Personas jurídicas y responsabilidad penal

El planteamiento tradicional: societas delinquere non potest

La existencia de una responsabilidad administrativa pone de relieve que es posible concebir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, además, supone igualar la existencia de derecho y deberes.

La responsabilidad penal es un instrumento básico en la lucha contra la impunidad, pues facilita considerablemente la tarea dirigida a acabar con las fórmulas para esquivar la responsabilidad; en esta misma línea, también se destaca que la empresa actúa como un factor criminógeno -provocador de delitos- en el ámbito de los delitos económicos y, en definitiva, que el DP permite una adecuada prevención y lucha contra la delincuencia organizada.

El período 1995-2010: cambio de tendencia

En un primer momento el CP1995 mantenía la tradicional incapacidad de cometer delitos de las personas jurídicas. El cambio de tendencia se sintetiza en dos puntos:

Consecuencias accesorias (art 129)

El legislador estableció unas consecuencias accesorias para determinados delitos. Lo relevante fue su carácter general, esto es, la superación de referirse a las mismas sólo en la Parte especial.

La imposición de una de estas consecuencias accesorias exigía la previa declaración de la responsabilidad penal de una persona física.

Solidaridad en el pago de las penas de multa (actuaciones en lugar de otro)

La reforma del CP por la LO 15/2003 supone la introducción, en el art 31 -que regula las "actuaciones en nombre de otro"- del apartado 2, que establecía el pago solidario de las multas en estos casos en que se produce una actuación en nombre de otro. El cual refleja una responsabilidad directa y solidaria.

La LO 5/2010: primera regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

La tendencia culminó con la reforma del CP por la LO 5/2010.

Cuestiones generales: el planteamiento del legislador español

El legislador español ha optado por introducir un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Art 31.1 CP: "En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho por sus representantes legales y administradores, de hecho o de derecho.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso".

Art 33.7 CP: "Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:

  • a) Multa por cuotas o proporcional.

  • b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

  • c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

  • d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

  • e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

  • f) Inhabilitación para obtener subvencione y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la SS, por un plazo que no podrá exceder de quince años.

  • g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa".

Principales características del sistema

  • Se reconoce la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, pero es necesario que una persona física cometa el delito.

  • La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal de la persona física.

  • Ambas responsabilidades pueden coexistir.

  • Responsabilidad limitada a determinados delitos.

  • La multa es la pena fundamental, pese a que, las penas pueden llegar incluso hasta la disolución.

La situación en derecho comparado europeo

Reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una tendencia del Derecho comparado.

Pero ningún tratado internacional obliga a introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El modelo de la LO 5/2010: aspectos básicos

Personas jurídicas responsables

No toda persona jurídica es penalmente responsable en el CP español.

Art 129 CP: "...por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el art 31 bis CP".

Art 31 bis apdo 5 CP: "Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal".

De lo que se deduce que hay tres grupos exentos:

  1. Entidades de Derecho público y asimilados.

  2. Entidades estatales mercantiles y ejercientes privados de funciones públicas.

  3. Agentes políticos y sindicatos.

Imputación de la responsabilidad a la persona jurídica

Delitos en los que se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Sólo puede haber responsabilidad penal de las personas jurídicas en los siguientes casos:

  • Tráfico ilegal de órganos (156)

  • Trata de seres humanos (177)

  • Tráfico y posesión de pornografía infantil (189)

  • Acceso ilícito a datos o programas informáticos (197)

  • Estafas (251)

  • Insolvencias punibles (261)

  • Daños informáticos (264)

  • Delitos relativos al mercado y los consumidores (288)

  • Receptación y conductas afines (302)

  • Delitos contra la HP y la SS (310)

  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (318)

  • Delitos contra la ordenación del territorio (319)

  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (327)

  • Depósito de sustancias peligrosas para el medio ambiente (328)

  • Contaminación o exposición a radiaciones ionizantes (343)

  • Delitos de riesgo producidos por explosivos y otros agentes (348)

  • Tráfico de drogas (369)

  • Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (399)

  • Cohecho (427)

  • Tráfico de influencias (430)

  • Delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales (445)

  • Organizaciones o grupos criminales (570)

  • Financiación del terrorismo (576)

Delito cometido por cuenta y en provecho de la persona jurídica

Los delitos deben cometerse por cuenta y en provecho de la persona jurídica (art 31 bis apdos 1 y 2). El provecho puede ser directo o indirecto.

Un delito se cometerá por cuenta de la empresa cuando se realice en el marco de las funciones que en el seno de la misma tiene encomendadas la persona física que realice la conducta delictiva. Lo que implica que la persona se desvíe del correcto ejercicio de sus funciones.

Vías de imputación

Podemos imputar el delito a la persona jurídica en los siguientes casos:

  1. Comisión por personas con poder de dirección o representación: administradores de hecho o de derecho y representantes legales.

  2. Comisión por parte de empleados: supone un defecto de organización que ha permitido la comisión del delito.

Independencia de la responsabilidad de la persona jurídica de la responsabilidad de la persona física

La responsabilidad de la persona jurídica es propia e independiente de la posible responsabilidad de una persona física, como resulta del art 31 bis apdos 2 y 3 CP.

Responde aunque la persona física no haya sido individualizada, no se haya podido dirigir el procedimiento contra ella, esté exenta de responsabilidad criminal por falta de culpabilidad, haya fallecido o se haya sustraído a la acción de la justicia.

La penalidad en los supuestos de responsabilidad de personas jurídicas

Penas aplicables y sus especialidades

  • La pena de multa (50 y siguientes)

    • es la principal en el CP, común en todos los supuestos, pudiendo ir acompañada de otras.

    • puede establecerse conforme al sistema de cuota (días-multa) o puede ser una multa proporcional.

  • Disolución (33.7.b)

  • Suspensión de las actividades por un plazo no superior a 5 años (33.7.c)

  • Clausura de locales y establecimientos por un plazo de hasta 5 años (33.7.d)

  • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o facilitado el delito. (33.7.e)

  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social (33.7.f)

  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores. (33.7.g)

La aplicación y determinación de la pena

Para poder imponer las penas del art 33.7 CP se requieren unos requisitos -supuestos cualificados-:

  • Requisitos generales:

    • necesidad de la pena para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos.

    • consecuencias económicas y sociales, en especial, los efectos para los trabajadores.

    • puesto que ocupa en la empresa la persona que incumplió el deber de control.

  • Requisitos para la imposición por un plazo superior a dos años:

    • persona jurídica reincidente

    • que se utilice la empresa como instrumento -la actividad legal es menos relevante que la ilegal- para cometer delitos.

  • Requisitos para la imposición por plazo superior a cinco años o permanente.

    • persona jurídica multirreincidente

    • utilización instrumental de la empresa.

La responsabilidad civil derivada del delito

Según art 116.3 CP, si la persona jurídica resulta penalmente responsable de la infracción penal, lo será también civilmente y de manera directa en los mismos términos -art 110 CP- que cualquier persona física.

No confundir con la responsabilidad subsidiaria por hechos cometidos por personas físicas en el seno de una empresa -art 120 CP-.

Extinción de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas

Consideraciones previas

Se trata, por un lado, de determinar hasta qué punto las causas que extinguen la responsabilidad penal de las personas físicas producen el mismo efecto respecto de las personas jurídicas.

Y por otro, de examinar las particularidades que respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha introducido la LO 5/2010 en materia de extinción de la misma.

La extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por las causas previstas en el art 130.1 CP

  • cumplimiento de la condena

  • prescripción de la infracción penal

  • prescripción de la pena

  • muerte del reo

    • podría encontrar paralelismo con la disolución, cuestión que aborda la LO 5/2010

  • remisión de la pena

    • No es aplicable porque la suspensión solo es aplicable respecto de las penas privativas de libertad que solo se pueden imponer, a la persona física.

  • perdón del ofendido

    • No es aplicable a personas jurídicas.

Causas de extinción de la responsabilidad penal de la persona jurídica tras la reforma de 2010

Art 130.2 CP: "La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella".

La persona jurídica penalmente responsable es, al igual que la física, el único sujeto de quien se puede predicar la responsabilidad penal y el único sujeto que puede cumplir la pena que se deriva de la misma. Esa responsabilidad penal no puede trasladarse a otros sujetos por lo que la disolución real o material de la persona jurídica extingue la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir.