Insolvencias punibles

Alzamiento de bienes: concepto y elementos

El CP no da una definición de lo que ha de entenderse por “alzamiento”.

Consiste en ocultar, hacer desaparecer o transmitir a otros los bienes propios con la finalidad de no hacer efectivas las deudas que se tienen con terceros. Se persigue, en definitiva, defraudar a los acreedores. Se castiga en el artículo 257.1.1º CP al “que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores”.

Pena: Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

El bien jurídico protegido es el derecho que tiene todo acreedor de que le sea hecha efectiva por el deudor la deuda pendiente (sirviendo como garantía el patrimonio de éste).

Nos encontramos ante un delito especial, ya que sólo puede ser sujeto activo del mismo quien tiene deudas frente a terceros. Sujeto pasivo es el acreedor o acreedores.

Consiste la acción en hacer desaparecer u ocultar, por cualquier procedimiento, todos o parte de los bienes, para quedar en situación de insolvencia total o parcial frente a los acreedores. Los procedimientos pueden ser múltiples. No comete alzamiento quien tiene un activo patrimonial superior al de las deudas, aunque en el momento de serles exigidas por los acreedores, por haber vencido las mismas, no dispone de liquidez suficiente para hacerlas efectivas.

Sólo es posible la conducta dolosa, con dolo directo, sin que sea suficiente el dolo eventual. El sujeto realiza la acción para perjudicar a sus acreedores.

Se trata de un delito de tendencia, ya que es suficiente la intención para perjudicar a los acreedores.

Penalmente es impune el comportamiento imprudente del sujeto que puede llegar a arruinarse, a perder parte de su fortuna hasta quedar insolvente (total o parcial) frente a sus acreedores. Sí sería culpable quien dolosamente dilapida su patrimonio para no hacer frente a sus deudas.

Es imaginable la causa de justificación de estado de necesidad, como en el caso de quien vende bienes para hacer frente a una muy grave situación de penuria.

La consumación se produce con la ocultación o desaparición fraudulenta de los bienes que deja al sujeto activo en una situación de insolvencia total o parcial. Es posible la tentativa.

Alzamiento para dilatar o impedir resoluciones judiciales

Se castiga en el artículo 257.1.2º CP a quien con el fin de perjudicar a sus acreedores, “realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación”.

Pena: Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Por “previsible” hay que entender una alta probabilidad de iniciarse un embargo o procedimiento de los indicados. Todo impago normalmente lleva a una de estas situaciones.

Como en el alzamiento propiamente dicho, sólo son posibles las conductas dolosas, no siendo suficiente el dolo eventual.

La consumación se produce en el momento de alzarse con todo o parte del patrimonio o de asumir obligaciones con la finalidad de impedir o entorpecer un embargo, procedimiento ejecutivo o de apremio. Es suficiente con que se consiga “dilatar” o “impedir” que más tarde se materialice el embargo o el procedimiento ejecutivo o de apremio. Es posible la tentativa.

En los problemas concursales, cabe destacar el relacionado con la estafa.

Supuestos específicos de alzamiento

Dispone el artículo 257.2 CP: “Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intenta eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada”.

Pena: Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

El texto anterior resulta superfluo y se limita a hacer una relación de supuestos concretos de alzamiento que encajan perfectamente en el art. 257.1.1º CP.

Supuestos agravados

Deuda u obligación de Derecho público y acreedor persona jurídico pública

Según el art. 257.3 CP se impondrá la pena de uno a seis años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses: “en el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídica pública”.

Penas en su mitad superior

Dispone el art. 257.4 CP que “las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los supuestos previstos en los ordinales 1º, 4º y 5º del apartado primero del artículo 250”

Alzamiento de bienes y procedimientos concursales

Dispone el art. 257.5 CP: “Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una ejecución concursal”.

De lo anterior se desprende que el procedimiento penal y civil son independientes, sin perjuicio de los problemas que finalmente puedan presentarse en el orden civil.

Alzamiento para eludir obligaciones civiles derivadas de hechos delictivos

Se castiga en el art. 258 CP al “responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente”.

Pena: Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Se hace referencia a “hecho delictivo” por lo que se excluyen las faltas. Debía hacer referencia a “infracción penal” con lo que le incluiría las faltas, en éstas la responsabilidad civil puede ser muy elevada. La jurisprudencia reconoce que el contenido del art. 258 CP no es claro. En todo caso el sujeto ha de actuar dolosamente. También es innecesaria la referencia que se hace a que el sujeto ha de quedar “total o parcialmente insolvente”, pues la insolvencia parcial es suficiente para cualquier tipo de alzamiento.

Alzamiento en procesos concursales

Se castiga en el art. 259 CP al “deudor que una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto”.

Pena: Prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses.

Estamos ante un supuesto de alzamiento de bienes donde el deudor realiza un acto de disposición patrimonial a favor de uno o más acreedores y en perjuicio de otros. El acreedor de buena fe que cobra lo que le paga el deudor no incurre en responsabilidad penal; sí responderá en el caso de que hubiese un acuerdo entre ambos en perjuicio de otros acreedores.

La conducta es atípica cuando los actos de disposición se hagan con autorización judicial o de los administradores concursales. La consumación se produce cuando se materializa el acto de disposición patrimonial y el acreedor queda en situación de disponer de lo que le fue transmitido, o cuando el acto generador de obligaciones cobra efectividad.

Concurso punible

Se castiga en el art. 260.1 CP al “que fuere declarado en concurso cuando la situación de crisis económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su nombre”.

Pena: prisión de dos a seis años y multa de ocho a 24 meses.

El bien jurídico protegido son los derechos de los acreedores.

Sujeto activo sólo podrá serlo quien fuera declarado en concurso o persona que actúe en su nombre, por lo que se trata de un delito especial. Sujeto pasivo los acreedores.

La acción consiste en causar o agravar dolosamente la situación de crisis económica o de insolvencia en un concurso. Sólo es posible la comisión dolosa. No siendo suficiente el dolo eventual.

De acuerdo con el art. 260.2 CP “se tendrá en cuenta para graduar la pena la cuantía del perjuicio inferido a los acreedores, su número y condición económica”. Es necesario que se ocasione un perjuicio a los acreedores. Entendemos que este perjuicio ha de ser económico.

Perseguibilidad

Dispone el art. 260.3 CP: “Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del proceso civil y sin perjuicio de la continuación de éste. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa”.

Esto puede llevar a una duplicidad de procedimientos y crear problemas. Para iniciar un procedimiento penal es suficiente con la declaración concursal, además de que existan indicios de un comportamiento doloso de causar o agravar la crisis o insolvencia.

El art. 260.4 CP sigue en la línea del apartado anterior respecto de separar las vías penal y civil al disponer: “En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso civil vincula a la jurisdicción penal”. Ello podrá servir al juez penal como prueba indiciaria pero no le vincula en absoluto.

Falsedades contables para conseguir la declaración de insolvencia

Se castiga en el art. 261 CP al “que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquél”.

Pena: Prisión de uno a dos años y multa de seis a 12 meses.

Para la perfección de este delito no es suficiente con falsear las cuentas, sino que es necesario, además, que se presenten en el procedimiento de concurso para conseguir la declaración de insolvencia de forma ilícita. El inciso “a sabiendas” sólo incluye el dolo directo, no siendo suficiente el dolo eventual. La consumación se produce en el momento en que se presenta los datos falsos y quedan incorporados al procedimiento de concurso con la finalidad de conseguir la indebida declaración de tal estado. No es preciso que se produzca ningún resultado.

En materia de concursos pueden plantearse diversas situaciones de concursos de delitos o de leyes con el delito de estafa, apropiación indebida, delitos contra la hacienda pública, con el abandono de familia e impago de pensiones, etc.

Responsabilidad de las personas jurídicas

Establece el art. 261 bis CP: “Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:
  • Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

  • Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

  • Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33”.

Alteración de precios en concursos y subastas públicas

Se castiga en el art. 262.1 CP a: “Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio de remate, o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación”.

Pena: El Código distingue entre los supuestos comunes y otros en los que el concurso o subasta sean convocados por las Administraciones o entes públicos. En el primer caso la pena es de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales entre tres y cinco años. Para el segundo caso: “si se tratare de un concurso o subasta convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá además al agente y a la persona o empresa por él representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en todo caso, el derecho a contratar con las Administraciones públicas por un periodo de tres a cinco años”.

Consecuencias accesorias

Dispone el art. 262.2 CP que “el juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 si el culpable perteneciere a alguna sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades”.

El bien jurídico protegido es doble: de una parte, la tutela de la libertad de los licitadores respecto de las pujas y, de otra, los intereses patrimoniales de los propietarios de los bienes objeto de concurso o subastas públicas.

El sujeto activo del delito varía en función de las distintas situaciones que puedan producirse (solicitar dádivas, intentar alejar a los postores, concentrarse para intentar alterar el precio de remate, etc.). Sujeto pasivo, en principio, es la persona que resulta perjudicada con la realización de las diferentes conductas típicas.

La acción puede llevarse a cabo de las formas siguientes:

  1. Solicitar dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública: La consumación se produce en el momento de solicitar la dádiva o promesa. No es necesario que se reciba nada. Es difícil imaginar la tentativa.

  2. Intentar alejar de los concursos o subastas a los postores mediante amenazas, dádivas, promesas u otro artificio: La consumación se produce con la oferta que se hace a otros postores para que no concurran a las subastas o concursos. Los procedimientos se amplían ahora a las “amenazas”. No es necesario que se acepte la oferta, ni que se consiga alejar a otros de los concursos. Es difícil imaginar la tentativa.

  3. Concierto para alterar el precio de remate: Consiste en el acuerdo de los que participan en una subasta para ofrecer un precio a la baja del que objetivamente podría ser el adecuado. Puede darse el acuerdo, con lo que se consumaría el delito, sin que sea necesario conseguir la adjudicación, pues pueden participar terceros que ofrezcan una cantidad superior a la pretendida por aquellos. Es posible la tentativa.

  4. Incumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones del concurso o subasta: Solo es punible la conducta dolosa, sin que sea suficiente el dolo eventual, pues así se desprende de las referencias que se hacen en el texto legal a “los que solicitaren”, “intentaren alejar”, “se concertaren entre sí” y “los que fraudulentamente”. La consumación se produce en el momento de incumplir el adjudicatario las obligaciones derivadas de la adjudicación. No es posible la tentativa.