Delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros

Delitos contra los derechos de los trabajadores

Aspecto objetivo

Delito de imposición ( abusiva, fraudulenta, violenta o intimidativa) de condiciones laborales o de seguridad social contrarias a los derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contratos individuales

Es un delito especial, sólo puede ser autor, los empresarios o personas que tengan por cualquier título trabajadores a su servicio. De resultado, ya que la realización de los actos de engaño, abuso, violencia o intimidación, sólo consuman el delito cuando provocan la imposición de las condiciones contrarias a los derechos reconocidos, se tipifica en el 311. Como delito de resultado, debe distinguirse entre la conducta típica y el resultado típico. La conducta es un comportamiento activo, que consiste en la realización de un engaño, el ejercicio de la violencia, con relevancia suficiente para justificar la lesión de los derechos laborales, excluidos los actos constitutivos de falta, o la intimidación, o el abuso de la situación de necesidad de la víctima. Este es el comportamiento más problemático de todos, ya que abarca todas las situaciones de hecho en las que mantiene el trabajador, sin llegar a la intimidación, pero limitando la capacidad de negociación o defensa de sus derechos. El TS estimó que concurría esta situación en un caso en el que confluían un elevado índice de paro en la zona geográfica en la que tuvo lugar el hecho, una incipiente relación laboral y la necesidad del salario, el TS entendió que la concurrencia de todos los factores provocó un desequilibrio fáctico entre asalariado y empresario, del que este último se prevaleció para imponer unas condiciones de trabajo manifiestamente ilegales.

Para la consumación del delito no basta con la realización de una de estas cuatro conductas típicas. El CP exige además, la consecución de un resultado específico, que es la imposición al trabajador de unas condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. Debe valorarse si la condición que el empresario pretende imponer provoca el resultado de suprimir, restringir o perjudicar de cualquier modo los derechos que el trabajador tenga reconocidos. Si es afirmativo, hay que analizar si esta nueva situación lesiva de derechos se ha impuesto al trabajador a través del ejercicio de una de las conductas típicas, si el trabajador se ha visto compelido a aceptar unas condiciones laborales en las que no se respetan los derechos de los trabajadores.

Delito de tráfico ilegal de mano de obra

Infracción que está tipificada en el 312.2. La falta de concreción legal de lo que se entienda por tráfico de mano de obra dificulta la aplicabilidad de este precepto, máxime si está expresamente penalizadas las conductas de empleo ilegal, 312.2 e inmigración clandestina de trabajadores, 313.1. Tráfico de mano de obra es expresión equivalente a la intermediación laboral y conducta típica de esta infracción sería la intermediación ilegal en el mercado de trabajo. La legalización de las actividades de mediación, sin finalidad lucrativa, en este mercado y la existencia de regímenes sancionadores específicos, hacen difícil justificar la necesidad de acudir al Derecho penal para el reproche de las conductas.

Delito de fraude en el establecimiento de las relaciones laborales

Configurada por tres conductas objetivas diferentes y de aplicación alternativa:

  1. Ofrecer empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas a una persona para establecer con ella una relación laboral y conseguirlo.

  2. Ofrecer empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas a una persona para determinarle a abandonar su puesto de trabajo y conseguirlo.

  3. Establecer una relación laboral con ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo, en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contratos individuales.

Se trata de un delito de resultado, que se consuma cuando se perjudiquen, supriman o restrinjan los concretos derechos de los trabajadores, empleando a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo.

Delito de inmigración clandestina de trabajadores a España

Esta infracción está tipificada, en el art. 313.1 y la jurisprudencia la ha caracterizado como un delito de simple actividad, que se consuma con actos de mero favorecimiento o promoción de la introducción en el país de mano de obra ilegal, sin ser preciso que el objetivo se haya conseguido, protegiendo el precepto el peligro o riesgo de que los derechos de los trabajadores a ser respetados en su libertad, seguridad y dignidad, puedan verse afectados.

Delito de emigración fraudulenta de trabajadores

Está tipificada en el 313.2, como tipo común en el que además la conducta típica que debe consistir en la representación de una apariencia de realidad, con la que provocar engaño al sujeto pasivo, debe conseguirse, para la consumación, el resultado concreto de emigración de una persona a otro país, por motivos laborales.

Delito de contumacia en la discriminación laboral

Está tipificada en el 314, no reprocha directamente la realización de actos de discriminación laboral, sino la contumacia en ello, esto es, su reiteración tras haber sufrido el responsable de los hechos un previo requerimiento o sanción de carácter administrativo. No existe acción penal directa para reaccionar frente a una situación de discriminación, que requiere ser grave, en el empleo, ya que este delito sólo surge si, tras la incoación de un expediente administrativo tramitado por tal causa, el empresario no restablece la situación de igualdad ante la ley y no repara los daños económicos que se hayan seguido de la misma.

Delito de impedimento o limitación, abusivo, fraudulento, violento o intimidativo del ejercicio de la libertad sindical o el derecho a huelga

Tipificada como delito de resultado, con conducta mixta alternativa y con tipos agravados en él es la del apartado primero, en la que se tipifica un delito común y de resultado, cuya conducta es la realización de actos a través de los que se articula un engaño o un abuso de situación de necesidad. El sujeto activo ha de perseguir y obtener, para que el delito quede consumado, impedir o limitar el ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga.

La figura básica se cualifica atendiendo a dos criterios distintos:

  1. Cuando la conducta típica se realiza mediante el uso de la fuerza, la violencia o la intimidación

  2. Cuando la conducta se realiza mediante actos constitutivos de delito de coacción y el resultado perseguido o alcanzado es el inicio o continuación de una huelga.

Delitos de infracción de las normas legales de seguridad e higiene en el trabajo, que ponga en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores

Esta modalidad presenta una modalidad dolosa y otra imprudente grave.

  1. Son infracciones de omisión propia, ya que tanto en la modalidad dolosa como en la imprudente, la conducta típica es un no hacer, consistente en no facilitar a los trabajadores los medios necesarios para desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene.

  2. Son infracciones de peligro concreto, en la medida en que el tipo exige que, a consecuencia de la omisión, se ponga en peligro grave para la vida, salud o integridad física de los trabajadores, sin que la consumación del delito exija la producción del resultado lesivo. El TS recoge la posibilidad de la ruptura de esta necesaria relación de causalidad por autopuesta en peligro del propio trabajador, cuando sea éste el que se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción, en cuyo caso el resultado producido se imputará según el principio de la autopuesta en peligro o principio de la propia responsabilidad.

  3. Son infracciones construidas con la técnica legislativa de las normas penales en blanco, porque el presupuesto de su aplicación radica en que el sujeto activo actúe con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.

No existe forma leve sancionable como falta de estas conductas.

Aspecto subjetivo

Todos los delitos contra los derechos de los trabajadores son dolosos, excepto el previsto en el 317, en el que se establece la modalidad imprudente, imprudencia grave, del delito de infracción de las normas legales en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Esta figura plantea dos problemas especiales:

  1. En la delimitación de su conducta típica respecto de la conducta dolosa

  2. La determinación de la gravedad de la imprudencia que posibilita la aplicación del precepto.

El TS con relación a la distinción entre la modalidad dolosa y la imprudente del delito de infracción de las normas legales en materia de seguridad e higiene en el trabajo señala: el elemento normativo consistente en la infracción de las normas de prevención no exige legalmente dosis de gravedad alguna, a diferencia del peligro y de la comisión por imprudencia y precisamente por ello una cosa es la falta de prevención del riesgo equivalente a la omisión de las medidas necesarias y adecuadas exigidas conforme a la legislación laboral y otra distinta su insuficiencia o defectuosidad, lo que debe lugar a los dos tipos de comisión previstos, radicando la diferencia en el elemento subjetivo: conciencia del peligro cuando se trata del tipo doloso y a pesar de ello se omiten las medidas adecuadas y necesarias e infracción del deber de cuidado por ausencia de todas las previsibles exigibles al garante de la seguridad y saludad de los trabajadores.

Respecto del segundo de los problemas citados, el TS destaca la atipicidad de las conductas de imprudencia leve, ya que el ámbito ordinario e intenso de la protección corresponde sustancialmente al derecho laboral y que su trascendencia penal debe constituir un remedio externo. Así la imprudencia debe calificarse como leve cuando, por existir un plan de prevención de riesgos laborales individuales o por otra circunstancias no es posible reconocer la presencia de dolo de peligro por parte de los acusados.

Antijuridicidad

Pueden aplicarse a estos delitos, siempre que se den sus propios requisitos, todas las eximentes previstas en el art. 20 CP.

Autoría y participación

Los delitos de 312, 313 y 315 son infracciones comunes, en las que no se exige, para la realización de actos de autoría ejecutiva, que el sujeto ostente una determinada condición personal, ni mantenga ninguna relación específica con el objeto del delito o el sujeto pasivo del mismo.

Los delitos de 311, 314, 316 y 317 son delitos especiales, su autoría ejecutiva se circunscribe a las personas que ostente la condición de empresarios. Esta condición de empresario no debe quedar limitada a la persona que pueda recibir formalmente esta denominación, sino a toda persona que esté en situación de imponer condiciones laborales porque tenga capacidad de contratación, con independencia de que ello ocurrirá, normalmente, en el empresario.

La condición de empresario, cuando el responsable sea persona jurídica se le aplicará a los administradores o encargados de servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, cociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello.

Forma de ejecución

Los delitos de infracción de las normas legales de seguridad e higiene en el trabajo están tipificados 316-317, como infracciones de omisión propia, en los que no cabe distinguir formas imperfectas de ejecución, ya que la misma inactividad descrita en el tipo es la que consuma el ilícito, sin posibilidad de distinción de formas autónomas o diferentes de ejecución.

El regulado en el 311, caracterizado por la jurisprudencia como delito de mera actividad están configurados como infracciones de resultado, ya que se exige, para la consumación, la producción de una consecuencia derivada de la acción típica. Estos delitos admiten como forma punible, la tentativa inacabada, es infrecuente, la tentativa acabada y la consumación.

Ninguno de estos delitos existe tipificación de la fase de provocación, proposición y conspiración, que deben de entenderse como actos preparatorios impunes.

Circunstancias modificativas

En estos delitos pueden aplicarse las circunstancias atenuantes y agravantes prevista en el CP en el art. 20l excepto la agravante de la alevosía, que es propia y exclusiva, por designación del legislador, de los delitos contra las personas y el abuso de superioridad y discriminación.

Pena, consecuencias accesorias y concursos

La infracción más leve sancionada es la modalidad imprudente del delito de infracción de las normas penales en materia de seguridad e higiene en el trabajo, art. 317, que se sanciona con la pena inferior en grado a la prevista para el delito doloso. Prisión y multa.

El delito de contumacia en la discriminación laboral, art. 314, establece pena alternativa, consistente en prisión 6 a 2 años o multa de 12 a 24 meses.

La pena cumulativa de prisión 6 meses a 3 años y multa de 6 meses a 12 meses, se aplica al tipo básico del delito de imposición de condiciones laborales o de SS contrarias a los derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contratos individuales,, a la figura básica del delito de impedimento o limitación del ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga y a la modalidad dolosa del delito de infracción de las normas penales en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

La pena cumulativa, de prisión de dos a cinco años y multa de 6 a 12 meses, se aplica a los delitos de tráfico ilegal de mano de obra, de fraude en el establecimiento de las relaciones laborales, de inmigración clandestina de trabajadores a España y de emigración fraudulenta de trabajadores.

Y las modalidades agravadas de los delitos de imposición de condiciones laborales o de SS contrarias a los derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos, contratos individuales y de impedimento o limitación de la libertad sindical o del derecho de huelga, se sancionan con pena cumulativa, de prisión de tres a 4 años y medio y multa de doce a 18 meses, pena superior en grado para las modalidades básicas.

Concursos

Se aplica con independencia del número de trabajadores afectados, no existe posibilidad de aplicar un concurso real en el caso de que la conducta hubiera provocado efectos sobre diversos trabajadores, que el tipo agravado excluye por el principio de especialidad, la hipotética concurrencia de los delitos de amenazas o coacciones que pudieran aparentar ser aplicables y que la realización del resultado lesivo en el que se concrete el peligro grave impide la aplicación de éstos, queda absorbido por el principio de subsunción en el reproche del tipo que sanciona la producción del resultado.

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Aspecto objetivo

El art. 318 bis.1 establece la figura básica del delito de tráfico ilegal de personas. Se sanciona todos los actos, directos e indirectos de fomento o colaboración con el tráfico ilícito o inmigración clandestina de personas qe tenga un punto de conexión geográfica con el territorio español. Al legislador le resulta indiferente que el tráfico ilegal tenga por objeto la salida ilegal de personas del territorio nacional, la entrada ilegal en el mismo o el mero tránsito ilegal de personas por este territorio.

Modalidades típicas

El delito de tráfico de personas presenta cuatro modalidades agravadas que el legislador ha tipificado en atención a la especial reprochabilidad del sujeto activo, el medio comitivo empleado o el riesgo generado, sobre otros bienes jurídicos esenciales, con la realización del delito. Tanto el tipo básico como sus modalidades agravadas pueden presentar una modalidad atenuada. Son las siguientes:

  • Un subtipo agravado consistente en la realización del hecho con la finalidad de proceder a la explotación sexual de las víctimas.

  • Otro que cualifica tanto la figura básica como el subtipo agravado del art. 318.2 y que concurre cuando se hubiera cometido el hecho con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de superioridad o especial vulnerabilidad de la víctima o siendo la víctima menor de edad o incapaz o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas.

  • Otra que agrava todos los subtipos precedentes y que consiste en que los hechos se hayan realizado prevaliéndose el sujeto activo de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

    • Que agrava a su vez a todas la precedentes figuras, consistente en que el culpable pertenezca a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades y que se agrava aún más cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones.

  • Y una modalidad atenuada del delito base y de cada uno de sus subtipos agravados, que tiene en cuenta una menor reprochabilidad del sujeto activo en atención a la concreta gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste.

No existe ninguna modalidad leve de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros que se sanciona como falta.

Aspecto subjetivo

La figura básica sólo admite la sanción de los comportamientos dolosos, no existe posibilidad de punición de las conductas imprudentes.

La aplicación de los subtipos agravados exige también que el autor del hecho abarque con su dolo todos sus respectivos requisitos.

Antijuridicidad

Pueden aplicarse a las distintas modalidades de este delito, siempre que se den sus propios requisitos, todas las eximentes previstas en el art. 20 del CP.

Autoría y participación

Está configurado como un delito común, en la que no se exige para la realización de actos de autoría ejecutiva, que el sujeto ostente una determinada condición personal, ni mantenga ninguna relación específica con el objeto del delito o el sujeto pasivo del mismo.

Para la aplicación del subtipo agravado , 318. bis.5, es necesario que el sujeto activo pertenezca a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de estas actividades delictivas, o que se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.

Formas de ejecución

Los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros están tipificados como infracciones de mera actividad, en los que es posible distinguir el inter criminis siguiente: Formas punibles, la tentativa inacabada, aunque es infrecuente, y la consumación.

No existe la provocación, proposición y conspiración, que han de entenderse como actos preparatorios impunes, por así disponerlo el legislador.

Circunstancias modificativas

Pueden aplicarse todos los atenuantes y agravantes previstos en el CP art. 20 y ss, excepto la agravante de alevosía, que por disposición del legislador, es únicamente aplicable a los delitos contra las personas. Por el principio non bis in idem, se producen otras incompatibilidades: La aplicación del subtipo agravado del art. 218 bis.3, en la medida que suponga empleo de violencia, intimidación o engaño, etc, excluye la concurrencia de la agravante de abuso de superioridad y la aplicación del subtipo agravado del 318.bis.4 excluye la concurrencia del agravante de prevalimiento del carácter público que tenga el culpable.

El subtipo atenuado 318 bis.6, permite disminuir en un grado las penas correspondientes a estos tipos de delitos en atención a datos tan inconcretos como la menor gravedad del hecho y sus circunstancias, la condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste.

Pena, consecuencias accesorias y concursos

El art. 318 bis, está construido sobre la figura básica, a la que se adicionan sucesivas prevenciones agravatorias. La punición de este delito es:

  • La figura básica, sancionada con la pena de 4 a 8 años de prisión.

  • Si esa conducta se realiza con el propósito de la explotación sexual de la víctima, la pena será la de 5 a 10 años de prisión.

  • La concurrencia de una de las circunstancias del tercer apartado, obliga a imponer en su mitad superior las penas correspondientes a cada una de las dos figuras recogidas en los dos primeros apartados, la pena es de prisión de 6 a 8 años en el caso de la figura básica y prisión de 7 años y seis meses a 10 años en el caso de la figura agravada.

  • Si en autor del hecho concurre la circunstancia personal prevista en el cuarto apartado, se impone la pena que resulta conforme al apartado anterior, más la inhabilitación absoluta de 6 a 12 meses.

  • Si el culpable perteneciera a la organización o asociación a la que se refiere el apartado 5, las penas aplicables son las superiores en grado a las que resulten de los anteriores apartados, e inhabilitación especial para profesión, oficio. También podrá imponer el juez alguna de las medidas previstas en el art. 129.

  • En atención a las circunstancias contempladas en el último apartado, los Tribunales podrán imponer, en los casos en que sí proceda, la pena inferior en un grado a la que resulte de la aplicación de cada uno de los apartados anteriores.

Concursos

El art. 313 es Ley especial frente al 318 bis, al requerir la condición más restringida de trabajador en el sujeto pasivo. En los supuestos de traslado de personas en embarcaciones u otros medios de transportes para acceder clandestinamente al territorio español, debe sostenerse la aplicación del art. 311, si se trata de personas que vienen con la clara finalidad de buscar trabajo.