Los principios del proceso y del procedimiento

Los principios del proceso

Conforme a la distinción clásica entre proceso y procedimiento, es decir, entre el objeto de las actuaciones procesales y el conjunto de actos procesales que, tanto el juez como las partes han de realizar a fin de poder solucionar el litigio, hemos de distinguir igualmente entre los principios del proceso y los principios del procedimiento. Los primeros determinarán el régimen de entrada de la pretensión y de su oposición o defensa en el procedimiento, los poderes de las partes en la conformación del objeto procesal y los del juez en su enjuiciamiento, en tanto que los principios del procedimiento nos indicarán el régimen de la actuación formal de dicha pretensión hasta que pueda obtener satisfacción por el órgano judicial en forma de sentencia.

Clasificación

Los principios del proceso se enmarcan en las siguientes categorías:

  1. Principios inherentes a la estructura del proceso

  2. Principios relativos a la acción y al derecho subjetivo material subyacente

  3. Principios referentes a la formación del material fáctico

  4. Principios relativos a la valoración de la prueba

Principios inherentes a la estructura del proceso (remisión a otro lugar)

Son consustanciales al concepto mismo de proceso, su inexistencia ocasionará la del proceso mismo, por lo que alcanzan dimensión constitucional encontrándose implícitos, bien en el derecho fundamental de a la tutela, bien en el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE).

Conforman tales principios esenciales al derecho a un proceso civil justo o "debido" los de contradicción, igualdad de armas y dispositivo.

Principios referentes a la formación del material fáctico: aportación e investigación

Estos principios no gozan de una protección constitucional, pero pueden responder a determinados postulados de la configuración política del Estado. Aunque la mayoría confunda todavía el principio de aportación con el dispositivo, se trata de principios procesales autónomos y distintos a los vistos en la asignatura "Introducción al Derecho Procesal", si bien, normalmente, un proceso presidido por el dispositivo lo estará también por el de aportación y viceversa (un proceso regido por el principio de necesidad conllevará el de investigación), debido a que el binomio aportación-investigación es una lógica consecuencia del par dialéctico dispositivo-necesario u oficial.

Fundamento

Al igual que en el Estado liberal no debía la Admón entrar en el mundo de la sociedad o de la economía, en el modelo judicial decimonónico será el del “juez vigilante” que, para preservar la imparcialidad, presenciaba impasible la contienda.

Contrariamente, en el Estado Social de Derecho, al Poder Judicial ha de interesarle prestar una justicia material, para lo cual se hace necesario crear un nuevo modelo, el del "juez director", en el que al juez se le han de conferir determinadas facultades para poder descubrir en el proceso la relación jurídico-material debatida como complemento de la "verdad formal", suministrada por las propias partes.

Concepto

Así pues, el binomio aportación-investigación nos indica a qué sujetos procesales, si a las partes o al juez, les incumbe la introducción y prueba de los hechos. Bajo la máxima de la aportación se entiende el dominio de las partes sobre el material procesal, que es aportado como fundamento de hechos para la sentencia. Un proceso está presidido por el principio de aportación (o en caso contrario, por el de investigación) cuando en la constitución del objeto procesal concurren las siguientes notas esenciales:

  1. A las partes les corresponde la introducción de los hechos en el proceso
    • El juez sólo puede fundamentar su resolución definitiva sobre los hechos afirmados por las partes, eliminándose la "ciencia privada del juez" como base de la sentencia.

    • Incumbirá exclusivamente a las partes la labor de introducir los hechos en la fase de alegaciones, a través de la demanda y su contestación, determinando en estos actos el tema de la prueba.

    • Le es autorizado al juez basar su fallo en las "alegaciones equivalentes de las partes", es decir, en los hechos ocasionalmente aducidos por alguna de las partes y que benefician a la contraria, así como en la fictia confessio

  2. La actividad probatoria ha de recaer exclusivamente sobre los hechos afirmados por las partes
    • Ninguna prueba es necesaria, ni el juez puede tomarla en consideración, sobre hechos que: bien no han sido afirmados por las partes en sus alegaciones, bien no han sido discutidos por las mismas (admisión de hechos)

  3. La proposición y práctica de la prueba corresponde exclusivamente a las partes
    • El juez no dispondrá la apertura del proceso a prueba si al menos una de las partes no la insta, así como tampoco ordenará ejecutar un medio probatorio que no haya sido propuesto por las partes

    • La máxima de la aportación se ciñe exclusivamente a los hechos, nunca al derecho o calificación jurídica, que, en virtud del principio de la sustanciación de la demanda, corresponde siempre al órgano jurisdiccional.

Por el contrario, un proceso está informado por el principio de investigación:

  1. Cuando el juez está obligado, por razón de su oficio, a la aportación de los hechos y a su prueba dentro del proceso, con independencia de la voluntad de las partes.

  2. En estrecha relación con el principio de investigación se encuentra el de "examen de oficio de los presupuestos procesales" cuya vigencia en un ordenamiento procesal autoriza al órgano jurisdiccional a sugerir, de oficio, a las partes su subsanación o a estimar su ausencia, con independencia de que su incumplimiento haya sido o no denunciado por la parte interesada. La vigencia de este subprincipio en modo alguno contradice el principio dispositivo, ni el de aportación (STC 77/1986).

Nuestro ordenamiento procesal

Salvo determinados procesos civiles necesarios, nuestro proceso civil se encuentra dominado por el principio de aportación.

Así, incumbe a las partes la exposición de los hechos en los escritos de demanda y contestación, siendo muy contados los supuestos en los que el juez puede rechazar "de plano" una demanda por falta de fundamentación. En el período probatorio, si bien la regla general es la de que "las pruebas se practicarán a instancia de parte" (art. 282 LEC), el mencionado precepto permite al juez "acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo establezca la Ley". Sin embargo, no puede de oficio abrir el período probatorio, sino tan solo sugerir a las partes la conveniencia de la práctica de algún medio de prueba determinado (art. 429.1.II°).

Por el contrario, una vez abierto el período probatorio, las facultades del juez en la dirección de la prueba son notables, pudiendo repeler medios de prueba impertinentes o inútiles (art. 285), rechazar preguntas en el interrogatorio de las partes (art. 302.2, 304, 306, 307.2 y 311.1) y testigos (art. 363.2, 367.2.11, 373), así como obtener de ellas aclaraciones y adiciones (arts. 306.1.II° y 372.2), designar de oficio peritos en los procesos de familia (art. 339.5) y, en cualquier caso, a instancia de parte, nombrar a los peritos (art. 339.2).

En las "diligencias para mejor proveer", en las que la reforma parcial de 1984 a la LEC facultó al juez, una vez concluida la prueba y antes de dictar sentencia, a ordenar la práctica de cualquier medio probatorio, incluida la prueba testifical que, con anterioridad a dicha reforma, se encontraba excluida (art. 340 de la LEC de 1881). En la vigente LEC se mantienen tales polémicas diligencias bajo la nueva denominación de "diligencias finales" (arts. 434-436).

En cuanto al "examen de oficio" de los presupuestos procesales, en el juicio ordinario (demandas de más de 3.000 euros), la reforma parcial de 1984 introdujo la comparecencia previa, hoy "audiencia previa" al juicio principal y, con ella, la obligación que el juez tiene de "salvar la falta de algún presupuesto o requisito del proceso que se haya aducido por las partes o se aprecie de oficio por el juez" (art. 693.3° LEC 1881), se planteaba la duda, consistente en determinar qué presupuestos procesales pueden de oficio ser examinados en esta fase procesal.

Aun cuando no exista unanimidad jurisprudencial para dar una respuesta adecuada a esta pregunta, nosotros, siguiendo a Fasching y a Fairen, sugerimos el examen de oficio de los siguientes presupuestos procesales: jurisdicción, competencia objetiva, funcional y territorial imperativa, capacidad para ser parte y procesal, capacidad de conducción procesal, representación y postulación procesal, litisconsorcio, procedimiento aplicable, litispendencia y cosa juzgada, y defecto en el modo de proponer la demanda.

En la actual regulación de la comparecencia previa (art. 416) se han recogido todos estos presupuestos procesales con la única excepción de la competencia objetiva y territorial, que también son examinables de oficio con anterioridad a dicho acto (arts. 49 y 58).

Por el contrario, en los demás procedimientos civiles es muy escaso el grado de "examen de oficio" por el juez de los presupuestos procesales. Dicho examen queda reducido a determinados defectos formales de la demanda, así como a la propia jurisdicción y competencia objetiva y territorial del órgano jurisdiccional (art 49 sobre la objetiva y, en cuanto a la territorial, vide el art. 58 LEC) y a la capacidad de las partes (art. 9) y a determinados defectos de la demanda en procedimientos especiales (art. 439), siendo la regla general, en cuanto a su tratamiento procedimental, la de que han de ser evidenciados por las propias partes, por la vía de las excepciones y, la mayoría de las veces, resueltos por el juez en la sentencia definitiva.

Principios relativos a la valoración de la prueba: prueba libre y prueba tasada

Introducidos los hechos en el proceso y realizada sobre ellos la actividad probatoria, surge el problema de determinar cómo deben ser valorados por el juez en la sentencia. En este sentido, dos sistemas de valoración surgieron a lo largo de la historia: el de la prueba legal o tasada y el de la prueba libre o libre valoración de la prueba.

Fundamento

El sistema de la prueba legal responde, en sus primitivos orígenes, a un pensamiento mítico o supersticioso del antiguo Derecho germánico, con arreglo al cual determinados medios probatorios, realizados ante una supuesta intervención divina, debían causar "prueba plena". Dicho sistema permaneció vigente a lo largo de toda la Edad Media, siendo potenciado en el proceso penal hasta límites de inhumanidad durante la hegemonía del absolutismo (S. XV-XVIII).

Se caracterizaba, de un lado, por la existencia de medios de prueba claramente privilegiados, cuyo resultado debía el juez apreciar en cualquier caso (éste era el caso de la confesión, que era la "regina probatorum"), y, de otro, por la discriminación que debía realizar el juez con los testimonios de quienes habían de prestarlos en función de su status social (el del noble hacía "prueba plena", el del ciudadano libre "semi plena probatio" y el siervo estaba incapacitado para deponer como testigo, debiéndolo hacer por él "su señor"). Si a este sistema se le añade la circunstancia de que el "inquisidor" estaba legitimado para recurrir a la tortura con el fin de obtener aquel medio probatorio privilegiado (la "confesión con cargos"), de que se estimulaba la delación con premios económicos (1/3 del patrimonio del reo era para el delator, el otro tercio para el inquisidor y el último para el Estado), con lo cual se estimulaba la denuncia y acusación calumniosa y de que el juez no tenía obligación alguna de motivar su sentencia, no resulta exagerado afirmar que el sistema de la prueba legal, aplicado al pro ceso penal, causó verdaderos estragos hasta bien entrado el S. XIX.

Frente a dicho sistema, y como una conquista del pensamiento liberal, surgió, hacia finales del S. XVIII y principios del S. XIX, el de la "libre valoración de la prueba". Aparece en la historia íntimamente ligada a la del Jurado. Como quiera que, con la participación popular en la administración penal de la justicia, no se podía exigir al pueblo el conocimiento de todas aquellas "científicas" y complejas reglas de valoración de la prueba tasada, que, desde la legislación de Partidas hasta la Novísima Recopilación, se habían mantenido, tanto en el proceso civil como en el penal, decidieron los autores de la ilustración que el Jurado presenciara el juicio oral y emitiera su veredicto exclusivamente con arreglo a su "íntima convicción". Surge, así, el sistema de valoración "en conciencia" o de "libre valoración de la prueba", el cual, aun apareciendo de una manera intuitiva y obligada por aquella necesidad, pronto se reveló como un sistema de valoración mucho más perfecto que el que ocupaba a los tratadistas o "prácticos" del Antiguo Régimen. En efecto, al valorar exclusivamente el Jurado las pruebas, que, ante él en el juicio oral se habían practicado (inmediación) y, al desconocer, por lo tanto, los actos de investigación, que, con anterioridad a él (esto es, en la fase instructora) podía el juez haber realizado, decayó en la práctica la importancia del "sumario", fortaleciéndose el acusatorio en el juicio oral, al obligar a las partes a ser exhaustivas con la aportación del material de hecho y su prueba en el juicio, reproduciéndose, en definitiva, la verdad histórica con toda su amplitud en el juicio, de tal suerte que el juicio oral dejó de ser un mero apéndice de la fase instructora para convertirse en el auténtico proceso; por otra parte, al valorar los hechos el Juzgado con arreglo a su conciencia o íntima convicción, se dio entrada a las reglas de la lógica, experiencia o "sana crítica" en la apreciación de la prueba, que, hasta ese momento, no podían estar presentes, al estar vinculado el juez por aquellas reglas de valoración, con lo que el sistema de libre valoración, al permitir el descubrimiento de la relación jurídica material, posibilitó la búsqueda de la "verdad histórica", frente a la "formal", que era consubstancial al sistema de la prueba tasada.

El principio de "libre valoración de la prueba" se instauró, en primer lugar en el proceso penal (primero en la legislación de imprenta del trienio liberal, después en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872 y, de aquí, a la vigente LECRIM de 1882), para pasar, tras la reforma de Klein a la ZPO austríaca de 1895, a constituir también el sistema hegemónico en el proceso civil contemporáneo.

Concepto

El sistema de la prueba legal estriba en una sustitución del juez por el legislador, en el que éste le establece a aquél, de un lado, la existencia de un "numerus clausus" de medios probatorios, con arreglo a los cuales deben las partes convencerlo y, de otro y sobre todo, la de un conjunto de reglas para la valoración del resultado de la prueba, conforme al cual existirá una hipervaloración, de determinados medios probatorios, en detrimento de otros manifiestamente hipovalorados.

En el momento actual y en el derecho comparado, el único medio de prueba hipervalorado es la documental pública (y no toda ella, sino tan sólo determinados documentos públicos, tales como las sentencias o los testamentos), cuyo fundamento puede encontrarse en la certeza o seguridad del tráfico jurídico, en la existencia de actos o negocios jurídicos, que, por haber sido intervenidos por un fedatario público, han de gozar de un determinado valor probatorio privilegiado y preconstituido.

Por el contrario, el principio de libre valoración de la prueba significa que el juez o el Tribunal, a la hora de formar su íntima convicción, no ha de tener otro límite que los hechos probados en el juicio, los cuales ha de apreciar y fundamentar en el fallo con arreglo a las normas de la experiencia y de la lógica.

Por tanto, "apreciación en conciencia" no significa "libre arbitrio". El órgano jurisdiccional ha de basar su sentencia exclusivamente sobre los hechos, objeto de prueba en el juicio, sin que se pueda dar entrada en la sentencia a la "ciencia privada del juez". Es más, la sentencia habrá de contener el razonamiento de la prueba (es decir, se habrán de describir las operaciones lógicas que, partiendo de los hechos declarados como probados, permitan inferir la conclusión probatoria) que ha seguido el juzgador para obtener su convicción.

Tampoco se opone a la libre valoración de la prueba la prueba de valoración prohibida o ilícita, expresamente proscrita por los arts. 11.1 LOPJ y 287 LEC, o existencia de reglas de prohibición de valoración de determinados hechos, que hayan podido ser introducidos en el proceso con manifiesta infracción de las normas constitucionales (Ej. el derecho a la intimidad o a la inviolabilidad del domicilio del art. 18 CE), a través de medios, que no gozan de valor probatorio alguno (Ej. un atestado que tan sólo tiene el valor de denuncia, por lo que precisa de una ulterior actividad probatoria) o que han sido obtenidos a través de medios que la ley en modo alguno autoriza (Ej. la confesión arrancada con coacciones, torturas o "sueros de la verdad").

El ordenamiento procesal

Nuestro ordenamiento procesal ha experimentado una profunda mutación, pasando de la hegemonía de la prueba tasada, vigente en la derogada LEC de 1881, a la del principio de libre valoración, introducido por la Ley 1/2000 en la nueva LEC.

La LEC de 1881 se encontraba teóricamente regida por un claro predominio del principio de la prueba tasada. Dicha hegemonía se manifestaba, tanto en el establecimiento por el legislador de un sistema cerrado de medios probatorios a utilizar por las partes, como fundamentalmente en la existencia de normas admonitivas e imperativas a tener en cuenta en la valoración de la prueba por el juzgador.

Por el contrario, el sistema de "libre valoración de la prueba" ha sido el consagrado por la nueva LEC de 2000, el cual se demuestra, tanto en la libertad de las partes a la hora de proponer los distintos medios de prueba, como en la valoración de su resultado por el juzgador.

En materia de proposición de medios probatorios, no obstante la redacción del art. 299.1, conforme al cual parece que se establezca un "númerus clausus", su número segundo permite la introducción de "medios de reproducción de la palabra, sonido e imagen", así como los instrumentos que permitan archivarlas y su número tercero viene a establecer un "númerus apertus" de proposición de medios de prueba.

En cuanto al sistema de valoración, la LEC tan solo conoce como prueba tasada la documental pública, que hará "prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten", salvo que versen sobre materia de usura, en cuyo caso rige la libre valoración (art. 319.3). La antigua prueba de "confesión", mejor denominada en la actualidad como "interrogatorio de las partes" ha sufrido una importante transformación: de un lado, se ha suprimido cualquier forma de juramento y es una prueba de libre valoración, ya que, si bien es cierto que el juez habrá de tener como ciertos los hechos reconocidos y que sean perjudiciales para las partes, tampoco lo es menos que dicho valor privilegiado queda condicionado a que no lo contradiga "el resultado de las demás pruebas" (art. 316), lo que convierte a dicho interrogatorio en una prueba de valoración conjunta. Las demás pruebas han de ser valoradas con arreglo a las normas de la "sana crítica", es decir, según las máximas de la experiencia y de la lógica, con arreglo al sistema de libre valoración; de este modo están sometidos a dicho criterio de las reglas de la sana crítica: los documentos privados (art. 334.1), el dictamen de peritos (art. 348), la prueba de testigos (art. 376) y las reproducciones de la palabra, imagen y sonido (art. 382.3).

Los principios del procedimiento

Introducción

A diferencia de los principios del proceso, que estudian la formación del objeto procesal y su disponibilidad por las partes, el comportamiento, en general, de los sujetos procesales en la introducción, prueba y valoración de los hechos, los principios del procedimiento rigen la forma de la actuación procesal, determinan la índole de relación entre las partes y el órgano jurisdiccional, aquellas entre sí y todos los sujetos procesales con la sociedad e informan la sucesión temporal de los actos procesales.

Principios del proceso y del procedimiento también se diferencian atendiendo a la causa a la que responden. Los principios del proceso obedecen a una determinada concepción económico-política de la organización social, los principios del procedimiento son criterios técnicos o prácticos, tales como la efectividad, rapidez o seguridad, los que determinan su instauración por el legislador en el ordenamiento procesal.

En los principios del procedimiento distinguiremos los relativos a las formalidades que deban revestir los actos procesales, de los referentes a la relación del órgano jurisdiccional y partes con el objeto procesal.

Relativos a la "forma" de los actos procesales: oralidad y escritura

Concepto y evolución histórica

Los principios relativos a la "forma" de los actos procesales rigen aquellos requisitos, que, distintos a los materiales, han de concurrir en el momento de realización del acto, de tal suerte que condicionan su "admisibilidad" e impide su ausencia el válido despliegue de sus efectos jurídicos. Adquieren singular relevancia los principios de oralidad y escritura.

Por proceso oral, no cabe entender aquel procedimiento, cuyos actos procesales son realizados totalmente de forma verbal. Estas soluciones extremas, adoptadas en distintas épocas de la historia, no pueden ser reclamadas en la actualidad.

Para la calificación de un procedimiento como oral, lo decisivo es su fase probatoria, entendiéndose por tal aquel procedimiento, en el que tan sólo el material procesal aportado oralmente al juicio puede ser apreciado en la decisión judicial, o, lo que es lo mismo, el proceso es oral, si los fundamentos de la sentencia se constituyen mediante las alegaciones y prueba oral efectuada en el juicio; es escrito, si la sentencia se adopta exclusivamente con arreglo al estado de las actas.

En un proceso civil oral cabe distinguir dos fases claramente diferenciadas: la escrita y la oral. Han de revestir forma escrita los actos procesales, en los que ha de deducirse la pretensión y su resistencia (demanda y contestación), la prueba documental, las sentencias y demás títulos de ejecución, el auxilio judicial, los medios de impugnación y, dentro de ellos, fundamentalmente la casación, así como los actos de la denominada "jurisdicción voluntaria"; por el contrario, han de revestir forma oral las conclusiones o informes y la totalidad de la actividad probatoria, incluida la prueba documental en el proceso penal, que ha de ser leída en el juicio para ser tomada en consideración por el órgano jurisdiccional.

La vigencia del principio de oralidad en la fase probatoria exige, de un lado, la elaboración de la pertinente acta y, de otro, la grabación en vídeo de las audiencias, cuyos soportes telemáticos han de permanecer bajo la personal custodia del Secretario, siendo reproducidos, cuando, contra la sentencia, se ejercitara algún medio de impugnación, bajo la presencia de las partes y la intervención del órgano jurisdiccional.

Ventajas e inconvenientes de la oralidad

Las ventajas de la oralidad pueden resumirse en facilitar los principios de investigación, inmediación, concentración y publicidad.

En lo referente a la actividad de búsqueda de la verdad material el procedimiento oral ofrece una magnífica ayuda al órgano jurisdiccional, el entendimiento directo y verbal entre el juez y las partes favorece el descubrimiento de la relación jurídica material en el proceso, a través de las preguntas directas y espontáneas que han de practicar en el juicio los sujetos procesales. Se puede esclarecer con mayor prontitud el asunto de hecho.

La oralidad requiere la inmediación del órgano jurisdiccional, quien se ve impedido de delegar funciones tan importantes como la práctica de la prueba. Además, la presencia física del juez en la aportación de los hechos favorece un mayor convencimiento sobre su credibilidad, al poderse ,apreciar datos como los gestos de turbación, sorpresa y análogos de las partes y testigos, que no pueden reflejarse mediante la escritura.

El proceso oral es por esencia público, tanto para las partes (publicidad relativa), como para la sociedad (absoluta), con respecto a la cual la oralidad constituye un presupuesto indispensable, con todos los efectos favorables que el control público conlleva sobre la actividad jurisdiccional.

Los inconvenientes son derivados del distanciamiento espacial y temporal de los actos procesales.

La necesidad de otorgar seguridad a ciertos actos procesales, que, por su trascendencia en el proceso han de ser fijados de una manera inalterable, aconseja que la oralidad no pueda predicarse como norma universal en el procedimiento y que haya de ser complementada con la escritura. Por esta razón, no existe una solución rotunda en esta alternativa y de aquí que el proceso oral haya de mantener determinados actos y fases procesales bajo la forma escrita.

Pero el principal inconveniente de la oralidad es su carestía, ya que exige un mayor número de jueces, quienes no podrán delegar la fase probatoria en el personal auxiliar del Juzgado.

El ordenamiento procesal: la vigente LEC del 2000

A diferencia de la LEC de 1881, que se encontraba presidida por el principio de la escritura, con todas sus desventajas (la principal de las cuales era la delegación de la fase probatoria efectuada por el juez a favor del personal auxiliar de su Juzgado), la característica más sobresaliente de la nueva LEC, promulgada por la Ley 1/2000, ha consistido en la introducción, por vez primera en nuestro ordenamiento procesal civil, de la oralidad.

Junto a la audiencia preliminar "oral" que también se mantiene en el juicio ordinario (arts. 414 y ss.), se ha instaurado una audiencia principal, en la que el art. 289.1 establece que "las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública, o con publicidad" y el art. 290 corrobora que "todas las pruebas se practicarán en unidad de acto"; frente al antiguo régimen de "posiciones" (pliego escrito de preguntas), los arts. 305 y 306 facultan a los Abogados a interrogar directamente a las partes, quienes habrán de contestar por sí mismas; lo mismo ocurre con la prueba de testigos (arts. 368-372); en tales interrogatorios, el juez podrá solicitar verbalmente aclaraciones o precisiones (arts. 306.1.11 y 426.6); asimismo, las conclusiones escritas han sido sustituidas por informes orales (art. 433.2); las resoluciones interlocutorias en las vistas habrán de ser orales (art. 210.1) y tales actuaciones orales habrán de registrarse en soportes de grabación y de reproducción del sonido e imagen (art. 147). Para los asuntos de escasa cuantía (menos de 6.000€) el juicio verbal mantiene la oralidad (art. 443). Por el contrario, la apelación, tradicionalmente oral, se ha convertido en escrita (art. 458.1), salvo que deba practicarse prueba en la segunda instancia (art. 464).

Referentes a la relación entre el tribunal y el material fáctico: inmediación-mediación

Concepto

El principio de inmediación se encuentra en estrecha relación con el principio de la oralidad. Significa que el juicio y la práctica de la prueba han de transcurrir ante la presencia directa del órgano jurisdiccional competente. Tan sólo quien ha presenciado la totalidad del procedimiento, oído las alegaciones de las partes y quien ha asistido a la práctica de la prueba está legitimado para pronunciar la sentencia.

La oralidad del procedimiento exige la inmediación del juez, pero ambos conceptos no se identifican absolutamente. Si un órgano jurisdiccional decidiera con arreglo al resultado de las actas, el procedimiento sería inmediato, pero escrito; contrariamente, una prueba testifical, realizada por un juez comisionado, mediante la vía del auxilio judicial, es mediatamente oral.

Para la calificación de un procedimiento como inmediato o mediato, lo decisivo es su fase probatoria. Un proceso está presidido por el principio de inmediación, cuando el juez que deba conocer de los autos, presencia la práctica de la prueba, sin delegar dicha facultad en persona alguna.

Pero la inmediación de la prueba no ha de estar exclusivamente limitada a su ejecución sino que también es necesaria la "inmediación en la valoración de la prueba".

Este último subprincipio presenta dos importantes aspectos: de un lado, el juez debe estimar preferentemente aquellos medios de prueba que se encuentren en la más directa relación con la afirmación de los hechos, que constituyan su objeto; de este modo, en la práctica totalidad de los ordenamientos se han incorporado a sus respectivos Códigos procesales determinadas reglas de la experiencia, que aconsejan al Tribunal estimar con preferencia la declaración del testigo directo (es decir, del que ha presenciado los hechos), antes que la del indirecto (que conoce los hechos a través de la transmisión de un tercero), ha de apreciar el documento original, antes que sus copias, etc. Y de otro lado, la exigencia de que dicha valoración y el pronunciamiento del fallo se realicen lo más pronto posible, una vez concluso el juicio oral. También la experiencia demuestra que la inmediación es enemiga de la dilación. De aquí que resulte necesario pronunciar la sentencia también "inmediatamente" en el tiempo, acto seguido a la finalización del juicio oral.

El ordenamiento procesal

Siendo la inmediación una "compañera de viaje" de la oralidad, no es de extrañar que el principio de inmediación esté presente en nuestra inaugurada justicia civil oral. Y, así, el art. 137 obliga a jueces y tribunales a presenciar la prueba bajo sanción de nulidad del acto, el art. 238.5 LOPJ declara también nulas las vistas que se practiquen sin la intervención del Secretario judicial y el art. 290 LEC obliga a practicar la prueba "con unidad de acto", en la audiencia principal, y en la sede del Tribunal, correspondiendo al juez la dirección de los debates (art. 186); por su propia naturaleza, el interrogatorio de las partes y testigos, el reconocimiento judicial, la reproducción de palabras, imágenes y sonido, cifras y datos, explicaciones, impugnaciones, rectificaciones o ampliaciones de dictámenes periciales ha de efectuarse bajo la inmediación del Tribunal ("será inexcusable la presencia judicial", dispone el art. 289.2). La inmediación del juez en la ejecución de la prueba le permitirá formular preguntas a los intervinientes (arts. 306 y 372.2) y sugerir informes adicionales a las partes (art. 433.3). Tan solo el juez o Magistrado que ha presenciado la vista está legitimado para dictar la pertinente resolución (art. 194.1). Finalmente, los arts. 196 y 434 contemplan también la "inmediatez" temporal de la sentencia, al disponer, de un lado, que las resoluciones se discutirán y votarán "inmediatamente después de la vista" y, de otro, que la sentencia habrá de dictarse dentro de los veinte días a la terminación del juicio, tratándose de juicios verbales, dicho plazo se reduce a diez días (art. 447).

De la anterior regla, hay que exceptuar la prueba que no sea posible llevarla a cabo en una vista (por ejemplo, el interrogatorio de una persona enferma), la prueba anticipada y la asegurada (arts. 290.1 y 293-298), la prueba de peritos (salvo que el juez estimase necesaria la presencia del perito en el juicio), las declaraciones testificales de personas jurídicas y de entidades públicas (art. 381) y el interrogatorio de la Administración Pública (art. 315).

En esta materia, hay que distinguir la inmediación del juez o Tribunal, de la del Secretario judicial. La primera es obligatoria en todas las audiencias. Pero la del Secretario no es preceptiva si tales audiencias son sometidas a una grabación audiovisual (arts. 137.3 y 143).

Por el contrario, y bajo sanción de nulidad (art. 225.5), el Secretario ha de intervenir las audiencias que le son propias.

Efectos indirectos de la inmediación

Oralidad e inmediación producen sustanciales ventajas en lo que al descubrimiento de la relación jurídica material en eI proceso se refiere. La posibilidad de realizar preguntas o pedir explicaciones, la de poder apreciar signos externos de las partes, testigos y peritos, el hacer posible, en definitiva, la obligación del órgano jurisdiccional de discutir con las partes y testigos el tema de la prueba propuesto en orden a la obtención de la plenitud del material de hecho en el proceso, asegura la obligación de veracidad de las partes, y a todo ello, contribuye de una manera decisiva el principio de inmediación.

Los inconvenientes son derivados de la interacción de los "roles" de las partes con el Tribunal. Conforme a determinadas investigaciones sociológicas, realizadas en los EEUU y en la RFA, la inmediación del Tribunal con las partes en el juicio oral puede provocar todo un conjunto de inconscientes y recíprocas reacciones entre ambos (derivados de factores, tales como la manera de comportarse ante el juez, su cultura, atuendo, etc.), que pueden manifestarse inconscientemente en la decisión judicial.

Otros principios procedimentales: concentración, preclusión y publicidad (la "aceleración" del procedimiento)

Para que el proceso cumpla con su función de otorgar una plena "satisfacción jurídica" a las partes, resulta obligado que la decisión final sea pronunciada en un espacio relativamente corto de tiempo.

Para contribuir a la solución del problema de la "lentitud" del procedimiento, surgió en la doctrina alemana el denominado principio de "aceleración del procedimiento".

Concentración y preclusión

Una de las medidas para obtener dicha "aceleración" puede consistir en concentrar sus actividades en un espacio corto de tiempo, reuniendo en la menor cantidad posible de tratamiento todo el contenido del proceso.

La concentración del procedimiento puede obtenerse a través de todo un conjunto de medidas: a) reducción de plazos y términos, conforme a las necesidades sociales del momento presente; b) mayor inmediación en los actos de comunicación; c) estímulo de la autocomposición intraprocesal; d) prohibición de incidentes suspensivos; e) tratamiento preliminar de los presupuestos procesales; f) establecimiento de una fase "elástica" de alegaciones y otra "preclusiva" de prueba, y g) instauración plena de la oralidad en la fase probatoria.

Pues bien, la mayoría de tales medidas fueron iniciadas por la "reforma parcial" de 1984 y culminadas por la efectuada mediante la "reforma total" operada por la Ley 1/2000.

Otra de las novedades, tendentes a incrementar y a concentrar el procedimiento, que inauguró la reforma del 84 y mantiene la de 2000, estriba en prohibir la impugnación suspensiva de las resoluciones interlocutorias, la cual se estableció por una doble vía: una vía indirecta, a través de la supresión de las "providencias de no mera tramitación" y, con ella, la prohibición de que dichas resoluciones puedan ser impugnadas mediante un recurso devolutivo, y una vía directa, disponiendo que la apelación de los autos se realizará "en un solo efecto, resolviéndose conjuntamente con la apelación principal" (art. 381 de la LEC de 1881); en la actualidad, la nueva LEC tan sólo permite la apelación de los autos definitivos (art. 455.1), regla que, unida a la abolición del "incidente de nulidad de actuaciones" (art. 742 de la LEC de 1881), contribuyó notablemente a la concentración del procedimiento y a descongestionarlo de incidentes previos y suspensivos. Aquí, sin embargo, la vigente LEC 2000 ha sido regresiva, toda vez que pretende la reintroducción de dicho incidente de nulidad de actuaciones (art. 228), que tan graves efectos puede ocasionar a la seguridad jurídica y al derecho a un proceso "sin dilaciones indebidas".

Publicidad

En íntima conexión con el principio de oralidad, surge el de publicidad del procedimiento en la historia de las instituciones procesales.

El principio de publicidad presenta una notable connotación política al haberse manifestado como una conquista del pensamiento liberal.

Aunque excepcionalmente determinadas fases del procedimiento pudieran permanecer secretas, para una buena administración de la justicia, la publicidad en el proceso contemporáneo ha de serIo, tanto frente a las partes (publicidad relativa), como frente a la sociedad o terceros (publicidad absoluta). El ordenamiento procesal ha de autorizar la posibilidad de la participación inmediata del público en el desarrollo del juicio, el cual ha de acceder voluntariamente al mismo (publicidad activa), aunque excepcionalmente pueda darse cuenta, con posterioridad a él, de determinadas actuaciones procesales (publicidad pasiva).

En nuestro proceso civil, debido a la vigencia del principio de la oralidad, el principio de publicidad absoluta se encuentra recogido allí donde las actuaciones sean verbales y, de modo especial en la fase probatoria. Dispone a tal efecto el art. 138.1 que "las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias, cuyo objeto sea oír a las partes antes de dictar una resolución se practicarán en audiencia pública", prescripción que reitera el art. 289.1, en cuya virtud "las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública o con publicidad" y que hay que entender también vigente en la vista del juicio verbal (art. 443), en la apelación, si hubiere práctica de prueba (art. 464) y en el recurso de casación (art. 486). Pero el principio de publicidad absoluto puede ser restringido por el Tribunal "cuando sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan" (art. 138.2). Las demás actuaciones procesales están presididas por el principio de publicidad relativa, conforme al cual tan sólo las partes interesadas están legitimadas para el conocimiento de las actuaciones (arts. 140-141 LEC y 232 y ss. de la LOPJ).