Los recursos (III). Los recursos extraordinarios

Los recursos extraordinarios. Concepto y fundamento

Los recursos extraordinarios se caracterizan por la limitación de las resoluciones recurribles y, sobre todo, de los motivos de impugnación, los cuales vienen tasados por el legislador y se circunscriben a posibilitar la anulación de la resolución impugnada única y exclusivamente cuando infrinjan una norma, material o procesal, pero, sin que permitan al órgano "ad quem" la determinación de los hechos probados y su valoración probatoria, la cual incumbe exclusivamente a los tribunales de primera y de segunda instancia.

Del concepto se infiere que los recursos extraordinarios, existentes en nuestro ordenamiento procesal, vienen determinados por los siguientes medios de impugnación: a) Remedios: el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ; b) Recursos: los recursos extraordinarios de infracción procesal, de casación y el recurso constitucional de amparo.

El incidente de nulidad de actuaciones (remisión a otro lugar)

El incidente de nulidad de la sentencia se contempla en los arts. 241 LOPJ y 228 LEC.

El referido "incidente" en realidad merece la calificación de remedio extraordinario, porque, de un lado, no opera con carácter devolutivo, sino que es el propio órgano que dictó la resolución impugnada quien ha de conocer de él, y de otro, tiene tasadas, tanto las resoluciones recurribles, que se circunscriben a las resoluciones definitivas dictadas en única instancia o producidas en la segunda, siempre y cuando contra la sentencia no quepa la posibilidad de interponer, ante el TS, el recurso por infracción procesal, cuanto los motivos de impugnación, que pueden fundarse, no sólo en la vulneración de normas procesales que hayan causado indefensión o en la incongruencia del fallo, sino en "cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la CE".

Ahora bie, la circunstancia de que este incidente pueda suscitarse, no sólo dentro del plazo de 20 días desde la notificación de la resolución cuya impugnación se pretende, sino también dentro de los 5 años posteriores si se causó una efectiva indefensión, obliga a reputar, en este último supuesto, al incidente de nulidad como un "medio de rescisión de la cosa juzgada".

Pero en la práctica no se suele utilizar, por el demandado ausente, este incidente dentro de dicho plazo de 5 años, ya que siempre ofrece mayores garantías la utilización del recurso de audiencia al rebelde de los arts. 509 y ss LEC. Por el contrario, cuando no existe, contra la resolución, la posibilidad de interposición de recurso ordinario o extraordinario alguno, la parte que considera que se le ha vulnerado un derecho fundamental de los del art. 53.2 CE, acude, en la práctica, a la interposición, dentro del plazo de 20 días, de este incidente de nulidad de actuaciones, en cuyo caso debiera ser configurado como un "remedio extraordinario".

De conformidad con el art. 44.1 LOTC, hay que considerar la interposición de dicho incidente necesario para considerar agotada la vía judicial ordinaria, previa al amparo, lo que ocasionará la inadmisión del recurso de amparo, si se incumpliera este presupuesto procesal.

Los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación

El recurso extraordinario por excelencia es el de casación en sus dos modalidades: "recurso extraordinario por infracción procesal " (arts. 466-476) y "recurso de casación" (arts. 477-489).

Es un recurso extraordinario, porque tiene limitadas, tanto las resoluciones recurribles (sólo sentencias dictadas en segunda instancia por Audiencias Provinciales), como los motivos de impugnación.

La función esencial de este recurso es la "nomofiláctica" o garantizadora de la aplicación de las Leyes promulgadas por el Parlamento, que el art. 123.1 CE confía al TS. Junto a esta función de garante de la aplicación de la Ley, también incumbe al TS, la de interpretarla de una manera uniforme, a través de su doctrina legal, plasmada en sus sentencias. En esta interpretación el TS ostenta la última palabra, y con ello, la casación garantiza los principios constitucionales de "igualdad en la aplicación de la Ley" (art. 14 CE) y de "seguridad jurídica" (art. 9.3 CE), pues si los demás tribunales ordinarios no secundaran la doctrina del TS también se puede, por este motivo obtener la anulación de las sentencias civiles.

El recurso constitucional de amparo

El recurso de amparo se rige por los arts. 41-58 de la LOTC. El recurso de amparo también pertenece a la categoría de recursos extraordinarios. Así, también presenta tasadas las resoluciones recurribles, las cuales, salvedad hecha de las resoluciones de los Parlamentos, nacional y autonómicos, se circunscriben a las resoluciones definitivas de los órganos judiciales, una vez agotadas contra ellas los recursos ordinarios y extraordinarios, que no hayan restablecido los derechos fundamentales infringidos (arts. 53.2 CE, 43.1 y 44.1 LOTC), y tan sólo se puede interponer por un único y tasado motivo: la vulneración, a través de algún acto, omisión o simple vía de hecho de los poderes públicos y excepcionalmente de los particulares, de alguna de las normas constitucionales que consagran los derechos fundamentales, si bien, la reforma operada por la LO 6/2007, al establecer la necesidad de que la demanda de amparo justifique "la especial trascendencia constitucional del recurso", requisito cuyo incumplimiento motivará su inadmisión, ha acentuado el carácter objetivo de defensa del "ius constitutionis" en detrimento del subjetivo o "ius litigatoris", aproximando nuestro recurso de amparo al sistema del "cerciorari" norteamericano.

Así, pues, el TC es el guardián e intérprete supremo de la CE (art. 1.1 LOTC), a quien le incumbe, a través del recurso de amparo, tanto la función "nomofiláctica" de obligar a todos los poderes públicos del Estado a respetar y aplicar la CE, como la de asegurar su aplicación e interpretación uniforme mediante la creación, a través de sus sentencias recaídas en los amparos, de la doctrina legal constitucional.

El sistema de recursos extraordinarios en la LEC. Régimen proyectado y régimen vigente

Los redactores de la LOPJ de 1985, previendo la posibilidad de que la legislación procesal contemplara o pudiera contemplar en el futuro nuevos recursos extraordinarios distintos al tradicional de la casación, decidieron encomendar la resolución de los mismos a la Sala de lo Civil del TS, haciendo expresa mención a ello en el art. 56.1 LOPJ a cuyo tenor dicho Tribunal conocerá "De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la Ley". Quince años después, sin embargo, la voluntad política en materia de recursos era otra muy distinta. El Gobierno pretendía introducir junto a la casación civil un recurso extraordinario que, al menos en su denominación (recurso extraordinario por infracción procesal), resultaba extraño a nuestra tradición procesal y atribuir su conocimiento a las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ, en vez de a la Sala Primera del TS. Pero para hacer efectiva tal voluntad política se debía salvar, con carácter previo, el escollo que suponía la previsión normativa efectuada en 1985; era preciso, pues, modificar la LOPJ e introducir en ella la correspondiente norma atributiva de competencia funcional en favor de los TSJ, y a tal fin, fundamentalmente, fue presentado en el Parlamento el Proyecto de reforma de la LOPJ. Dicho Proyecto acompañó al de la nueva LEC, pero corrió una suerte parlamentaria distinta, ya que la falta de consenso entre los distintos Grupos Parlamentarios hizo imposible obtener la mayoría cualificada necesaria y la reforma de la LOPJ no fue aprobada.

A fin de salvar esta complicada situación, se introdujo "in extremis", ya en las postrimerías de la tramitación del Proyecto de LEC, un régimen transitorio en materia de recursos extraordinarios, que es el actualmente vigente, y que, afortunadamente, difiere sustancialmente del proyectado inicialmente. Ésta es la causa que explica el hecho de que la nueva LEC contemple un doble sistema de recursos extraordinarios: el "non nato", previsto en los arts. 466 y ss LEC para cuando se lleve a efecto la anunciada reforma de la LOPJ (régimen proyectado), y el provisional, pero vigente, mientras dicha reforma no acontezca, regulado en la Disposición final 16 de la LEC (régimen vigente).

El régimen proyectado de recursos. El "non nato" recurso extraordinario ante los Tribunales Superiores de Justicia

Presupuestos y resoluciones recurribles

Serán y son impugnables, mediante este recurso extraordinario, todas las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales, si bien con una importante particularidad y es la de que, al propio tiempo, caso de aprobarse la reforma de la LOPJ, tales sentencias también podrán ser directamente impugnadas ante el TS mediante la interposición del recurso de casación (arts. 477 y ss).

Motivos de impugnación

Así, pues, y siempre de ser aprobada esta polémica reforma, habrá de corresponder a las Salas de lo Civil de los TSJ la importante misión de pronunciar su doctrina legal procesal, pues, tal y como se ha adelantado, el recurso extraordinario procesal tan sólo es procedente para el conocimiento de los "vicios in procedendo" en los que pudieran incurrir las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales.

Repercusiones del recurso extraordinario en la doctrina legal del Tribunal Supremo

De ser aprobada, pues, por el Parlamento la oportuna reforma a la LOPJ, los TSJ conocerán en última instancia de las infracciones por motivos procesales que cometan las sentencias emanadas de las Audiencias Provinciales.

Recurso extraordinario procesal y Constitución

Esta nueva regulación de los TSJ como Tribunales de casación en su función de aplicar e interpretar de una manera definitiva e irrevocable la LEC puede provocar importantes dudas de constitucionalidad habida cuenta de la naturaleza que, del Estado español, en general, y del TS en particular, efectúa nuestra CE.

El régimen vigente de recursos. El recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo

Como consecuencia de la no aprobación de la reforma de la LOPJ, se planteó en el Senado la alternativa consistente, bien en mantener la vieja casación LEC 1881, bien yuxtaponer el recurso extraordinario al de casación y conferir el conocimiento de ambos al TS.

Esta última solución es la que prosperó y, en consecuencia, se introdujo en la LEC un régimen "transitorio" en materia de recursos extraordinarios que está llamado a regir hasta tanto no se confiera a los TSJ la competencia para el conocimiento del recurso extraordinario por infracción procesal, lo que resulta ser un propósito bastante ingenuo, pues el Poder Legislativo no tiene otro límite que la CE y no puede auto-vincularse "pro futuro". Es más, lo deseable es que no acometa la proyectada reforma de la LOPJ ante las importantes dudas de inconstitucionalidad que suscita.

Ello no obstante, la referida falta de aprobación del Proyecto de reforma de la LOPJ ha permitido que continúen en vigor varios preceptos, cuya reforma también se postulaba; concretamente, por lo que aquí interesa, el artículo 5.4 LOPJ, que permite fundamentar el recurso de casación en la infracción de precepto constitucional, y los arts. 238 y ss del mismo texto legal, que regulan la nulidad de actuaciones en todo tipo de procesos.

Aunque resulte paradójico, la combinación de los preceptos citados logra enmendar los desatinos del sistema de recursos previsto originariamente, creando otro nuevo que resulta preferible al primero, por cuanto, salvo determinadas excepciones, es plenamente respetuoso con las exigencias constitucionales en materia de recursos.