Inducción al suicidio. Cooperación al suicidio. Eutanasia

Consideraciones generales

El suicidio es la decisión de la persona a darse muerte a sí misma. El suicidio penalmente es una conducta impune, aunque cuando participe un tercero, bien induciendo, cooperando a la muerte de quien se quiere suicidar, e incluso ejecutando materialmente los hechos, el Derecho Penal interviene.

Disposiciones comunes a todos los supuestos: En principio se van a tratar los aspectos generales que afectan a la inducción y cooperación al suicidio. El bien jurídico protegido, como en todos los delitos que se viene estudiando relacionados con la vida humana independiente, es la vida de las personas, que comprende también la del suicida.

Sujeto activo y pasivo de estos delitos puede serlo cualquier persona, con las peculiaridades y problemas que en cada caso pueden plantearse respecto al sujeto pasivo, que se tratarán más adelante.

Por lo que se refiere a la acción, debe señalarse que en todos los casos se persigue la muerte de la persona que tiene deseos de suicidarse, salvo en el primero donde el sujeto activo induce a otro (que previamente no había tomado esta resolución) a que se suicide.

Sólo es posible la conducta dolosa. En la inducción al suicidio no cabe el dolo eventual, pues se trata de un dolo directo para influir en un tercero a que se suicide. En la cooperación con actos necesarios a la muerte del suicida también la conducta es con dolo directo, y lo mismo cabe decir en el homicidio-suicidio, donde el sujeto activo es quien llega a ejecutar la muerte. No son posibles las formas imprudentes, porque no se contemplan para este supuesto en el Código Penal, pues dentro del Título que se ocupa del homicidio y sus formas sólo cabe el homicidio por imprudencia grave. En la cooperación al suicidio no es posible ninguna causa de justificación, el consentimiento aquí sólo da lugar a la atenuación de la pena.

Formas de ejecución: Para todos los supuestos es necesario que se produzca la muerte, pues de lo contrario la conducta sería impune, lo que se tipifica es la muerte como resultado final. “La muerte del suicida es una condición objetiva de penalidad”, por lo que la tentativa es impune. Si el suicida no llega a morir pese a la ayuda que recibe de un tercero la conducta es impune, por ser necesaria la muerte (como se apuntó) para la consumación del delito. Sin embargo, si durante la ejecución de los hechos que no llevan a la muerte, el sujeto que auxilia causa lesiones, responderá por éstas, no por tentativa de cooperación al suicidio (art. 142.2 CP), ni por tentativa de homicidio-suicidio (art. 142.3 CP).

Son impunes las autolesiones que pudiera producirse el suicida. No obstante, teniendo en cuenta que el presunto suicida consintió los actos, y se causan lesiones, la pena debe ser atenuada de acuerdo con lo que dispone el art. 155 CP.

Concurso: Frente al homicidio y el asesinato los supuestos del art. 143 CP son de aplicación preferente, según el principio de subsidiariedad tácita.

Consentimiento: En los supuestos de cooperación y homicidio-suicidio nada se dice del consentimiento, pues se supone que el sujeto que pretende el apoyo de otro para suicidarse le manifiesta previamente su intención; le pide ayuda y consiente en la intervención de tercero. El consentimiento tiene que prestarlo el presunto suicida, ha de ser voluntario, sin ningún tipo de coacción o vicio de voluntad que elimine su validez. Debe ser expreso (no es necesario que sea escrito) no siendo suficiente cualquier manifestación o acto en el que se presume tal deseo, por lo que no es bastante el consentimiento presunto, aunque esto puede llevar a un problema de error respecto del partícipe. Si el consentimiento no es válido se cometerá homicidio.

Inducción al suicidio

Se castiga en el art. 143.1 CP al “que induzca al suicidio de otro”.

Pena: Prisión de cuatro a ocho años.

Induce a otro al suicidio quien consigue por cualquier medio de persuasión que el inducido se quite la vida a sí mismo. La inducción puede ser directa o a través de otra persona. La conducta dolosa del inductor es la misma que la del autor de otro delito pues persigue el mismo fin, la producción de un resultado.

Es preciso que el inductor anule la voluntad del que finalmente termina suicidándose, siendo su intervención la que decide el resultado final. No habrá inducción si el suicida con anterioridad había decidido quitarse la vida. En el terreno de la participación cabe una “inducción en cadena”, pues el inductor puede actuar a través de tercero. Será impune cualquier tipo de participación que no incida de forma eficaz en la decisión última del que quiere morir, por lo que no es posible la complicidad en la inducción, pues la participación del cómplice nunca será decisiva.

Cooperación necesaria al suicidio

Se castiga en el art. 143.2 CP al “que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona”.

Pena: Prisión de dos a cinco años.

Nos encontramos ante una forma de cooperación necesaria sin la cual no se hubiera producido el resultado, es decir, el suicidio. Hay que recurrir al tipo de “autoría por cooperación” del art 28.b CP.

Se diferencia de la complicidad en que esta figura la participación no es la que decide el resultado final. La complicidad, por tanto, es impune, pues no se colabora con actos necesarios. Se da en la ejecución una doble participación, tanto del cooperador como del suicida, pues si la cooperación fuera de tal entidad que la realizada por el suicida resultara irrelevante, estaríamos en el supuesto del homicidio-suicidio del art. 143.3. Sería una cooperación con actos necesarios, por ejemplo, entregar veneno a quien pretende suicidarse, resultando necesaria también la actividad del suicida en cuánto que es quien finalmente decide. El delito se puede cometer en comisión por omisión. Si quien ostenta la posición de garante no impide el resultado, comete el delito de comisión por omisión.

Piénsese, por ejemplo, en el socorrista que no evita que se ahogue al bañista que pretende suicidarse, pues está obligado a ello por una relación que normalmente será contractual. No obstante, se puede renunciar a la protección que corresponde al garante, por lo que al perder éste su condición de tal no respondería de un homicidio en comisión por omisión, a lo sumo de omisión del deber de socorro.

Huelgas de hambre: Se plantea aquí el tema de las “huelgas de hambre” o ayuno voluntario, en cuanto se discute si el médico que tiene el deber de asistir y velar por la vida del huelguista incurrirá en responsabilidad criminal tanto si le deja morir sin suministrarle alimentación forzosa, como si le alimenta (posible delito de coacción). El médico de prisiones (o cualquier médico de un centro sanitario) no podrá suministrar alimentos por la fuerza contra la voluntad del sujeto que se encuentra en ayuno voluntario, siempre que esta negativa se presta libremente y en pleno uso de sus facultades mentales, y no exista grave riesgo para su vida. No hay que olvidar que el debilitamiento que supone la falta de alimentos, y especialmente de agua, puede influir en la capacidad de decidir del sujeto. El médico tendrá el deber de alimentar cuando la persona se encuentra en una situación tal que de no intervenir sufriría lesiones irreversibles. En el momento en que el huelguista se encuentra en una situación próxima de peligro grave para su integridad física o mental, el médico que llevara a cabo la alimentación forzosa en todo caso estaría amparado en la causa de justificación de estado de necesidad, no cometiendo ningún delito de coacción, pues la vida es un valor superior al de la libertad. La posición de garante del médico hay que entender cesa en el momento en el que el sujeto renuncia a ella de forma voluntaria, por decisión válida.

La jurisprudencia también se mantiene en la línea de admitir la alimentación forzosa cuando la vida del huelguista corra grave peligro. Según la jurisprudencia se justifica una intervención coactiva de la Administración en estos casos, que sólo restringe mínimamente los derechos fundamentales. Hay que tener en cuenta que, aunque el suicidio es conducta penalmente impune, los que se someten a una huelga de hambre buscando cualquier tipo de reivindicación normalmente no tienen intención de morir.

Cooperación ejecutiva en el suicidio

Se castigan en el art. 143.3 CP los supuesto de suicidio cuando “la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte”.

Pena: Prisión de seis a diez años.

Estamos ante un homicidio consentido. La víctima no tiene participación en el resultado, pues el suicida deja la ejecución de su propia vida en manos de un tercero a quién autorizó realizar el hecho. Sobre el tema del consentimiento me remito a lo que se expuso anteriormente. No caben las conductas omisivas, pues cierra el paso a éstas la referencia que se hace a “ejecutar” la muerte, lo que ha de llevarse a cabo por actos de acción directa y no omisivos.

Es posible la coautoría, pues el consentimiento puede otorgarse a más de una persona. Si uno de los coautores interviene en la ejecución de los hechos sin conocer que la persona quería morir, responderá por un delito de homicidio y no por el privilegiado homicidio-suicidio, pues no se le había otorgado consentimiento.

Eutanasia

Por eutanasia hay que entender muerte sin dolor o con los menores padecimientos posibles.

Dentro de las distintas formas de eutanasia hay que distinguir la activa que consiste en ayudar a morir a personas que así lo desean, como consecuencia de una enfermedad grave incurable o que produzca graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, y eutanasia pasiva (ortotanasia) que consiste en no prolongar la vida dejando al enfermo a expensas de sus recursos físicos.

Se plantea en la eutanasia de nuevo el derecho de la persona a disponer de su propia vida. La regulación en el Código es confusa y desafortunada, como se verá a continuación.

Se castiga en el art. 143.4 CP al que “causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar…”.

Pena: La inferior en uno o dos grados a los señalados en los números 2 y 3 de este artículo.

Dentro de los elementos que configuran la eutanasia hay que tener en cuenta lo que sigue:
  • “petición expresa, sería e inequívoca” de quien solicita la muerte a un tercero.

  • “causare ... la muerte de otro”. Habrá que entender que equivale a ejecutar los hechos, es decir la muerte de una persona, aunque sea a petición de ésta.

  • “cooperare activamente con actos necesarios y directos, a la muerte de otro”, se refiere a la realización de actos sin los cuales no se hubiera producido la muerte. Estamos ante un supuesto de cooperación necesaria.

  • “muerte de otro”. En los dos supuestos anteriores se persigue la muerte de la persona que así lo ha solicitado, bien por ejecución directa o por cooperación necesaria.

  • “sufriera enfermedad grave”, que bien “conduciría necesariamente a la muerte”, o “que produjera padecimientos permanentes o difíciles de soportar”.

La referencia expresa a “causare” o “cooperare activamente con actos” impiden las formas omisivas, por lo que no cabe la comisión por omisión.

De lo anterior se desprende la inseguridad jurídica a que lleva la regulación de la eutanasia en el Código Penal. Habrá que recurrir a expertos en medicina para determinar lo que ha de entenderse por “enfermedad grave”, “padecimientos permanentes, y difíciles de soportar”, o “enfermedad que conduciría necesariamente a la muerte”. No hay garantías, ni normas, respecto a quienes han de certificar sobre la enfermedad grave o padecimientos permanentes difíciles de soportar, la situación es confusa. Tampoco se específica las personas que puedan cooperar o ejecutar la muerte de quien solicita la eutanasia; en principio puede ser cualquiera, aunque el ejecutar necesitaría previamente un certificado para con posterioridad preparar fríamente la ejecución, lo que sin duda resulta aberrante. Después de todos los preparativos cabe pensar si alguien estaría dispuesto a ejecutar los hechos sabiendo que va a ser condenado.

Pena: Inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 del art. 143 CP, según la modalidad. Se recuerda que en el número 2 la pena de prisión era de dos a cinco años y en el número 3 de seis a diez.

Sólo son posibles las conductas dolosas, no es suficiente el dolo eventual, tampoco las formas imprudentes al no establecerse de forma concreta en el Código Penal. No cabe ninguna causa de justificación, no puede admitirse el estado de necesidad, ayudando a morir al que padece una enfermedad grave al fin de evitarle sufrimientos, sea cual fuere la situación del enfermo; mientras éste no preste su consentimiento nadie está autorizado a terminar con su vida, por muy grave que sea la situación en que se encuentre e incluso aunque suponga un alivio para él la muerte.

Consentimiento: En el art. 143.4 CP se dice que la eutanasia ha de llevarse a cabo “por la petición expresa, sería e inequívoca” de quien solicita la muerte. Sobre el problema del consentimiento nos remitimos a lo que se expuso al tratar del suicidio. No se pronuncia el legislador sobre el consentimiento en caso de menores o incapaces. También tienen notable interés los supuestos de recién nacidos con graves problemas de salud o taras físicas. Todos estos casos que pudieran contemplarse dentro de los supuestos previstos en el Código para la eutanasia presentan serios problemas, con la consiguiente inseguridad jurídica, como consecuencia de saber quién ha de prestar el consentimiento, así como la certificación médica de que pueda practicarse la eutanasia.

Concurso: En materia de concurso de leyes es de aplicación preferente el art. 143.4 CP, frente a los números 2 y 3 del mismo artículo (también respecto del homicidio o asesinato), por el principio de subsidiariedad (art. 8.2).