Los fallos del mercado y la intervención del sector público

Introducción

Estudiaremos los diferentes fallos del mercado y la labor del SP para solventarlos:

  • Consideramos los bienes públicos puros, donde la cuestión clave es determinar cuáles son las condiciones óptimas en su provisión. La clave no es que los bienes públicos sean producidos por el sector público o por el sector privado, sino cómo se financia esa producción. En los bienes privados se hace a través del pago de un precio de mercado, mientras que en los bienes públicos, donde no existe mercado, debe hacerse mediante el pago de impuestos.
  • Consideraremos también el problema de los mercados monopolizados.

  • En un tercer apartado consideramos otro fallo del mercado causado por la presencia de efectos externos, positivos o negativos, en la producción de un bien o un servicio. Entonces definimos el concepto de efecto externo como las consecuencias de la producción o consumo de un bien sobre la producción o consumo de otro, sin que tal efecto sea transmitido a través de los precios.

Condiciones de eficiencia en la provisión de bienes públicos puros

Qué cantidad de bien privado debe fabricarse y a qué precio se resuelve a través del mecanismo de mercado: debe ser la cantidad y el precio obtenidos en el punto de equilibrio y representan un resultado que tiene las características de un óptimo de Pareto.

En el caso de los bienes públicos, el SP es el encargado de su provisión.

Cuáles deberían ser las condiciones de eficiencia si dispusiéramos de un mecanismo, hipotético, que cumpliera las funciones de mercado. El estudio de estos sistemas hipotéticos de asignación es lo que constituye el análisis de los modelos teóricos de determinación de la cantidad óptima de bienes públicos.

Condiciones de eficiencia en la provisión de bienes

Demanda de bienes privados

Para estudiar este modelo, supongamos, en primer lugar, que sólo existen dos grupos de demandantes, A y B, cuyas curvas de demanda son las contenidas en el gráfico siguiente:

A partir de estas dos demandas, es muy sencillo obtener la demanda total en el mercado.

Si a un precio de 100, el grupo A demanda 20 unidades, y el B 10, la demanda total en el mercado será 30. A un precio de 50, la demanda del primer grupo es de 40 y la del segundo 30, luego la demanda total es de 70. Gráficamente, tendríamos:

La obtención de la demanda total se obtiene así, sumando para cada precio las cantidades demandadas por los distintos grupos de consumidores. Dado que la cantidad se refleja en el eje horizontal en el gráfico, se dice que, en los bienes privados, la demanda en el mercado se obtiene sumando horizontalmente las demandas individuales.

Una vez comprobado esto, estamos en disposición de obtener las condiciones de eficiencia en la asignación de bienes privados. Para ello, representamos en el gráfico 5.3., las demandas de los grupos A y B y la situación del mercado (demanda total y oferta).

La situación de equilibrio en el mercado se alcanza en el punto E, donde la demanda se cruza con la oferta generando la cantidad QE, y el precio PE. Dado que la oferta representa el coste marginal de producción, sabemos que se cumple: PE = CMg (Costes marginales son los generados por la última unidad de un bien o servicio producida)

Este precio es el mismo para el demandante A que para el B. Cada uno de ellos determina la cantidad que desea adquirir del producto QA y QB. La suma de ambas cantidades coincide con la cantidad vendida en el mercado.

En definitiva, el mecanismo del mercado genera dos condiciones que caracterizan la eficiencia económica para los bienes privados:
  • CMg = PE = PA = PB
  • QE = QA + QB

Es decir, el precio pagado por cada consumidor es igual al de equilibrio en el mercado, y por tanto, al coste marginal, mientras que la cantidad de equilibrio es igual a la suma de cantidades demandadas, que, normalmente, no serán iguales para cada grupo de demandantes.

Demanda de bienes públicos puros.

En el caso de los bienes públicos puros, las cosas cambian substancialmente, porque no es posible que A y B dispongan de cantidades diferentes del bien público, pues, al ser un producto de consumo no rival, si A dispone de X unidades de bien público, B obtiene simultáneamente las mismas unidades de ese bien. En tales circunstancias, la demanda total del bien público no puede calcularse sumando las cantidades. Aquí la pregunta será ¿Cuánto está dispuesto a pagar A por X unidades de bien público? Y ¿Cuánto está dispuesto a pagar B por esas mismas unidades?. Una vez determinado el precio máximo que entregarían ambos consumidores, podemos decir que la sociedad estaría dispuesta a pagar la suma de ambos precios.

Gráficamente, esta argumentación puede representarse con ayuda de la figura siguiente:

La primera de las curvas de demanda nos informa de que para disponer de 5 unidades del bien público, el consumidor A estaría dispuesto a pagar 100 u.m. La segunda nos dice que por esas mismas unidades, el demandante B pagaría 70 u.m. En conjunto, la sociedad formada por A y B pagaría 170 u.m. Repitiendo la misma operación para 11 unidades; A pagaría 60 u.m. y B pagaría 40 u.m. lo que nos da una cifra total de 100 u.m.

De esta forma, la demanda total de un bien público se obtiene sumando, para cada cantidad posible, los precios que están dispuestos a pagar los distintos demandantes. Dado que los precios están situados en el eje vertical del gráfico, se dice que la demanda de un bien público se representa sumando verticalmente las demandas individuales.

Una vez obtenida la demanda de bienes públicos, podemos analizar las condiciones de eficiencia en su provisión. Para ello consideremos el siguiente gráfico, donde incluimos las demandas de A y B, así como el hipotético “mercado” de estos bienes”.

En este gráfico se explica cómo se asignarían los bienes públicos en el caso de que existiera un mecanismo que sustituyera al mercado. En el punto de equilibrio se determina una cantidad de 6 unidades de bienes públicos a un precio de 150 u.m. Esas 6 unidades son las mismas para el demandante A y para el B, el primero está dispuesto a pagar 85 u.m. y el segundo 65 u.m. y la suma de ambos precios coincide con el precio de equilibrio del “mercado”. De esta manera, podemos resumir las condiciones de eficiencia del modo siguiente:
  • QE = QA = QB

  • CMg = PE = PA + PB

Es decir, en el caso de los bienes públicos puros, las condiciones de asignación se invierten con respecto a las estudiadas en el caso de los bienes privados. Si allí la cantidad de equilibrio era igual a la suma de unidades demandadas por los distintos consumidores, aquí es el precio de equilibrio el que es igual a la suma de precios, y simultáneamente, al coste marginal de producción. Por el contrario, la cantidad de equilibrio es la misma para los distintos individuos que demandan el bien público.

Este mecanismo hipotético plantea algunos problemas. Quizás el más complejo sea el de cómo determinar las preferencias de los consumidores, o lo que es lo mismo, cómo sabemos cuánto están dispuestos a pagar por el bien público. En el caso de los bienes privados, tal problema no se plantea, pues el mero hecho de comprar el producto a un precio determinado ya indica cuáles son las preferencias del consumidor, pero en los bienes públicos tal compra no existe.

La financiación de los bienes públicos debe hacerse como sugieren las condiciones de eficiencia que acabamos de describir. El análisis que hemos desarrollado parece sugerir que el ciudadano A debería contribuir con 85 u.m. a la provisión del bien público y que B, por su parte, debería aportar 65 u.m. Tal planteamiento supone adoptar una forma determinada de considerar la equidad en la financiación del SP, en concreto aplicar el principio del beneficio, pero ello supone, implícitamente, renunciar a cualquier finalidad retributiva en la acción estatal.

Los modelos de asignación más complejos, como el de Samuelson, acaban generando condiciones de equilibrio muy similares a las que acabamos de ver, si bien parten de una situación de equilibrio general, en vez de utilizar el planteamiento de equilibrio parcial.

Monopolio y competencia imperfecta: las formas de regulación del monopolio

La evaluación de los costes del monopolio exige comparar sus resultados con los de un mercado de competencia perfecta. En aquellas situaciones en que el mercado es perfectamente competitivo, sabemos que el equilibrio se alcanza donde la demanda se cruza con la oferta, y que ésta, a su vez, representa el coste marginal de la producción (CMg). En los mercados de monopolio la empresa elige aquella cantidad en la que el CMg iguala (se cruza) con el ingreso marginal (IMg). Una vez determinada la cantidad producida por el monopolista, su precio de venta se obtiene a través de la curva de demanda. Dicho en otros términos, el monopolista puede decidir qué cantidad ofrecerá en el mercado, pero son los demandantes quienes establecen el precio máximo que pagarán por esa cantidad. En las formas de competencia imperfecta (como el oligopolio: concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un reducido número de empresas) la cuestión clave es evitar que las distintas empresas alcancen, mediante acuerdo, los resultados del monopolio.

En la siguiente figura se representa un mercado con una oferta horizontal, para comparar los resultados del monopolio y la competencia perfecta.

Consideremos inicialmente que el mercado es de competencia perfecta. En estas circunstancias, el precio y la cantidad vendrían dados por el punto de equilibrio E, (cantidad QC y un precio PC). El consumidor obtendría un excedente marcado por el triángulo delimitado por los puntos E, PC y el de intersección de la curva de demanda con el eje vertical.

Si el mercado fuera un monopolio, con los mismos costes que las empresas de competencia perfecta, entonces, la empresa elegiría la cantidad QM, correspondiente al punto A donde el ingreso marginal se cruza con el coste marginal, vendería esa cantidad a un precio PM y como consecuencia el consumidor vería reducido su excedente al triángulo marcado por los puntos A, PM y el de intersección de la demanda con el eje vertical.

De esta forma el consumidor sufre una pérdida de excedente que viene representada por el área del trapecio delimitado por PM, A, E y PC. Sin embargo, no toda esta pérdida de excedente para el consumidor representa un auténtico coste social.

En efecto, el área del trapecio puede dividirse en dos zonas:
  1. El área del rectángulo PM PC A M se calcularía como la base por la altura. La base del rectángulo es la cantidad que vende el monopolista, mientras que la altura es la diferencia entre los precios de venta del monopolista y del mercado de competencia perfecta. Es decir:

      • Área del rectángulo = Base x altura = QM (PM – PC).

    • Ahora bien, el precio del mercado de competencia perfecta coincide con el coste marginal, y éste, a su vez con el coste medio. Usando esta información podemos rescribir la fórmula anterior como:

      • Área del rectángulo = QM (PM - CME).

    • La diferencia entre el precio de venta del monopolista y el coste medio de fabricación nos dice cuánto gana el empresario por cada unidad que vende. Al multiplicar esta diferencia por el número de unidades, estaremos calculando los beneficios del empresario.

    • De esta manera, el rectángulo que consideramos es una pérdida de excedente del consumidor que se convierte en beneficios para el empresario. En la medida en que lo pierde uno, lo gana el otro, no podemos considerarlo una pérdida para la sociedad, que nos parecerá más o menos injusta, pero no es un coste social.

  2. El área del triángulo M A E representa una pérdida de excedente para el consumidor que no se apropia el monopolista. Esta área es el auténtico coste social del monopolio y puede calcularse del siguiente modo:

      • Área = ½ Base x altura.

    • La base es la diferencia entre las cantidades que se venden en competencia perfecta y en monopolio. La altura es la diferencia en los precios. Por tanto, el área es:

      • Área = ½ (QC – QM) (PM - PC)

En el análisis que hemos realizado, hemos partido de la base de que el monopolista tiene los mismos costes que el mercado de competencia perfecta. Lo cual no es realista, en la medida en que empresas de superior tamaño pueden producir a un coste más bajo (se dice en este caso, que el empresario dispone de economías de escala). El hecho de producir a un coste inferior, beneficia a la sociedad, ya sea porque el producto se puede vender a un precio más bajo o porque el monopolista obtiene beneficios.

Con la finalidad de explicar con más detalle esta cuestión, consideraremos el gráfico siguiente, donde representamos las curvas de demanda, ingreso marginal y costes marginales de competencia perfecta (indicado por índice CP) y del monopolista (M).

En esas circunstancias, el beneficio para el monopolista está representado por los rectángulos A y C y la pérdida de excedente para el consumidor se indica por el trapecio formado por las áreas A y B. De ésta manera, podemos distinguir tres áreas distintas:

  1. El área A, representa beneficio para el monopolista, obtenida de una pérdida de excedente para el consumidor. Se trata de una cuestión de distribución de renta y no de eficiencia económica. Podemos evaluar esta área como:

    • (PM - PCP) · QM

  2. El triángulo B representa la pérdida de excedente de consumidor que no se apropia el empresario. Constituye un coste de bienestar para la sociedad. El valor de esta área será:

    • ½ · (PM - PCP) · (QCP - QM)

  3. El rectángulo C representa los beneficios para el empresario obtenidos por su capacidad para reducir los costes con respecto a los de la industria de competencia perfecta. Significan una ganancia pura para la sociedad. El área de éste rectángulo será:

    • Área = (CMeCP - CMeM) · QM

  • El monopolio resultará eficiente si la ganancia pura excede a la pérdida de bienestar, es decir si el área del triángulo B es menor que el área del rectángulo C.Formalmente es eficiente sí:
    • ½ · (PM - PCP) · (QCP - QM) < (CMeCP - CMeM) · QM

En aquellos casos en que el monopolio sea ineficiente, puede justificarse la intervención pública. Esta puede adoptar formas muy diversas, entre las que citamos las siguientes:

No intervención

Desde un planteamiento cercano a las posiciones liberales, se ha defendido que lo mejor es que el sector público deje tranquilo al empresario. La idea es que si el monopolista obtiene grandes beneficios, tal hecho acabará atrayendo a nuevos competidores al sector, lo que, finalmente terminará convirtiendo el monopolio en un mercado competitivo (ejemplo, mercados que inicialmente eran monopolios, desde el bolígrafo a las fotocopiadoras, y que en la actualidad son más próximos a mercados de competencia).

Una variante de esta postura es la llamada teoría de los mercados disputables. En opinión de Baumol, Panzar y Willing, basta con que el monopolista se vea amenazado por la posibilidad de que entren otros competidores en el mercado que le puedan arrebatar su posición privilegio. En efecto, si suponemos que el empresario que suministra el bien o el servicio es un monopolista en virtud de una concesión administrativa (ejemplo, típico en líneas de autobuses o líneas aéreas), pero sabe que en cuando haya una propuesta a un coste inferior, perderá la concesión a favor de la otra empresa, entonces procurará no subir los precios para no perderla.

Obviamente, si el monopolista no sube los precios por encima del coste medio, entonces no se daría ninguna pérdida de excedente para el consumidor.

La legislación antitrust

Esta alternativa tiene sus orígenes en dos tipos de leyes norteamericanas.

  • La Sherman Act prohibía los monopolios y los abusos de una posición monopolista. La prohibición inicial se vio matizada por la aplicación de la llamada rule of reason (o regla de la razón), que defendía que la prohibición sólo debía aplicarse a los monopolios que no fueran razonables, es decir, aquellos monopolios que no se justificasen por que el empresario fuera más eficiente. En cambio la prohibición de prácticas abusivas (discriminación de precios, contratos en los que se venden dos productos simultáneamente…) sí ha tenido continuidad y, podemos encontrarla reflejada en la legislación mercantil tanto europea como española.

  • La Clayton Act y la Federal Trade Commissión Act pretenden evitar la formación de monopolios a partir del acuerdo o fusión de empresas independientes. En el primer caso, se trata de impedir la creación de un cártel (o la existencia de acuerdos para la fijación conjunta de precios) el reparto de los mercados en áreas geográficas servidas de forma exclusiva por un único empresario, etc. En el segundo, se someten las fusiones de empresas a una evaluación por parte del SP de las consecuencias de esa unión sobre el grado de competencia del mercado.

El establecimiento de impuestos

Esta alternativa consiste en dejar que el monopolista disfrute de su posición de dominio en el mercado pero, al mismo tiempo, someterle a un impuesto que permita al sector público apropiarse de sus beneficios. De este modo, el excedente del consumidor que había obtenido el empresario podría serle devuelto, al menos en teoría, a través de la acción del Estado. Esta solución explica que algunos impuestos se hayan denominado monopolios fiscales (como CAMPSA).

Fijación de un límite a los beneficios

Otra posibilidad consiste en dejar operar libremente al empresario pero indicarle que su cifra de beneficios no puede exceder un determinado límite. Se trata así de incentivar que el monopolista no marque precios excesivamente altos para no superar el límite fijado a los beneficios. La forma habitual de establecer el límite es considerar que la cifra de beneficios (B), dividida por el capital invertido por el empresario (K) tiene que ser menor o igual a un límite (s). Es decir:

B / K = (IT - TC) / K = (p · Q - w · N - c · K) / K ≤ s

donde p es el precio del producto, Q la cantidad vendida, w el salario pagado a los trabajadores, N el número de empleados, K el volumen de capital utilizado, y c el coste del mismo.

El problema que plantea esta solución es el denominado efecto Averch-Johnson que tiene dos manifestaciones:

  • Una tendencia al despilfarro para aumentar los costes totales y rebajar así la cifra de beneficios.

  • El empleo de equipo capital, en detrimento del factor trabajo. Tanto la contratación de trabajadores como la compra de nuevas máquinas aumentan el coste y, por tanto, reduce los beneficios.

Los efectos externos y sus posibles soluciones

Puede afirmarse que cuando existe un efecto externo negativo (causado por la producción de un bien) el libre funcionamiento del mercado determina una cantidad producida que es mayor de la que resultaría óptima desde el punto de vista social.

Para demostrar esta afirmación, podemos considerar el siguiente gráfico.

La curva de demanda, D, representa la valoración de los consumidores del producto que se vende en el mercado. La curva de oferta solamente refleja costes privados, los que recaen sobre el empresario. En esas circunstancias, el libre juego de la acción individual sólo se preocupará de estos costes, de tal modo que el mercado fijará la cantidad QE y un precio PE donde la curva de demanda se cruza con la oferta que refleja los costes marginales.

Desde el punto de vista social, las cosas son distintas. Si la producción del bien que se vende en este mercado genera daños al medio ambiente, entonces, para la sociedad, los costes relevantes no son sólo los que refleja la curva de costes marginales, sino que a éstos hay que sumarles los daños causados al medio ambiente. Se obtiene así, una nueva curva de oferta que indica costes superiores a los que tendría en cuenta la acción individual. En esas circunstancias, la cantidad óptima, QO, y su precio correspondiente, PO, se determinarían por el punto de cruce entre la demanda y esta curva de oferta, tal y como se indica con el punto A de la representación gráfica.

Comparando la solución óptima con la de equilibrio en el mercado, comprobamos fácilmente que en presencia de externalidades negativas, el libre juego del mercado genera una producción mayor que la que sería deseable desde un punto de vista social. Por tanto, las diversas soluciones que se han propuesto deben valorarse de acuerdo con su capacidad de reducir la cantidad vendida en el mercado, o lo que es lo mismo, sus posibilidades de aumentar el precio de venta del bien.

Exigencia de responsabilidad extracontractual

Una primera solución responde al contenido el art. 1902 del Código Civil. De acuerdo con este planteamiento, el empresario que cause un daño a un tercero se vería obligado a compensarle económicamente. Así, el problema se resuelve fácilmente, pues al tener que pagar por los daños, el empresario considera como un coste privado más, el daño al medio ambiente (técnicamente, se dice que, el efecto externo se internaliza). Además de ser una solución eficiente al problema, es defendible desde un punto de vista de la equidad, pues el perjudicado recibe una compensación del causante del perjuicio.

El planteamiento del Código Civil tiene una formulación económica que se conoce como el Teorema de Coase “con derechos de propiedad bien definidos y en ausencia de costes de transacción, el problema de los efectos externos puede resolverse por acuerdo entre las partes. Esta solución es eficiente y además, independiente de quién sea el titular de los derechos de propiedad”.

La solución civil al problema de los efectos externos tropieza con algunas dificultades, entre las que destacan:

  • Es necesaria una correcta definición de los derechos de propiedad. Es decir, quién tiene el uso prioritario sobre el medio ambiente ¿Tiene un derecho el empresario a usar, por ejemplo, un río para efectuar vertidos? o ¿es preferente el derecho de otros ciudadanos a disfrutar de unas aguas no contaminadas? y, por último ¿hasta qué punto de limpieza del agua?.

  • Aunque la solución sea la misma, con independencia de a quién se atribuyen los derechos de propiedad, el resultado no es el mismo para los dos agentes implicados en el proceso. Si el derecho se atribuye al perjudicado, éste adquiere el derecho a la compensación. En el supuesto contrario, el causante de la contaminación es el receptor del pago correspondiente. En el primer caso, estamos aplicando la regla de “el que contamina, paga”, en el segundo “el que renuncia a contaminar, cobra".

El enfoque civilista es más adecuado cuando el número de personas afectadas por la presencia de los efectos externos es razonablemente limitado. Si existe un único perjudicado y un causante del daño, la solución mediante acuerdo entre ambos o a través de resolución judicial es relativamente sencilla. Sin embargo, cuando los perjudicados son muchos, las posibilidades de acuerdo son muy limitadas e, igualmente, resulta difícil que una resolución judicial satisfaga las pretensiones de todos ellos, pues el proceso será largo y muy costoso para la sociedad.

La regulación administrativa

Una segunda solución corresponde a las diferentes normas, pertenecientes al campo del Derecho Administrativo, que regulan las actividades nocivas, insalubres, o peligrosas. En este caso, el sector público establece un límite máximo a la emisión de agentes contaminantes por parte del empresario, de tal modo, que si la empresa los supera puede verse sometida a algún tipo de sanción administrativa.

La regulación administrativa es eficiente, aunque tropieza con algunas dificultades:

  • La necesidad de un conocimiento muy profundo de las distintas relaciones existentes entre cantidad producida y grado de contaminación, y, correlativamente, la exigencia de una normativa muy detallada y de difícil aplicación.

  • La imposición de sanciones administrativas en caso de incumplimiento, puede exigir un coste considerable en términos de proceso contencioso- administrativo. Si el empresario estima poco probable que recaiga una sanción por su actividad contaminante, o si el importe de ésta es muy inferior al coste de emplear una tecnología más limpia, el sistema resultaría muy poco eficaz.

Impuestos y subvenciones

Una última solución consiste en la aplicación de impuestos sobre aquellas empresas que contaminan (normalmente se denominan ecotasas) o la concesión de subvenciones a quienes incorporen tecnologías más “limpias” en sus procesos de producción.

Si el empresario causa un daño a la sociedad a través de vertidos contaminantes debe pagar un impuesto que compense a los ciudadanos. Se trata por tanto de una clara atribución de derechos de propiedad, de acuerdo con la cual, los ciudadanos tienen el derecho a gozar de un medio ambiente limpio y quien vulnere ese derecho debe pagar por ello “quien contamina, paga”. En cuanto a la eficacia de este sistema, deben hacerse las siguientes consideraciones:

  • Si el empresario se ve obligado al pago de un impuesto que compensa los daños, entonces éstos son considerados como un coste más del proceso productivo. En este sentido, el impuesto funciona igual que la compensación por la responsabilidad extracontractual y no es sino otra forma de que los efectos externos sean internalizados por el empresario.

  • El planteamiento basado en impuestos medioambientales es más adecuado en aquellos casos en que la solución civilista era poco eficaz, es decir, cuando el número de afectados muy grande y no ser posible un acuerdo entre las partes.

  • Las ecotasas no son equitativas si las comparamos con la solución del Derecho Privado. En el caso del art. 1902 CC, el perjudicado recibe la compensación del causante del perjuicio, en el caso de los impuestos lo recibe el sector público, y ya no es tan fácil asegurar que con esos fondos, se compense a los perjudicados.

  • Cabe preguntarse si el sector público no utilizará los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales para financiar actividades (construcción autovías, pantanos…) que causen daños aún mayores al medio ambiente, con lo que la efectividad de este sistema sería más que discutible. Una posible solución a este inconveniente sería obligar al SP a que la recaudación por este concepto se dedicara íntegramente a la solución de problemas medioambientales, pero tal opción tropieza con las dificultades derivadas de la vinculación de ingresos públicos a finalidades concretas.

El sistema de subvenciones es lógicamente la aplicación de la regla inversa al del establecimiento de impuestos. Aquí, el SP interesado en conseguir un nivel de contaminación inferior ofrece una subvención al causante del daño para cubrir, total o parcialmente, los costes de la sustitución de la técnica de producción que emplea, por una tecnología menos contaminante. Un ejemplo evidente de este tipo de solución se encuentra en la diferente fiscalidad de las gasolinas normal o sin plomo de los automovilistas.

Este sistema puede resultar eficaz para el logro de las finalidades del SP, pero deben tenerse en cuenta las siguientes dificultades:

  • Este sistema atribuye al empresario el derecho a contaminar, de tal modo que si la sociedad desea evitar el daño debe pagar por ello.

  • Al subvencionar la actividad contaminadora, se están reduciendo los costes de producción y ello puede hacer aumentar la cantidad producida. Al incrementarse la producción, el volumen de vertidos al medio ambiente sea mucho mayor que el inicial.

Permisos de emisión

Una alternativa innovadora en esta materia es la constituida por la creación de un mercado de permisos de emisión o de licencias transferibles. El fundamento de esta técnica se encuentra en el mismo análisis que explicaba el pago de un impuesto: el empresario no tiene ningún derecho a contaminar, y si lo hace se ve obligado a comprar un permiso para realizar la correspondiente emisión de contaminantes. Hasta este punto, el procedimiento tendría los mismos efectos, sobre el precio y la cantidad de equilibrio que una ecotasa.

Sin embargo, el sistema que analizamos en este caso permite una flexibilidad mucho mayor, y además, nos facilita el uso simultáneo de mecanismos ya analizados en apartados anteriores. Para ello, explicaremos, con un ejemplo, cuál sería el funcionamiento de este sistema y hasta qué punto significa ventajas importantes sobre otras posibilidades de actuación pública.

Supongamos que el objetivo del sector público es limitar el volumen de depósitos contaminantes a una cantidad que se considera como un nivel máximo compatible con la sostenibilidad del medio ambiente. Este máximo no depende sólo de la actividad de una empresa o de una industria concreta, sino que es función de la cantidad producida por empresarios muy diversos y de la existencia de otras actividades económicas que aminoran el efecto sobre la contaminación ambiental.

Consideremos, además, que existen dos grupos de empresas, uno que utiliza una tecnología poco contaminante, y otro que, al emplear un sistema de producción menos limpio, produce daños importantes de contaminación. Si asignamos derechos de contaminación a las diferentes empresas, nos encontraremos ante el caso de que al primer grupo le sobran licencias, mientras que al segundo le faltan.

En estas circunstancias, existe la posibilidad de un acuerdo ventajoso para ambas partes, por el que el primero vendería las licencias sobrantes al segundo. Con ello, el nivel máximo de deposiciones no aumentaría más allá de la cifra crítica predeterminada por el regulador público, y, en cambio se generan unos incentivos muy eficaces para sustituir las técnicas más contaminantes por las que resultan menos dañinas. Al existir un mercado de licencias, el empresario puede considerar rentable usar una tecnología limpia y vender los derechos de contaminación que le sobren, con lo que la venta de las licencias resulta análoga a las subvenciones, pero sin representar un coste para los contribuyentes.

Este mismo tipo de argumentación explica que puedan venderse licencias de este tipo por parte de los propietarios, públicos o privados, de explotaciones forestales, cuya existencia reduce los efectos de la contaminación industrial. Además, si los países con amplias masas boscosas obtienen ingresos adicionales por la conservación de, por ejemplo, las selvas tropicales, estamos añadiendo un importante beneficio al mantenimiento de estos bosques, lo que contribuye a reducir los riesgos de destrucción a los que hoy están sometidos.