La prueba (III). Procedimiento y medios de prueba

El procedimiento probatorio

Concepto y regulación legal

El fin de la prueba consiste en obtener el convencimiento del Juzgador sobre la certeza de los hechos que fundamentan las pretensiones de las partes, el procedimiento o iter para alcanzarlo, en el marco de un proceso "con todas las garantías" (art. 24.2 CE), es un aspecto de la teoría de la prueba de especial significación.

El procedimiento probatorio puede ser concebido, en un sentido objetivo, como el conjunto de normas que regulan la actividad probatoria en el proceso. Consiste en la ordenación de la "estructura externa" de la prueba. En su sentido más dinámico puede definirse como el conjunto de actividades dirigidas a convencer al Tribunal de la certeza de unos determinados datos procesales.

El procedimiento probatorio alcanza una dimensión constitucional. De conformidad con lo establecido en el art. 24 CE, el procedimiento probatorio ha de ser respetuoso con el derecho "a un proceso con todas las garantías", lo que implica que la administración de la prueba ha de permitir a la partes proponer con absoluta libertad la totalidad de los medios de prueba útiles y pertinentes y de que la ejecución de la prueba esté presidida por los principios de contradicción e igualdad de armas. En virtud de lo dispuesto en el art. 120 CE, la prueba ha de practicarse bajo la inmediación del tribunal, de forma oral y en un juicio público con las únicas limitaciones derivadas de la tutela de otros intereses y derechos constitucionales.

La LEC 1/2000, al instaurar la oralidad de nuestra justicia civil, se ha manifestado respetuosa con todas estas exigencias constitucionales, cuya infracción se garantiza, en último término, mediante el recurso de amparo. Así, el art. 289.1 establece que "las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública, o con publicidad" y el art. 290 que "todas las pruebas se practicarán en unidad de acto", el art. 137 obliga jueces y tribunales a presenciar la prueba bajo sanción de nulidad radical del acto, el art. 238.5 LOPJ declara también nulas las vistas que se practiquen sin la intervención del Secretario. Al ser el procedimiento oral, los demás principios íntimamente unidos con aquél rigen del mismo modo, esto es, la publicidad (en su sentido externo -para el público- e interno -para las partes; arts. 138 y 289.1) y la inmediación (arts. 137, 289.2 y 290).

El contenido de la ordenación formal de la actividad probatoria se recoge en los arts. 281 a 292, especialmente en los arts. 284 y ss, preceptos relativos a la proposición de los medios de prueba, su admisión y otras normas "generales" sobre la práctica de la prueba. Estas normas son comunes al juicio ordinario y al verbal, y ello, porque no sólo así lo declaran los arts. 433.1 y 445 LEC, sino también porque pertenecen a las disposiciones generales relativas a los procesos declarativos. Del mismo modo, también existen normas específicas sobre el procedimiento probatorio en el juicio ordinario (arts. 426 a 433) y en el verbal (arts. 443.4, 445 y 446).

Fases

Las fases que tradicionalmente distinguía la legislación y la doctrina para el "esquema común" de la regulación general de la prueba consistían en una sucesión lógica de etapas, que comenzaba con la solicitud de la parte o partes interesadas en acreditar el hecho controvertido de "recibimiento" del proceso a prueba, seguida de una "proposición" de los medios que las partes pretenden utilizar. El Tribunal resolvía, en primer lugar, sobre la necesidad de la prueba y, después, sobre la pertinencia y utilidad de todos y cada uno de los medios propuestos. El procedimiento probatorio finalizaba con la práctica de los medios de prueba admitidos. La valoración de la prueba, no coincide necesariamente con el procedimiento probatorio, sino con el posterior de la resolución, como el principal medio -junto con la admisión de hechos, excluidos del tema de la prueba-, para el establecimiento de los hechos de la sentencia.

La LEC 1/2000 ha cambiado el citado "esquema común" que estaba regido por el principio de la escritura (todavía vigente en otros órdenes jurisdiccionales como el administrativo), y lo ha sustituido por un procedimiento más ágil y antiformalista en el que, básicamente, existen dos grandes fases: la proposición de los medios de prueba y la práctica de los admitidos.

Inexistencia de solicitud de recibimiento del pleito a prueba

La LEC ha simplificado el procedimiento a seguir para lograr la práctica del medio o medios de prueba solicitados por la parte sobre la que recae el "onus probandi". Ya no es preciso que las partes soliciten el recibimiento del pleito a prueba mediante la clásica fórmula del "otrosí digo" en sus escritos de alegaciones; la nueva Ley procesal no impide la subsistencia de esta fórmula, pero guarda un ilustrativo silencio a este respecto al regular, tan sólo, los medios de prueba "escritos" (documentos, medios e instrumentos) que han de acompañarse a la demanda y contestación (arts. 399.3 y 405).

Las partes han de esperar al término de la audiencia previa o al desarrollo de la vista en el juicio verbal para, en el caso de que exista discusión sobre los hechos jurídicamente relevantes, proponer los demás medios de prueba para su esclarecimiento; concretamente el interrogatorio de las partes, de los peritos que han elaborado los dictámenes ya aportados, el reconocimiento judicial y la testifical. Del mismo modo, si consideran que no existen hechos controvertidos y que el litigio versa exclusivamente sobre un problema de interpretación del Derecho aplicable, pueden, de común acuerdo, solicitar que el Juzgador dicte Sentencia inmediata sin período de prueba (art. 428.3 ) o, incluso, el Tribunal puede así decidirlo de oficio (art. 429.8 LEC).

En caso contrario, el Tribunal ordenará que prosiga la audiencia para que las partes propongan los medios de prueba. Existe, pues, una corrección del principio de aportación respecto del control del recibimiento del pleito a prueba: las partes no son las encargadas de solicitarlo al juez, sino que es el juez quien ha de controlar, "ex officio", si existe objeto de la prueba y, en caso afirmativo, ordenar la continuación de la audiencia o vista para que las partes propongan los medios de prueba.

Proposición, admisión y recursos

El procedimiento probatorio está inspirado por el principio de oralidad, la "proposición" es, por tanto, un acto oral de postulación ajustado al principio de aportación de parte en el que el actor, en primer lugar, solicita la práctica de los concretos medios de prueba conducentes a acreditar los hechos constitutivos controvertidos, razonando su trascendencia y pertinencia.

El Tribunal a continuación dará la palabra al demandado para que pueda impugnar esa proposición por considerarla impertinente, inútil o ilícita o/y proponga los medios de prueba pertinentes sobre los mismos hechos alegados por su oponente como objeto de prueba (contraprueba), con el fin de acreditar su falsedad o para introducir la incertidumbre en el ánimo del juzgador sobre la verdad de tales hechos, o para acreditar los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de los alegados por el demandante (prueba de lo contrario).

En el juicio ordinario, la proposición se realiza al final de la audiencia previa (arts. 414.1 in fine y 429), mientras que en el juicio verbal, ésta se produce en la vista (arts. 440.1.11 y 443.4).

Existen excepciones a esta regla general respecto de la prueba documental (documentos procesales y materiales, arts. 264 y 265 LEC), pericial de parte y nuevos medios de prueba, que han de ser aportados con anterioridad, junto a los escritos de alegaciones, y la ya examinada de las diligencias preliminares (art. 261.2.3 y 5), prueba anticipada y el aseguramiento de la prueba, que puede solicitarse y practicarse antes de la interposición de la demanda (arts. 293 y ss).

El Tribunal, a la vista de los medios de prueba propuestos por las partes, podrá poner de manifiesto en este momento procesal la insuficiencia de esos medios de prueba para el esclarecimiento del tema de la prueba (art. 429.1 LEC), obligación judicial de indicación de los medios de prueba.

Una vez propuestos los medios de prueba, el juez resolverá sobre la admisión de cada uno de ellos (art. 285.1). La resolución total o parcialmente desestimatoria necesitará de una especial motivación, por afectar al derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa del art. 24.2 CE. El art. 285 establece un régimen particular de resolución y de impugnación contra la misma. En efecto, la resolución total o parcialmente desestimatoria (que, en principio, debería adoptar la forma de auto escrito) es oral y se dicta en el acto (arts. 210 y 285). La parte perjudicada podrá interponer recurso de reposición, también en el acto y verbalmente, tanto contra el auto de admisión como de inadmisión (art. 285.2). La resolución del recurso de reposición es, igualmente, dictada en el acto y oral, teniendo el agraviado la carga de "formular protesta al efecto de valer sus derechos en la segunda instancia" y, en su caso, en la casación (art. 469.2), e incluso para el correcto agotamiento de la vía judicial previa respecto del recurso constitucional de amparo (art. 44.1.c LOTC). En el juicio verbal tan sólo se requiere efectuar la oportuna y respetuosa "protesta" contra el auto de inadmisión o de admisión de un medio de prueba prohibido; no es necesario interponer previamente el recurso de reposición (art. 446 LEC).

Práctica

Los arts. 289 a 292 regulan las "disposiciones generales sobre la práctica de la prueba", las normas relativas al juicio ordinario (arts. 429-433) y al verbal (arts. 443.4, 445 y 447.1) también recogen especialidades que han de ser tenidas en cuenta.

Las obligaciones procesales de los sujetos intervinientes. Con el fin de asegurar el correcto desarrollo de esta fase del procedimiento probatorio, la LEC ha incrementado las obligaciones procesales de las partes, de sus representantes y letrados, así como de los terceros (peritos, testigos) que intervienen en la práctica de la prueba. El procedimiento probatorio ya no es un instrumento que puede ser manejado solamente por las partes. El Tribunal dispone de numerosas facultades para asegurar, de oficio, su correcto desarrollo, de conformidad con las reglas de la buena fe procesal (art. 247 LEC) para que las partes no actúen con ánimo dilatorio. En estos casos podrá imponer multas pecuniarias de notable cuantía a los responsables. Así, el que aporta un documento en un momento posterior a la fase de alegaciones con "ánimo dilatorio o mala fe procesal" podrá ser sancionado con una multa de 180€ a 1.200€ (art. 270.2); quien introduce un hecho nuevo o de nueva noticia de manera igualmente torticera podrá ser sancionado con una multa de 120€ a 600€ (art. 286.4); el litigante, testigos y peritos que dilatan el procedimiento por su culpa serán sancionados, pudiendo incurrir, incluso, en responsabilidad criminal (arts. 288, 292, 304); también se prevén sanciones por temeridad procesal en la impugnación del valor probatorio del documento público o privado (arts. 320.3 y 326.2) o en la tacha de testigos (art. 344.2).

Además las partes tienen la obligación de comparecencia para someterse al interrogatorio judicial (art. 304), la de exhibición y aportación de documentos, así como la de soportar la práctica de un análisis sanguíneo para la investigación de la paternidad, obligaciones todas ellas que se sancionan con la "ficta confessio" (arts. 328-329 y 767.4).

En el nuevo proceso civil también el Tribunal tiene determinadas obligaciones procesales en materia probatoria. En primer lugar le asiste la obligación de obtención de la "complítud" o exhaustividad del material de hecho a fin de poder otorgar la satisfacción de la pretensión tan sólo a quien efectivamente le asiste la razón y el Derecho, dentro y fuera del proceso; esta obligación se infiere de la necesidad de colaborar en el aseguramiento de la prueba mediante la práctica de las diligencias preliminares y actos de aseguramiento y anticipación de la prueba que inste el futuro demandante, así como la obligación de formular indicaciones a las partes sobre la conveniencia de proponer determinados medios probatorios ante una "insuficiencia de prueba" (art. 429.1) o que le informen sobre determinados extremos fácticos o jurídicos (art. 433.4) y, en general, de su obligación de descubrir la verdad material en el juicio oral, ejercitando su derecho a preguntar a todos los intervinientes en la prueba, a las partes, testigos y peritos a fin de discutir con el tema de prueba propuesto, en punto a obtener la verdad material de las afirmaciones controvertidas por las partes en sus escritos de alegaciones y poder, así, tutelar exclusivamente los derechos subjetivos vulnerados, rechazando las pretensiones de las partes que, con enredos, tan sólo proporcionan una injusta verdad formal en el proceso.

Lugar. Con carácter general, la prueba ha de practicarse en la sede del Tribunal (arts. 268.1 LOPJ y 429.3 LEC), aunque "cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia", o lo demandara la propia naturaleza del medio de prueba (ej. el reconocimiento judicial) o las circunstancias de la práctica de la prueba (la prueba anticipada del art. 311), podrán practicarse en cualquier lugar del territorio de la jurisdicción del Tribunal (art. 268.2 LOPJ). Así, excepcionalmente, previa solicitud de parte, y cuando la totalidad o gran parte de la prueba haya de practicarse fuera de la sede del Tribunal competente (art. 429.3 LEC).

Tiempo. En el juicio ordinario, una vez admitidos los medios de prueba, el Tribunal señalará la fecha del juicio en el plazo máximo de un mes desde la terminación de la audiencia (art. 429.2); excepcionalmente, si el juicio se celebra fuera de la sede del Tribunal, ese plazo puede ampliarse a dos meses (art. 429.3). Entre el señalamiento y la celebración de la vista deberá mediar, al menos, diez días hábiles juicio (art. 184.2).

En el juicio verbal, la práctica de la prueba tiene lugar de inmediato en la vista que se está celebrando ("se practicarán seguidamente" dice el art. 443.4). Para ello, el Tribunal, al citar a las partes a la vista, ha de advertirles que han de concurrir a la misma con los medios de prueba que estimen pertinentes (art. 440.1).

Forma. La práctica de la prueba se desarrolla contradictoriamente, de forma oral, con inmediación y publicidad (art. 289). La ley determina un orden general en la práctica de los distintos medios de prueba admitidos; así, en primer lugar se practicarán los interrogatorios de las partes y de testigos, seguido de la declaración de los peritos, reconocimiento judicial en la sede del tribunal, y por último, la reproducción ante el tribunal de los instrumentos de filmación, grabación y otros similares (arts. 300.1 y 431).

La actividad probatoria ha de realizarse por regla general, en "audiencia pública" (arts. 138.1 y 289.1) ante la inexcusable presencia del Tribunal sentenciador (art. 289.2). En ella intervienen las partes y sus defensores, previamente citados al efecto (art. 429.5-7). La "publicidad interna", reflejo de los principios de contradicción y de prohibición de indefensión, hace inexcusable la notificación a las partes de la práctica de cualquier diligencia de prueba, por si quieren ejercer de ese derecho a intervenir en ella, bajo la dirección del juez de la prueba. La práctica de cada medio de prueba, el régimen de intervención en las mismas de las partes y del Tribunal, está sometida a sus propias especialidades, pero todas ellas están sometidas a los citados principios de inmediación, publicidad y concentración.

Los medios de prueba

El concepto de prueba expuesto, como "actividad" desarrollada en el proceso para alcanzar el convencimiento del Tribunal de la veracidad de afirmaciones controvertidas indispensables para resolver las pretensiones o resistencias de las partes, está ligado al aspecto dinámico de esta fase del proceso, que comprende la actividad desplegada desde la "fuente" al "resultado", a través del "medio".

La incorporación de las fuentes de prueba al proceso se realiza a través de los medios probatorios, que, en este sentido, son los instrumentos o elementos que sirven para convencer al juez de la existencia o inexistencia del dato objeto de la prueba. Destaca el carácter "instrumental" del medio material utilizado, primero por las partes y, finalmente, por el juez para obtener los motivos de su convicción sobre la certeza del "thema probandi". Los medios de prueba son los soportes de la percepción judicial directa (como sucede con el reconocimiento judicial) o transmitida a través declaraciones de personas (partes, testigos y peritos) o por documentos.

La LEC los regula en sus arts. 299 y ss. El art. 299, rubricado "medios de prueba" distingue, ordenadamente, seis medios de prueba:

  1. el interrogatorio de la partes,

  2. los documentos públicos,

  3. los documentos privados,

  4. el dictamen de peritos,

  5. el reconocimiento judicial y

  6. el interrogatorio de testigos.

El aparente carácter de numerus clausus de los medios de prueba se amplía ilimitadamente en los otros dos apartados, relativos a los "medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen", así como a documentos de contenido informático y cualesquiera otros medios no expresamente previstos.