La ciudadanía y los derechos fundamentales en la Unión Europea

Los Derechos Fundamentales en la UE: evolución histórica

Aparentemente desde el final de la II GM, estaríamos asistiendo a un proceso de globalización o de universalización de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 habría retomado el testigo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y la concepción del hombre a través del prisma de los derechos humanos se extendería por todo el mundo.

Es Europa, a partir de la finalización de la II GM, en lo referente a derechos fundamentales, donde se recupera el espíritu de la revolución francesa. El art. 16 de dicha Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano expresaba: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de poderes, carece de constitución”. Para entender el tema que nos ocupa, esto es: la centralidad de los derechos fundamentales en la concepción misma de nuestros sistemas políticos. En efecto, los sistemas políticos regidos por el constitucionalismo democrático se caracterizan por estar construidos sobre tres pilares, el de la soberanía popular, el de la proclamación y defensa de los derechos fundamentales y el de la división de poderes, pero son los derechos fundamentales los que ocupan el centro del sistema.

Los occidentales somos hoy tributarios de la Revolución francesa, y en esa medida forma parte de nuestras concepciones que la mejor de las organizaciones políticas pasa por la democracia en su forma de Constitución, que consagra y garantiza los derechos fundamentales y las libertades públicas. Así, podríamos afirmar que los occidentales nos representaríamos como sujetos de derechos fundamentales y libertades públicas, hasta el punto de que no seríamos capaces de reconocernos sin ellos. Pero, ¿esa una visión en la que coincidimos la totalidad de los habitantes de este planeta?, Y, en consecuencia, la universalización de los derechos humanos, ¿sería un proceso natural e irreversible?, o por el contrario: ¿No estaríamos los occidentales imponiendo nuestra concepción del hombre a los demás sin escucharlos previamente?

La idea del hombre concebida en Occidente, resulta dudosa que sea compartida universalmente y ello sucedería por dos causas. Por una parte, porque hablar de derechos humanos, particularmente de derechos civiles y políticos, en el inmenso imperio del hambre y la pobreza fuera de occidente es un eufemismo. Por otra parte, resulta difícil que no se identifique a occidente con un mundo de origen cristiano, cuyos valores no son coincidentes ni con el Islam ni con las religiones orientales. ¿Acaso, la universalización de los derechos humanos fundamentales y las libertades públicas no se extenderá como la universalización de una determinada cultura? Y además, al ser una minoría (los occidentales) los que tenemos la visión del hombre que se deduce de la Declaración Universal ¿tenemos derecho a imponer esa visión?, por medio de la fuerza como ha sucedido. ¿No es acaso, la Declaración una nueva manifestación del egocentrismo de los occidentales, una manifestación de la soberanía del espíritu occidental que se considera en posesión de la verdad? Pero, tampoco hay que olvidar que los occidentales tenemos que seguir defendiendo nuestras ideas y que debemos hacerlo, porque hemos conseguido los niveles más altos de bienestar que comprende uno de los más altos niveles de protección de los derechos humanos y libertades públicas sin los que no podríamos concebir la vida.

La ciudadanía de la UE

La condición de ciudadanos de la UE y derechos que derivan de la misma

El Tratado de la UE reformó el Tratado de la Comunidad Europea incorporando al mismo la ciudadanía de la Unión.

De acuerdo con el art. 17 del TCE: “Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro” y sigue diciendo: “La ciudadanía de la Unión será complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional”. Las dos conclusiones son por una parte que, la adquisición del estatus que comporta la ciudadanía de la Unión deriva del estatus de nacional de un Estado miembro que una persona ostente previamente. De modo que la ciudadanía de la Unión no puede adquirirse de modo independiente, es más, se adquiere de modo automático por concurrir en una persona la ciudadanía de uno de los Estados miembros de la Unión.

Por tanto, la ciudadanía de la Unión está vinculada de modo indisoluble a la ciudadanía nacional, se trata de un estatus vinculado. Por otra parte, la adquisición de la ciudadanía de la Unión no sustituye a la ciudadanía nacional sino que la completa, es decir, añada a ésta, a los nacionales de los Estados miembros, nuevos derechos y obligaciones que operan en el ámbito de la UE. En definitiva, la ciudadanía de la Unión sigue en todas sus vicisitudes a la ciudadanía nacional a la que está subordinada.

Los ciudadanos de la Unión tienen los derechos y obligaciones que se derivan del Derecho de la Unión:

  • derecho a circular y residir libremente en el territorio de la Unión;

  • derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales y europeas;

  • derecho a la protección diplomática y consular de cualquiera de los Estados miembros;

  • y derecho de petición ante las instituciones con los límites y condiciones establecidos.

El derecho a circular y residir libremente en el territorio de la UE

Aun cuando se asocian en el art. 18 del TCE el derecho a circular y el derecho a residir libremente en el territorio de la Unión, es decir en el territorio de los Estados miembros, se trata de dos derechos fundamentales diferenciados. El primero supone la posibilidad de que los ciudadanos de la Unión se desplacen, por cualquier medio, libremente por el territorio de la Unión sin otros obstáculos que los naturales, llevando con ello, la inexistencia de fronteras o aduanas interiores. El derecho a residir libremente supone el derecho de los ciudadanos europeos a establecer la residencia en cualquier Estado miembro diferente del que se es nacional.

Sin embargo, el art. 18 del TCE no ha creado derechos incondicionados al establecer que los mismos estarán sujetos “a las limitaciones y condiciones previstos en el presente Tratado”, siendo necesario interpretar dicho precepto.

Si la libertad de circular y residir libremente se hubiera configurado como un derecho incondicionado, sólo por motivos excepcionales se podría limitar el ejercicio de los mismos, como por ejemplo por estar implicados en procedimientos penales. Por el contrario, en el marco de la UE, los Estados miembros siguen conservando considerables competencias en esta materia, en relación con los ciudadanos de la Unión que no sean sus nacionales.

Así, el art. 18 del TCE es directamente aplicable, sin perjuicio de que la Unión mediante reglamento o directiva establezca límites o condiciones al ejercicio del derecho, si bien dichos límites y condiciones deben interpretarse de modo restrictivo.

En definitiva, existiendo la posibilidad de que se establezcan límites y condiciones para el ejercicio del derecho de los ciudadanos europeos a circular y residir libremente por el territorio de la Unión, tanto por legislación de los Estados miembros como por a través de legislación de la Unión, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE seguirá siendo fundamental para la determinación de los límites y condiciones que pueden ponerse por la Unión y los Estados miembros al ejercicio de dicho derecho.

El derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales

De acuerdo con el art. 19 del TCE los ciudadanos europeos tienen derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales, en las mismas condiciones que los nacionales del Estado en el que residan.

Es decir, los ciudadanos europeos ejercen estos derechos de acuerdo con el TCE, supeditados al ordenamiento jurídico del Estado en que residan y, por otra, en las mismas condiciones que los nacionales del Estado en cuestión, salvo las excepciones que se puedan introducir por la vía del art. 18 del TCE. Así, por ejemplo, la edad para el ejercicio de los referidos derechos podrá ser diferente, como de hecho sucede, de manera que un ciudadano europeo en el Estado del que es nacional podría tener derecho a sufragio pasivo, mientras que podría no ejercerlo en el país en que reside por exigirse en el mismo una edad superior, o viceversa. De modo que, en todo caso, rigen las condiciones, el derecho electoral vigente en el Estado miembro en que se ejerce el derecho.

El derecho a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares

Los ciudadanos europeos tienen derecho, de acuerdo con el art. 20 del TCE a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de otros Estados miembros en terceros países diferentes al de su nacionalidad, cuando el Estado miembro de su nacionalidad no tenga representación en el tercer Estado concernido.

El derecho de petición ante el Parlamento Europeo y el derecho a dirigirse a las instituciones y organismos de la UE

El art. 21 del TCE consagra el derecho de los ciudadanos europeos a formular peticiones al Parlamento Europeo, a dirigirse al DP y a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a obtener una respuesta en las lenguas oficiales de la Unión.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

El Consejo Europeo celebrado en la ciudad de Colonia en 1999 adoptó la decisión de elaborar una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para llevar a cabo dicho proyecto se prescindiría del marco de las conferencias intergubernamentales, adoptándose una Convención que estaría integrada posteriormente por representantes de los Jefes de Estado y Gobierno y del Presidente de la Comisión Europea, por miembros del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales, así como por observadores del Tribunal de Justicia.

En diciembre de 2000, se proclamó la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se pensó en la posibilidad de que pasara a integrar los Tratados. Sin embargo, ello no fue así, aunque se incorporó a la Constitución Europea no nata, como Parte segunda de la misma. Finalmente, la Carta fue adaptada en Estrasburgo y el Tratado de Lisboa, firmado en el 2007, modificó el art. 6 del TUE en el sentido de reconocer a la Carta el mismo valor jurídico que los Tratados. En la actualidad, el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa se ha interrumpido.

La naturaleza actual de la Carta y sus posibles virtualidades

Proclamar una norma equivale a darle publicidad para su cumplimiento, para que conocida por todos sea cumplida, lo cual lleva implícito que antes ha sido adoptada.

Sin embargo, este sentido no parece ser el dado por los que proclamaron la Carta, pues primero procede la proclamación solemne de la Carta y, con posterioridad, habrá que estudiar si debe incorporarse a los Tratados “y, en caso afirmativo, de qué modo ha de hacerse”. De lo que se deduce que la Carta no ha integrado a los Tratados, lo cual supone que carezca de efectos jurídicos.

Lo cierto es que la Carta fue proclamada en Niza por las Instituciones Europeas y por tanto la Carta les vincula, lo cual significa que las Instituciones firmantes de la misma tienen que someterse a la Carta en el ejercicio de sus respectivas actividades y, en particular, al aprobar actos comunitarios.

El contenido de la Carta

La Carta consta de un Preámbulo y 54 artículos divididos en VII Títulos.

  1. El Título I consagra la inviolabilidad de la dignidad humana que deberá ser respetada y protegida, el derecho a la vida, el derecho a la integridad físicas y psíquica de la persona y asimismo prohíbe la tortura, las penas y tratos inhumanos o degradantes, la esclavitud, el trabajo forzado y la trata de seres humanos.

  2. El Título II consagra el derecho a la libertad y a la seguridad.

  3. El Título III, dedicado a la igualdad, consagra la igualdad ante la ley, la no discriminación, etc.

  4. El Título IV esta dedicado a la solidaridad.

  5. El Título V está dedicado a la ciudadanía.

  6. El Título VI está dedicado a la justicia.

Como puede verse se da una coincidencia entre el elenco de derechos de la Carta y las proclamaciones de derechos fundamentales de los Estados miembros de la Unión.

Si se compara la Carta con el Título Primero “De los derechos y deberes fundamentales” de la CE de 1978, desde la perspectiva de los derechos consagrados apenas se encuentran diferencias entre ambos textos. La Carta otorga un mismo nivel de protección a todos los derechos que en la misma proclaman. Por el contrario, la CE de 1978, del conjunto de derechos que consagran tan sólo los derechos contenidos en el Capítulo II del Título Primero tienen como garantía la reserva de ley, que deberá respetar su contenido esencial, y dentro de los derechos, en el Capítulo contemplados sólo los reconocidos en el art. 14 y en la Sección primera del mismo tienen como garantía procesal el recurso de amparo.

Los derechos fundamentales que la Carta proclama tienen garantizado que la limitación del ejercicio de los mismos exige en todo caso la ley (ley comunitaria, se entiende) que deberá respetar su contenido esencial y que las limitaciones que se introduzcan deberán respetar “el principio de proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general”. Sin embargo, en la Carta no se prevé ningún procedimiento especial para su protección, lo que no supone otra cosa que los derechos fundamentales deben invocarse en el curso de los procedimientos ordinarios ante los jueces nacionales o ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

El ámbito de aplicación de la Carta

La Carta entrará en vigor en un contexto en que todos los Estados miembros consagran y garantizan el respeto de los derechos fundamentales en sus textos constitucionales y, a su vez, todos los Estados miembros han suscrito el Convenio de Roma de 1950. Por esta razón, el ámbito de la aplicación de la Carta alcanza, a las instituciones, órganos y organismos de la Unión en el ejercicio de sus competencias, sin excepción y a los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión.

Las relaciones de la Carta con el Convenio de Roma

La Carta aborda en su art. 52.3 cual es la relación entre la Carta y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales hecho en Roma en 1950. Esto es, los derechos que reconoce la Carta, tendrán igual sentido y alcance que los derechos garantizados por el Convenio Europeo, si bien esto no impedirá que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa.

Por su parte, el art. 53 de la Carta introduce una norma de un interés excepcional, ésta es que las disposiciones de la Carta no pueden en ningún caso interpretarse de modo limitativo o lesivo de derechos fundamentales reconocidos previamente por la Unión Europea, el Derecho Internacional, los convenios internacionales en la materia suscritos por la Unión, la Comunidad o los Estados miembros, y en particular el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas.

No obstante, la Carta no solucionaba el problema derivado de las relaciones de la misma con el Convenio, esto es la aceptación de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y al no aceptarse la jurisdicción de dicho Tribunal, puede producirse que las sentencias de los Jueces y Tribunales nacionales que apliquen el Derecho de la Unión pueden residenciarse, cumplidos los requisitos al efecto, ante el citado Tribunal de Estrasburgo, mientras que las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no podrían residenciarse ante el Tribunal de Estrasburgo, lo que no parece razonable. Por ello, parecía lógico postular la reforma de que los Tratados de la Unión y de las Comunidades previera expresamente la suscripción del Convenio de Roma a la Unión, como finalmente sucedió en la Constitución Europea no nata, y en el Tratado de Lisboa, que todavía no ha entrado en vigor. De modo que los ciudadanos europeos, cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa obtendrán el mismo nivel de protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta ya provenga la vulneración de los mismos de los Estados miembros en ejecución del Derecho de la Unión o de las Instituciones y Administración de la Unión Europea.

Así, el art. 52.3 de la Carta que establece: “La Unión se adherirá al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión en los Tratados”.

Los instrumentos jurídicos para la protección

La Carta no ha creado procedimiento alguno, político o jurisdiccional al margen de los generales existentes en el Derecho de la Unión. Es decir, en lo referente a las vulneraciones de los derechos fundamentales por las Instituciones, los concernidos tienen que utilizar los instrumentos que existen en los Tratados. Esto es, no se ha creado un procedimiento judicial ad hoc como es el recurso de amparo en el orden jurisdiccional español.

Por lo que se refiere a los Estados miembros, vinculados a la Carta, cuando apliquen el Derecho de la Unión, los procedimientos para hacer valer los derechos fundamentales serán los previstos en los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales. Esto es, la Carta acepta la diversidad de sistemas de protección de los Derechos fundamentales.

La garantía de los derechos: mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales

En materia de Derechos fundamentales es necesario que la Unión y los Estados miembros hagan un esfuerzo en el plano internacional, adoptando un papel activo en su defensa utilizando todos los medios de que se disponga.

Las garantías que se deducen de la configuración de los derechos

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, se caracteriza porque no clasifica los derechos y libertades en categorías y, por tanto, no otorga garantías de diferente naturaleza a los derechos que consagra, a diferencia de lo que sucede en la CE.

Sin embargo, la indivisibilidad de los derechos fundamentales no debe entenderse como un salto cualitativo en el seno de la UE. Lo cierto es que la denominada indivisibilidad no es sino una manifestación de la concepción del Estado de bienestar que impera en la Unión. El éxito del modelo económico-social de la UE, y de la mayoría de los Estados miembros que la integran, se fundamenta en hacer compatibles una economía de mercado con una alta protección social.

Con la indivisibilidad se quiere significar que el instrumento jurídico con el que, en su caso, se regulen los derechos será idéntico, a diferencia de lo que sucede en la CE.

La regulación sería la ley o ley marco europea. Por otra parte, la indivisibilidad significa que la protección jurisdiccional de los mismos sería única. Y en tercer lugar, que los derechos fundamentales funcionan como un todo.

Pero la pregunta es si lo que la Carta hace es convertir derechos de difícil realización, o expectativas de derecho, en derecho públicos subjetivos, es decir: exigibles a los poderes públicos. Para ello, es preciso analizar los tipos de derechos que la Carta contiene.

Por un lado la Carta incluye derechos que se denominan de mera abstención o de abstención, en la medida que su ejercicio no puede ser impedido por la UE ni por los Estados miembros ni por las personas físicas o jurídicas. Por el contrario su ejercicio debe estar garantizado por la UE y por los Estados miembros, facilitando su realización y reprimiendo las conductas contrarias a los mismos. Dentro de este tipo están los derechos públicos subjetivos de mera abstención (derecho a no ser condenado a pena de muerte ni ejecutado), a los que exigen un grado más o menos alto de implicación del Estado para favorecer y proteger su ejercicio.

Por otra parte están los demás derechos, o derechos prestacionales, es decir, derechos que en el caso de reconocerse como derechos públicos subjetivos exigirían prestaciones públicas. Un ejemplo sería, derecho al trabajo. Este derecho público subjetivo de carácter prestacional se corresponde con la obligación de los poderes públicos de crear un servicio gratuito de colocación al que podría dirigirse toda persona a los efectos de intentar encontrar un o cambiar de trabajo. Se trata de un derecho que exigiría regulación normativa para ser ejercido. La Carta no ha creado un derecho público subjetivo a trabajar, que significaría que los Estados tendrían que emplear a lo que lo solicitaran, sino que el derecho público subjetivo consiste en que los Estados ayuden a toda persona a encontrar trabajo.

La Carta además habría incluido un tipo de derechos similar a los que en la CE se derivan de los denominados principios informadores del OJ, como por ejemplo a los denominados “protección del medio ambiente” o la “protección de los consumidores”.

La conclusión que se obtiene es que la proclamada indivisibilidad de los derechos fundamentales que la Carta consagra no es tal, en la medida en que la misma sigue consagrando derechos cuya densidad es diferente. De modo que por lo que se refiere al modo en que se consagran los derechos en la Carta se advierte una notable semejanza con lo que sucede en la CE. Si bien, en lo relativo al sistema de garantías, la Carta no ha previsto, como lo hace la CE española, distintos procedimientos, aunque no sería de extrañar que el legislador ordinario module las garantías de los derechos dependiendo de la naturaleza de los mismos. Así las cosas, la Carta no constituye un documento cualitativamente diferente a la CE, sino que por el contrario serían de la misma familia, debiendo destacarse en aquella la tendencia a la indivisibilidad.

Las garantías de los Derechos Fundamentales desde el Derecho Español

Nuestro sistema se integra por dos vectores, el de la consagración de los derechos y el de la garantía de los mismos.

La CE incluye una tabla o repertorio de derechos. Así, el Título primero se dedica a “De los derechos y deberes fundamentales”. Pero sus 45 artículos, divididos en 5 capítulos, clasifican los derechos y libertades. La división en capítulos y secciones que hace la CE tiene dos repercusiones, entre otras. Por una parte la densidad del derecho o libertad, o su naturaleza, es diferente según el lugar que ocupa el Título I. Por otra parte, las garantías normativas y jurisdiccionales de los derechos y libertades son diferentes dependiendo del capítulo o sección en que los mismos se ubiquen.

La densidad y naturaleza de los derechos y libertades

Una clasificación útil es la de diferenciar, por una parte, los derechos cuyo ejercicio determina la obligación de abstención de los demás, personas físicas, personas jurídicas y todo tipo de personificaciones públicas y sus órganos, funcionarios y agentes, llamados derechos de abstención. Y por otra parte, estarían los derechos que se corresponden a la obligación de prestación de bienes y servicios directa o indirectamente por los poderes públicos, llamados derechos prestacionales. Así, se podría establecer la siguiente clasificación de los derechos fundamentales:

  • Derechos subjetivos que se corresponderían a la obligación de los demás, personas físicas o jurídicas privadas, de no realizar conducta alguna contraria a su realización;

  • Derechos públicos subjetivos, (algunos coincidentes con los anteriores) que supondrían la obligación de la mera abstención de los poderes públicos a la realización del derecho;

  • Derechos públicos subjetivos de colaboración y regulación que exigirían, además de la mera abstención, la colaboración o la regulación del derecho para ordenarlo o para facilitar su realización;

  • Derechos públicos subjetivos prestacionales derivados de la CE, esto es, derechos que se corresponden a la obligación de los poderes públicos de prestar bienes o servicios, derivándose la obligación directamente a la CE;

  • Derechos públicos subjetivos prestacionales derivados de las leyes, coincidentes con los anteriores si bien derivados de las leyes por mandato constitucional;

  • Derechos derivados de los principios inspiradores de la legislación, coincidentes con los anteriores, sólo que derivados indirectamente de la CE a través del desarrollo de principios constitucionales.

De lo dicho, se deduce que la CE consagra derechos de diferente densidad. De entre ellos, los derechos subjetivos y los derechos públicos subjetivos suponen la construcción más acabada de los derechos fundamentales. En efecto, su ejercicio supone la abstención de todas las personas físicas, personas jurídicas y poderes públicos, teniendo particularidad de poder practicarse de modo autosuficiente. Por otra parte, la abstención que el ejercicio de estos derechos exige en particulares y poderes públicos de no producirse puede acarrear, incluso sanciones penales. El derecho a la vida es el derecho fundamental por excelencia, que exige de todos la abstención de cualquier conducta contraria al mismo. También lo son otros como la libertad ideológica, al honor, etc. Los demás derechos, o bien requieren la colaboración o la regulación de los poderes públicos, ya sea porque la CE lo prevé expresamente (la sindicación de los funcionarios) o porque se deduzca implícitamente de la misma (derecho de asociación), o bien exige una actividad prestacional. En este grupo cabe distinguir tres tipos diferentes según la prestación que se prevea directamente de la CE (la educación), o se derive de leyes previstas expresamente por la CE (derecho a contraer matrimonio), o de principios rectores de la política social y económica (el derecho a la salud). Además, se perfilan derechos que desde la propia CE, o desde la interpretación de la misma, serían un producto mixto de los anteriormente dedicados. Así, la libertad religiosa, que es un derecho subjetivo, y a la vez derecho público subjetivo, que para su efectiva realización se prevé la Constitución la cooperación de los poderes públicos.

La clasificación en capítulos que hace la CE no se ajusta a la tipología antes descrita, es más, constata un cierto desorden y falta de homogeneidad.

Todos los preceptos del título primero “De los derechos y deberes fundamentales” han sido desarrollados o regulados por leyes”.

Las garantías normativas y jurisdiccionales de los derechos

Por lo que se refiere a las garantías el art. 53 CE de nuevo divide a los derechos y libertades. El mayor grado de protección lo tendrían los derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección primera del Capítulo segundo (art. 15 a 29) y la objeción de conciencia, pues tendrían que ser regulados por LO y por otra, se beneficiarían de los procedimientos de amparo ordinario y amparo constitucional. Los demás derechos del capítulo segundo, menos objeción de conciencia, en su caso, sólo pueden regularse por ley, que de no ser respetuosa con su contenido esencial pudiera ser declarada inconstitucional, derechos exigibles a través de los diferentes cauces de la jurisdicción ordinaria. Finalmente, los derechos que pudieran derivar del Capítulo tercero pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. En definitiva, que la CE otorga diferentes grados de protección a los derechos que contempla en su título primero.