Las diligencias finales del juicio ordinario

Las diligencias finales y las diligencias para mejor proveer

Los arts. 434.2, 435 y 436 LEC están dedicados a las "diligencias finales", y reemplazan las diligencias para mejor proveer previstas en los arts. 340 a 342 de la LEC de 1881.

Para hallar la "razón principal" de dicho cambio es preciso retrotraerse al epígrafe VI, párrafo segundo, de la Exposición de Motivos de la LEC, en el que se declara la vigencia casi absoluta del principio de aportación en el proceso civil, no sólo en su vertiente fáctica, sino también en la relativa a la prueba.

Las tradicionales diligencias para mejor proveer han constituido un correctivo tardío del principio de aportación de parte, en su vertiente probatoria. Mediante ellas, el juez podía soslayar los inconvenientes de un proceso civil inspirado en los principios de escritura, mediación y publicidad interna, fragmentado en distintos procedimientos. En la práctica, han permitido al juzgador dejar para el momento de dictar sentencia el análisis del reflejo documentado de las distintas actuaciones procesales realizadas, resolviendo, entonces, los posibles problemas fácticos y probatorios que el litigio planteaba.

En cambio, en un proceso civil basado en los principios de oralidad, inmediación, publicidad y en un mayor equilibrio del principio de aportación de pruebas, la función del juez ya no consiste sólo en dictar sentencia, sino también en ordenar materialmente el proceso y, sobre todo, en descubrir la verdad material. Un proceso así concebido no necesita de las diligencias para mejor proveer, ya que el juzgador puede despejar sus dudas a lo largo del juicio o vista probatorio, y ordenar las aclaraciones o ampliaciones que tenga a bien reclamar a las partes, testigos y peritos durante la práctica de los diferentes medios de prueba. Carece de sentido, y redundaría en indebidas dilaciones, que este juez, dotado de amplios poderes de dirección probatoria, esperara hasta la última fase procesal para interesarse por descubrir la verdad material y acordar la práctica de nuevos medios de prueba, cuando puede y debe hacerlo con anterioridad, durante el procedimiento probatorio.

La vigente ley procesal común, cumpliendo el mandato constitucional del art. 120.2 ("el procedimiento será predominantemente oral..."), se acoge al principio de oralidad (con sus "compañeros de viaje", la inmediación y la publicidad) y, en consecuencia, sustituye la práctica de las diligencias para mejor proveer del proceso civil por una más activa presencia del órgano judicial en el procedimiento probatorio. Esta encomiable orientación no se ha conciliado, sin embargo, con unas facultades jurisdiccionales de averiguación que le permitieran acordar la práctica de medios de prueba complementarios y excepcionales, en lugar de limitar su función a la de "dirigir formalmente" el procedimiento probatorio.

La regulación del "juicio ordinario" (el proceso declarativo ordinario, "tipo", art. 249.2 LEC) está inspirada en la mencionada regla general de la oralidad con unidad de acto, con una fase escrita de alegaciones, una fase oral -audiencia previa, prueba y conclusiones-, y sentencia. Reducido el ámbito de aplicación de estas diligencias a este procedimiento, se mantiene, de manera extraordinaria y complementaria, las diligencias finales con las que, en cierta medida, se pretenden mitigar los inconvenientes de la frustración probatoria, debida a distintas razones todas ellas ajenas a la voluntad y diligencia de la parte interesada (art. 435 LEC).

Concepto

EL art. 435 (cuya rúbrica es "Diligencias finales. Procedencia") apunta una definición de esta figura, al establecer que "Sólo a instancia de parte podrá el Tribunal acordar, mediante auto, como diligencias finales, la práctica de actuaciones de prueba, conforme a las siguientes reglas:...". La regla general es que tales diligencias están sometidas al principio de justicia rogada; sin embargo, el artículo 435.2 también admite que el órgano judicial pueda acordar, de oficio, diligencias de prueba con carácter excepcional y complementario (facultad probatoria ya vislumbrada en el art. 282 "Iniciativa de la actividad probatoria" de la LEC).

Las "diligencias finales" pueden definirse como actos de prueba complementarios acordados por el Juez a instancia de las partes y, excepcionalmente, de oficio, durante la fase de sentencia en el juicio ordinario.

Ámbito de aplicación

La LEC de 2000 regula las diligencias finales en los arts. 434 a 436, pertenecientes al capítulo IV ("De la sentencia"), del Título II ("Del juicio ordinario"), del Libro II ("De los procesos declarativos"). Estas diligencias se encuentran sistemáticamente encuadradas en el juicio ordinario. Si comparamos esta regulación con la de las derogadas "diligencias para mejor proveer", obtendremos que éstas pertenecían al libro 1 ("Disposiciones comunes a la jurisdicción contenciosa y a la voluntaria") eran de "común" aplicación a cualquier clase de proceso salvo disposición en contrario. Las diligencias finales, por el contrario, pertenecen "en exclusiva" a la fase de sentencia del proceso declarativo ordinario calificado como "juicio ordinario".

En consecuencia, y aunque la cuestión no es pacífica en la doctrina, no resultan aplicables a los demás procesos declarativos (al otro ordinario denominado "juicio verbal" previsto en los arts. 437 a 447), ni a los especiales regulados en el libro IV de la LEC.

Las diligencias finales y el juicio verbal

No obstante la ubicación sistemática de las diligencias finales en el juicio ordinario, si el legislador hubiese guardado silencio a lo largo de su articulado sobre esta materia, hubiera sido posible defender la aplicación analógica de las mismas a los demás procesos regulados en la LEC. Sin embargo, no ha sido éste el deseo del legislador que, al abordar el estudio del juicio verbal, dedica un importante artículo (el 445, rubricado "Prueba y presunciones en los juicios verbales"), de cuya exégesis obtenemos la inaplicación de las diligencias finales en este juicio.

Este precepto dispone que "en materia de prueba y de presunciones, será de aplicación a los juicios verbales lo establecido en los capítulos V y VI del Título I del presente Libro". Estos capítulos se refieren, respectivamente, a las "disposiciones generales" de la prueba y a los "medios de prueba y presunciones" en los que, obviamente, no se encuentran las diligencias finales, con lo que, a contrario, las diligencias finales (de cuya naturaleza probatoria nadie duda) están expresamente excluidas del juicio verbal.

Las razones que han llevado al legislador a esta conclusión no pueden descubrirse en su Exposición de Motivos, que al referirse a las mismas, no justifica esta inaplicación. Quizá el motivo se encuentre en que las materias y cuantía de las que conoce el juicio verbal son de menor entidad que las del ordinario, de ahí, la conveniencia de "acudir a la máxima concentración de actos para asuntos litigiosos desprovistos de complejidad o que reclamen una tutela con singular rapidez. En otros casos, la opción legislativa prudente es el juicio ordinario...".

Lo más conveniente para obtener un mayor grado de Justicia en los procesos declarativos hubiera sido, dotar al Tribunal no sólo de poderes de "dirección formal" sobre la prueba, sino, también, de auténticos poderes de "dirección material", facultándole para poder ordenar la práctica "ex officio" de nuevos medios de prueba durante la fase probatoria iniciada a instancia de parte, respetando en todo caso el "thema probandi" fijado por los litigantes.

Las diligencias finales en los procesos especiales y en el recurso de apelación

La aplicación de las diligencias finales queda, también, excluida de los procesos especiales (regulados en el Libro IV).

El motivo de esta inaplicación resulta, bien del equilibrio entre los principios de aportación y de investigación, tanto en su vertiente fáctica como probatoria, en los litigios especiales sobre la capacidad, filiación, paternidad, maternidad, matrimonio y menores, en los que el juzgador puede "decretar de oficio cuantas (pruebas) estime pertinentes" (art. 752); bien, respecto de los procesos sucesorios, para la liquidación del régimen económico matrimonial, monitorio y cambiario, porque se tramitan con arreglo a lo previsto para el juicio verbal (arts. 787.5, 809.2, 818, 826 y 464.1, respectivamente).

Aunque el art. 465 LEC no contemple las diligencias finales en la segunda instancia, lo cierto es que tampoco las prohíbe, razón por la cual la STS 569/2007 admitió la práctica de dichas diligencias también con anterioridad a la resolución del recurso de apelación.

Finalidad

Del análisis teleológico de las normas reguladoras de las diligencias finales en el juicio ordinario se concluye su inequívoca naturaleza probatoria.

A instancia de parte

Este supuesto, que según el art. 435.1 es la regla general, tiene el triple propósito, explicitado en las reglas 2ª y 3ª de la citada norma y en el apartado segundo de la misma, de practicar aquellos medios de prueba que no llegaron a realizarse durante el procedimiento probatorio, a pesar de haber sido, entonces, oportunamente propuestos por las partes y admitidos por el Juzgador; de permitir al órgano jurisdiccional un mejor conocimiento sobre la verdad de los hechos "nuevos" cuya realidad es discutida por la contraparte; y de permitir la repetición de los medios de prueba practicados por las partes "si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes". Ello redunda en una mayor economía procesal, evitando la necesidad de acudir a la segunda instancia con el único fin de repetir su petición probatoria indebidamente denegada por el juzgador de instancia de no existir el trámite de diligencias finales.

En cuanto al primer propósito, es requisito imprescindible para la admisiblidad de la petición de diligencias finales que el solicitante haya acreditado su diligencia en la fase probatoria: que el medio o medios probatorios cuya práctica solicita fueron entonces propuestos y admitidos, pero, a pesar de ello y por causas ajenas a su voluntad, no pudieron efectivamente llevarse a cabo en su totalidad o en parte (las reglas 2ª y 1ª del art. 435).

Con relación al segundo, es decir, a los hechos "nuevos o de nueva noticia" previstos en el art. 435.1.3ª, también será admisible la práctica de medios de prueba solicitados para el esclarecimiento de aquéllos, siempre que cumplan lo previsto en el art. 286. En este caso, es necesario, en primer lugar, que la controversia fáctica tenga su origen en lo alegado en los escritos de ampliación y de contestación a la ampliación, sobre hechos ocurridos con posterioridad a la preclusión de los actos de alegación en el juicio ordinario y antes de que comience a contar el plazo para dictar sentencia (art. 286.1); y en segundo lugar, que la ausencia de actividad probatoria sea debida a la imposibilidad de la oportuna proposición y práctica de los medios de prueba pertinentes y relevantes por impedirlo lo avanzado del estado de las actuaciones, esto es, a que la vista del juicio ordinario está a punto de finalizar.

El tercer y último fin consiste en la posibilidad de las partes de solicitar la repetición de medios de prueba ya practicados, pero con resultado insatisfactorio por motivos distintos de la voluntad y diligencia del solicitante y cuando tales motivos ya hubiesen, lógicamente, desaparecido.

De oficio

La finalidad de la prueba "ex officio" se desprende expresamente del art. 435.2, al establecer que esta actividad está dirigida a "adquirir certeza" sobre los hechos relevantes introducidos por las partes en el momento procesalmente oportuno, que han sido ya objeto de actividad probatoria pero con resultados infructuosos debido a causas inimputables a la parte que propuso y practicó la prueba y, además, siempre que tales impedimentos hayan desaparecido. El art. 435 viene a consagrar la "utilidad" de la prueba de oficio, dirigida a aportar elementos relevantes para la correcta valoración de los medios probatorios "practicados por las partes" con resultados insatisfactorios.

La LEC establece un límite temporal para su práctica (20 días, art. 436.1).

Sin embargo, la mencionada necesidad de adquirir "certeza" como fin, y requisito "sine qua non", de las diligencias finales "ex officio", no sólo es un concepto filosófico hoy en día un tanto trasnochado, sino que prácticamente convierten en un imposible a la prueba de oficio en el juicio ordinario (no olvidemos que el juez que desee ordenar la práctica de diligencias finales de oficio ha de expresar "detalladamente" en su auto las circunstancias y motivos que justifican su decisión). Por tanto, hubiera sido preferible que el legislador limitara la "certeza" al más asequible término "convencimiento" del juez sobre la verdad o falsedad de los hechos controvertidos.

Caracteres

Las diligencias finales como derecho fundamental

La primera duda que plantea la naturaleza de estas diligencias acordadas a instancia de las partes es la de determinar su carácter de facultad del órgano jurisdiccional o de "derecho" de rango fundamental (art. 24.2 CE), al volver a solicitar los medios de prueba que no llegaron a practicarse o cuyo "thema probandi" recae sobre hechos nuevos (art. 435.1).

Las diligencias finales no son una versión actualizada de las diligencias para mejor proveer, sino una figura nueva y distinta, por lo que no pueden interpretarse dentro de sus parámetros. Las peticiones probatorias realizadas por las partes como diligencias finales, al versar sobre medios de prueba no practicados por causas ajenas a la parte que los hubiese propuesto (art. 435.1 y 2ª) o sobre hechos nuevos controvertidos (art. 435.1.3) y, por tanto, sobre nuevas cuestiones probatorias que pueden resultar fundamentales para la suerte del litigio, afectan al "derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa" teniendo, pues, naturaleza de "derecho procesal" de rango fundamental de las partes.

Ello supone una importante novedad respecto a la anterior regulación de las diligencias para mejor proveer, como facultad exclusiva del juez, en la que las partes tan sólo intervienen como "invitadas" (art. 340 LEC 1881). Por tanto, compartimos la idea del legislador de regular la presencia de los litigantes en estas como protagonistas capaces de requerir su práctica, en beneficio de los derechos a la prueba y a la defensa y del principio de economía procesal respecto de la segunda instancia.

Consecuencia lógica del carácter de derecho procesal a la prueba, el órgano jurisdiccional viene obligado a acordar su práctica siempre y cuando las partes las soliciten de conformidad con lo previsto en los arts. 435 y 436, siendo recurrible en reposición, el auto dictado sobre estas diligencias.

Las solicitud de diligencias finales como presupuesto del recurso de apelación

La solicitud probatoria prevista en el art. 435 de la LEC tiene, además, el carácter de presupuesto procesal en el recurso de apelación conforme a los motivos recogidos en las reglas 2ª y 3ª del art. 460.2 (rubricado "Documentos que pueden acompañarse al escrito de interposición. Solicitud de pruebas"). El apelante que solicita la práctica de medios de prueba que no se han llevado a cabo en la primera instancia tiene la carga procesal de acreditar su diligencia probatoria consistente en haber realizado ya esa petición en el trámite de diligencias finales (el art. 460.2.2ª, establece expresamente "ni siquiera como diligencias finales"). Del mismo modo, sobre el recurrente recae el "onus probandi" de acreditar que el hecho "nuevo" que propone como objeto de prueba en la apelación, de haber acontecido antes del plazo para dictar sentencia en la primera instancia, ya fue propuesto como tema de la prueba en el trámite de diligencias finales. En ambos casos, resulta, además, necesario haber recurrido en reposición el auto denegatorio de la petición de esas diligencias.

Estos requisitos de la actividad probatoria en la segunda instancia son privativos de las apelaciones contra las sentencias dictadas en los juicios ordinarios. Consiguientemente, al no existir estas diligencias finales en los juicios verbales no les resultará aplicables esta limitación prevista al final de la regla 2ª del apartado segundo del art. 460.

Complementariedad y excepcionalidad de la prueba "ex officio"

Los caracteres de la prueba de oficio se desprenden de los términos del art. 435.2. Este precepto establece que las diligencias finales han de ser "excepcionales", "complementarias" de la actividad probatoria realizada a instancia de parte, y "útiles" para conseguir despejar las dudas acerca de la valoración como cierto o falso del hecho objeto de prueba por las partes.

Es de alabar que el legislador ordene motivar "detalladamente" la utilidad de la prueba de oficio en el correspondiente auto. Con ello se evitan los riesgos de una excesiva intervención del Tribunal en la contienda jurídica que puede afectar a su imparcialidad, pues tales diligencias redundan siempre en favor de una de las dos posiciones enfrentadas.

Procedimiento

Solicitud

El art. 434.2 establece que las partes solamente pueden solicitar las diligencias finales "dentro del plazo para dictar sentencia" en el juicio ordinario, esto es, en los veinte días siguientes a la terminación del juicio oral de que dispone el juzgador para resolver el litigio.

El contenido del escrito deberá amoldarse a lo previsto en el art. 435 LEC del que recordamos la prohibición general, prevista en su 1ª regla, de solicitar diligencias finales respecto de pruebas que no se han propuesto en tiempo y forma por culpa de la parte interesada, incluso "las que hubieran podido proponerse tras la manifestación del tribunal que se refiere el apartado 1 del art. 429", esto es, la sugerencia probatoria judicial desoída por la parte que ahora desea solicitar diligencias finales sobre esos hechos. Puede solicitarse la práctica de cualquier medio probatorio, incluso la aportación de originales de documentos, cuyas copias fueron impugnadas por la contraparte.

Resolución

A diferencia de lo que sucedía con las diligencias para mejor proveer, que habían de revestir siempre la forma de "providencia" (resolución que, por tanto, no tiene que ser motivada, art. 248.1 LOPJ), las diligencias finales, ya sean a instancia de los litigantes o "ex officio", se acuerdan mediante auto (arts. 435.1 y 2, en relación con el 206.2.2 de la LEC). Consiguientemente, estas resoluciones son siempre motivadas "y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva" (art. 208.2 LEC).

El legislador, en el art. 435 de la LEC, regula con precisión la forma de motivar los autos que acuerdan tanto la práctica de diligencias finales a instancia de parte, como las de oficio.

En el primer caso, el Tribunal ha de explicitar la razón por la que admite la solicitud del litigante, es decir, el motivo por el cual no pudieron practicarse, sin culpa del interesado, los medios de prueba propuestos y admitidos (art. 435.1), o, para el supuesto de no haberse pedido previamente, que ello fue debido a la aparición de hechos nuevos (art. 286). La obligación de motivar el auto que acuerda la prueba de oficio ha de cumplirse de manera más escrupulosa, expresándose "detalladamente" las "circunstancias y motivos" previstos en estel apartado segundo del art. 435.

Si el órgano judicial incumple su obligación de motivar el auto, éste adolecerá de un defecto de forma y, por tanto, será susceptible de ser recurrido, en este caso en reposición, por la parte que se considere agraviada. El carácter recurrible de esta resolución se desprende de lo dispuesto en el art. 435 apartado 1: solo a instancia de parte podrá el tribunal acordar, mediante auto, como diligencias finales, la práctica de actuaciones de prueba conforme a las siguientes reglas (son las reglas 1ª a 3ª art. 435) del apartado 2 (sobre el particular deber de motivación respecto de la prueba de oficio), así como de la cláusula genérica de impugnación de los autos no definitivos prevista en el art. 451 de la LEC. Este precepto establece que "contra todas las providencias y autos no definitivos dictados por cualquier Tribunal civil cabrá recurso de reposición... ".

El tratamiento dado por el legislador a la clase de resolución que ha de adoptar las diligencias finales, así como su carácter recurrible, nos parece acertado, ya que, al manifestar el Juzgador las razones por las que acuerda estas diligencias, facilita su comprensión a las partes, en especial, a la que se considera perjudicada, redundando, así, en beneficio del derecho de defensa y de la economía procesal.

Práctica

El art. 436, que regula el "plazo para la práctica de las diligencias finales", establece una doble normativa: por un lado, dispone que las diligencias finales se practicarán "en la forma establecida en esta ley para las pruebas de su clase", y, por otro, fija el plazo preclusivo para su práctica en 20 días.

Una vez practicados los medios de prueba admitidos por el juez, o precluido el citado plazo, las partes todavía disponen de cinco días para presentar un "escrito en que resuman y valoren el resultado" (art. 436.1).

Practicadas todas estas diligencias, o precluidos los plazos para su práctica, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de 20 días a contar desde el cumplimiento del otorgado a las partes para presentar sus escritos conclusivos sobre las diligencias finales.