Homicidio

Homicidio doloso

La vida se protege en la DUDH de 1948, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Constitución Española. El Derecho Penal protege la vida desde el momento de la concepción hasta que la misma se extingue, sin distinción de la capacidad física o mental de las personas.

Comienzo de la vida a efectos del homicidio

El Código Penal no da una definición clara sobre cuando comienza la vida humana a efectos del homicidio. En su artículo 138 se limita a castigar como homicida al “que matare a otro”. La doctrina mayoritaria se inclina por considerar que a efectos penales sólo puede ser objeto de homicidio la persona nacida, es decir la que está separada del claustro materno.

Límite de la vida

El derecho penal mantiene la protección de la persona hasta que deja de existir, por muy precario que sea su estado vital, incluso los condenados a muerte están protegidos hasta que se lleve a cabo la ejecución por el sistema legalmente establecido y la persona encargada de la ejecución. Para determinar el momento de la muerte es necesario tener en cuenta lo que se establece en la Ley sobre extracción y trasplante de órganos, que previamente requiere la comprobación de la muerte. En los casos de transplante, la certificación de que la persona ha fallecido ha de realizarse por médicos cualificados, distintos de los que hayan de intervenir en la extracción o el transplante. La Ley 41/2002 prevé la posibilidad de que una persona mayor de edad, capaz y libre, mediante documento, de instrucciones para el destino de su cuerpo u órganos, una vez llegado su fallecimiento.

Causas de justificación, autoría, participación y formas de ejecución

Dispone el art. 138 CP: “El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio”. Pena: Prisión de diez a quince años. El bien jurídico protegido: es la vida humana independiente. Sujeto activo puede ser cualquiera, lo mismo que el sujeto pasivo, si bien hay que tener en cuenta lo expuesto para fijar el momento en que se considera que la persona tiene vida independiente a efectos de distinción con el delito de aborto.

Acción

Viene determinada por el hecho de “matar a otro”, es decir a una persona. Es necesario que entre la conducta exterior del sujeto activo encaminada a producir la muerte de otro y el resultado exista relación de causalidad, que ha de ser penalmente relevante. Si el nexo causal se rompe, produciéndose el fallecimiento por causas ajenas a quien inició la acción, éste no puede ser responsable de homicidio consumado.

En el CP se recogen dos formas de homicidio, el doloso, tipificado en el art. 138 y el cometido por imprudencia grave (art. 142) o leve (art. 621.2). Para que pueda darse el homicidio doloso es necesario que el sujeto activo tenga intención de matar (animus necandi), pues si sólo quiso lesionar (animus laedendi) cometerá un delito de lesiones y no es de homicidio. La prueba del dolo con frecuencia presenta dificultades. Para la perfección del homicidio es suficiente el dolo eventual, es decir, que el sujeto, como consecuencia de su acción, se le represente la posibilidad de que la muerte se produzca, y no obstante persiste en la acción y acepta el resultado. Por el contrario, en la culpa consciente o con previsión, la realización del tipo representa al sujeto respecto a la ejecución de los hechos, pero confía plenamente en que no se va a producir. Sobre el dolo eventual son varias las teorías que se manejan: de la probabilidad, del sentimiento y del consentimiento. Esta última es la mayoritaria en la jurisprudencia, que conlleva la aprobación o aceptación del resultado por parte del agente. Homicidio por omisión: El homicidio puede ocasionarse tanto por la conducta activa del sujeto como por omisión.

Estaremos ante un delito de homicidio en comisión por omisión cuando la persona encargada de proteger la vida de otro (garante) con su conducta pasiva, de no hacer, no evita la muerte, siempre que pudiera hacerlo, pues cabe la posibilidad de que existan obstáculos que no lo permitan. Normalmente, la posición de garante nace de una obligación legal o contractual (piénsese en el socorrista de una playa), o cuando el deber de actuar se deriva del riesgo precedente creado por el propio omitente. Es posible tanto la coautoría como la complicidad por omisión.

Causas de justificación

En el ordenamiento jurídico está justificada la muerte de un tercero en los supuestos en que concurra alguna causa de justificación que excluye la antijuricidad. La más frecuente es la legítima defensa (art. 20.4 CP), pudiendo concurrir también el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (art. 20.7 CP), e incluso el estado de necesidad (art. 20.5 CP). Para que se dé la legítima defensa completa es necesario que concurran los requisitos que exige el artículo 20.4 CP: “Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y la falta de provocación suficiente por parte del defensor”. Son pocas las sentencias en las que se aprecia la legítima defensa completa, siendo más frecuentes las que estiman la incompleta. En el uso de la violencia, y en especial de las armas de fuego, los agente de la autoridad no pueden excederse más allá de lo permitido por la Ley. En su deber de mantener el orden han de utilizar en cada caso los medios adecuados.

Formas de ejecución

Junto a la consumación es posible también la tentativa, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.1 CP que puede ser tentativa acabada cuando el sujeto practica todos los actos de ejecución, e inacabada, cuando no los practica todos.

La diferencia entre la consumación y la tentativa no está en el elemento subjetivo, es el objetivo, ya que para que se llegue a la consumación es necesario que se produzca la muerte dolosa. Para que pueda darse cualquiera de estas formas de ejecución es necesaria la existencia del objeto del delito, es decir, una persona viva. No cabe duda que ante la falta de objeto del delito ni hay riesgo ni objetivamente cabe ninguna posibilidad de producir resultado alguno. No obstante, parte de la doctrina y la jurisprudencia consideran que la tentativa inidonea es punible en el CP vigente.

Autoría y participación

En el homicidio cabe la autoría directa, la inducción, la cooperación y la complicidad, de acuerdo con lo que disponen los arts. 28 y 29 CP. La Coautoría consiste en la participación eficaz en la ejecución del delito, tras el acuerdo previo, con otro u otros de los que intervienen en la realización de los hechos. El simple acuerdo previo no es suficiente si no va acompañado de una participación eficaz. La coautoría no es la suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. En la Cooperación necesaria el sujeto contribuye a la ejecución del hecho típico no de modo directo sino con actos necesarios para que se produzca el resultado. También cabe la inducción.

Provocación, conspiración y proposición

En el art. 141 CP se castiga con la pena inferior en uno o dos grados la provocación, conspiración y proposición para cometer el delito de homicidio. Si se inician los actos de ejecución, tanto la conspiración como la proposición quedan subsumidas en dichos actos. En la provocación no se da relación de actos ejecutivos entre quien provoca y el provocado. Este puede decidir ejecutar los hechos o no, si los inicia y desiste, su conducta generalmente será impune (art. 16 CP).

Homicidio por imprudencia

Homicidio por imprudencia grave

Se encuentra tipificado en el art. 142 CP. Se trata, naturalmente, de un delito (art. 13 CP) frente a la falta del art. 621.2 CP, que castiga el homicidio causado por imprudencia leve.

Tipo básico

Se contempla en el art. 142.1 CP donde se castiga “como reo al homicidio imprudente al que por imprudencia grave causare la muerte de otro”.

Pena

Prisión de uno a cuatro años.

Requisitos

La imprudencia: La jurisprudencia exige una acción u omisión no dolosa, la inobservancia reprochable de cautelas elementales, que de las mismas se derive el resultado lesivo típico (en este caso la muerte) y una relación de causalidad entre el resultado y la conducta del autor. La conducta ha de ser querido por el autor, ha de infringir una norma de cuidado, se ha de producir un resultado lesivo o poner en peligro un bien jurídico. Este delito puede perfeccionarse tanto por acción como por omisión aunque en algunos supuestos no resulte claro a qué modalidad responden. Se suele distinguir entre imprudencia o culpa consciente o con previsión, e inconsciente o sin previsión, según se haya llegado efectivamente a prever por parte del agente el resultado, o sea, a representárselo o no (en cuyo caso sí debía haberlo previsto). Esto, en cualquier caso, no supone que la imprudencia consciente sea necesariamente grave. Sin embargo, se plantea en este punto la distinción entre la culpa consciente y el dolo eventual, una de las formas del dolo, cuya existencia daría lugar a un homicidio doloso. Se suele seguir por la doctrina y la jurisprudencia la teoría del consentimiento, de acuerdo con la cual existiría dolo eventual cuando el agente ha previsto el resultado como posible y ha aceptado su producción, esto es: que esté de acuerdo, apruebe o consiente el resultado, el autor no variaría su conducta aunque supiera que el resultado iba a producirse. Actúa culposa o imprudentemente el que omite la diligencia debida, es decir, el que no observa el deber de cuidado objetivamente exigible. Se trata, por lo tanto, de la infracción del deber de cuidado.

Resultado y relación de causalidad

Para la existencia de un delito de homicidio por imprudencia es necesario que se haya producido un resultado lesivo atribuible a la actuación descuidada del agente. De esta manera no se castiga la tentativa de un delito imprudente (excepto que tal conducta por sí misma constituya un delito). Nos encontramos, entonces, en el homicidio culposo ante un delito material o de resultado. Así se comprende fácilmente que la necesaria relación de causalidad entre acción y resultado se hace ahora esencial: el resultado lesivo debe responder a la conducta del agente o a ella debe poder ser atribuido, imputado. Este nexo causal suele constatarse a partir de la teoría de la equivalencia de condiciones o de la “conditio sine quea non”, según la cual se considerará causa todo aquella condición que suprimida mentalmente haría desaparecer el resultado.

En un delito de homicidio por imprudencia autor puede ser cualquiera. No así en el caso de imprudencia profesional (art. 142.3 CP). La jurisprudencia considera en el ámbito de la delincuencia culposa autor a todo aquel que concurra causalmente al resultado, quedando excluida por regla general la participación. Caben también los supuestos de coautoría, pero en tales casos se exige la existencia de un mínimo acuerdo entre los agentes.

Concurso

Respecto al homicidio doloso se halla en relación de subsidiariedad tácita, excluyéndose mutuamente dolo y culpa. Para el caso de concurrencia de varios resultados (ya sean homogéneos o no) a causa de una misma acción imprudente, hasta ahora el TS venía entendiendo que existía un solo delito, lo cual ya resultaba dudoso incluso con el anterior sistema de cláusulas. Se trata de un supuesto de concurso ideal (art. 77 CP).

Homicidio imprudente ocasionado con vehículo de motor o arma de fuego

Se castiga en el art. 142.2 CP. Pena: De uno a cuatro años de prisión, y, además, respectivamente la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, de uno a seis años.

Homicidio por imprudencia profesional

Se castiga en el art. 142.3 CP. Pena: Prisión de uno a cuatro años, y, además inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, por un período de tres a seis años. Se ha venido distinguiendo entre imprudencia o culpa profesional por una parte, e imprudencia o culpa del profesional por otra, reservándose naturalmente la agravación para el primer supuesto. Estas conductas pueden darse en cualquier profesión, siendo las más corrientes las derivadas del ejercicio de la medicina y de la conducción de vehículos de motor. La distinción entre ambas modalidades debe entenderse por imprudencia profesional la que se produce no sólo en el desarrollo de una actividad profesional, sino específicamente debida a una infracción de las reglas de tal profesión (“lex artis”).

Homicidio por imprudencia leve

Se castiga como falta según el artículo 621.2 CP: “a los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona”. Pena: Multa de uno a dos meses. Si el hecho se cometiera con vehículo a motor o ciclomotor, podrá imponerse además la privación del derecho a conducirlos por tiempo de tres meses a un año. En la imprudencia leve, lo mismo que sucede con la imprudencia grave, se exige la infracción del deber objetivo de cuidado; la diferencia está en que tal infracción es menor en el primer supuesto (el leve) que en el segundo. La imprudencia, partiendo de la grave, va descendiendo hasta la imprudencia leve como consecuencia de una menor exigibilidad; descendiendo todavía más se llega a culpa levísima que quedaría fuera del Código Penal para constituir infracciones objeto de sanciones en el terreno civil o administrativo. A veces no es fácil establecer el límite entre la imprudencia grave y leve, será el juzgador en cada caso quién decida en atención a las circunstancias del hecho y actuación del autor.

En la imprudencia leve la exigencia respecto al deber de cuidado en determinados comportamientos es menor, es el deber que se exigiría a las personas prudentes y no a cualquiera, como sucede en la imprudencia grave.

Perseguibilidad

Nos encontramos ante una falta perseguible sólo a instancia de parte, pese a que el bien jurídico protegido es la vida. A este respecto dispone el artículo 621.6 CP: “Las infracciones penadas en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”. El CP hace referencia a la “persona agraviada”. En el caso que nos ocupa, muerte, la persona agraviada es el fallecido, por lo que no es posible que pueda pedir que se inicie el procedimiento. Una vez más se observa la falta de técnica en el Código. El art. 639 CP dispone: “En las faltas perseguibles a instancia de la persona agraviada también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, incapaz o una persona desvalida”. En su párrafo segundo recoge que “la ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención”. Hay que tener en cuenta que en un primer momento no puede resolverse respecto a si los hechos constituyen una imprudencia grave o leve, por lo que necesariamente habrá que llevar a cabo las diligencias necesarias para que se pueda determinar el tipo de imprudencia.