casos, a sus ciudadanos.

Además, a la Comisión le corresponde, en vía administrativa, perseguir y sancionar, en su caso, las violaciones del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros y de sus particulares.

Competencias en materia de ejecución del Derecho comunitario

Los Tratados no atribuyen a la Comisión una competencia general de ejecución, si bien ésta dispone de “un poder de decisión propio” y ejerce “las competencias que el Consejo le atribuye para la ejecución de las normas por él establecidas”.

La atribución a la Comisión de “un poder de decisión propio” no puede ser interpretada como la titularidad de un poder normativo propio, ya que aquélla sólo dispone de un poder normativo directo en aquellos supuestos expresamente previstos en los Tratados, como por ejemplo, en materia de Derecho de la competencia y de ayudas públicas.

En cuanto a los poderes de ejecución, a la Comisión le corresponde, por una parte, ejecutar el presupuesto de la Comunidad y por otra, por atribución del Consejo, un poder de ejecución del Derecho comunitario derivado.

Así, el Consejo debe atribuir a la Comisión, las competencias de ejecución de las normas establecidas por él, si bien puede, en casos específicos, reservarse el ejercicio directo de dichas competencias.