Delitos contra las relaciones familiares

Matrimonios ilegales

Bigamia

Se castiga en el art. 217 CP “al que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior”.

Pena: Prisión de seis meses a un año. Teniendo en cuenta la rúbrica del Tít. XII el bien jurídico protegido es la estructura legal que en la familia rige en nuestro ordenamiento jurídico, y que sólo se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges, declaración de fallecimiento o divorcio.

Sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona, que se encuentre ligado por matrimonio anterior.

Autor es el que conoce su situación de ilegalidad; si la conocen las dos partes contrayentes ambos son responsables, uno como autor directo y el otro como cooperador necesario. Los dos pueden ser coautores si contraen nuevo matrimonio subsistiendo legalmente en los dos anteriores. Consiste la acción en contraer un segundo o posterior matrimonio sin estar disuelto legalmente el anterior. El dolo exige el conocimiento por parte del sujeto de que el matrimonio anterior subsiste legalmente, aunque cabe el error.

Por tanto, solo es posible el dolo directo, la expresión “a sabiendas” cierra el paso al dolo eventual. La consumación se produce en el momento mismo en el que se ha celebrado el nuevo matrimonio, sin que sea necesario que llegue a existir relación sexual. Es posible la tentativa.

Celebración de matrimonio inválido para perjudicar a otro

Se castiga en el art. 218.1 CP al “que, para perjudicar al otro contrayente, celebre matrimonio inválido”.

Pena: Prisión de seis meses a dos años.

Estamos en un supuesto en el que el sujeto activo persigue algún perjuicio para el sujeto pasivo. Consiente celebrar el matrimonio conociendo que existe alguna de las causas que lo invalidan. Es necesario el elemento subjetivo del injusto de querer perjudicar a otro. Para la consumación no es necesario que llegue a irrogarse ningún perjuicio a la otra parte.

Convalidación del matrimonio

Establece el art. 218.2 CP que “el responsable quedará exento de pena si el matrimonio fuese posteriormente convalidado”.

Autorización de matrimonios nulos

Se castiga en el art. 219.1 CP al “que autorizare matrimonio en el que concurra alguna causa de nulidad conocida o denunciada en el expediente”.

Pena: Perdón de seis meses a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

Por sujeto activo hay que entender que sólo puede ser el que tiene capacidad para autorizar un matrimonio , por lo que hay que recurrir al Código Civil.

Sujeto pasivo serán los contrayentes. La acción consiste en autorizar un matrimonio concurriendo alguna causa de nulidad. Solo son posibles las conductas dolosas, porque quién autoriza ha de conocer la “causa de nulidad”, lo que cierra el paso al dolo eventual.

Concurso

Si es un Juez quien autoriza el matrimonio, pese a conocer la causa de nulidad, se plantea un posible concurso entre el delito de prevaricación previsto en el art. 446.3º CP y el art. 219 CP, se resolvería en favor de este último precepto al establecer mayor pena (art. 8.4ª CP).

Causa de nulidad dispensable

Se castiga en el art. 219.2 CP con la pena de suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años “si la causa de nulidad fuere dispensable”. Para conocer los supuestos de causa de nulidad dispensables hay que acudir al CC.

Suposición de parto

Se castiga en el art. 220 CP “la suposición de un parto”.

Pena: Prisión de seis meses a dos años.

El bien jurídico protegido es la familia como institución; también es la filiación del niño.

Sujeto activo será la mujer, aunque pueden intervenir terceras personas a título de autor, como cooperadores.

Sujeto pasivo es el niño vivo que le incorporan a una familia que no es la suya, pues no es el hijo de la madre que aparece como tal.

Consiste la acción en simular dar a luz a un niño vivo, o bien sustituir al niño nacido muerto por otro vivo (suposición de niño). La simple simulación de un parto, sin que haya ninguna relación con niño vivo o muerto, es impune. La consumación del delito se produce en el momento de presentar un hijo como propio cuando no lo es. Es posible la tentativa. No es necesaria la inscripción en el Código Civil.

Ocultación o entrega de un hijo

Se castiga en el art. 220.2 CP “al que ocultare o entregare a terceros un hijo para alterar o modificar su filiación”.

Pena: Prisión de seis meses a dos años.

Sujeto activo ha de ser alguno de los padres o los dos, así también como la persona que lo recibiere y cooperare a alterar o modificar la filiación.

Sujeto pasivo es el niño, que no es necesario que sea recién nacido.

El delito, que ha de ser doloso, se consuma en el momento de la ocultación o entrega a terceros con la finalidad de alterar o modificar la filiación. No se requiere que se produzca efectivamente un cambio de filiación.

Sustitución de un niño por otro

Se castiga en el art. 220.3 CP “la sustitución de un niño por otro”.

Pena: Prisión de uno a cinco años.

Sujeto activo es la persona que lo cambia, que pueden ser los padres o tercero.

Sujeto pasivo los niños, pues se trata de dos niños vivos.

Consiste la acción en un cambio de niños, no importando el sexo. Al menos uno de los niños ha de estar vivo; la conducta es atípica si los dos niños están muertos. La conducta ha de ser dolosa, no importando cual fuere el motivo. La consumación del delito se produce con la realización material del cambio. Es posible la tentativa, como sería el supuesto de que alguien sorprendiera al autor o autores cuando pretenden hacer el cambio y esto no se realiza.

Sustitución de un niño por otro por imprudencia grave

Se castigan en el art. 220.5 CP: “Las sustituciones de un niño por otro que se produjeren en centros sanitarios o sociosanitarios por improcedencia grave de los responsables de su identificación y custodia”.

Pena: Prisión de seis meses a un año.

Delitos cometidos por los ascendientes

Se castiga además facultativamente en el art. 220.4 a: “Los ascendientes, por naturaleza o adopción, que cometieran los hechos descritos en los tres apartados anteriores”.

Pena facultativa: Dispone el art. 220.4 CP que “podrán ser castigados además con la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad que tuvieren sobre el hijo o descendiente supuesto, ocultado, entregado o sustituido, y en su caso, sobre el resto de hijos o descendientes por tiempo de cuatro a diez años”.

Entrega de un menor mediando compensación económica

Se castiga en el art. 221.1 CP a: “Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación”.

Pena: Prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años.

Sujeto activo es el que entrega al hijo, descendiente o menor. El que lo recibe mediante la compensación económica también es autor como se recoge en el art. 221.2 CP.

Sujeto pasivo es la persona entregada.

Consiste la acción en la entrega a otro de un hijo, descendiente o menor, eludiendo los procedimientos legales de guarda, acogimiento o adopción, mediando compensación económica y con la finalidad de establecer una relación similar a la filiación. Se exige para la perfección del delito la compensación económica, sin la cuál la conducta es impune. Es posible la tentativa. Sólo son posibles las conductas dolosas. No cabe causa de justificación por el mero hecho de carecer de medios económicos para mantener al niño. La consumación se produce con la materialización de la entrega del hijo y la compensación económica.

Dispone el art. 221.2 CP: “Con la misma pena serán castigados la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero”.

Delitos cometidos utilizando guarderías, colegios o locales donde se recojan niños

Se castigan en el art. 221.3 CP los supuestos en que estas conductas “se cometieren utilizando guarderías, colegios u otros locales o establecimientos donde se recojan niños”.

Pena: Según el texto: “Se impondrá a los culpables la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de las referidas actividades por tiempo de dos a seis años y se podrá acordar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos. En la clausura temporal, el plazo no podrá exceder de cinco años”.

Supuestos especiales

Se castigan en el art. 222 CP los hechos previstos en los dos artículos anteriores con una pena agravada cuando el autor sea “el educador, facultativo, autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su profesión o cargo”.

Pena: Además de la prevista en cada caso en los arts. 220 y 221 CP, se les impondrá la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a seis años.

De cualquier modo, el autor ha de intervenir “en el ejercicio de su profesión o cargo”, pues en otro supuesto incurrirán, en su caso, en las conductas previstas en los arts. 220 o 221 CP.

Delitos contra los derechos y deberes familiares

Quebrantamiento de los deberes de custodia

Se castiga en el art. 223 CP a quien “teniendo a su cargo la custodia de un menor de edad o un incapaz, no lo presentare a sus padres o guardadores sin justificante para ello, cuando fuere requerido por ellos”.

Pena: Prisión de seis meses a dos años.

El bien jurídico protegido en este supuesto, y en los tipificados en los dos artículos siguientes, es la patria potestad, así como la libertad y la seguridad de los menores.

Sujeto activo es la persona que teniendo la custodia de un menor o incapaz se niega a presentarlo a sus padres o guardadores.

Sujeto pasivo es tanto el menor o incapaz como los padres o guardadores que lo reclaman.

La acción consiste en la negativa a entregar a un menor de edad o incapaz por parte de quien lo tiene a cargo o custodia, sin causa justificada, cuando fuera requerido para ello por sus padres o guardadores legales. Estamos ante un delito de omisión, como se desprende de la frase “no lo presentare”. El consentimiento del menor para no ser presentado es irrelevante, mientras que el del incapaz no es válido.

Inducción al abandono del domicilio

Según el párrafo primero del art. 224 CP, se castiga a quien “indujere a un menor de edad o a un incapaz que abandone el domicilio familiar, o lugar donde resida con anuencia de sus padres, tutores o guardadores”.

Pena: Prisión de seis meses a dos años.

Sujeto activo es el inductor.

Sujeto pasivo, en principio, es el menor o incapaz, a pesar que la decisión es voluntaria a consecuencia de la inducción, también los padres y, sobre todo, la familia misma.

Consiste la acción en inducir a un menor de dieciocho años o a un incapaz a que abandone el domicilio familiar o lugar donde se encuentra autorizado a residir por sus padres, tutores o guardadores. La consumación se produce en el momento del abandono del domicilio o lugar de residencia. No obstante, quedaría en grado de tentativa si la inducción, pese a ser suceptible de tener éxito, no se llega a provocar el abandono. No cabe la comisión por omisión.

Inducción a un hijo menor a infrigir el régimen de custodia

Se castiga en el párrafo segundo del art. 224 CP al “progenitor que induzca a su hijo menor a infrigir el régimen de custodia establecido por la autoridad judicial o administrativa”.

Pena: Prisión de seis meses a dos años.

Restitución de un menor o incapaz

Según el art. 225 CP, se atenúa la pena: “Cuando el responsable de los delitos previstos en los dos artículos anteriores restituya al menor de edad o al incapaz a su domicilio o residencia, o lo deposite en lugar conocido y seguro, sin haberle hecho objeto de vejaciones, sevicias o acto delictivo alguno, ni haber puesto en peligro su vida, salud, integridad física o libertad sexual… siempre y cuando el lugar de estancia del menor de edad o el incapaz haya sido comunicado a sus padres, tutores o guardadores, o la ausencia no hubiera sido superior a 24 horas”.

Pena: Prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

Sustracción de menores

Se castiga en el artículo 225 bis.1 CP “al progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor”.

Pena: Prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años. Progenitor son los padres biológicos.

Los supuestos en los que estaría autorizada la sustracción del menor pueden ser múltiples: abandono del menor por el cónyuge que legalmente tiene la custodia, su vida desordenada, malos tratos, problemas económicos, etc. Habrá que estar a la situación que se plantee en cada caso concreto.

Supuestos de sustracción del menor

Dispone el art. 225 bis.2 CP: “A los efectos de este artículo se considera sustracción:

  1. El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.

  2. La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa”.

Traslado de un menor fuera de España

En el art. 225.bis.3 CP se contemplan dos situaciones: el traslado fuera de España del menor sustraído o la exigencia de alguna condición para su restitución.

Pena: Prisión de tres a cuatro años e inhabilitación especial para el derecho de patria potestad por tiempo de siete a diez años.

Excusa absolutoria

En el párrafo primero del art. 225 bis.4 CP se establece: “Cuando el sustractor haya comunicado el lugar de estancia al otro progenitor o a quien corresponda legalmente su cuidado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sustracción con el compromiso de devolución inmediata que efectivamente lleve a cabo, o la ausencia no hubiere sido superior a dicho plazo de veinticuatro horas, quedará exento de pena”.

Supuesto atenuado

En el párrafo segundo del art. 225 bis.4 CP se establece: “Si la restitución se hiciere, sin la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a la sustracción”.

Pena: Prisión de 6 meses a dos años.

Cómputo de los plazos: “Estos plazos se computarán desde la fecha de la denuncia de la sustracción”.

Sustracción de un menor por familiares

Establece el art. 225 bis.5 CP que “las penas señaladas en este artículo se impondrá igualmente a los ascendientes del menor y a los parientes del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que incurran en las conductas anteriormente descritas”

Abandono de familia

Se castiga en el art. 226.1 CP al que “dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge que se hallen necesitados”.

Pena: Prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses

Estamos ante una ley penal en blanco, por lo que hay que recurrir a preceptos extrapenales para determinar los conceptos y obligaciones que se recogen en el CP. Dentro del bien jurídico protegido destaca la protección de la familia en cuanto a los derechos y obligaciones que le son inherentes como miembro de la misma.

Sujeto activo es el obligado a cumplir los deberes legales de asistencia que se especifican en el texto legal. Tales deberes se recogen en el Código Civil.

Sujeto pasivo es la persona que no recibe la asistencia a lo que legalmente tiene derecho.

El dolo comprende el conocimiento del sujeto activo del delito del incumplimiento por su parte de los deberes que le exige la ley, cuando puede hacer frente a los mismos. El incumplimiento está justificado cuando el sujeto carece de recursos por falta de trabajo, haberse arruinado, estar enfermo, etc. No hay duda que quien carece de la suficiente capacidad económica para prestar alimentos no comete delito. El sujeto puede haberse arruinado por llevar una vida desordenada o licenciosa; no importa cual sea el motivo, salvo que intencionadamente lo hubiera hecho para no pagar los alimentos, o hubiera cometido un delito de alzamiento de bienes con el mismo fin, etc., no cometerá el delito.

Sobre la consumación del delito se plantea el problema de si el delito se consuma con el incumplimiento de sólo parte de deberes, pues la propia jurisprudencia estima que el incumplimiento parcial de los mismos excluye el tipo penal. Habrá que entender que es suficiente con el incumplimiento parcial cuando tenga tal entidad que prácticamente equivale al incumplimiento total, pues en el caso de alimentos no podría decirse que no se comete el delito cuando los que se prestan son muy escasos, siempre que el sujeto tuviera posibilidad de prestarlos. No cabe la tentativa por ser un delito relativamente permanente. La consumación, por tanto, no es instantánea.

Perseguibilidad

Dispone el art. 228 CP que el abandono de familia “sólo se persiguen previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal”. No se contempla en el Código Penal vigente el perdón, con la eficacia que suponía y que se recogía en el Código Penal derogado.

El nuevo Código Penal cierra el paso al perdón por disponer: “la responsabilidad penal se extingue por el perdón del ofendido cuando la ley así lo prevé”. En este caso el Código no lo prevé.

Impago de prestaciones económicas

Se castiga en el art. 227.1 CP al “que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos”.

Pena: Prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

Para que se perfeccione el delito es necesario:

  • dejar de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro, en los que se rompa la continuidad, cualquier tipo de prestación económica, en favor del otro cónyuge o sus hijos;

  • esta obligación de pago tiene que estar establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, y

  • por último, dicha obligación ha de ser como consecuencia de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de los hijos.

Estamos ante un delito de omisión. Es posible la causa de justificación del estado de necesidad, cuando la persona obligada a efectuar la prestación económica se encuentre imposibilitada de poder hacerlo por problemas económicos.

El delito queda consumado en el momento de cumplirse los plazos de dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos sin pagar la prestación económica legalmente establecida.

Se castiga en el art. 227.2 CP al “que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previos en el apartado anterior”.

Pena: Prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

Según el art. 227.3 CP “la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuotas adeudadas”. Perseguibilidad: Se recogen en el art. 228 CP que se expuso anteriormente.

Abandono de menores o incapaces

Se castiga en el art. 229.1 CP “el abandono de un menor de edad o un incapaz por parte de la persona encargada de su guarda”.

Pena: Prisión de uno a dos años.

Sujeto activo será la persona encargada de la guarda, planteándose el problema de si esa guarda ha de ser legal o es suficiente cualquier situación bilateral por la que una persona asume la obligación de custodia, es decir, se convierte en garante de la guarda. Entiendo es suficiente con asumir la posición de garante.

Sujeto pasivo es el menor o incapaz al que se abandona.

Consiste la acción en que la persona encargada de la guarda de un menor o incapaz incumple este deber y lo abandona. Este abandono hay que entender que es definitivo, en cuanto se despreocupa de lo que puede sucederle. Ha de tratarse de un menor de dieciocho años o un incapaz (art. 25 CP). El consentimiento no tiene valor, es irrelevante. El abandono ha de suponer inseguridad para el menor o incapaz. Sólo son posible las formas dolosas, pues las imprudentes no se contemplan en el Código.

En todo caso el dolo comprende la conciencia de una situación de falta de seguridad. La consumación se producirá en el momento en que se materialice el abandono y el sujeto activo pierda el contacto con el menor o incapaz. Es posible la tentativa cuando, por ejemplo, el encargado de la guarda por más que lo intenta no consigue zafarse del menor o incapaz.

Abandono por los padres, tutores o guardadores legales

En el art. 229.2 CP se agrava la pena “cuando el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales”. Pena: Prisión de dieciocho meses a tres años.

Abandono con peligro para la vida, salud, integridad física o libertad sexual

Según el art. 229.3 CP también se agrava la pena “cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o del incapaz, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave”.

Pena: Prisión de dos a cuatro años.

El autor ha tenido que prever la situación y no obstante abandona el menor. No es necesario que se produzca un resultado, pues en este caso estaríamos ante un concurso de delitos.

En cuanto al posible concurso que se plantea en el inciso final donde se dice: “sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave”, habrá que estar al resultado para ver cuál es el tipo de concurso que concurre. Se pudo haber prescindido de esta referencia, pues la producción de otro delito daría lugar en todo caso a un concurso real o ideal.

Abandono temporal

Se recoge en el art. 230 CP que “el abandono temporal de un menor de edad o de un incapaz será castigado, en sus respectivos casos, con las penas inferiores en grado a las previstas en el artículo anterior”. En el abandono temporal el sujeto buscará al menor, lo que no ocurre en el abandono definitivo. Se trata de un delito de resultado. Es posible la comisión por omisión. Abandono temporal, en principio es el no definitivo, y puede ser de horas, días, meses. Será la jurisprudencia la que una vez más tendrá que precisar tales situaciones.

Abandono impropio

Se castiga en el art. 231.1 CP al “que, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad o de un incapaz, lo entregare a un tercero o a un establecimiento público sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado, o de la autoridad, en su defecto”.

Pena: Multa de seis a doce meses.

Estamos ante un supuesto de entrega indebida.

Sujeto activo es la persona encargada del menor o incapaz.

Sujeto pasivo son éstos. También hay que incluir entre sujetos pasivos a las personas más cercanas y la persona que confió al menor o incapaz.

La acción consiste en la entrega a otra persona o a un establecimiento público de un menor o incapaz por quien lo tiene a su cargo para criarle o educarle, sin el consentimiento de quien se lo hubiera confiado, o en su defecto de la autoridad. Aquí no hay peligro para la seguridad del menor, pues no queda abandonado, incluso es posible que esté más protegido, sobre todo cuando se entregue a un establecimiento público.

El consentimiento del menor o incapaz será irrelevante. No cometerá delito el encargado de la crianza o educación que no puede cumplir con la obligación contraída, por problemas económicos, de salud, motivos laborales, etc., siempre que lo pusiera en conocimiento de la persona que se lo confió (aunque se opusiera a ello) y tampoco consiguiera la anuencia de la autoridad; no obstante en este caso podríamos estar ante un delito de desobediencia. La referencia que se hace a “lo entregare” sólo permite el dolo directo.

En cuanto a una posible causa de justificación puede pensarse en un estado de necesidad de las personas que tenían a su cargo la crianza o educación del menor. La consumación del delito se produce en el instante en que se hace cargo del menor o incapaz el tercero o el establecimiento público.

Cabe la tentativa.

Supuesto agravado

Según dispone el art. 231.2 CP se eleva la pena “si con la entrega se hubiere puesto en peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor o incapaz”. Pena: Prisión de seis meses a dos años.

Utilización de menores o incapaces en la mendicidad

Se castiga en el art. 232.1 CP a “los que utilizaren o prestaren a menores de edad o incapaces para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es encubierta”.

Pena: Prisión de seis meses a un año.

Estamos ante un delito donde el bien jurídico protegido no está perfectamente delimitado, pues junto a un ataque a la dignidad, libertad y seguridad de los menores o incapaces no hay que olvidar que también puede concurrir peligro para la vida, como se verá más adelante, pues se castiga el empleo de violencia o intimidación para obligar al ejercicio de la mendicidad, o incluso suministrar sustancias perjudiciales para su salud, como pueden ser estupefacientes.

Sujeto activo hay que entender es el que tenga potestad sobre el menor o incapaz, como son los padres, guardadores, tutores, etc. Sujeto pasivo es el menor o incapaz.

Consiste la acción en utilizar, o prestar a un menor de dieciocho años o incapaz, para que realice actos de mendicidad. Por mendigar hay que entender pedir limosna. Entiendo que no es suficiente que el adulto que practica la mendicidad está acompañado por un menor. Para que se integre el tipo penal es necesario que los menores o incapaces practiquen directamente la mendicidad, es decir, que soliciten ellos la limosna. Es posible la comisión por omisión. Podría plantearse el estado de necesidad cuando se utilice a un menor para el ejercicio de la mendicidad por encontrarse la persona que lo utiliza en una grave situación económica. La consumación del delito se produce en el momento de la utilización o préstamo para la práctica de la mendicidad. Cabe la tentativa.

Concurso

Cuando se plantee concurso de delitos entre el art. 231.1 CP y el art. 177 bis CP (trata de seres humanos) se aplicará este último.

Supuestos agravados

En el art. 232.2 CP se prevé la agravación de la pena “si para los fines del apartado anterior se traficare con menores de edad o incapaces, se empleare con ellos violencia o intimidación, o se les suministrare sustancias perjudiciales para su salud”.

Pena: Prisión de uno a cuatro años.

Medidas de protección

Dispone el art. 233.3 CP que con respecto a los delitos previstos en los artículos 229 a 232 CP, “en todo caso, el Ministerio Fiscal instará de la autoridad competente las medidas pertinentes para la debida custodia y protección del menor”.

Disposiciones comunes a los artículos 229 a 232 CP

Inhabilitación para la patria potestad, derechos de guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar

Dispone el art. 233.1 CP: “El Juez o Tribunal, si lo estima oportuno según las circunstancias del menor, podrá imponer a los responsables de los delitos previstos en los artículos 229 a 232 la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años”. Se olvida el legislador de hacer referencia a los incapaces.

Todo ello sin perjuicio de la pena que corresponda en cada caso en los supuestos previstos en los arts. 229 a 232 CP. Según el art. 233.2 CP “si el culpable ostentare la guarda del menor por su condición de funcionario público, se le impondrá además la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años”.

Medidas de protección

Dispone el art. 233.3 CP que con respecto a los delitos previstos en los arts. 229 a 232 CP, “en todo caso, el Ministerio Fiscal instará de la autoridad competente las medidas pertinentes para la debida custodia y protección del menor”. Las medidas corresponderán a la autoridad judicial en unos casos y en otros a los organismos encargados de la tutela y protección de menores.