Derecho del Mar (I)

El proceso de codificación del Derecho del Mar

Las conferencias de Ginebra de 1958 y 1960

En 1957 se convoca por la AGNU una Conferencia internacional para codificar el Derecho del Mar, utilizando como textos básicos los trabajos y el Proyecto preparado por la CDI. Esta Conferencia tuvo lugar en Ginebra en 1958 y en ella se prepararon cuatro Convenios abiertos a la firma, que no tuvieron solución de continuidad.

La AGNU convocó una segunda Conferencia para resolver definitivamente los problemas que habían quedado pendientes en la primera (especialmente, la extensión del mar territorial y los límites de las pesquerías), reunida también en Ginebra en 1960, pero no se logró ningún resultado positivo.

A pesar de la falta de culminación del proceso codificador en 1960, los cuatro Convenios de Ginebra de 1958 entraron en vigor en corto espacio de tiempo, conforme al siguiente calendario:

  1. Convenio sobre el Alta Mar: 30 sept. 1962

  2. Convenio sobre la Plataforma Continental: 10 junio 1964

  3. Convenio sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua: 10 sept. 1964

  4. Convenio sobre la Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de Alta Mar: 20 marzo 1966

España se adhirió a los anteriores cuatro Convenios, entrando en vigor para ella en 1971.

Los Convenios de 1958 llevaron a cabo tanto una codificación del derecho consuetudinario preexistente como un desarrollo progresivo del mismo.

Se destaca la inexistencia de acuerdo sobre la extensión del mar territorial, pero quedó claro el rechazo definitivo del límite de tres millas y la tendencia a la extensión de los derechos del ribereño, cuyo reflejo fue el significativo apoyo recibido por la propuesta de un límite de doce millas para el mar territorial.

Se vislumbra el nacimiento de un nacionalismo marítimo por parte de los Estados en desarrollo y recién descolonizados, que rechazan el régimen de primacía del principio de libertad de los mares.

La Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar y la Convención de 1982

Los Convenios de 1958 adolecían de dos defectos principales: sufrían lagunas jurídicas muy apreciables (entre otras, la falta de extensión del mar territorial, la ausencia de un límite estable para la plataforma continental y la inexistencia de un régimen jurídico para la explotación de los fondos marinos) y no regulaban sistemática y satisfactoriamente otras materias.

A los anteriores datos se unían las nuevas circunstancias políticas, técnicas y económicas que determinaban la estructura de la SI de los años setenta. La tensión entre las normas en vigor y las nuevas realidades y necesidades se va a resolver en una primera etapa (que abarca la década de los sesenta) por la ausencia de cooperación y por la anarquía jurídica. Todos estos problemas reconducían nuevamente a la necesidad de proceder a la codificación y desarrollo progresivo del DI. Se trataba de volver a la vía de la cooperación y el acuerdo mediante la apertura de un nuevo proceso codificador, el tercero auspiciado por las Naciones Unidas, convocando una Tercera Conferencia.

Las labores preparatorias de la Tercera Conferencia comenzaron en 1969. En 1973 se celebró en Nueva York el primer periodo de sesiones, dando por concluidos sus trabajos en 1982, siendo hasta ahora la Conferencia codificadora más larga auspiciada por una Organización Internacional y la Convención resultante la más voluminosa de cuantas se han concluido.

El 30 de abril de 1982 se aprobó por la Conferencia la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, que fue firmada el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay (Jamaica). España firmó la Convención en 1984, aunque entró en vigor en 1997.

La Convención establece que ésta prevalerá sobre los cuatro Convenios de Ginebra de 1958. No obstante, la Convención respeta partes importantes del Derecho codificado en 1958, como el régimen de las aguas interiores, mar territorial, zona contigua y alta mar. La Convención constituye el punto de referencia más importante acerca del régimen jurídico de los mares en nuestros días. Recogeremos en los próximos capítulos las previsiones de los cuatro Convenios de Ginebra y las de la Convención de 1982.

El control de la aplicación de la Convención se encomienda, entre otros órganos, a un nuevo órgano jurisdiccional permanente y especializado, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que se constituyó solemnemente en 1996 en la ciudad alemana de Hamburgo, su sede. Su competencia se extiende a todas las controversias y demandas que le sean sometidas, relativas a la interpretación o a la aplicación de la Convención.

El predominio general del elemento terrestre de la base física del Estado, así como otros factores, han llevado a establecer la jurisdicción del Estado ribereño sobre sus espacios marinos adyacentes a sus costas, partiendo siempre de las aguas costeras en estrecha relación y dependencia de la tierra firme. El estudio de los regímenes de esos espacios debe incluir el análisis de las aguas interiores e históricas, el mar territorial y la zona continua, la plataforma continental y zona económica exclusiva como conjunto de espacios e instituciones, en orden de mayor a menor proximidad de la tierra firme, sometidos a la soberanía y a la jurisdicción del ribereño.

Las aguas interiores

La soberanía del Estado ribereño sobre sus aguas interiores y territoriales comprende un conjunto o haz de competencias (legislativa, administrativa y jurisdiccional) cuyo contenido se traduce en el ejercicio de su poder de coerción en esas aguas. No obstante, debemos distinguir las aguas interiores de las territoriales, ya que no basta saber que la competencia territorial del Estado ribereño alcanza tanto a unas como a otras, sino que necesitamos conocer las diferencias entre uno y otro espacio conforme al DI.

Concepto, delimitación y régimen jurídico

Tanto el Convenio sobre Mar Territorial de 1958 como la Convención de 1982 definen las aguas interiores por exclusión: se entienden por tales las aguas marinas o no continentales que tienen su límite exterior en el mar territorial y el interior en tierra firme.

El Institut de Droit International decidió ocuparse exclusivamente del régimen jurídico aplicable en las aguas interiores y en el mar territorial y llegó a la conclusión que la diferencia esencial radicaba en que el ribereño, salvo uso o convenio en contrario, puede rehusar el acceso de los buques extranjeros a sus aguas interiores, excepto en caso de peligro, en tanto que en el mar territorial los buques extranjeros gozan de un derecho de paso inocente que comprende también parar o anclar, si la navegación, un peligro o fuerza mayor, así lo exigiera. Por su parte, la doctrina se muestra unánime en recoger la posibilidad o no del ejercicio del derecho de paso inocente como la distinción jurídica clave entre ambos espacios.

El rechazo de acceso de los buques extranjeros a sus aguas interiores tiene excepciones: el acceso a los puertos de buques extranjeros se beneficia del principio consuetudinario de la libertad de navegación y comercio, que prohíbe en tiempo de paz cualquier dificultad o impedimento a la navegación hacia o desde ellos.

La razón principal por la que los ribereños han controlado rigurosamente el acceso a sus aguas interiores es que estas aguas se encuentran en íntima relación con la tierra y permiten un fácil acceso a ella, con los riesgos consiguientes para su seguridad. En otros términos, el concepto de aguas interiores se concibe como una extensión del territorio, afectando a las aguas de puertos, bahías y estuarios, es decir, a aguas estrechamente ligadas y subordinadas al dominio terrestre.

Por tanto, el Estado ribereño ejerce casi sin limitaciones sus competencias sobre las aguas interiores, lo mismo que sobre su territorio terrestre. Puede reservarlas exclusivamente para la pesca a favor de sus nacionales y la navegación de buques de su bandera (navegación de cabotaje).

Dentro de la categoría de aguas interiores también pueden quedar comprendidos los siguientes:

  • Los puertos y las bahías cuyas costas pertenezcan a un solo Estado.

  • Los lagos y ríos no internacionales.

  • Los llamados mares interiores, siempre que sus orillas pertenezcan en su integridad a un solo Estado y la anchura del estrecho o paso de acceso al mismo no supere el doble de la anchura del mar territorial.

De todos estos fenómenos geográficos el que más problemas plantea en cuanto a su concepto y delimitación es la bahía.

Se entiende por bahía una penetración o hendidura del mar en la costa que tenga limitada extensión; se entiende por golfo una penetración o hendidura de mucha mayor extensión. Sin embargo, la tradición geográfica no ha respetado este matiz y ambos términos de utilizan indistintamente y hasta se invierte su significado. Así, la Bahía de Hudson tiene una enorme extensión, mientras que el Golfo de Saint-Tropez es de extensión reducidísima. Lo más conveniente sería utilizar el nombre corriente que la tradición ha dado a determinados accidentes geográficos, aunque se tienda al uso genérico del término “bahía”, usado tradicionalmente por el DI.

Tanto en el Convenio de 1958 sobre el Mar Territorial como en la Convención de 1982 se establece que “la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos naturales de entrada de la bahía no exceda las 24 millas”, es decir, el doble de la mayor extensión de mar territorial que puede fijarse de acuerdo con el Convenio en vigor y la Convención de 1982 (arts. 7.4 del Convenio y 10.4 de la Convención). En este caso, los artículos citados prosiguen indicando que “se podrá trazar una línea de demarcación entre las dos líneas de bajamar, y las aguas que queden así encerradas serán consideradas aguas interiores”.

En el caso de los ríos, la línea de base desde donde se mida el mar territorial será una línea recta trazada a través de su desembocadura entre los puntos de la línea de bajamar de sus orillas.

En cuanto a los puertos, las construcciones portuarias permanentes más alejadas de la costa se considerarán parte de ésta a los efectos delimitadores.

Según el DI, el régimen jurídico de las aguas interiores es una cuestión que queda, en principio, confiada a la reglamentación de cada uno de los Estados. Habrá que recurrir generalmente al Derecho interno para conocer su regulación concreta, salvo los puntos particulares que hayan sido objeto de un acuerdo internacional.

Régimen de las naves extranjeras de las aguas interiores y, en especial, los puertos

Es necesario distinguir si se trata de buques de guerra o mercantes.

Buques de guerra. Se entiende por buque de guerra el que pertenece a las fuerzas armadas de un Estado y lleva sus signos exteriores distintivos, se encuentra bajo el mando de un oficial designado por el gobierno del Estado y cuya dotación está sometida a la disciplina militar.

En tiempo de paz la entrada de buques de guerra extranjeros en los puertos queda sometida a ciertas condiciones. Cada Estado puede, por medio de su legislación, imponer las suyas. Lo más generalizado al respecto es que, en tiempo de paz, la arribada de un buque de guerra esté subordinada a la notificación previa por vía diplomática de su visita, que deberá ser autorizada por el órgano competente, generalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores.

A los buques de características especiales, como los de propulsión nuclear y los que transportan armamento nuclear u otras sustancias intrínsecamente peligrosas o nocivas, no es habitual que se les permita la entrada o visita, salvo acuerdo en contrario.

En tiempo de guerra en los puertos de Estados neutrales se requiere siempre una previa autorización, salvo en caso de peligro de destrucción del buque. Sin embargo, en este supuesto también puede el Estado negar la entrada, si bien como excepción se permite en los casos de arribada forzoso por avería del barco, limitándose la duración de la estadía a veinticuatro horas, salvo que la legislación interna disponga otra cosa.

Tanto en las aguas interiores como en los puertos, los buques de guerra tienen la obligación de observar, entre otras, las leyes de policía, sanitarias, de preservación del medio y de navegación del Estado huésped, y no pueden ejercer actos de autoridad en los puertos.

Buques mercantes. Los Estados no suelen cerrar el acceso a sus puertos de los buques mercantes extranjeros, salvo por razones sanitarias o de orden público. Los buques mercantes tendrán la obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado a cuyo puerto arriban y mientras permanezcan en él durante su estadía. Por ejemplo, el Real Decreto-Ley 9/2002, establece nuevas medidas para buques tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes, prohibiendo a los petroleros de casco único la entrada en nuestros puertos, terminales o zonas de fondeo.

Por lo que se refiere al ejercicio de la jurisdicción penal por el Estado huésped, la mayoría de las legislaciones admiten que en los casos de faltas y delitos cometidos a bordo entre tripulantes extranjeros, sin repercusión exterior y sin intervención de ningún nacional, se abstengan las autoridades locales de conocer e intervenir a favor de los cónsules del Estado del pabellón del buque.

Bahías y aguas históricas

La expresión aguas históricas se aplica genéricamente a aquellas áreas marítimas que, a pesar de estar situadas fuera de los límites normales de la jurisdicción de un Estado ribereño, poseen un régimen jurídico como si formaran parte de dicho Estado, debido a razones de diversa clase, subyacentes en el uso económico, estratégico o de otro índole que el Estado ribereño ha hecho históricamente de esas aguas.

Lo que comenzó siendo en origen una doctrina sobre las bahías históricas ha alcanzado con el paso del tiempo un valor y aplicación generales en el DI, extendiéndose a otros espacios marítimos que nada tienen que ver con el fenómeno geográfico de bahía y a los que se bautizó como “aguas históricas”. Estos espacios han surgido debido a las reivindicaciones de carácter histórico reclamadas por parte de algunos Estados. Las aguas a las que nos referimos se considerarían formando parte del alta mar si no fuera porque en razón de circunstancias excepcionales reciben un tratamiento especial, llegando a la consideración de históricas.

Un ejemplo de ese fenómeno de ampliación de las reivindicaciones históricas en el Derecho del mar lo constituyó la posición de Noruega en su litigio con el Reino Unido sobre sus pesquerías costeras. Noruega utilizó entre otros argumentos la presencia de títulos históricos sobre la zona de pesca en disputa. Alegaba que esos caladeros habían sido tradicionalmente usados por los pescadores noruegos y satisfecho las necesidades económicas de la población costera del norte del país. Añadían que la zona de pesca exclusiva era aún mucho más extensa en épocas pretéritas. Pedían al TIJ que reconociera la consolidación histórica por un largo e indisputado uso del sistema de límites noruego que permitía englobar como aguas interiores buena parte de los ricos caladeros del norte del país. El Tribunal, en una sentencia de 1951, reconocerá ese proceso de consolidación histórica, imprescindible para poder oponer el sistema delimitador noruego al resto de Estados interesados, estimando que la notoriedad de la actitud noruega, la tolerancia con que contó y el propio silencio del Reino Unido, respaldaban suficientemente la posición histórica noruega.

Como los títulos históricos se establecen en detrimento del principio de la libertad de los mares que rige en el alta mar, es lógico que cualquier cambio que se pretenda en una parte de este espacio afecta normalmente al conjunto de Estados de la SI, de forma que ninguna pretensión histórica sobre dicho espacio puede aceptarse si no es mediando ante todo la aquiescencia de los Estados afectados por la misma, es decir, del conjunto de Estados de la SI.

La aquiescencia necesaria para la consolidación de un título histórico debe entenderse como una tolerancia generalizada o ausencia de oposición o protesta respecto a una situación que requeriría de oposición o protesta con el objeto de evidenciar la reacción frente a cierto estado de cosas contrario a derecho. Ahora bien, si se produjera un acto positivo de aceptación de la situación por parte de terceros estaríamos en presencia de un reconocimiento, acto que debe distinguirse de la ausencia de reacción contraria al uso particular que conduciría con el paso del tiempo a su consolidación (aquiescencia).

Se requiere el paso del tiempo para llegar a conocer el alcance real y asegurar la certeza de la presunción de aquiescencia por silencio o ausencia de reacción contraria. En este sentido, los intereses o necesidades vitales, aunque puedan demostrarse y evidencien la vinculación entre aguas y tierras, nunca llegarán a ser elementos suficientes para la consolidación histórica de un título soberano sobre esas aguas, que seguirá exigiendo del uso presente y el paso del tiempo, condiciones para cuya evaluación concreta desempeñarán un papel importante esos intereses o necesidades. En caso contrario, no estaríamos en presencia de un título histórico.

El mar territorial

Concepto

La soberanía del Estado ribereño se extiende, más allá de su territorio y aguas interiores, a una franja de mar adyacente tradicionalmente denominada mar territorial. La expresión mar territorial es hoy generalmente admitida y ha sustituido a otras como “aguas jurisdiccionales” o “territoriales”.

En la Conferencia de 1958 se consagra formalmente la soberanía que el Estado ribereño ejerce sobre el mar territorial, su espacio aéreo suprayacente y el lecho y subsuelo de ese mar (arts. 1 y 2 del Convenio de 1958 sobre el Mar Territorial). Dicho acuerdo se ha mantenido en su integridad en la Tercer Conferencia (art. 2 de la Convención de 1982).

Anchura y límites

En la Tercera Conferencia se acordó, finalmente, una extensión máxima de doce millas (algo más de veintidos kilómetros) para el mar territorial, con independencia de la extensión de la zona contigua.

Esta anchura de 12 millas marinas tiene excepciones. Así, salvo acuerdo en contrario, los Estados adyacentes o con costas situadas frente a frente no podrán extender su mar territorial más allá de una línea media determinada de forma que todos sus puntos equidisten de los puntos del mar territorial de cada Estado, aunque la presencia de derechos históricos u otras circunstancias especiales podrá hacer inaplicable esta disposición y obligar a los Estados implicados a delimitar su mar territorial de otra forma.

Debemos saber ahora con exactitud cuáles son la línea de base o límite interior del mar territorial y la línea o límite exterior de dicho mar. La línea de base normal desde donde se ha medido generalmente el mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa, es decir, aquella que sigue el trazado actual de la costa en marea baja. La práctica delimitadora de los Estados no suele especificar qué linea de bajamar se emplea para medir la anchura del mar territorial, ya que existen varias opciones. España se inclina en su práctica por medir la anchura del mar territorial (si no se establecen líneas de base rectas) desde la línea de bajamar encorada, o línea de bajamar más baja de todas, que se produce en los equinocios de invierno y otoño. En cuanto al límite exterior del mar territorial, debe correr paralelo y a una distancia de esa línea de base que sea siempre igual a la anchura del mar territorial, pero no se especifica ni aconseja método alguno para el trazado de ese límite exterior.

También se regula el trazado de líneas de base rectas como excepción a la línea de bajamar como límite interior normal del mar territorial, aceptada por el TIJ. De acuerdo con Convenio de 1958 y la Convención de 1982, podrá utilizarse excepcionalmente este nuevo sistema consistente en el trazado de líneas rectas que unan los puntos de referencia apropiados de la costa, cuando ésta tenga profundas aberturas y escotaduras, o haya una franja de islas a lo largo de ella situadas en su proximidad inmediata, pudiendo tenerse en cuenta sólo para el trazado de determinadas líneas los intereses económicos de la región si su realidad e importancia están demostradas por un prolongado uso de las aguas. No obstante, la validez jurídica de este trazado depende de que se cumplan los siguientes requisitos:

  • Las líneas rectas no deben apartarse de forma apreciable de la dirección general de la costa.

  • Las zonas de mar encerradas por esas líneas, situadas entre estas líneas y la tierra firme, deben estar suficientemente vinculadas al dominio terrestre para someterlas al régimen de las aguas interiores.

  • Las líneas rectas no pueden trazarse hacia o desde elevaciones que emerjan en la bajamar, a menos que se hayan construido sobre ellas faros o instalaciones análogas que se encuentren constantemente sobre el nivel del agua.

  • El trazado de líneas rectas no puede aislar del alta mar o zona económica exclusiva el mar territorial de otro Estado.

  • La delimitación deberá publicarse en cartas marinas y el ribereño les dará adecuada publicidad, en particular depositando ejemplares de las mismas en la Secretaría General de la ONU. Esta obligación se amplía a toda delimitación prevista para fijar la anchura del mar territorial.

Como casos particulares a efectos delimitadores pueden citarse las islas y las elevaciones o fondos que emergen en bajamar.

El Convenio de 1958 y la Convención de 1982, conceden un tratamiento clásico a la isla, definiéndola como una extensión natural de tierra rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar. Su mar territorial se mide de acuerdo con las disposiciones ya expuestas. Sin embargo, la Convención de 1982 introduce la restricción de no considerar como islas las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia.

Las elevaciones o fondos que emergen en la bajamar para quedar sumergidos en pleamar, no tendrán mar territorial propio, salvo que se encuentren total o parcialmente dentro del mar territorial de un continente o isla, en cuyo caso podrán utilizarse para medir dicho mar territorial.

Los métodos delimitadores recién expuestos no tienen carácter excluyente, y pueden combinarse a discreción del ribereño siempre que éste respete las reglas aquí recogidas.

Régimen jurídico

La regulación del mar territorial se establece en el Convenio sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua de 1958 y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Nos ocuparemos sólo del régimen de las aguas, pero conviene recordar que el espacio aéreo suprayacente al mar territorial se encuentra sometido a la soberanía sin restricciones del Estado ribereño de acuerdo con los arts. 1 y 2 del Convenio de Chicago de 1944, sin ningún derecho de paso para aeronaves civiles o militares de otro Estado. No obstante, la práctica convencional es pródiga en concesiones taxativas y reglamentadas de los ribereños para sobrevuelos y escalas técnicas de aeronaves extranjeras, casi siempre bajo condición de reciprocidad, con el objetivo de favorecer y hacer más seguro el tráfico aéreo. Ni el Convenio de 1958 ni la Convención de 1982 han aportado cambios a este respecto, hecha la salvedad del régimen fijado en esta última para los estrechos utilizados para la navegación internacional.

El régimen jurídico del mar territorial viene determinado por el principio de la soberanía del ribereño sobre esas aguas, matizado por ciertas restricciones o excepciones fundamentadas en el principio de la libertad de comercio y navegación, siendo la excepción más importante el derecho de paso inocente.

El derecho de paso por el mar territorial comprende la navegación lateral, de paso o tránsito, y perpendicular, de entrada o salida, por dicho mar, debiendo ser el paso “rápido e ininterrumpido”, abarcando también el derecho a detenerse y fondear en el caso de incidentes normales impuestos por la navegación o a causa de fuerza mayor.

El paso se presume inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño (Convenio de 1958 y Convención de 1982). Adicionalmente se exige a los submarinos que naveguen en superficie y muestren su pabellón para que su paso pueda calificarse como inocente. Esta vaga noción de inocencia, favorable a una interpretación discrecional del ribereño, sería completada posteriormente. El Convenio de 1958 sobre el Mar Territorial estableció excepcionalmente que no podría suspenderse el paso inocente en los estrechos que se utilizan para la navegación internacional.

Tanto en el Convenio de 1958 como en la Convención de 1982 se reconoce el derecho de paso inocente:

  • A los buques mercantes.

  • A los barcos de pesca, siempre que cumplan las leyes y reglamentos dictados y publicados por el Estado ribereño para evitar que tales buques pesquen en el mar territorial.

  • A los submarinos, bajo las condiciones vistas.

  • A los buques de Estado (no privados) afectos o no a actividades comerciales.

  • A los buques de guerra, siempre que cumplan las disposiciones establecidas al efecto por el Estado ribereño.

En 1958 se consagró formalmente el derecho de los buques de guerra al paso inocuo por el mar territorial, consolidado en 1982. Aunque la Convención de 1982 no entró en vigor hasta 1994, el derecho paso inocente de los buques de guerra por el mar territorial es hoy una regla consuetudinaria general.

Entre las novedades aportadas por la nueva Convención de 1982 destaca la lista cerrada de actos no inocentes, que comprende doce posibilidades, a la que habrá de atenerse el ribereño para calificar como no inocente el paso por su mar territorial de un buque extranjero (art. 19), alejando así los riesgos interpretativos a los que antes exponía la forma ambigua de que el paso no perjudicara la paz, el orden o la seguridad del ribereño.

Reglamentación española sobre su mar territorial

España reguló con carácter general su mar territorial por medio de la Ley 10/1977, donde se fijan doce millas de extensión para dicho mar, ejerciendo el Estado español su soberanía “sobre la columna de agua, el lecho, el subsuelo y los recursos de ese mar, así como el espacio suprayacente” (art. 1). Se considera como su límite interior la línea de baja-mar escorada o las líneas de base rectas que el Gobierno decidiera establecer en el futuro (art. 2), aduciéndose a favor del uso de las líneas rectas las ventajas técnicas que reportan para la delimitación de una costa irregular como la española y para la determinación de la línea de equidistancia con los Estados vecinos. El límite exterior del mar territorial español estará determinado por una línea en la que todos sus puntos se encuentren a doce millas de los puntos más próximos de las líneas de base.

Apenas unos meses después de la entrada en vigor de la Ley 10/1977, el Real Decreto 2.510/1977, procedió a la delimitación de la línea interior de todas las aguas “jurisdiccionales” españolas a efectos pesqueros, mediante un sistema de líneas de base rectas, sustituyéndose el trazado de la línea de bajamar escorada, establecida en la Ley de 1967 a efectos exclusivamente pesqueros. En este Real Decreto no se hace ninguna referencia a la Ley de 1977, sino a la de 1967, donde, además de extenderse a doce millas las aguas pesqueras españolas, se fijaba el método delimitador de la línea de bajamar, que ahora era sustituido.

España ha regulado por la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado, las infracciones administrativas en materia de pesca marítima que cometan los buques extranjeros y españoles en las aguas bajo jurisdicción o soberanía española. Las referidas infracciones son las previstas en las disposiciones legales y reglamentarias y en los Convenios de pesca en vigor.

Respecto al paso por el mar territorial español de buques de guerra extranjeros, nuestra reglamentación sigue fielmente lo convenido en 1958 y 1982. El art. 11 de la Orden Ministerial 25/1985, establece que no se requiere autorización especial para el paso inocente de dichos buques, pero exige que ostenten el pabellón de su nación y se abstengan de detenerse; arriar embarcaciones; poner en vuelo aeronaves; efectuar maniobras ejercicios, trasvases o traslados de cualquier clase, ni realizar trabajos hidrográficos u oceanográficos. También establece que los submarinos deberán navegar en superficie.

La zona contigua

La llamada “zona contigua” es recogida en el Convenio sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua de 1958, que la define como una zona de alta mar contigua al mar territorial, donde el ribereño ejerce la vigilancia necesaria para prevenir o perseguir las violaciones de sus reglamentaciones aduanera, fiscal, de inmigración y sanitaria que puedan cometerse o se hayan cometido en su propio territorio o en su mar territorial. La zona contigua se configura así como un nuevo espacio para la protección de ciertos intereses del ribereño en una extensión de mar más amplia, que mantiene la naturaleza jurídica de las aguas de la zona como alta mar.

Extensión según la Convención de 1982. La Convención prevé que “(la) zona contigua no podrá extenderse más allá de veinticuatro millas marinas contadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”.

Naturaleza jurídica de la zona contigua según la Convención de 1982. En el Convenio de 1958, donde dicha zona se calificaba expresamente de alta mar, su régimen residual quedaba inspirado por el principio de libertad de los mares propio de ese espacio. Pero la Convención de 1982, al autorizar su Parte V (arts. 55 y ss.) el establecimiento por el ribereño de una zona económica exclusiva de hasta 200 millas medidas desde las líneas de base, también usadas para fijar la anchura del mar territorial, impide ya que la zona contigua forme parte del alma mar, siendo su régimen residual el de la zona económica exclusiva con la que se superpone.

Conforme a la Convención de 1982 en esta zona el Estado ribereño puede adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial. Igualmente tiene competencias en esta zona para reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático, sancionando la recuperación de tales bienes sin su preceptiva autorización, como si se tratara de una infracción cometida en su territorio o en su mar territorial.

La Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, incluye la zona contigua dentro de las aguas “en las que España ejerce soberanía” y la extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta las veinticuatro millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.