La contratación de los entes públicos. Cuestiones generales

Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 30/2007, de contratos del sector público

El art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público señala que su objeto es regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control de gasto, una eficiente utilización de los fondos públicos mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más generosa.

La Ley distingue entre AAPP, Poderes Adjudicatarios, y otros Sujetos del Sector Público, categorías a las que se aplica de mayor a menor intensidad el régimen legal.

Entidades del sector público

Forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades:

  • La AGE, las Administraciones de las CCAA y las entidades que integran la Administración local.

  • Las entidades gestoras y los servicios comunes de la SS.

  • Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las universidades públicas, las agencias estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

  • Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de determinadas entidades del sector público sea superior al 50%.

  • Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el art. 6.5 de la Ley 30/1992.

  • Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados por dichas entidades.

  • Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la SS.

  • Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

  • Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados.

Administraciones públicas

Un concepto fundamental a efectos de la aplicación íntegra de la ley, lo que incluye la consideración de los contratos celebrados como contratos administrativos, es la categoría de los entes públicos. Los entes públicos que tienen la consideración de Administraciones Públicas son los siguientes:

  • La Administración General del Estado, las Administraciones de las CCAA, y las entidades que integran la Administración local, y las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social

  • Los organismos autónomos

  • Las universidades públicas

  • Las administraciones independientes que la ley describe como las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con especial autonomía reconocida tienen atribuidas funciones de regulación de carácter externo sobre un determinado sector o actividad, tales como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear…

En el mismo concepto de AAPP se incluyen las administraciones correspondientes a los órganos constitucionales: Congreso de los Diputados, Senado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo.

Por último, la Ley considera AAPP a las entidades de Derecho público vinculadas a una o varias AAPP o dependientes de las mismas que se financien con cargo a sus presupuestos y que cumplan alguna de las siguientes características:

  1. Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro;

  2. Que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.

Se excluyen las Entidades Públicas Empresariales Estatales de Participaciones Industriales (SEPI) y al ente público Puertos del Estado, así como las Autoridades Portuarias, así como los Colegios Profesionales y Cámaras Oficiales.

Los poderes adjudicadores

La condición de poder adjudicador según la Directiva 2004/18 se ha de reconocer a toda entidad, con independencia de su calificación formal, en la que concurran las siguientes circunstancias:
  • Haber sido creado para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial ni mercantil

  • Tener personalidad jurídica en sentido funcional

  • Que esté mayoritariamente financiado con fondos públicos, o controlado por alguna administración púlica o que el órgano de dirección esté compuesto por miembros nombrados en más de la mitad por una Administración Pública.

De acuerdo con estos criterios, se considera poderes adjudicadores:

  • Los entes calificados de AAPP en todo caso

  • Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de las AAPP que, al margen de su personificación pública o privada, hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial ni mercantil, siempre que estén mayoritariamente financiados con fondos públicos o que el órgano de dirección esté compuesto por miembros nombrados en más de la mitad por una Administración Pública

  • Las asociaciones constituidas por los entes y organismos públicos

El ámbito objetivo. Negocios y contratos excluidos

Desde el punto de vista objetivo, la Ley incurre en una excesiva aclaración al enumerar los negocios y contratos excluidos, ya que en muchos casos se trata de supuestos que a nadie se le había ocurrido identificarlos con contratos sujetos a la legislación sobre contratación administrativa.

Se excluyen por ejemplo la relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral, así como relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiere el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.

También se excluyen los convenios de colaboración que celebra la Administración con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas.