Defraudaciones

Estafa: concepto y elementos

Concepto

Dispone el art. 248.1 CP: “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”.

El bien jurídico protegido es el patrimonio, que comprende bienes muebles, inmuebles y derechos de cualquier clase.

Sujeto activo es quien utiliza el engaño. Sujeto pasivo es quien realiza el acto de disposición, aunque el perjudicado puede ser un tercero.

Ciñéndonos al concepto que se ha dado de estafa, la acción consiste en conseguir una transmisión patrimonial, mediante engaño, en beneficio del sujeto activo del delito o de otro, y en perjuicio del sujeto pasivo o de tercero. Junto a las conductas activas es posible también la estafa mediante omisión.

Elementos

Conducta dolosa

La intención de engañar es el primer elemento que aparece en la estafa, no siendo posibles las conductas imprudentes, no sólo porque así se desprende de la propia naturaleza del delito (pues el ánimo de lucro, elementos subjetivo del injusto, cierra el paso a las formas imprudentes), sino porque tampoco están contempladas en el texto legal, por lo que no pueden ser perseguidas.

Engaño anterior o concurrente a la ejecución de los hechos

No cabe el dolo subsiguiente.

Engaño bastante para producir error en el sujeto pasivo

El engaño ha de tener la suficiente entidad como para llevar al sujeto pasivo a desconocer cuál es la realidad de la situación y sobre la base de ese desconocimiento realiza la transmisión patrimonial. No habrá engaño si el sujeto pasivo acepta la situación, captando que está siendo engañado; tampoco si las maniobras del sujeto activo son tan burdas o exageradas que pueden ser advertidas con facilidad por cualquier persona media.

Error esencial

Es el que provoca en el sujeto pasivo un conocimiento inexacto o deformado de la realidad debido a las manipulaciones engañosas del sujeto activo.

Acto de disposición patrimonial

Como consecuencia del engaño, bastante y el error a que lleva el mismo, deformando la realidad al sujeto pasivo, éste realiza un acto de disposición patrimonial que puede alcanzar a bienes muebles, inmuebles, derechos reales, etc.

Perjuicio

El perjuicio que se ocasiona como consecuencia de la transmisión patrimonial puede afectar tanto a quien realiza la misma como a un tercero, piénsese en quien por engaño cede algo que no es suyo debido a la autorización para disponer que le ha otorgado otro, el perjudicado será el dueño del bien transmitido aunque pueda proceder en vía civil contra el que actuó en su nombre. El acto de disposición se produce como consecuencia del engaño y error al que ha llevado las maquinaciones falaces.

Relación de causalidad

Entre el engaño y el desplazamiento patrimonial debe existir una conexión. Sólo se dará esta relación cuando el engaño produzca el resultado.

Ánimo de lucro

El sujeto activo con su comportamiento falaz y engañoso ha de tener ánimo de lucro, que viene configurado como elemento subjetivo del injusto. Consiste en cualquier tipo de ventaja, beneficio o utilidad. El beneficio puede ser para el autor del delito o para tercero.

La consumación de la estafa requiere un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. No obstante, hasta que el sujeto activo no pueda disponer del bien objeto del delito, éste no se ha consumado, pudiendo quedar en grado de tentativa.

Penalidad

Dispone el inciso primero del art. 249 CP que: “Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, si la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros”. Si lo defraudado no excediere de 400 euros, estaríamos ante una falta de estafa prevista en el art. 623.4 CP.

Individualización de la pena

Dispone el inciso segundo del art. 249 CP que: “Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudado, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción”.

Importe de la defraudado

Estamos ante una referencia abstracta, indeterminada, por lo que es la jurisprudencia la que ha de fijar las cuantías. Estas varían en función del coste de vida y valor adquisitivo de la moneda, en constante cambio, de ahí que la evolución jurisprudencial sea la de ir elevando ese límite. En la reforma del Código de 2010 en el art. 250.1.5º se establece que la cantidad ha de superar los 50.000 euros.

Quebranto económico causado al perjudicado

Con frecuencia el perjuicio ocasionado a la víctima es algo ajeno a la voluntad del autor; que normalmente desconoce la situación patrimonial del sujeto pasivo y el quebranto económico que le puede ocasionar.

Relaciones con el defraudador

Igual que en el supuesto anterior nos encontramos con una probable situación de non bis ídem con respecto del número 6º del art. 250 CP, donde se agrava la pena sobre la base “de las relaciones personales existentes entre la víctima y el defraudador”.

Medios empleados por el defraudador

La referencia no puede ofrecer mayor inseguridad por su amplitud, pues las formas de engaño son inimaginables.

Supuestos agravados

En el art. 250.1 y 2 CP se contemplan supuestos de agravación, cuando concurran una o más circunstancias de las previstas en el apartado 1.

Dispone el art. 250.1 CP que “el delito de estafa será castigado con las penas de prisión de un año a seis años y multa de seis a doce meses”, cuando:

  • “Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social”. Las cosas pueden convertirse de primera necesidad en situaciones especiales, como pueden ser los alimentos fundamentales como el pan, legumbres, etc.

  • “Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase”.

  • “Ocultando o inutilizando, en todo o parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase”. Normalmente la estafa se produce al impedir que se conozcan pruebas, perjudicando al sujeto pasivo.

  • “Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico”.

  • “Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia”. Con respecto a la situación económica en que se deje a la víctima o su familia podrá extenderse a aquellos supuestos en los que no pueda resolver sus necesidades más perentorias, aunque sería suficiente con que su patrimonio quedara en situación difícil.

  • “Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros”.

  • “Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional”.

  • “Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero”. Esta es la estafa procesal propia, en la impropia se trata de inducir a error a la otra parte o partes que intervienen en el procedimiento. El fraude procesal puede afectar a toda clase de procedimientos: penales, civiles, laborales, contencioso- administrativos, etc.

Supuestos de agravación especial

Dispone el art. 250.2 CP que “si concurrieran las circunstancias 4º, 5º o 6º con la 1ª del mismo número anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses".

Pena: Prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. Salvo estos casos de agravación, si concurren dos o más del resto de las circunstancias no se elevará la pena, aunque el Tribunal lo tendrá en cuenta en el momento de individualizar la misma, pudiendo imponer la establecida en el art. 250.1 CP en su mitad superior.

Concurso

Un problema que se plantea es el concurso entre falsedad y estafa, pues resulta frecuente que la falsedad documental sea el medio engañoso para perfeccionar el delito. En estos casos se dan dos conductas diferentes, de una parte la falsedad, que ataca a la fe pública, y de otra la estafa, que afecta al patrimonio. No obstante, hay que tener en cuenta lo que se dirá sobre la falsedad ideológica (arts. 390.4º y 392 CP). Si la estafa se lleva a cabo mediante falsedad cometida en documento privado, en principio la falsedad queda absorbida por la estafa. Si la falsedad se utilizare como medio para cometer la estafa estamos ante un concurso ideal de delitos, aplicándose el art. 77 CP. En este sentido se pronuncia tanto la doctrina como la jurisprudencia. El delito medio puede cometerse con alguna de las falsedades previstas en el art. 392 CP en documento público, oficial o mercantil. Cabe concurso real entre falsedad y estafa, cuando la falsedad no sea delito medio para cometer la estafa.

Estafas mediante manipulaciones informáticas y otros medios

Dispone el art. 248.2 CP que “también se consideran reos: a) Los que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro”.

Estamos ante un tipo de estafa peculiar. No hay engaño, error, ni relación causal con el acto de disposición. De otra parte, la víctima no cede nada al autor, siendo éste el que toma directamente la cosa. En suma, no se da casi ninguno de los elementos típicos de estafa. Por tanto, debió dedicarse una sección especial que pudo figurar bajo la rúbrica, “defraudaciones mediante manipulaciones informáticas”. Las penas previstas en el art. 249 o 250 CP son aplicables a los supuestos de estafa cometidos mediante manipulación informática u otro artificio semejante.

Material informático destinado a la comisión de estafa

También se consideran reos de estafa de acuerdo con lo establecido en el art. 248.2, b) CP a “los que fabricaren, introdujeren, poseyere o facilitaren programas informáticos destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo”. Creemos que solo es posible el dolo directo, pues la frase “específicamente destinados” elimina el dolo eventual.

Estafa mediante tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje

Se castiga a “los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero” (art. 248.2, c CP).

Estafas especiales

En el art. 251 se recogen los siguientes supuestos de estafa:

Enajenación, gravamen o arriendo de bienes pertenecientes a terceros

Se castiga en el art. 251.1º CP a “quién atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitada, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero”.

Pena: Prisión de uno a cuatro años. Los requisitos para que se perfeccione el delito son:

  1. Que el sujeto carezca de facultad de disposición,

  2. que pese a ello enajenare, gravare o arrendare bienes muebles o inmuebles, y

  3. ocasione un perjuicio para el sujeto pasivo del delito o tercero.

Disposición de cosa gravada o enajenada

Se castiga en el artículo 251.2º CP al “que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, aviniéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero”.

Pena: Prisión de uno a cuatro años.

Se contemplan tres supuestos:

Disposición de mueble o inmueble ocultando cualquier carga sobre los mismos

La estafa que se produce como consecuencia de vender una cosa gravada que tiene menos valor que el pactado, debido a la carga que tiene. El engaño ha de ser suficiente para inducir a error.

Enajenación de la cosa como libre y gravarla antes de la definitiva transmisión

En el momento de la venta el bien mueble o inmueble se encuentra libre de cargas, pero el vendedor establece alguna en el espacio de tiempo comprendido desde el momento de la venta y la transmisión definitiva. Doble venta: Se castiga a quien habiendo enajenado una cosa mueble o inmueble, “la enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste o de un tercero”.

Otorgar en perjuicio de otro un contrato simulado

Se castiga en el art. 251.3 CP al “que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado”.

Pena: Prisión de uno a cuatro años.

Estamos ante un supuesto que no encaja dentro del concepto que se dio de estafa, pues aquí el engaño no lleva al perjuicio a través de un acto de disposición, sino de un contrato simulado. “Contrato simulado” equivale a falta de contrato, en cuánto que no se refleje un negocio jurídico real.

La consumación del delito tiene lugar con la producción del perjuicio que no supone necesariamente un beneficio para el autor o tercero; sería tentativa el simple otorgamiento del contrato sin que se consiga ocasionar perjuicio alguno. El delito se comete con la simulación del contrato plasmado en cualquier tipo de documento. No importa la cuantía del perjuicio, que sí tendrá repercusión a efectos de responsabilidad civil.

Responsabilidad de las personas jurídicas

Dispone el art. 251 bis CP: “Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en esta Sección, se le impondrán las siguientes penas:

  • Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

  • Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33”.

Apropiación indebida: concepto y elementos

Concepto

Dispone el art. 252 CP: “Serán castigados los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de 400 euros”.

Pena: La establecida en los arts. 249 y 250 CP; prisión de seis meses a tres años para el art. 249 CP, y prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, o bien prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses para el art. 250 CP, en su caso. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o miserable. Hay que tener en cuenta lo que dispone el art. 438 CP.

El bien jurídico protegido es el patrimonio del perjudicado por el delito.

La acción consiste en apropiarse o distraer en perjuicio de otro dinero, efectos, etc., que se hubieran recibido por cualquier título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negar haberlos recibido, siempre que el valor exceda de 400 euros.

Elementos que la integran

Los elementos que integran la apropiación indebida son:

  1. Haber recibido dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial.

  2. El dinero, efectos, tienen que haberse recibido en depósito, comisión o administración o por otro título, que produzca obligación de entregarlos o devolverlos. En el art. 252 CP se contempla un sistema de “numerus apertus” en cuanto se recoge con demasiada extensión una serie de actos o negocios jurídicos de los que se deriva la obligación de devolver algo a su legítimo destinatario.

  3. Administración: La realidad de los administradores resulta extraordinariamente compleja a los efectos del art. 252 CP. La jurisprudencia admite que en supuestos de “administración irregular”, la conducta puede quedar fuera del Código Penal. El tema de los administradores en las sociedades con frecuencia presenta dificultades, no existiendo tampoco un concepto claro de administrador.

  4. Negativa de haberla recibido: Lo normal es que antes de iniciar un procedimiento de querella o denuncia, se requiera a la persona obligada a entregar o devolver lo recibido. Si el sujeto opta por negar haberla recibido cabe la presunción de que la ha incorporado de forma consciente a su patrimonio y que no tiene intención de restituirla.

  5. El apropiarse o distraer ha de ser con ánimo de lucro y perjuicio de tercero: Se trata de un elemento subjetivo del injusto. También se incluye en el ánimo de lucro la conciencia y voluntad de disponer de la cosa como propia (“animus rem sibi habendi”).

Es posible en estos delitos que el beneficiado sea un tercero. Incluso es posible la apropiación indebida mediante donación, aunque en algún caso la jurisprudencia se pronuncia en contra.

Cabe la causa de justificación del ejercicio legítimo de un derecho, pudiendo retenerse la cosa hasta que el dueño cumpla lo que la ley exige, como sucede en determinados supuestos de mandato, depósito, ejecución de obra en cosa mueble, en determinación del usufructo y retención de buena fe.

La consumación se produce en el momento en que el sujeto activo del delito incorpora de forma ilícita a su patrimonio lo que había recibido y tenia obligación de entregar o devolver, o requerido para ello negare haberlo recibido. La devolución posterior de la cosa o activo patrimonial objeto de delito, una vez consumado, sólo tendrá efectos en materia de responsabilidad civil, aunque también puede disminuir la pena por la atenuante 5ª del art. 21 CP, pudiendo concurrir también la 4ª

El reconocimiento de deuda, con respecto a lo que había obligación de entregar o devolver, no excluye el dolo.

Apropiación de cosa perdida o de dueño desconocido

Se castiga en el art. 253 CP a “los que, con ánimo de lucro, se apropiaren de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que en ambos casos el valor de lo apropiado exceda de 400 euros”.

Pena: Multa de tres a seis meses.

No comete delito quien toma las cosas abandonadas.

El bien jurídico protegido es el patrimonio del sujeto pasivo del delito.

El objeto del delito ha de ser una cosa mueble.

Consiste la acción en apropiarse de una cosa que se encuentra perdida y no se hace entrega a su duelo o autoridad correspondiente de la forma establecida por la Ley. Es necesario el ánimo de lucro que va unido a la intención de apropiarse de la cosa. La consumación del delito se produce en el momento que el sujeto decide incorporar el mueble encontrado a su patrimonio. Es posible la tentativa.

Supuesto agravado

Se castiga en el art. 253 CP al que con ánimo de lucro se apropiare de cosa perdida o de dueño desconocido “si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico”.

Pena: Prisión de seis meses a dos años.

Apropiación de cosa recibida por error

Se castiga en el art. 254 CP al “que, habiendo recibido indebidamente por error del transmitente, dinero o alguna otra cosa mueble, niegue haberla recibido o, comprobado el error, no proceda a su devolución, siempre que la cuantía de lo recibido exceda de 400 euros”.

Pena: Multa de tres a seis meses.

Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas

Se castiga en el art. 255 CP al “que cometiere defraudación por valor superior a 400 euros, utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos“ utilizando los medios que se verán más adelante.

Pena: Multa de tres a 12 meses.

El Código hace una relación de distintos casos de defraudación, energía eléctrica, gas, etc., por lo que el tipo es abierto a otros casos. Hay supuestos en los que no cabe un apoderamiento físico por no ser cosas corporales. En cuanto al agua y el gas hay que entender que se refiere al consumo, pues tanto uno como otro pueden ser objeto de robo o hurto si se encuentran recogidos en recipientes.

El bien jurídico protegido es el patrimonio de la persona o sociedad defraudada.

Sujeto activo y pasivo pueden ser tanto los usuarios como los suministradores. No obstante, con respecto de éstos últimos puede plantearse concurso de leyes con el art. 283 CP, siendo este artículo de preferente aplicación por el principio de especialidad.

La acción consiste en defraudar a través de los elementos indicados y utilizando cualquiera de los medios siguientes:

  1. Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

  2. Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.

  3. Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.

No se cometerá delito si los aparatos contadores están estropeados y no marcan, o bien lo hacen de forma favorable para el usuario. Solo es posible la conducta dolosa, no siendo suficiente el dolo eventual.

La consumación se produce con el aprovechamiento ilícito. Es posible la tentativa, que puede darse con la instalación de aparatos que no llegan a iniciar su funcionamiento, o iniciado resultan ineficaces para las pretensiones del sujeto. Es necesario que el sujeto busque un ánimo de lucro para él o para tercero, lo que en principio se presume.

Utilización de terminales de telecomunicación

Se castiga en el art. 256 CP al “que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, ocasionando a éste un perjuicio superior a 400 euros”.

Pena: Multa de tres a doce meses.