Delitos contra la intimidad y la inviolabilidad del domicilio

Delitos de descubrimiento y revelación de secretos

En el CP se recogen también otros supuestos, como es el del descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa nacional (arts. 598 y ss. CP).

Secretos documentales

Se castiga en el art. 197.1 CP al “que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales.

Pena: Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

El bien jurídico protegido, como se desprende del propio texto legal, es la intimidad de las personas.

Sujeto activo y pasivo puede ser cualquiera; los menores e incapaces pueden ser sujetos pasivos, como se verá más adelante.

La acción consiste en el apoderamiento de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos y efectos personales, siempre que se haga con la finalidad de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro. Esa finalidad es un elemento subjetivo del injusto.

Por secreto hay que entender el hecho que sólo conoce una persona, o un círculo reducido de ellas, respecto al cual el afectado no desea, de acuerdo con sus intereses, que sea conocido por terceros. Hay que relacionarlo con la intimidad o la privacidad de las personas. Se hace referencia a “vulnerar la intimidad de otro”.

La intimidad comprende la zona íntima y reservada de una persona en el contexto moral y espiritual.

El texto legal hace referencia a que la conducta ha de llevarse a cabo sin el consentimiento de la persona a la que se pretende descubrir sus secretos o vulnerar su intimidad. Si el sujeto pasivo consiente la conducta es atípica. También será atípico apoderarse de documentos que no contengan secreto alguno respecto de su titular; aunque eventualmente los tengan de terceros, cuya revelación, no obstante, puede dar lugar a otro delito.

Sólo es posible la comisión dolosa, puesto que el sujeto se apodera de los papeles con la intención de descubrir los secretos de otro o vulnerar su intimidad. En ese momento de produce la consumación del delito.

Es posible la tentativa.

Cabe la causa de justificación del cumplimiento de deber por parte de la autoridad, pues la Ley autoriza al Juez a la detención de correspondencia privada, apertura y examen de la misma a fin de obtener medios de prueba.

Secretos de las telecomunicaciones

Se castiga en el inciso segundo del art. 197.1 CP a quien intercepte a otro “sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación”.

Pena: Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

La interceptación de las comunicaciones comprende tanto las alámbricas como las inalámbricas.

En cuánto a los sujetos, tanto activo como pasivo puede ser cualquiera, incluso los familiares más cercanos, como el cónyuge o los hijos. La acción consiste en interceptar las telecomunicaciones, imágenes, etc., de otros, bien directamente o por medio de una serie de mecanismos técnicos.

Por interceptar hay que entender la intervención para conocer el contenido de las mismas, de ahí que sólo sea punible la comisión dolosa. Es preciso que las telecomunicaciones se intercepten sin el consentimiento del sujeto pasivo del delito. Si en una conversación intervienen varias personas, para que el consentimiento sea eficaz ha de ser prestado por todos los intervinientes, no siendo suficientes el otorgado por uno o más.

El consentimiento prestado puede revocarse en cualquier momento. El consentimiento excluye la tipicidad.

Es difícil que pueda concurrir causa de justificación. Hay que tener presente que sólo pueden interceptar legalmente las comunicaciones telefónicas cuando así lo ordene la Autoridad judicial.

La consumación del delito tiene lugar en el momento en que se intercepta la conversación telefónica, se graba la imagen, etc., bien directamente o a través de instrumentos o artificios técnicos de escucha o grabación.

Nos encontramos ante un delito de mera actividad que no precisa para su consumación que se produzca ningún resultado.

Es posible la tentativa, que se daría con la instalación de los aparatos o su preparación, pero sin llegar a conectarlos.

Apoderamiento, utilización y manipulación de datos reservados

Se castiga en el art. 197.2 CP “al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de un tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado”. Pena: Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Según el art. 3, a) de la LOPD son “datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En el inciso ultimo del art. 197.2 CP se castiga con las mismas penas “a quien sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero”.

Vulneración de medidas de seguridad de datos o programas informáticos

Se castiga en el párrafo primero del art. 197.3 CP al “que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo”.

Pena: Prisión de seis meses a dos años.

Responsabilidad de las personas jurídicas

Según el párrafo segundo del art. 197.3: “cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá…”.

Pena: Multa de seis meses a dos años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 CP.

Difundir, revelar o ceder a terceros datos reservados

Se castiga en el párrafo primero del art. 197.4 CP a los que habiendo realizado alguna de las conductas previstas en los números 1 y 2 “difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas”.

Pena: Prisión de dos a cinco años.

La conducta prevista en este apartado subsume a la de los números 1 y 2, pues el sujeto que llevó a cabo cualquiera de los comportamientos es el mismo que ahora difunde, revela, cede, etc.

Dispone el art. 197.4 CP en su párrafo segundo: “el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior”.

Pena: Prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

En ambos delitos el delito queda consumado en el momento de la realización de cualquiera de las conductas de difusión, revelación del secreto, etc.

Descubrimiento y revelación de secretos por personas encargadas o responsables de su custodia material

Se castiga en el art. 197.5 CP cuando “los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de éste artículo, se realizan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros”.

Pena: Prisión de tres a cinco años.

Si se difunden, ceden o revelan los datos reservados, se impondrá la pena en su mitad superior (art. 197.5 CP in fine).

El sujeto activo, en principio ni conoce ni tiene derecho a conocer la información contenida en los ficheros.

Descubrimiento y revelación de secretos especiales y de menores o incapaces

Se castigan en el art. 197.6 CP los hechos descritos en los apartados 1 a 4 de este artículo cuando “afecten a datos de carácter personal que revelan la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz”.

Pena: Las que correspondan en cada caso en su mitad superior.

Menor de edad es el que no ha cumplido dieciocho años, mientras que el concepto de incapaz se encuentra en el art. 25 CP. Este supuesto es un ejemplo más del confusionismo que impera en este capítulo primero del Título X.

En el art. 16 de la Constitución: “1.Se garantiza la libertad ideológica, religiosa ... Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”.

Descubrimiento y revelación de secretos con fines lucrativos

En estos supuestos, es decir, cuando estas conductas, se realicen “con fines lucrativos”, y según recoge el art. 197.7 CP, hay una agravación de las penas para todos los casos.

Pena: Las “respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo” en su mitad superior.

Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado 5, la pena a imponer será prisión de cuatro a siete años. En algunos casos las penas resultan excesivas.

No es necesario que se haya conseguido ningún beneficio económico; es suficiente con que la conducta se realice con esa finalidad. Puede concurrir la agravante de precio (art. 22.3ª CP), previa a la ejecución, si con posterioridad a realizar los hechos el autor quiere obtener otros beneficios.

El delito puede cometerse por los profesionales de la información que realizan tales comportamientos por la remuneración que les dará un periódico, revista, etc.

Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminales

En el art. 197.8 CP se establece una agravación de las penas cuando los hechos escritos en los apartados anteriores de este artículo “se cometiesen en el seno de una organización o grupos criminales”.

Pena: Superiores en grado para cada uno de los supuestos.

Sobre organizaciones y grupos criminales vid. arts. 570 bis y ss. CP.

Descubrimiento y revelación de secretos por autoridad o funcionario público

Se castiga en el art. 198 CP a: “La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior”.

Pena: Las previstas en los distintos supuestos del art. 197 CP, en su mitad superior, y, además, inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.

No ha de mediar causa legal por delito y la autoridad o funcionario público ha de prevalerse de su cargo, pues si actúa como particular su conducta se castigará por el art. 197 CP.

Revelación de secretos por razón de oficio o relaciones laborales

Se castiga en el art. 199.1 CP al “que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales”.

Pena: Prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. El tipo es muy abierto y una vez más supone inseguridad jurídica. Por la gravedad de las penas se puede llegar en algún caso a violar el principio de culpabilidad.

Sujeto activo y pasivo de este delito pueden ser tanto los trabajadores, como empleados, directivos, etc., es decir, todos los que por razón de su oficio o relaciones laborales revelen los secretos ajenos que conocen por la función que desarrollan. No es necesario que exista una ruptura laboral previa.

Secreto profesional

Se castiga en el art. 199.2 CP “al profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona”. Pena: Prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años. La acción consiste en divulgar los secretos que se conozcan de una persona como consecuencia de su relación profesional con la misma. A este secreto están obligados los abogados y procuradores, los médicos respecto a sus pacientes, psicólogos, así como cualquier otro profesional.

Descubrimiento y revelación de secretos de personas jurídicas

Dispone el art. 200 CP que: “Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al que descubriere, revelare o cediere datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus representantes, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este Código”.

Pena: La que corresponda, en cada caso, para los supuestos previstos en el Capítulo.

El consentimiento de sus representantes excluye la tipicidad. La referencia que se hace “salvo lo dispuesto en otros preceptos de este Código” es superflua, porque en todo caso habría que resolver los conflictos por el correspondiente concurso de leyes. Normalmente serán de aplicación los otros preceptos por ser ley especial, como sucede con los previstos en los arts. 278 y 279 CP, que son ley especial frente al art. 200 CP.

Perseguibilidad

Dispone el art. 201.1 CP que: “Para proceder por los delitos previstos en este capítulo será necesario denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal”. El delito se considerará público, y por tanto perseguible de oficio, en los supuestos del art. 198 CP, es decir, cuando el delito se cometa por autoridad o funcionario público, así como cuando “la comisión del delito afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas” (art. 201.1 CP).

Perdón

Dispone el art. 201.3 CP que: “El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal o la pena impuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130 CP”.

Necesariamente el perdón debe ser eficaz para dejar sin efecto tanto el procedimiento como la pena impuesta. Sin embargo, con demasiada frecuencia se prestará al chantaje, existiendo una compensación que estará relacionada con las posibilidades económicas del autor.

Allanamiento de morada

Se castiga en el art. 202.1 CP al “particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma, contra la voluntad de su morador”.

Pena: Prisión de seis meses a dos años. No es unánime el concepto de morada, en el Código no se define. En el art. 241 CP se hace referencia a casa habitada, concepto que no equivale a morada. Al tratarse de usurpación se hace mención a vivienda que no constituya morada. La doctrina no es pacífica en cuanto a concretar el bien jurídico protegido, que se mueve entre el derecho a la intimidad (incluida la intimidad de morada), la libertad y la dignidad de la persona. La jurisprudencia en algún caso dice que se “protege la paz del hogar”. Sujeto activo puede ser cualquier persona (que no habite en la misma).

Sujeto pasivo es quien ostenta el derecho a ocupar la morada, que puede ser el dueño de la misma o un tercero que la tiene arrendada, cedida a título gratuito, etc. En término generales se puede decir que morada es el espacio donde se habita, sea de modo permanente o circunstancial. A efectos penales morada será el lugar donde se habita de forma más o menos permanente, que puede ser una vivienda, el camarote de un barco, una caravana, incluso una tienda de campaña. La jurisprudencia por morada entiende “residencia habitual”, “vivienda”, lugar donde reside una persona o familia, cualquier espacio cerrado que sirve para realizar las actividades domésticas, permanente o accidental.

La acción consiste en una conducta activa: entrar en morada ajena, no habitando en ella; o pasiva, negándose a salir una vez que la entrada ha sido correcta, pero que invitado a abandonarla se niega. Ambas conductas se realizan contra la voluntad del morador. Sólo cabe la comisión dolosa, pues el sujeto ha de ser consciente de su entrada en morada ajena que se encuentra habitada, o se mantiene en la misma contra la voluntad de su morador. La acción ha de llevarse a cabo “contra la voluntad del morador”, por lo que el consentimiento de éste excluye la tipicidad.

Cabe la causa de justificación de cumplimiento de un deber, estado de necesidad (quien entra en un domicilio contra la voluntad de su dueño porque alguien le persigue para darle muerte) e incluso algún autor admite la legítima defensa. En cuanto al cumplimiento del deber pese a que la Constitución declara la inviolabilidad del domicilio, a renglón seguido establece las excepciones de la entrada por autorización judicial o en caso de flagrante delito.

En cuanto a las formas de ejecución el delito queda consumado en el momento en que se entra en la morada sin el consentimiento de su morador, o el sujeto se niega a abandonarla cuando es requerido para ello. Cabe la tentativa que tendría lugar cuando quien pretende entrar no lo consigue.

Supuestos agravados

En el art. 202.2 CP se eleva la pena cuando “el hecho se ejecutare con violencia o intimidación”.

Pena: Prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

En los supuestos en que el sujeto activo del delito entre en la morada utilizando violencia o intimidación, o se niega a abandonar la misma, cuando fuere requerido para ello, haciendo igualmente uso de la violencia o intimidación, se puede plantear un concurso de leyes con el delito de coacciones. En este caso es de aplicación preferente el art. 202 CP por ser ley especial.

Allanamiento de domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público

Se tipifican aquí comportamientos llevados a cabo en lugares ajenos a la morada, donde las personas pasan parte de su vida trabajando e igualmente son objeto de protección penal frente a quienes pretenden violar su libertad en el ejercicio de una profesión. Se castiga en el art. 203.1 CP al “que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura”.

Pena: Prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez meses.

La acción consiste en la entrada contra la voluntad de su titular fuera de las horas de apertura, en los lugares indicados.

El domicilio social de una persona jurídica privada no es cuestión pacífica. La Ley de Sociedades Anónimas establece que es el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en donde radique su principal establecimiento o explotación. Por despacho profesional hay que entender el lugar donde se ejerce una profesión (abogado, arquitecto, médico, etc.). Es el espacio privado de un profesional, sin perjuicio de recibir visitas o clientes, normalmente en horas programadas. Oficina es un término muy amplio, pudiendo considerarse como tal el lugar donde se trabaja o donde se elabora algo, despacho, secretaría, etc. Se presta a diversas interpretaciones. Por establecimiento mercantil hay que entender el lugar destinado a actividades relacionadas con el comercio. A veces se confunde con la empresa y otras con sucursal o local de la misma. Por local puede entenderse el lugar destinado al uso de la gente para ocio o recreo (bares, cines, etc.), aunque también a tiendas o establecimiento mercantil, con lo que estamos ante un término ambiguo por sus posibilidades de interpretación. La entrada ha de efectuarse fuera de las horas de apertura.

Supuesto agravado

Se castiga en el art. 203.2 CP al que “con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público”.

Pena: Prisión de seis meses a tres años.

La acción consiste en efectuar la entrada con violencia o intimidación, o requerido para que abandone el lugar se mantuviera en el mismo contra la voluntad de su titular, haciendo uso igualmente de violencia o intimidación. Esto ha de ocurrir en horas en que estén abiertos al público. Sólo es posible la comisión dolosa.

El sujeto ha de tener la intención de allanamiento del lugar en cuestión. El titular no es necesariamente el dueño del negocio, hay que entender como tal a la persona que tiene capacidad para autorizar o denegar la entrada a otro. El consentimiento excluye la tipicidad.

Allanamiento cometido por autoridad o funcionario público

Se castiga en el art. 204 CP a “la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley y sin mediar causa legal por delito, cometiere cualquiera de los hechos descritos en los dos artículos anteriores”.

Pena: La prevista en los arts. 202 y 203 CP en su mitad superior, e inhabilitación absoluta de seis a doce años.

La autoridad o funcionario ha de actuar con abuso de su cargo y sin que mediare causa legal por delito, es decir, que no pueda estar justificada su actuación como consecuencia de haberse cometido un delito.