Los ingresos públicos

Introducción

Se trata aquí de presentar el conjunto de los recursos del sector público, diferenciando entre los llamados ingresos ordinarios y los extraordinarios. Luego se definen los diferentes elementos de un tributo y se clasifican los impuestos. Por último, se estudia el concepto de progresividad y la diferencia que existe entre progresividad legal y real.

Clasificación de los ingresos públicos

Diferentes autores han dado diversos criterios para considerar como ordinario o extraordinario un ingreso, pero ninguno definitivo:

Criterios

  1. Si los ingresos los obtiene el sector público de la renta del sujeto, estamos en presencia de un ingreso ordinario (IRFP). Si el ingreso se obtienen del patrimonio del ciudadano estamos en presencia de un ingreso extraordinario (Deuda pública). Este criterio de clasificación no parece del todo correcto, pues, si con la renta del sujeto adquiere deuda pública ¿sería un ingreso ordinario? Y si el sujeto vende unas acciones para comprar deuda pública ¿estamos ante un ingreso extraordinario?

  2. Si los ingresos se obtienen de un modo periódico se consideran ordinarios. En cambio, si el sector público los percibe de un modo eventual o transitorio se catalogan como extraordinarios. Tal este sea el criterio más fácil de emplear, aunque dejaría fuera algunos ingresos.

  3. Un tercer criterio considera que los ingresos extraordinarios deben financiar las inversiones públicas, mientras que los ingresos ordinarios deben financiar los gastos corrientes del sector público. Este principio clásico fue abandonado hace años y el criterio no es del todo útil.

Ninguno de los tres criterios es totalmente convincente, y, por ello, parece lógico buscar otros elementos de diferenciación. En tal sentido, podemos considerar los dos siguientes:

  1. En los ingresos ordinarios del sector público no necesita autorización expresa del Parlamento al aprobar la ley de presupuestos, pues la existencia de los distintos ingresos ordinarios está prevista por una norma jurídica anterior. Así la ley del IRPF permite al SP obtener ingresos en el momento en que una persona obtenga una renta. En cambio, si el SP quiere emitir deuda pública, es precisa la autorización del legislativo para cada ejercicio económico.

  2. En el caso de los ingresos extraordinarios, se produce una reducción del patrimonio neto del sector público, pues si emite deuda o nueva moneda se están incrementando los pasivos, y si se privatizan empresas públicas se está reduciendo el activo. Por el contrario, cuando el Estado percibe ingresos ordinarios no se causa tal efecto sobre el patrimonio neto.

De acuerdo con estos criterios, podemos considerar como ingresos ordinarios los siguientes:

  • Precios,

  • Tasas,

  • Contribuciones especiales; y,

  • Impuestos.

En cuanto a los ingresos extraordinarios:

  • Emisiones de deuda,

  • Venta de patrimonio público o privatización de empresas públicas; y,

  • Acuñación de moneda (señoreaje).

Precios públicos

Características:

  • Se pagan por servicios o actividades realizadas bajo el régimen de Derecho Público.

  • Tales servicios o actividades son realizados por el sector privado.

  • Son de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

Esta noción de precio público responde así, a la realización de servicios o actividades no son esenciales, y no son privadas.

Tasas

La definición legal de tasa exige la concurrencia de varias circunstancias:

  • Debe haber un beneficio individual claramente derivado de la realización de una actividad pública o de un uso privativo del dominio público.

  • Debe concurrir una de estas dos circunstancias:

    1. Que el servicio sea de recepción obligatoria para el administrado o porque sea esencial para la vida privada o social del ciudadano.

    2. Que el servicio no sea prestado por el sector privado.

Contribuciones especiales

Se pagan cuando el ciudadano obtiene un beneficio o se incrementa el valor de su patrimonio como consecuencia de la realización de una obra pública o el establecimiento o ampliación de servicios públicos. El rasgo distintivo: el ciudadano no solicita el servicio público o la obra pública, pero se beneficia de un modo especial de la actuación del sector público.

Los impuestos

Son tributos exigidos sin contraprestación. Cuando el ciudadano paga un impuesto, ello no le confiere el derecho a exigir algo concreto a cambio. Se rompe pues el nexo entre lo que pago (impuesto) y lo que recibo a cambio (servicio público).

La determinación del volumen de impuestos pagados por un ciudadano se basa en su capacidad económica: nivel de renta, su consumo o su patrimonio.

Elementos básicos de un tributo

  • Hecho imponible:

    • presupuesto jurídico o económico que da lugar al nacimiento de la obligación de pagar el tributo.

  • Sujeto pasivo:

    • persona natural o jurídica obligada al pago del tributo como contribuyente o como su sustituto.

  • Base imponible:

    • valoración económica del hecho imponible.

  • Base liquidable:

    • es el resultado de restar a la base imponible las reducciones que se establezcan en la Ley reguladora del impuesto.

  • Tipo de gravamen:

    • cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra.

  • Cuota íntegra:

    • es el resultado de aplicar el tipo impositivo a la base liquidable, salvo que sea una cantidad fija.

  • Cuota líquida:

    • es el resultado de restar a la cuota íntegra las deducciones en la cuota que permite la Ley

  • Deuda tributaria:

    • la constituye la cuota líquida más los recargos, intereses de demora y sanciones, que, en su caso, tenga que satisfacer el contribuyente

Clasificación de los impuestos. Principales figuras tributarias

Los impuestos pueden clasificarse de acuerdo con diferentes criterios, pero si hacemos uso de la base imponible, se clasifican en directos e indirectos. Los directos recaen sobre manifestaciones directas de la capacidad del pago del contribuyente (su renta o patrimonio) y tiene en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo, son de difícil traslación. Los impuestos indirectos recaen sobre expresiones indirectas de la capacidad contributiva (el consumo), no tienen en cuenta las circunstancias personales del contribuyente y en general se trasladan vía precios al consumidor final.

Para explicar dónde se pueden establecer impuestos es necesario recordar la distinción entre variables flujo y variables stock. Las de flujo son aquellas magnitudes económicas que se definen para un período de tiempo (la renta nacional o el consumo son variables que se refieren a un año, normalmente). Las de stock son aquellas que se definen para un momento del tiempo (la riqueza o el patrimonio de una persona se establece en una fecha concreta).

A partir de esas definiciones, podemos considerar que la imposición sobre las dos variables flujo permiten las posibilidades señaladas en la Tabla 7.1 De acuerdo del contenido de la Tabla anterior, el sistema impositivo puede recaer sobre la renta o sobre el consumo, sin tener en cuenta las condiciones personales del contribuyente, y en tal caso hablamos de imposición real, o teniéndolas en cuenta, y en ese supuesto no referimos a las figuras tributarias como imposición personal.

La caracterización del IRPF como un tributo que recae sobre la renta global de los ciudadanos ha cambiado en los últimos tiempos. En tal sentido, puede apuntarse una primera modificación del IRPF, por la que la tributación de las plusvalías y minusvalías quedaba sometida a un impuesto distinto, aunque formalmente aparecía dentro del IRPF, y posteriormente, la última reforma del impuesto ha establecido un impuesto sobre la renta de carácter dual, en el que todas las rentas procedentes del capital son sometidas a un gravamen proporcional. Igualmente la cotización sobre los salarios que paga el trabajador se puede considerar como un impuesto de producto sobre un tipo de renta, que no tiene en cuenta la situación personal del sujeto pasivo.

En cuanto al impuesto sobre el beneficio de las sociedades, sigue teniendo el carácter de proporcional.

Por lo que se refiere a la imposición sobre el consumo, estamos en presencia de figuras tributarias de carácter real. Se sigue produciendo la coexistencia entre impuesto de carácter general (ITE, IVA) y tributos específicos sobre determinados consumos (hidrocarburos, tabacos y alcohol). A estos impuestos especiales, también conocidos como accisas, se deben sumar el impuesto que recae sobre la matriculación de determinados medios de transporte, y el reciente impuesto sobre seguros privados. Igualmente, deben considerarse como un impuesto indirecto, aunque no tengan legalmente ese carácter, la cuota empresarial de la seguridad social.

En cuanto a la imposición sobre variables stock, en nuestro sistema tributario, a partir del contenido de la Tabla 7.2 distinguimos entre impuestos que recaen sobre la tenencia del patrimonio y las figuras tributarias que se establecen sobre la transmisión del mismo.

Además de esta distinción, el impuesto puede tener un carácter general, recayendo sobre la totalidad del patrimonio, o bien sobre determinados elementos de la riqueza de una persona. Así, en el caso de la tributación por la mera tenencia, distinguimos entre el impuesto sobre el patrimonio neto, que recae sobre el conjunto de la riqueza neta del contribuyente de los diferentes tributos que gravan algunos de los integrantes del patrimonio. En los impuestos sobre la transmisión gratuita, o unilateral, de la riqueza, también podemos diferenciar entre aquellos que gravan el total del caudal hereditario, antes de su distribución a los herederos, y los que se establecen sobre cada cantidad donada o heredada (impuesto de sucesiones y donaciones).

En cuanto a los impuestos que recaen sobre la transmisión onerosa del patrimonio, nuestro sistema tributario incluye el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Progresividad legal y progresividad real

Progresividad legal

La progresividad legal se obtiene a partir de la relación entre recaudación y base imponible, es decir, cuanto mayor es la base imponible mayor será el tipo impositivo; o lo que es igual sobre los conceptos de tipo medio y tipo marginal.

  • Tme = tipo medio de gravamen = T / B · 100

  • Tmg = tipo marginal de gravamen = ∆T / ∆B · 100

Donde B = base imponible, T = cuota recaudada.

De este modo diremos que:

  • El impuesto es proporcional si tme = tmg

  • El impuesto es regresivo si tme > tmg

  • El impuesto es progresivo si tme < tmg

Si el impuesto no tiene un tipo impositivo, sino que la cuota es una cantidad fija, se denomina impuestos de cuota fija o de capitación.

La progresividad legal puede adoptar tres formas distintas:

Progresividad por clases

en este caso, todas las bases imponibles se agrupan en clases, a cada una de las cuales corresponde un tipo impositivo que se aplica a la totalidad de la base. Es decir, sería lo siguiente:

La progresividad por clases plantea un grave inconveniente técnico denominado error de salto, que se produce cuando un aumento en la base imponible genera un aumento aún mayor en la cuota. Puede comprobarse fácilmente considerando a dos contribuyentes, A con unos ingresos de 5.900 y B con 6.010. El primero, A, pertenece a la primera clase y pagaría 590 euros, el segundo, B, pertenece a la segunda clase y pagaría 721,20 euros, con lo que 110 euros de diferencia en los ingresos llega a pagar 131,20 euros más de impuestos, lo que significa que el tributo es confiscatorio e injusto.

Progresividad por escalones

en este caso, cada base imponible se subdivide en tramos o escalones, a cada uno de los cuales corresponde un tipo impositivo diferente. La cuota se obtiene multiplicando cada porción (o escalón) por su tipo y sumando las cantidades resultantes.

De acuerdo con esta tabla, si un contribuyente tuviera una base imponible de 6.100 euros pagaría:

  • Por los primeros 6.000 x 10% = 600

  • Por los siguientes 100 x 12% = 12

  • Total a pagar = 612 euros.

En este caso no puede producirse el llamado error de salto.

Impuesto proporcional con mínimo exento

el tipo impositivo es constante, pero hay una porción de la base imponible que está exenta de gravamen.

Puede comprobarse que nos encontramos ante un impuesto progresivo por escalones con dos únicos escalones, el primero entre cero y el mínimo exento y el segundo a partir del mínimo.

A mayor base imponible mayor es el tipo impositivo. Su aplicación es sencilla, sólo hay que eliminar el mínimo exento de la base imponible y aplicar el impuesto proporcional correspondiente.

Progresividad real

La progresividad real se define a partir de la elasticidad-renta del impuesto, es decir:

  • ET,R = ∆% T / ∆% R

Se afirma que un impuesto es realmente

  • progresivo cuando ET,R > 1,

  • proporcional cuando ET,R = 1; y,

  • regresivo cuando ET,R < 1.

La existencia de impuestos legalmente progresivos no garantiza la progresividad real del impuesto. Por ejemplo, un impuesto legalmente progresivo sobre el consumo puede no ser realmente progresivo si al aumentar la renta de los sujetos la proporción que dedican al consumo decrece. Igualmente, si tenemos un impuesto sobre la renta legalmente progresivo pero con fuertes deducciones por ahorro (o por compra de vivienda), puede suceder que quienes más ingresos perciban se beneficien más de estas deducciones y por ello, la elasticidad renta del impuesto disminuye.

Los principios tributarios

Principio de simplicidad

El principio de simplicidad indica que el sistema tributario debe ser sencillo y cómodo tanto para el contribuyente como para la Administración. La idea fundamental que subyace a este principio es que el pago de los tributos genera dos tipos de costes para el contribuyente:

  1. Satisfacer el impuesto supone una reducción de los ingresos disponibles para el individuo.

  2. El mero cumplimiento de las obligaciones tributarias también causa un conjunto de costes. El principio de simplicidad exige esos costes sean lo más reducidos posibles.

Implicaciones del principio de simplicidad para el diseño del sistema tributario

  • Las normas tributarias deben ser lo suficientemente claras y transparentes como para que el ciudadano conozca fácilmente cuáles son sus obligaciones tributarias y pueda, en su caso, liquidar el impuesto.

  • La normativa tributaria debe tener una cierta continuidad y no ser objeto de reformas frecuentes. Tales reformas no sólo hacen más compleja la regulación de los impuestos sino que además introducen un elevado grado de inseguridad jurídica para los ciudadanos.

  • Los impuestos no sólo deben resultar fáciles para el contribuyente, sino también para la propia administración tributaria. Si es difícil la gestión del impuesto, puede ocurrir que transcurrido un largo plazo después de que el ciudadano haya liquidado el tributo, la Administración comunique al interesado que se han detectado errores o infracciones y que debe completar o modificar la liquidación realizada. Ello, además, supone una quiebra en la seguridad jurídica, con los consiguientes perjuicios para el ciudadano.

  • Deben establecerse procedimientos de pago fraccionado para acercar al máximo la obligación de contribuir y la realización del hecho imponible.

Principio de suficiencia

El conjunto de impuestos debe ser capaz de generar recursos capaces de cubrir los gastos del sector público.

Implicaciones del principio de suficiencia

  • Si se cumple la llamada Ley de Wagner, la elasticidad del gasto con respecto a la renta es > 1, y de ello se deduce que la elasticidad renta de los impuestos también deberá ser > 1 (unidad). Por tanto, el sistema tributario debe ser realmente progresivo, porque, en caso contrario, el crecimiento del país llevaría al déficit público. Esta arroja ciertas dudas, en efecto, el cumplimiento de la citada “ley” exige que la evolución del gasto sea coherente con los cambios en la renta, creciendo al aumentar ésta y disminuyendo al bajar el nivel de actividad económica. Ahora bien, los gastos de transferencias tienden a aumentar, precisamente, en los momentos de recesión económica, y, si el sistema tributario es realmente progresivo, podemos encontrarnos con una situación en la que no producirán déficit público cuando se incremente la renta, pero sí cuando la renta disminuya.

  • Si existen circunstancias extraordinarias en las que se produce un incremento en el nivel de gasto público, el sistema tributario debe tener la suficiente flexibilidad para hacer frente a esa contingencia, modificando alguno de los elementos básicos en la relación tributaria.

  • Los tributos deben ser claramente percibidos por los ciudadanos. Ello se debe a que las presiones a favor de un mayor gasto público se fundamentan, en ocasiones, sobre la idea de que otros agentes económicos acaban suministrando los recursos necesarios para financiarlos. Si los impuestos no son percibidos claramente por los ciudadanos, es más fácil que se genere este fenómeno de ilusión financiera y que el sistema tributario llegue a ser incapaz de financiar el conjunto del gasto público. En tal sentido, son más defendibles los impuestos indirectos sobre el nivel de renta que los indirectos sobre el consumo.

Principio de equidad

El principio de equidad adquiere mayor importancia al ser el único que recibe una referencia directa del CE. La importancia que atribuye nuestra ley fundamental a esta característica del sistema tributario está plenamente justificada, al entenderse que los valores superiores de su Ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y la pluralismo político.

Noción de equidad. Consideraciones

  • Una exigencia de la justicia del sistema tributario es la generalidad en el pago de los impuestos. La propia CE lo señala (art. 31) al indicar que “todos” deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

  • La igualdad de los contribuyentes frente al sistema tributario. Igualdad que debe entenderse en una doble perspectiva; de una parte, como equidad horizontal, tratando de idéntica forma a los que se encuentren en la misma situación, y, de otra, como equidad vertical, dando un trato fiscal diverso a aquellos que no se hallen en las mismas circunstancias. Ahora bien, las nociones de equidad horizontal y vertical deben matizarse con la finalidad de extraer conclusiones en el diseño del sistema tributario. Aspectos a tener en cuenta:

  1. El sistema tributario debe ser sensible a las diferencias en las situaciones personales de los contribuyentes, pues sólo así puede dar un trato que cumpla con las exigencias de equidad horizontal y vertical. Ello nos llevaría a preferir la imposición directa a la indirecta y a considerar más adecuados los tributos personales que los que tienen un carácter real. Cuando las consideraciones de equidad son prioritarias en una sociedad, se intenta fundamentar el sistema tributario en la imposición personal sobre la renta.

  2. Otra consecuencia de la aplicación del principio de equidad es la idea de la proporcionalidad en el reparto de la carga tributaria, es decir, que el sacrificio causado por el pago del impuesto sea el mismo para todos los ciudadanos.

Esta noción no la comporte todos los autores, dos líneas distintas:

  • La proporcionalidad se entiende, que lo justo es que paguen más quienes tienen una mayor capacidad económica y, en este caso, estamos utilizando el criterio de la capacidad de pago. De ello se deduce que si la renta y el patrimonio personal son los mejores indicadores de capacidad económica, entonces, la imposición directa debe ser la base del sistema tributario.

    • Asimismo, si partimos de la idea de que el sacrificio marginal realizado por los contribuyentes debe ser similar y de que la utilidad marginal de la renta es decreciente, entonces deben defenderse los impuestos progresivos o al menos proporcionales.

  • La proporcionalidad puede entenderse considerando de un modo simultáneo los ingresos y los gastos públicos. En estas circunstancias utilizamos el denominado criterio del beneficio y consideramos que la proporcionalidad se consigue si contribuyen más al sostenimiento de los gastos públicos quienes más se benefician de la actividad del Estado. La aplicación de este criterio tropieza con varios tipos de dificultades:

  1. No siempre es posible determinar qué beneficio obtiene cada persona de la acción del SP.

  2. Aplicar este criterio supone que el Estado renuncia a realizar una política redistributiva.

  3. El empleo de este criterio avalaría tanto el uso de impuestos progresivos como el de los de carácter proporcional o incluso los regresivos.

Principio de neutralidad

Indica que los impuestos deben alterar lo menos posible las decisiones de los agentes económicos. La idea fundamental es que los individuos eligen, de forma óptima, utilizando los precios generados por el funcionamiento del sistema económico.

Como estos precios se ven alterados como consecuencia de los impuestos, se pretende que tales distorsiones sean mínimas.

El único impuesto que no altera ningún precio relativo de la economía es el de cuota fija o de capitación. Sin embargo, un sistema tributario basado en este tipo de gravámenes no cumpliría con otros principios tributarios. En tal sentido, la neutralidad de un impuesto se mide a partir del concepto de exceso de carga fiscal, cuya obtención y significado se parece mucho al concepto de coste social en caso de monopolio.

Para el diseño de un Impuesto sobre la venta de un producto

  • ½ Base · altura (fórmula de Harberger).

altura = impuesto = T = t · P0

Base = ∆Q

En estas circunstancias, el exceso de carga fiscal es tanto mayor:

  1. Cuanto mayor sea la elasticidad de la demanda del producto. Si la elasticidad es cero, el exceso de carga fiscal se anula. La consecuencia es que deben gravarse más aquellos productos que dispongan de menos sustitutivos o sean imprescindibles para el consumidor.

  2. Cuanto mayor sea el tipo impositivo, lo que avala la moderación en los impuestos sobre le venta del producto

  3. Cuanto mayor sea el gasto inicial de los consumidores. De este aspecto se deduce que los productos que representan un fuerte gasto de las familias deberían ser gravados de forma más moderada.

El mismo planteamiento para un impuesto sobre la venta de un producto puede extenderse a un tributo que recaiga sobre la renta de una persona.

Para el diseño de un Impuesto sobre la renta

El exceso de carga fiscal será mayor:

  1. Cuanto mayor sea la elasticidad de la oferta de trabajo. En este caso, resultaría que el gravamen debería ser superior para aquellos perceptores de renta cuya capacidad de reducción en su esfuerzo laboral sea más pequeña.

  2. Cuanto mayor sea el tipo impositivo, lo que avalaría una limitación en la progresividad de la tarifa del impuesto sobre la renta

  3. Cuanto mayor sea la renta inicial del sujeto.

La compatibilidad entre los principios tributarios

En los apartados anteriores de esta sección hemos ido describiendo algunas de las exigencias que se derivan de los principios tributarios más importantes. Sin duda, el lector habrá apreciado que las prescripciones que se han ido exponiendo son incompatibles y, por ello, un sistema tributario que trate de cumplir con los diferentes principios no puede descansar en una única figura impositiva.

La principal oposición se produce entre los principios de equidad y de neutralidad, y, al menos, en dos órdenes distintos:

  • Diseño de la imposición indirecta, pues, desde los postulados de la equidad, los productos de primera necesidad deberían sufrir un gravamen inferior a los de los bienes de lujo, mientras que si la demanda de éstos es más elástica que la de los primeros, los postulados del principio de neutralidad exigirían la conclusión contraria.

  • Diseño de la imposición directa. Dificultades para hacer compatibles ambos principios. Si tomamos como objetivo prioritario cumplir con la idea de justicia, parece razonable concluir que la imposición personal sobre la renta tenga un carácter progresivo. Sin embargo, nuestro análisis del principio de neutralidad, aplicado al mercado de trabajo, llevaría a la conclusión contraria: porque el exceso de carga fiscal es mayor al incrementarse el tipo impositivo, porque la oferta de trabajo es más elástica en los mayores preceptores de renta y porque el valor de los ingresos iniciales del trabajador influye directamente en el cálculo del exceso de carga fiscal.

Estas discrepancias entre los principios de equidad y neutralidad no son fáciles de resolver y, de hecho, se presentan no sólo en el diseño teórico del sistema tributario óptimo sino también en las reformas, totales o parciales, del cuadro impositivo del país. Por tal motivo, cuando nos enfrentamos a la evaluación de las distintas propuestas de reforma, comprobamos que determinadas modificaciones de un impuesto son más defendibles en virtud del principio de neutralidad, pero más criticables desde las exigencias del principio de equidad.

Los ingresos extraordinarios

La deuda pública: el problema de la carga de la deuda y de la sostenibilidad de la deuda pública

La deuda pública es el principal ingreso extraordinario de que dispone el Estado. Este tipo de ingreso plantea dos grandes cuestiones:

  1. Sobre quien recae la carga de la deuda.

  2. La sostenibilidad de la deuda pública.

La cuestión de la carga de la deuda hace referencia a si podemos identificar quién soporta los costes cuando el SP no financia sus gastos con impuestos sino que procede a emitir deuda pública. Así pues, se trata de dilucidar si la carga de la deuda recae sobre la generación actual o sobre generaciones futuras. Esta cuestión se hace más compleja al presentar dos problemas terminológicos:

  1. Qué debemos entender por generación. Debemos definir generación futura al conjunto de individuos que no estaban presentes cuando el SP decide emitir la deuda pública y que, por tanto, no podían prestar su consentimiento a esta operación financiera.

  2. Cómo debemos entender el concepto de carga de la deuda.

Tres acepciones:

  1. Como los recursos que pierde el sector privado al emprenderse un proyecto público que se financia con deuda pública.

  2. Como la reducción del consumo privado producida por el endeudamiento público.

  3. Como la disminución en la utilidad, a lo largo de la vida de una generación, causada por la decisión de financiar el gasto público con deuda en lugar de con impuestos.

De forma resumida las distintas posiciones mantenidas por los economistas al plantear este tema, cuatro teorías:

  1. Los clásicos

    • consideraban la deuda pública de un modo negativo. Igual que cuando un padre de familia deja deudas ésta trasladando hacia sus herederos la carga de su consumo presente, del mismo modo un gobierno que emite deuda está trasladando a las generaciones futuras la carga del gasto realizado en la actualidad. Además, puede contribuir, la deuda pública, a un mayor despilfarro en el gasto público.

  2. Los keynesianos

    • no se oponen a déficit público como un instrumento de política fiscal, y para abordar el problema de la carga de la deuda recurren a un planteamiento ya defendido por el mercantilismo. La esencia de la argumentación es que no existe equivalencia alguna entre deuda pública y privada. Cuando el sector público emite duda dentro del país tenemos una deuda con nosotros mismos, el único efecto es que absorbe parte del ahorro de los ciudadanos, pero no reduce el nivel de consumo. En todo caso de producirse algún tipo de carga por la emisión de deuda, ésta recae sobre la generación presente que hará un mayor esfuerzo de ahorro para adquirir los títulos de la deuda. En el caso de la deuda exterior la generación presente no sufre carga alguna, pues permite el uso de recursos ajenos, sin renunciar a los propios.

  3. Buchanan.

    • La cuestión clave es que por carga de la deuda se entiende el sacrificio realizado, en términos de utilidad, por la generación presente o la futura. En tal sentido no puede afirmarse que quien adquiere títulos de deuda sufran sacrificio alguno. Su decisión es totalmente libre y responde a un plan de ahorro determinado de forma individual, de modo que si no hubieran comprado la deuda emitida, habrían destinado su ahorro a la adquisición de otros activos financieros. En cambio las generaciones futuras sí sufren la carga de la deuda porque con sus impuestos tendrán que pagar los intereses y la amortización, o se verán obligados a sufrir un recorte en el nivel de prestaciones públicas con la misma finalidad.

  4. La nueva macroeconomía clásica,

    • plantea numerosas dudas sobre la traslación de la carga de la deuda pública a las generaciones futuras.

    • En este sentido, un trabajo de Robert Barro plantea la cuestión de si puede hablarse de transferencias de carga, cuando la generación presente goza de previsión perfecta y se preocupa, además del bienestar de sus herederos. En el Barro la generación actual sabe que la emisión de la deuda supone, en principio, una carga para la futura generación, que se traducirá en un mayor nivel de impuestos, así que, incrementaran su ahorro con la finalidad de legar a los herederos los medios suficientes para hacer frente a ese mayor esfuerzo en términos de fiscalidad. Por ello, la carga de la deuda recae sobre la generación actual. Esta hipótesis ha sido denominada teorema ricardiano de la equivalencia, el propio autor desechó la misma por el excesivo número de circunstancias en las que sería válida.

    • Para valorar adecuadamente la hipótesis de Barro, su análisis olvida los aspectos de crecimiento de la economía y de sostenibilidad de la deuda. La evolución a lo largo del tiempo de la ratio deuda/renta depende de la tasa de crecimiento de la economía y del tipo de interés del mercado, de tal modo, que puede ocurrir que, aún teniendo el SP un déficit primario, el endeudamiento se vaya eliminando paulatinamente, sin necesidad de elevar los impuestos. En esas circunstancias, ni la generación actual sufre la carga de la deuda, ni tampoco la futura se enfrentará a impuestos mayores. La ratio entre deuda y renta nacional puede disminuir o aumentar a lo largo del tiempo, dependiendo de la tasa de crecimiento de la economía y del tipo de interés al que emitan los títulos. Si la ratio crece se dice que la deuda sigue una senda explosiva, mientras que si disminuye se afirma que la deuda es sostenible. La sostenibilidad de la deuda depende de la siguiente expresión:

      • α = d + e0 (r - gY)

    • donde d es la relación entre el déficit primario del sector público y el PIB, e0 es el nivel de deuda acumulada sobre el PIB, r es el tipo de interés en el mercado y gY la tasa de crecimiento de la economía. Si α > 0 la deuda sigue una senda explosiva, mientras que en el caso contrario, la deuda es sostenible.

La venta de patrimonio público

En las modernas economías de mercado, se puede observar fácilmente la tendencia del SP a vender su participación en empresas rentables, en un proceso de privatización. Tal fenómeno se ha intentado relacionar con la búsqueda de nuevas formas de financiación extraordinaria para el SP y, en no pocas ocasiones, se ha defendido la superioridad de este procedimiento sobre la emisión de la deuda pública.

¿Hasta qué punto son diferentes como medio de financiación la emisión de deuda pública y la venta de patrimonio público?

Podemos considerar, con matices, que privatizar empresas públicas es equivalente a emitir nueva deuda. Esta conclusión nos parece indudable porque si el SP emite deuda está incrementando sus pasivos financieros, mientras que si privatiza empresas está enajenando activos y el resultado final, en términos de deuda neta, es el mismo. Además, en el caso de que el sector público emita deuda, se verá obligado a realizar un pago de intereses futuros a los que, en su caso, habrá de hacer frente con los impuestos que recaude, mientras que si privatiza empresas públicas rentables, dejará de percibir una serie de ingresos patrimoniales, y esta pérdida de ingresos deberá ser compensada, del mismo modo, con un mayor nivel de imposición.

¿En qué circunstancias es preferible la privatización a la emisión de deuda?

  1. Si el Estado tiene una calificación muy baja en cuanto a su solvencia internacional, puede serle imposible emitir deuda, salvo que lo haga con un tipo de interés excesivamente elevado, con lo que la privatización puede ser su única alternativa de financiación extraordinaria.

  2. La privatización puede venir condicionada por objetivos distintos a la financiación y estas finalidades son las que explican la extensión del fenómeno en las economías de mercado contemporáneas. Desde la perspectiva de un replanteamiento de las funciones del SP, en clave liberal, tiene sentido que el Estado vaya abandonando la gestión empresarial allí donde es posible que el mercado sea más eficiente. Tal circunstancia parece especialmente relevante en un contexto de globalización. La privatización ha sido considerada como un medio de crear una clase de propietarios a los que se puede tener mejor acceso como hipotéticos votantes.

  3. Por último, puede ocurrir que la privatización de las empresas públicas rentables permita al SP obtener ingresos superiores a los de la emisión de la deuda pública, cuando los mercados financieros consideren que una gestión privada puede ofrecer mejores dividendos que los producidos por la administración pública.

El señoreaje y la inflación como impuesto

Un tercer ingreso extraordinario del SP es la emisión de dinero. Tal procedimiento, al que se denomina señoreaje, tiene la ventaja evidente de que el Estado se ahorra los costes financieros asociados a la emisión de deuda pública o evita la pérdida de ingresos patrimoniales por la privatización de empresas públicas.

Ahora bien este sistema de financiación extraordinaria plantea algunas cuestiones importantes, entre la que se pueden destacar las siguientes:

¿Qué explica que los ahorradores absorban la emisión de dinero como forma de materializar su ahorro?

En principio, el SP no puede obligar a nadie a mantener saldos monetarios ociosos y, si un ahorrador lo hace, será porque la alternativa de comprar activos financieros es menos atractiva. Ello obliga a diferenciar dos casos distintos. Si el ahorrador es ciudadano del país que emitió dinero, la explicación puede deberse a que el tipo de interés del mercado sea demasiado bajo y que, por ello, considere que va a subir en el futuro. Si el ahorrador es un ciudadano extranjero, su comportamiento puede deberse a que prefiera tener sus ahorros en una moneda fuerte, o de refugio, en lugar de en títulos de su propio país, en cuyo caso lo que ocurre es que espera que la moneda propia se deprecie frente a la de refugio, y que ello le genere una ganancia superior a los intereses que cobraría si adquiere activos financieros de su país.

¿Cuáles son los costes de la financiación pública por medio del señoreaje?

En el caso de los impuestos hemos visto que causa un coste de bienestar medido a través del exceso de gravamen. Del mismo modo, hemos visto cómo la emisión de deuda pública puede generar una carga que puede recaer sobre las generaciones futuras. En el caso de la emisión de dinero el coste de este medio de financiación se relaciona con la influencia que tiene la cantidad de dinero sobre la tasa de inflación del país.

A partir de la ecuación

  • π = m - gY

nos dice que la tasa de inflación (π) es igual a la diferencia entre el aumento porcentual de la oferta de dinero (m) y la tasa de crecimiento de la economía (gY).

A partir de esta idea se pueden identificar los costes para la sociedad de este procedimiento de financiación extraordinaria. Consideraciones:

  • Si la economía está en pleno empleo sin que se produzca crecimiento en el nivel de renta, toda creación de dinero se traduce en inflación. La subida de los precios afecta a la demanda del SP, reduciendo el consumo y la inversión. Sin embargo, si la economía tiene una tasa de crecimiento positiva, la emisión de moneda a un ritmo similar no tiene por qué causar inflación, ni imponer coste alguno en los agentes económicos privados. Ello explica que el señoreaje pueda ser utilizado como fuente de financiación del SP, pero de un modo limitado.

  • Cuando la emisión de moneda causa procesos inflacionistas, podemos considerar que el gasto público expulsa al sector privado, pues se reducen el consumo y la inversión. Ahora bien, si el gasto público se hubiera financiado con impuestos, también se produce un caso de expulsión del consumo privado.

    • Aparentemente, no hay grandes diferencias en que el sector privado reduzca su participación en la renta nacional por un motivo u otro ¿Quiere esto decir que la inflación es análoga a un impuesto? La respuesta es que si tan solo nos preocupamos de ese aspecto, podemos observar una clara analogía pero si nos interesan otros objetivos económicos, los dos sistemas son claramente distintos. En tal sentido, puede comprenderse fácilmente que la inflación es mucho más injusta que cualquier impuesto, pues no atiende a las circunstancias personales del contribuyente, ni a su capacidad económica, sino que sus efectos serán más acusados para las personas que tengan rentas menos flexibles o quienes mantengan sus ahorros en forma de activos líquidos, así como para aquellos ciudadanos que, por disponer de peor información, no previeron el proceso inflacionista y no tomaron las medidas adecuadas para evitar sus consecuencias negativas.

  • La inflación genera otros costes importantes para los ciudadanos.

    • La inflación afecta a la recaudación de los impuestos generados.

    • La inflación obliga a cambiar los precios de las distintas empresas, lo que supone costes y genera incentivos para que el ciudadano se desprenda de sus activos líquidos para adquirir bienes y servicios antes de que suban los precios.

    • La inflación afecta a la sociedad, en la medida en que genera otros desequilibrios económicos como problemas en la balanza de pagos, desempleo y freno al crecimiento económico.