Otros espacios de interés internacional

Los espacios polares

Ideas generales

La situación especial de estos territorios, en los que por las condiciones climatológicas no es posible una ocupación física y efectiva, y las reivindicaciones de los mismos en razón a la proximidad de determinados Estados, hacen que esta cuestión siga planteando problemas delicados y complejos desde el punto de vista geográfico, político y jurídico.

Los territorios polares son los espacios comprendidos entre los dos polos y los 66º y 33´de latitud norte y los 60º de latitud sur, respectivamente. El primero se conoce por Región Ártica y el segundo como región o Continente Antártico.

El problema jurídico principal es si son aplicables a estas regiones los medios examinados relativos a la adquisición de la soberanía territorial, y especialmente la ocupación efectiva. Ante esta situación vamos a examinar cuáles han sido las teorías mantenidas para justificar la adquisición de territorios polares, así como el desarrollo que en las últimas décadas ha tenido el régimen jurídico de estos espacios.

Es muy importante diferenciar el siguiente aspecto entre las dos zonas: el Ártico es preferentemente una región marítima helada; la Antártida es una tierra cubierta por una gruesa capa de hielo.

El Ártico

Para la Región Ártica se ha empleado el denominado “principio de los sectores”, que fue formulado por primera vez por el senador canadiense Pascal Poirier en el Parlamento de Ottawa en 1907. Rusia hizo suya la tesis diez años más tarde y el Estado soviético por Ley de 1926 reafirmó que “son declarados territorio de la URSS todas las tierras e islas, actualmente descubiertas o que puedan serlo posteriormente, que están situadas en el Océano Glacial Ártico al Norte del litoral de la Unión hasta el Polo Norte”, fijando seguidamente en este artículo una delimitación precisa de ese espacio.

La “teoría de los sectores” consiste en atribuir a cada Estado con litoral en el Océano Glacial Ártico la soberanía sobre todas las tierras comprendidas en un triángulo cuya base está formada por las costas de los Estados, el vértice es el Polo Norte y los lados los meridianos que pasan por los dos extremos del litoral de cada Estado. Mediante esta teoría, se proyecta la soberanía de los ribereños sobre todas las tierras e islas situadas dentro de su sector, pero en ningún caso sobre las aguas y hielos del mismo. En la actualidad el desarrollo técnico y el interés de los ribereños ha posibilitado que todos los territorios de esta región estén sometidos a la soberanía de los distintos Estados árticos, no existiendo conflictos al respecto.

En cuanto a los espacios marinos y las formaciones de hielo del Ártico más allá del mar territorial, zona contigua, plataforma continental y zona económica exclusiva de los ribereños, quedan sujetos al régimen propio de los espacios comunes o de interés internacional, formando parte concretamente del alta mar y de la Zona internacional de los fondos marinos y oceánicos de acuerdo con la Convención de 1982 sobre el Derecho del Mar y la práctica de los Estados al respecto.

La Antártida

Para la Antártida se han buscado por diversos países varios presuntos títulos tales como el “descubrimiento” y el de la “ocupación simbólica”. Junto a ellas se ha aducido en diversas teorías:

  • Teoría del control. Se basa en ejercitar el poder administrativo sobre zonas desérticas desde una posesión alejada de dichas zonas.

  • Teoría de los sectores. Se pretende el reparto entre los Estados que se encuentren en la vecindad de las tierras polares en condiciones geográficas determinadas. El sector corresponde a un triángulo esférico, cuyo vértice es el Polo y los lados son los meridianos y paralelos geográficos que toquen idealmente extremos de la costa de territorios o dependencias de los Estados que reclaman territorios polares.

  • Teoría de los cuadrantes. Fue formulada por el chileno Pinochet de la Barra, y consiste en una combinación de la noción geográfica del cuadrante con la noción del sector. Según esta tesis, en cada cuadrante tendrían derechos preferenciales los países más próximos y la extensión de cada sector correspondiente a los distintos países se determinaría según el valor de los títulos antárticos de cada uno de ellos.

La situación de las reivindicaciones sobre la Antártida era confusa, al haberse producido una controversia entre aquellos Estados que reclaman soberanía sobre ciertas partes del continente antártico (Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido) y aquellos otros que no reconocen tales reivindicaciones.

El Tratado Antártico de 1959 surge de la necesidad de alcanzar un compromiso sobre las diferencias territoriales planteadas, así como de procurar una adecuada protección del frágil medio ambiente antártico. A partir del mismo, se ha desarrollado una amplio conjunto de reglamentaciones y tratados que forman el denominado “Sistema del Tratado Antártico”.

Entre los compromisos y objetivos fundamentales que se recogen en el Tratado destacan los siguientes:

  • El compromiso de que la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, prohibiéndose toda medida de carácter militar (establecimiento de bases, realización de maniobras militares y ensayos de toda clase de armas).
  • Se prohíben las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos.

  • La posibilidad de enviar personal o equipos militares, pero sólo para realizar investigaciones u otros fines pacíficos.

  • Promover la cooperación internacional en la Antártida a base de intercambios de información, personal científico, observaciones y resultados.

  • Las Partes en el Tratado tendrán derecho a designar observadores, que podrán llevar a cabo las inspecciones previstas en el propio Acuerdo, para lo que tendrán libertad de acceso a todas las regiones.

  • Se podrán llevar a cabo observaciones aéreas en cualquier momento.

  • Las Partes estarán obligadas a informarse sobre las expediciones que se organicen o partan de su territorio, así como de las estaciones ocupadas por sus nacionales del personal o equipos militares que se proyecta introducir en la Antártida.

  • Se prevén reuniones periódicas de representantes de las Partes para consultas y recomendaciones de medidas diversas.

  • Se prevé que las controversias se arreglarán por medios pacíficos, a elección de las Partes y, sino se arreglaran por dichos medios, se diferirá el asunto al TIJ.

  • Ningún acto o actividad realizada en virtud del Tratado constituirá fundamento para las reclamaciones territoriales ni para crear derechos de soberanía en la región.

El Tratado sobre la Antártida ha supuesto la creación de unas bases firmes para la cooperación entre los Estados interesados y, aunque no se renuncia en el mismo a las reivindicaciones territoriales previas, las congela, al mismo tiempo que prohíbe nuevas reivindicaciones durante su vigencia. La diferencia establecida en el sistema antártico entre los Estados que son Partes y los demás Estados ha llevado a que un gran número de Estados en desarrollo pretenda una mayor internacionalización del régimen, reivindicando la consideración de la Antártida como Patrimonio Común de la Humanidad.

El espacio ultraterrestre

Ideas generales

Hasta la segunda mitad del siglo XX el llamado espacio ultraterrestre no sería objeto de reglamentación jurídica. Sólo a partir del momento en que fue posible poner en orbita el primer sputnik (lanzado por la URSS en 1957) es cuando se comenzaría a constatar la necesidad de reglamentar el ejercicio de las actividades de exploración, utilización y aprovechamiento de dicho espacio.

Desde el lanzamiento del primer satélite artificial, los extraordinarios avances que ha experimentado la ciencia y la tecnología espaciales han permitido, entre otras muchas cosas, el desarrollo de vuelos espaciales tripulados, la presencia de hombres y vehículos en la Luna y la colocación de estaciones espaciales. Todo esto ha posibilitado no sólo la realización de transcendentales actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre, sino también el haber alcanzado importantes aplicaciones prácticas con consecuencias muy directas para individuos y Estados, en campos tan relevantes como las telecomunicaciones, la radiodifusión, la meteorología, la teleobservación, la navegación y la geodesia.

Instrumentos internacionales que componen el derecho del espacio ultraterrestre

Ante el espectacular desarrollo de las actividades estatales en el espacio ultraterrestre, se iniciaría una intensa y progresiva reglamentación jurídico-internacional. En los años cincuenta se comienzan a elaborar construcciones jurídicas bajo denominaciones diversas de la mano de diferentes autores e institutos científicos, entre los que se encuentra el Institut de Droit International.

Desde finales de los años 50 hasta finales de los años 70 se elaboró un importante paquete de instrumentos internacionales. Entre la abundante normativa creada, destacamos la siguiente:

  • Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes - Londres, Moscú, Washington, 27 de enero de 1967.

  • Convenio sobre responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales - Londres, Moscú, Washington, 29 de marzo de 1972.

  • Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes - Nueva York, 5 de diciembre de 1979.

La anterior regulación debería haber ido ampliándose y concretándose a medida que los avances de la ciencia y la tecnología espaciales siguen permitiendo alcanzar resultados que poco a poco han ido convirtiendo la ciencia ficción en realidad. En este sentido, Gutierrez Espada ha señalado que frente a la rapidez y “volumen” del éxito alcanzado en sus primeras etapas por el Derecho del espacio, se va a producir, a partir fundamentalmente de 1979, una ralentización del proceso de producción normativa y, por tanto, una situación de crisis de esta “rama” del Derecho Internacional Público, tal como lo demuestra el hecho de que a partir de esa fecha no se haya alumbrado en esta materia sino Declaraciones de Principios contenidas en Resoluciones puramente recomendatorias de la AGNU.

Concepto y delimitación del espacio ultraterrestre. La órbita geoestacionaria

Concepto y delimitación del espacio ultraterrestre. Ni el Tratado de 1967 ni los demás instrumentos internacionales que conforman el Derecho del espacio ultraterrestre aportan una definición de este espacio, ni tampoco facilitan una determinación de sus límites con relación al espacio aéreo. Esta cuestión tampoco la resuelve la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, en tanto no contiene una definición y delimitación precisas de espacio aéreo.

Con respecto a la delimitación, a nivel doctrinal y en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión sobre el espacio ultraterrestre de las Naciones Unidas, se han defendido muchas teorías para solucionar esta cuestión. Estas teorías podemos sintetizarlas en tres grupos:

  1. Las que se basan en criterios científicos. Sitúan el límite en el lugar en el que acaba la atmósfera o bien en el límite del campo gravitatorio terrestre.

  2. Las que se basan en criterios funcionales. Atienden a la altura en la que es posible el vuelo en la atmósfera de una aeronave o bien al punto más bajo en el cual haya sido colocado en órbita alrededor de la Tierra un satélite artificial.

  3. Las que se basan en criterios zonales. Consideran que el espacio aéreo posee un límite máximo de 90, 100 ó 110 kilómetros de altura.

En cualquier caso, sigue pendiente de solución la cuestión de determinar las fronteras entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Creemos que sería conveniente proceder a dicha delimitación por el hecho de tratarse de dos espacios dominados por un régimen jurídico muy distinto: soberanía estatal en el espacio aéreo; no apropiación y libertad en el espacio ultraterrestre.

La órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria es la órbita de los satélites sincrónicos geoestacionarios. La órbita geoestacionaria se sitúa a 35.871 kilómetros sobre la línea ecuatorial de la Tierra y en ella el período de rotación de un satélite artificial es sincrónico y, por tanto, es igual respecto al período de rotación de la Tierra alrededor de su eje (satélite sincrónico), lo que permite a un satélite colocado en esta órbita (por fuerzas artificiales, pero que se mantiene en ella por las propias fuerzas naturales y los atributos físicos de la misma) aparecer estacionario en el cielo cuando es visto desde la Tierra (satélite geoestacionario).

Esta órbita constituye un recurso natural excepcional, y de gran interés para diversas técnicas espaciales como las comunicaciones, la radiodifusión, la retransmisión de datos desde satélites, la meteorología, etc. Aunque no es un recurso agotable, la órbita geoestacionaria tampoco es un recurso natural ilimitado. Es por ello por lo que, con independencia de ciertas reivindicaciones de soberanía planteadas en su momento por los Estados ecuatoriales (Brasil, Colombia, Congo, Ecuador…) sobre los segmentos de la órbita geoestacionaria situada encima de sus respectivos territorios nacionales, se persigue en la actualidad articular un régimen equitativo para la utilización de la órbita geoestacionaria, en la medida en que, tratándose de un recurso natural limitado, está fuertemente saturada por la colocación de satélites de países desarrollados.

Principios contenidos en el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967

Los grandes principios que rigen el Derecho del espacio ultraterrestre vienen definidos en el Tratado General del Espacio de 1967.

En el art. I, párrafo primero, del Tratado de 1967 se dispone que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre deberá hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico e incumbe a toda la humanidad. Se trata de una proclamación en la que se percibe el mismo valor y significado que encierra el actual concepto de Patrimonio Común de la Humanidad aplicado a otros espacios y que resulta de extraordinaria interés en la medida en que esta referencia a la “humanidad” como sujeto al que incumbe la exploración y utilización de dicho espacio va a condicionar directamente el contenido de todos los demás principios que rigen el Derecho del espacio ultraterrestre.

Los grandes principios recogidos en el Tratado de 1967 son los siguientes:

  • Libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre a todos los Estados, sin discriminación.

  • Igualdad en la exploración y utilización. Esta igualdad deberá hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere el grado de desarrollo económico y científico.

  • No apropiación. El espacio ultraterreste, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera.

  • Utilización para fines pacíficos. Se prohíbe expresamente la colocación en órbita de armas nucleares ni de otro tipo de destrucción masiva, emplazarlas o colocarlas en el espacio ultraterrestre y establecer bases, instalaciones y fortificaciones militares o efectuar ensayos con fines militares.

  • Principio de imputabilidad de responsabilidad a los Estados por las actividades que realicen en el espacio ultraterrestre sus organismos gubernamentales o no gubernamentales. En el caso de actividades realizadas por una Organización internacional, serán imputables a ésta y a los Estados partes en la misma.

  • Principio de cooperación y asistencia mutua en las referidas actividades.

  • Principio de subordinación al DI. Los Estados partes deberán realizar sus actividades de exploración y utilización de conformidad con el Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.

La Luna y los cuerpos celestes

El Tratado de 1967 contiene amplias referencias a la Luna y otros cuerpos celestes, siéndoles aplicables los principios que rigen en general en el espacio ultraterrestre. Ahora bien, la llegada del hombre a la Luna en 1969 suscitó la necesidad de proceder a una regulación más detallada de las posibles actividades de exploración y explotación de los recursos de la Luna y otros cuerpos celestes, adoptándose así, en 1979, el Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes.

El Acuerdo de 1979 resulta de aplicación a la Luna y otros cuerpos celestes del sistema solar distintos de la Tierra, excepto en los casos en que, con respecto a alguno de esos cuerpos celestes, entren en vigor normas jurídicas específicas. En dicho acuerdo se persiguen cuatro objetivos fundamentales:

  1. Evitar que la Luna se convierta en zona de conflictos internacionales.

  2. Favorecer la igualdad entre los Estados en la exploración y utilización de la Luna y otros cuerpos celestes.

  3. Regular los beneficios que se puedan derivar de la exploración y explotación de sus recursos naturales.

  4. Promover el máximo grado de cooperación internacional.

Evitar que la Luna se convierta en zona de conflictos internacionales. En el Acuerdo de 1979 se dispone que todos los Estados partes utilizarán la Luna exclusivamente con fines pacíficos, prohibiéndose no sólo recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en la Luna, sino también poner en órbita alrededor de ésta objetos portadores de armas nucleares o de cualquier otro tipo de armas de destrucción en masa, ni colocar o emplear estas armas sobre o en la Luna, así como establecer bases, instalaciones y fortificaciones militares.

Favorecer la igualdad entre los Estados en la exploración y utilización de la Luna y otros cuerpos celestes. En la misma línea también que el principio de libertad e igualdad proclamado en el Tratado de 1967, en el Acuerdo de 1979 se dispone que los Estados partes tienen derecho a explorar y utilizar la Luna sin discriminación de ninguna clase, y sobre una base de igualdad, a cuyo efecto se declara que la Luna y sus recursos naturales son Patrimonio Común de la Humanidad, no pudiendo ser objeto de apropiación nacional mediante reclamaciones de soberanía, por medio del uso o la ocupación, ni por ningún otro medio, apuntándose también que ni la superficie ni la subsuperficie de la Luna, ni ninguna de sus partes o recursos naturales podrán ser propiedad de ningún Estado, organización internacional intergubernamental o no gubernamental, organización nacional o entidad no gubernamental, ni de ninguna persona física.

Regular los beneficios que se puedan derivar de la exploración y explotación de sus recursos naturales. La exploración y utilización de la Luna incumbirán a toda la Humanidad y se efectuarán en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, teniéndose debidamente en cuenta los intereses de las generaciones actuales y venideras, así como la necesidad de promover niveles de vida más altos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Concretamente, al realizar actividades de investigación científica, los Estados tendrán derecho a recoger y extraer de la Luna muestras de sus minerales y otras sustancias, permaneciendo a su disposición y pudiendo utilizarlas con fines científicos. No obstante, deberán tener en cuenta la conveniencia de poner parte de esas muestras a disposición de otros Estados partes interesados y de la comunidad científica internacional para la investigación científica.

En lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales de la Luna, los Estados partes de comprometen a establecer, cuando esa explotación esté a punto de llegar a ser posible, un régimen internacional.

Promover el máximo grado de cooperación internacional. Todas las actividades relativas a la exploración y utilización de la Luna se guiarán por el principio de la cooperación y la asistencia mutua, debiendo ser lo más amplia posible y llevarse a cabo sobre una base multilateral o bilateral o por conducto de organizaciones internacionales gubernamentales. Concretamente, los Estados proporcionarán respecto de cada misión información sobre los objetivos y la duración de la misma, así como sobre los resultados alcanzados y sobre cualquier fenómeno descubierto que pueda poner en peligro la vida o la salud humanas y cualquier indicio de vida orgánica.

Las personas y los objetos en el espacio ultraterrestre

Jurisdicción y control

De acuerdo con el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967, los Estados parte en cuyo registro figura un objeto lanzado al espacio ultraterrestre, retendrán su jurisdicción y control, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras se encuentre en el espacio ultraterrestre o en un cuerpo celeste. De la misma manera, el derecho de propiedad de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre, incluso los objetos que hayan descendido o se construyan en un cuerpo celeste, y de sus partes componentes, no sufrirá ninguna alteración mientras estén en dicho espacio o cuerpos, ni en su retorno a la Tierra.

Un objeto espacial es todo objeto lanzado en órbita terrestre o más allá de la órbita terrestre, con todas sus partes componentes, incluidas aquellas que se separen o desprendan del mismo por razones programadas o eventualmente, así como los objetos que hayan descendido o se construyan en un cuerpo celeste, incluidos, entre otros, los vehículos espaciales, el equipo, el material y las estaciones.

En los últimos tiempos, los avances tecnológicos han permitido construir ciertos “objetos aeroespaciales” (“vehículo aeroespacial”), cuya singularidad radica en el hecho de que puede, como un avión, despegar con despegue horizontal y autónomo de la pista de un aeropuerto, evolucionar por el espacio aéreo y penetrar en el espacio extraatmosférico para introducirse en órbita terrestre y regresar al espacio aéreo, con el fin de aterrizar en el mismo u otro aeropuerto de la Tierra. Estas características, sin duda, suscitan la dificultad añadida de determinar si estos nuevos ingenios entran o no en la categoría genérica de “objeto espacial”, teniendo en cuenta sus especiales características de objeto aéreo y espacial y el hecho de que sus actividades se vean afectadas tanto por el Derecho del espacio aéreo como por el Derecho del espacio ultraterrestre.

Los términos utilizados por los instrumentos internacionales como “persona” o “personal”, tiende a admitirse que se refieren a todas las personas que viajen en un objeto espacial, incluidos tanto los miembros de la tripulación stricto sensu, como cualquier otro personal militar, técnico o científico que se encuentre en el mismo.

Salvamento y devolución de personas y objetos

Es un principio humanitario básico del Derecho de Gentes el salvamento de naves y de su tripulación en situaciones de emergencia y peligro, habiéndose constatado la necesidad de adoptar estas normas específicas a raíz de comenzar a producirse la caída y el descenso de objetos espaciales en territorios distintos del Estado responsable del lanzamiento.

En caso de que un Estado parte sepa o descubra que la tripulación de una nave espacial ha sufrido un accidente, se encuentra en situación de peligro o ha realizado un aterrizaje forzoso o involuntario en un territorio colocado bajo su jurisdicción, en alta mar o en cualquier otro lugar no colocado bajo la jurisdicción de ningún Estado, o que un objeto espacial ha vuelto a la Tierra y se encuentra colocado en alguno de esos espacios, queda sujeto a los siguientes deberes:

  • Notificarlo a la autoridad de lanzamiento (o hacerlo público en caso de no poder identificarse dicha autoridad) y al Secretario General de las Naciones Unidas.

  • Prestar la asistencia y ayuda necesarias para salvar la tripulación y adoptar, a petición de la autoridad de lanzamiento, todas las medidas que juzgue factibles para recuperar el objeto espacial.

  • Devolver con seguridad y sin demora la tripulación a los representantes de la autoridad de lanzamiento y restituir el objeto espacial a petición de los responsables del lanzamiento, pudiendo ser retenido poniéndolo a su disposición y exigir que se faciliten datos de identificación antes de su restitución.

Sin embargo, los Estados sólo quedan obligados a adoptar las medidas que sean posibles o cuando se hallen en condiciones de ponerlas en práctica. Por tanto, nos encontraríamos ante una obligación de comportamiento y no de resultado.

Las anteriores disposiciones resultan completadas por otras regulaciones (Tratado de 1967 y Acuerdo sobre la Luna de 1979).

Registro de objetos

Los Estados de lanzamiento son responsables de los daños causados por sus objetos espaciales, por lo que es preciso proceder a la identificación de los mismos.

El Convenio sobre registro de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1975 establece un sistema obligatorio de registro, disponiendo que los Estados que lancen o promuevan el lanzamiento de un objeto espacial en órbita terrestre o más allá (Estado de lanzamiento), registrarán el objeto espacial por medio de su inscripción en un registro apropiado que llevarán a tal efecto, notificando al Secretario General de las Naciones Unidas la creación de dicho Registro. Cuando haya dos o más Estados de lanzamiento con respecto a cualquier objeto espacial, dichos Estados determinarán conjuntamente cuál de ellos inscribirá el objeto (Estado de registro).

Además, todo Estado de registro proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas, en cuanto sea factible, información sobre cada objeto espacial inscrito en su registro: nombre del Estado o Estados de lanzamiento; una designación apropiada del objeto espacial o su número de registro; fecha y territorio o lugar del lanzamiento; parámetros orbitales básicos; función general del objeto espacial.

Junto a los anteriores registros nacionales, el Secretario General de las Naciones Unidas llevará un Registro en el que se inscribirá la información anteriormente descrita; es decir, se trata de un registro central de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre.

En España, por Real Decreto 278/1995 se crea el Registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre.

Cooperación internacional y aplicaciones de la tecnología espacial

La cooperación internacional se presenta como uno de los principios básicos que rigen el Derecho del espacio ultraterrestre.

El objetivo de cooperación trasciende, en primer lugar, en el ámbito de la exploración en el espacio, pudiendo destacar el interés que encierra la construcción de una Estación Espacial Internacional destinada, con carácter permanente, a funciones de carácter científico y comercial principalmente.

Se ha podido constatar rápidamente que la cooperación internacional, y más concretamente la cooperación internacional institucionalizada, se presenta como un instrumento absolutamente necesario para regular las múltiples aplicaciones que permite la tecnología espacial. Estas aplicaciones están presentes en muy variadas esferas de las que se derivan importantes y directas consecuencias para individuos y Estados. No sólo se han alcanzado ya importantes resultados en los campos de la biología, la medicina, la fabricación de materiales y de la energía espacial, sino que hay otros muchos ámbitos en los que tales aplicaciones resultan espectaculares: la telecomunicación, la radiodifusión, la teleobservación, la meteorología, la navegación, etc.

Con independencia de la labor realizada por distintas Organizaciones internacionales, se ha venido proponiendo la oportunidad de crear una Organización Mundial del Espacio (OME) capaz de regular el conjunto de actividades espaciales, incluidas las comunicaciones por satélite y el medio ambiente del espacio, propuestas presentadas en reiteradas ocasiones en el marco de las Naciones Unidas y por los círculos académicos y doctrinales.

Vamos a revisar algunas de las aplicaciones de la tecnología espacial que consideramos dignas de mención:

Telecomunicaciones por satélite. Representa una de las aplicaciones de la tecnología espacial que se utiliza más ampliamente y con más frecuencia. Los satélites de comunicaciones tienen capacidad para retransmitir comunicaciones telefónicas, telegráficas y de televisión y para atender tráficos nuevos como transmisión de datos, correo electrónico, etc., lo que ha supuesto una auténtica revolución en el campo de las telecomunicaciones.

Ahora bien, ante la proliferación de las comunicaciones espaciales, pronto se comprobó que éstas no podían desarrollarse de forma unilateral, sino que se exigía una amplia cooperación internacional con el fin de ordenar y reglamentar las bandas de frecuencia en que funcionan dichos satélites, así como fijar sus posiciones en la órbita geoestacionaria (órbita en la que se sitúa la mayor parte de los satélites de comunicaciones).

Televisión directa por satélite. Se nos presenta como otro importante resultado de la tecnología espacial. Se trata de la posibilidad de emitir por satélite señales radioeléctricas que pueden ser recibidas directamente por los particulares sin posibilidad de ser controladas por el Estado receptor, lo que permite la retransmisión, mediante estos satélites, de programas de televisión a receptores que no deberán estar equipados más que con una pequeña antena parabólica.

El fenómeno de la televisión directa por satélite puede entrañar consecuencias extraordinariamente beneficiosas para el desarrollo socio-económico de los pueblos, pero de la misma manera también los flujos transfronterizos de información, cultura y propaganda que generan los satélites de televisión directa puede conducir a una utilización abusiva que podría afectar y condicionar gravemente las estructuras sociales, económicas y políticas de un país.

De ahí que numerosos Estados hayan venido sintiendo la preocupación de poder controlar las emisiones que por estos procedimientos reciben sus ciudadanos, planteando así la cuestión de precisar si un Estado tiene derecho de emitir o dejar emitir con destino al territorio de otro Estado, sin el consentimiento de este último o si, por el contrario, existe una obligación en Derecho Internacional por la que se exija el consentimiento previo del Estado receptor.

Según la Resolución 37/92 de la AGNU “Todo Estado que se proponga establecer un servicio de transmisiones internacionales directas de televisión mediante satélites o autorizar su establecimiento, notificará sin demora su intención al Estado receptor e iniciará prontamente consultas con él si éste lo solicita”, de donde se deduce la exigencia del consentimiento previo del Estado receptor. En todo caso, a la vista del valor jurídico no obligatorio que en términos generales caracteriza a las resoluciones de la AGNU y, más concretamente, por el voto en contra emitido en este caso por buena parte de los países occidentales, puede concluirse que el principio de consentimiento previo no es una norma obligatoria de Derecho Internacional.

Teleobservación de la Tierra. La teleobservación terrestre desde el espacio y mediante satélites constituye, desde estos últimos años, una realidad práctica con profundas implicaciones jurídicas. Esta actividad de teledetección permite observar, con extraordinaria precisión en muchos casos, muy amplias zonas del planeta y, por tanto, los territorios de cualquier Estado e incluso por primera vez espacios que resultaban inaccesibles al hombre, lo que, entre otras cosas, tiende a posibilitar una más eficaz ordenación de los recursos de la Tierra y la vigilancia del medio ambiente.

Ahora bien, aun admitiendo las consecuencias positivas que se derivan de las actividades de teleobservación, en tanto contribuyen a aumentar el conocimiento sobre el planeta y sus recursos, éstas han suscitado ciertas dificultades jurídicas y de soberanía, que podríamos concretar en torno a las cuestiones siguientes:

  • Libertad de observación del territorio de cualquier Estado. Esta cuestión fue planteada por países del Tercer Mundo, al advertir que este principio de libertad de exploración choca con el principio de la soberanía estatal, exigiéndose por ello el previo consentimiento del Estado observado. No obstante, pese a esta controversia, la pretensión de estos Estados de limitar la libertad de observación pertenece hoy en día a la historia.

  • Condiciones en las cuales el Estado observado puede tener acceso a los datos relativos a su territorio. La Resolución 41/65 de la AGNU señala que el Estado observado tendrá acceso a los datos que se hayan obtenido sin discriminación y en condiciones de precios razonables, así como a las informaciones analizadas disponibles relativas a su territorio que estén en posesión de cualquier otro Estado que participe en las actividades de teledetección.

  • Autorización del Estado observado previa a la difusión de los datos a terceros países y responsabilidad internacional por la difusión realizada por los Estados observantes. Lo que realmente ha continuado preocupando durante estos últimos años a muchos países y, sobre todo, a los Estados en desarrollo, es no sólo articular un régimen de acceso a los datos obtenidos sobre sus respectivos territorios por los Estados observantes, sino también alcanzar un régimen de responsabilidad específica por las actividades de teleobservación.

La teledetección debe promover la protección del medio ambiente natural de la Tierra y la protección de la Humanidad contra las catástrofes naturales, debiendo los Estados que han participado en tales actividades comunicar cualquier información que pueda ser útil a los Estados interesados.

Uno de los ámbitos en el que el acceso a los datos que proporcionan estos satélites ha venido resultando más eficaz y operativo es el de la meteorología, habiendo desarrollado a este respecto un muy importante papel la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La amplia gama de aplicaciones de la tecnología espacial ha aportado importantes beneficios a muchos países, alcanzándose un importante grado de cooperación en el ámbito de las actividades espaciales. Ahora bien, la mayoría de los Estados en desarrollo aún no han conseguido aprovechar las posibilidades que brinda la tecnología espacial para su desarrollo económico y social. Se exige así un mayor esfuerzo y eficacia en los objetivos de cooperación internacional, por el que se asegure, sobre todo y, entre otras cosas, una plena capacidad de acceso de todos los Estados y, fundamentalmente de los países en desarrollo, a los datos e informaciones y, en general, a todos los beneficios obtenidos mediante satélites artificiales, así como una utilización óptima de la órbita geoestacionaria que permita un acceso equitativo de la misma.

Responsabilidad internacional por actividades realizadas en el espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes. Arreglo de controversias

Las actividades desarrolladas por los Estados y Organizaciones Internacionales en el espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, pueden ocasionar serios daños tanto en la Tierra como en el propio medio exterior. Aunque las actividades espaciales entrañan aspectos sumamente beneficiosos para los Estados y para la Comunidad internacional, éstas encierran también aspectos negativos, que, de ningún modo constituyen una enunciación de dichas actividades como peligrosas, sino que, al contrario, pueden concretarse en una serie de riesgos, potencial fuente de daños, perfectamente identificables: desde, por ejemplo, el lanzamiento fallido de un ingenio espacial que cae sobre zonas habitadas del planeta o de fragmentos del mismo que a veces alcanzan considerables proporciones, hasta la contaminación y alteración del equilibrio natural (contaminación química, radiológica, biológica).

Tenemos ejemplos de caídas de fragmentos en diversos territorios del planeta. De ahí la necesidad de elaborar normas y procedimientos internacionales eficaces sobre la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, capaces de asegurar el pago rápido de una indemnización plena y equitativa a las víctimas de tales daños.

En el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967 se dispone que los Estados partes serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realicen en el espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, concretamente de los daños causados por objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Estas reglas generales han encontrado un amplio desarrollo en el Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales de 1972. En este Convenio se dispone la responsabilidad internacional del Estado de lanzamiento, es decir, del Estado que lance o promueva el lanzamiento de un objeto espacial, o el Estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se produzca dicho lanzamiento, por los daños causados por dichos objetos, entendiéndose por “daño” la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales u otros perjuicios a la salud, así como la pérdida de bienes o los perjuicios causados a los bienes de los Estados o de las personas físicas o morales o de organizaciones internacionales intergubernamentales.

En el Convenio de 1972 se distinguen dos supuestos de responsabilidad:

  1. Responsabilidad absoluta por los daños causados por un objeto espacial en la superficie de la Tierra o a las aeronaves en vuelo, lo que genera una responsabilidad objetiva o por riesgo para el Estado que ha lanzado dicho objeto espacial y que ha causado daños.

  2. Responsabilidad por culpa cuando el daño se produzca fuera de la superficie de la Tierra y afecta a un objeto espacial de un Estado de lanzamiento o a las personas o a los bienes a bordo de dicho objeto espacial, siendo causado dicho daño por un objeto espacial de otro Estado de lanzamiento, en cuyo caso este último Estado sólo será responsable cuando los daños se hayan producido por su culpa o por culpa de las personas de que sea responsable.

Además, cuando de los daños sufridos por un objeto espacial de un Estado de lanzamiento, causados por un objeto espacial de otro Estado de lanzamiento, se deriven daños para un tercer Estado o para sus personas físicas o morales, a los dos primeros Estados corresponderá una responsabilidad solidaria ante ese tercer Estado, de acuerdo con los criterios de responsabilidad absoluta o por culpa anteriormente analizados. También, si dos o más Estados lanzan conjuntamente un objeto espacial, serán responsables solidariamente por los daños causados.

Igualmente, si una organización internacional intergubernamental, a la que resulte de aplicación el Convenio, es responsable de daños, se genera una responsabilidad solidaria para esa organización y sus miembros que sean Estados partes en este Convenio.

El Estado que haya sufrido daños, o cuyas personas físicas o morales los hayan padecido, podrá presentar, por vía diplomática, una reclamación de indemnización por tales daños al Estado de lanzamiento. La indemnización que estará obligado a pagar el Estado de lanzamiento se determinará conforme al Derecho internacional y a los principios de justicia y equidad, a fin de reparar los daños y de tal manera que se reponga a la persona, física o moral, al Estado o a la Organización internacional en cuyo nombre se presente la reclamación en la condición que habría existido de no haber ocurrido los daños.