Procedimiento para la protección registral de los derechos reales

Concepto y regulación

La LEC incluye este procedimiento en el ámbito del juicio verbal para sustanciar las demandas "que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación" (art. 250.1). La reforma procesal del año 2000 se complementa con la modificación del art. 41 de la Ley Hipotecaria, que ahora queda así: "Las acciones reales procedentes de los derechos inscritos podrán ejercitarse a través del juicio verbal regulado en la LEC, contra quienes, sin título inscrito, se opongan a aquellos derechos o perturben su ejercicio. Estas acciones, basadas en la legitimación registral que reconoce el artículo 38, exigirán siempre que por certificación del Registrador se acredite la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento correspondiente" (Disp. final 9 LEC).

La incorporación de este procedimiento cumple el doble objetivo de unificar en un mismo juicio ordinario la gama de procedimientos sumarios y especiales que se incluyen en el art. 250, y de llevar el relativo a la protección de la presunción posesoria derivada a la titularidad registral a la ley procesal "común" y, por este medio, afirmar el ámbito general del Derecho procesal civil.

El procedimiento incluye la fase "sumaria" en la regulación común del juicio verbal, aunque con matizaciones. Su especialidad más importante estriba en la posibilidad de eludir la contradicción: si el demandado no comparece o si compareciere y no presta caución, el juez dicta sentencia acordando las actuaciones que, para la efectividad del derecho inscrito, hubiere solicitado el actor, así como el carácter sumario del procedimiento, ya que el art. 447.3 establece que carecerá de efectos de cosa juzgada la sentencia que en él se dicte.

Naturaleza

Este procedimiento constituye un proceso sumario, toda vez que están presentes en él todas y cada una de sus características esenciales: cognición limitada, limitación de los medios de defensa y, sobre todo, ausencia de efectos materiales de la cosa juzgada.

Ámbito de aplicación

Conforme al art. 250.1.7, tan sólo pueden ejercitar el derecho de acción a través de este procedimiento sumario los titulares de derechos reales inscritos.

Por consiguiente, para poder acudir a este procedimiento se requiere la concurrencia de estas dos circunstancias: en primer lugar, que se ostente la titularidad de un derecho real, por lo que los derechos personales, aun cuando puedan ser inscritos en el Registro no son susceptibles de protección mediante dicho procedimiento; y en segundo, que el referido derecho real se encuentre inscrito en el Registro de la Propiedad.

Tampoco puede suscitarse este procedimiento para obtener la protección de derechos reales sobre montes de dominio público forestal (arts. 14 y18 Ley 43/2003).

Competencia

La competencia objetiva la poseen los Juzgados de 1ª Instancia (arts. 45 LEC y 85.1 LOPJ), y la territorial el de la demarcación judicial en la que esté sito el inmueble o, de estar situado en diferentes demarcaciones, cualquiera de esos Juzgados a elección del actor (art. 52.1).