La aplicación de la ley penal en el espacio

La Ley Penal en el espacio. Cuestiones generales y principios de aplicación

Como los tribunales penales españoles solo pueden aplicar DP español el problema de la eficacia de la ley penal en el espacio está íntimamente ligado a la existencia de jurisdicción.

Art 8 CC: "Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español", consagrando el principio de territorialidad.

El art 23 LOPJ añade otros principios complementarios para evitar posibles situaciones de impunidad, como son el de personalidad activa, el de protección de intereses y el de jurisdicción universal.

El principio de territorialidad

Las leyes penales se aplican a los delitos cometidos en territorio español, con independencia de la nacionalidad del autor o de la víctima.

Se basa en la soberanía estatal para aplicar el ius puniendi. Además, el castigo en el lugar de comisión del delito es el más efectivo de cara al efecto preventivo general de la pena, pues es la sociedad que ha sufrido el delito la que recibe el mensaje, que la pena transmite, de que aquello no debe ser. También razones prácticas del ámbito procesal, como la investigación, recoger pruebas y juzgar al delincuente, recomiendan que éste sea el principio básico de aplicación de la ley penal.

Art 23.1 LOPJ: "En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte."

El territorio comprende:

  • La superficie terrestre comprendida en el interior de las fronteras del Estado. Esto incluye los edificios de las embajadas y consulados extranjeros en nuestro país.

  • las aguas interiores.

  • el mar territorial: la columna de agua, lecho, subsuelo y recursos comprendidos en las 12 millas náuticas adyacentes a las costas españolas.

  • El espacio aéreo: el que se extiende sobre la superficie terrestre y sobre el mar territorial.

  • Los buques y aeronaves españolas, es decir, las que tengan pabellón español -estas son las que se encuentren matriculadas en España-. Esto no plantea ningún problema en aguas o espacio aéreo internacional, pero sí los plantea cuando se encuentren en aguas o espacio aéreo de otro Estado, salvo si son buques o aeronaves militares u oficiales que se consideran siempre territorio español con independencia de donde se encuentren. La cuestión se encuentra regulada en tratados internacionales.

  • El espacio ultraterrestre y los cuerpos no están sometidos a la soberanía de ningún estado según Naciones Unidas.

Una cuestión problemática que no se regula en el OJ se suscita en los casos en que la acción se realiza en un determinado territorio pero el resultado del delito se produce en otro territorio distinto -delitos a distancia-.

Según la teoría de la ubicuidad, que parece la más aceptada, el delito se entenderá cometido tanto donde se realiza la acción u omisión como donde se produce el resultado.

El principio de personalidad activa

Según este principio la ley penal se puede aplicar a los delitos cometidos por los ciudadanos españoles en el extranjero. Su función es evitar la impunidad que genera la regla muy extendida de no extraditar a los nacionales.

Requisitos para su aplicación:

  • que los hechos estén previstos en las leyes penales españolas como delito -no basta con que sea falta-.

  • que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho.

  • que el hecho sea punible en el lugar de ejecución -principio de doble incriminación-, salvo que, en virtud de algún tratado, no resulte necesario dicho requisito.

  • que el agraviado o el ministerio fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles.

  • que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no hay cumplido condena. Si solo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

El principio real o de protección de intereses

Según este principio la ley española se extiende a determinados delitos aunque se cometan en el extranjero y con independencia de la nacionalidad del autor.

Se basa en la naturaleza de esos delitos a los que se extiende, pues son delitos contra determinados bienes jurídicos que constituyen intereses del Estado, y que pueden no verse tan bien protegidos por la legislación extranjera.

Se extiende a los siguientes delitos:

  • De traición y contra la paz o la independencia del Estado.

  • Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente

  • Rebelión y sedición

  • Falsificación de la Firma o Estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales

  • Falsificación de moneda española

  • Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado.

  • Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.

  • Los perpretados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española.

  • Los relativos al control de cambios.

Requisitos para su aplicación:

Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si solo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajar la proporción correspondiente.

Principio de jurisdicción universal

Permite a los tribunales españoles enjuiciar determinados delitos en aplicación de la ley penal española aunque se hayan cometido en el extranjero y con independencia de la nacionalidad del autor.

Se basa en el interés de todos los Estados en perseguir ciertos delitos que por su naturaleza afectan a toda la Comunidad Internacional.

Se extiende a los siguientes delitos:

  • Genocidio y lesa humanidad.

  • Terrorismo.

  • Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.

  • Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces.

  • Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.

  • Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.

  • Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.

  • Cualquier otro que, según los tratados internacionales, deba ser perseguido en España.

  • El blanqueo de capitales

Requisitos para su aplicación:
  • que los presuntos responsables se encuentren en España

  • o que existan víctimas de nacionalidad española

  • o que se constate algún vínculo de conexión relevante con España

  • que no se haya iniciado procedimiento que persiga tales hechos punibles

  • que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si solo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuanta para rebajar la proporción correspondiente.

  • en caso de cometerse fuera de territorio español uno de los delitos de competencia de la CPI y no ser el presunto responsable nacional español, España cedería la competencia a la CPI renunciando a la jurisdicción universal.
El precepto al establecer estos requisitos antepone la cláusula: "Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España"

Otros principios no recogidos expresamente en nuestro OJ

Existen otros principios de aplicación de la ley penal en el espacio que pueden tener entrada a través de la cláusula del art 23.4 h, si un tratado internacional del que España fuera parte previera la obligación de nuestro país de aplicar su derecho penal en tales casos.

El principio de personalidad pasiva (o de protección de los nacionales)

Según este principio la ley penal nacional se aplicaría cuando la víctima del delito es un nacional, aunque el delito se haya cometido en el extranjero y el presunto autor sea actranjero. Este criterio es criticado por ser muestra de un rabioso nacionalismo, por poner en duda la imparcialidad del juicio y por mostrar una desconfianza hacia los sistemas jurídicos de otros países.

El principio de justicia supletoria

Este principio se prevé en algunos países para extender la propia ley penal y por lo tanto su jurisdicción a casos en los que no es aplicable ninguno de los principios anteriores, y en los que no existe ningún punto de conexión con el delito, con el fin de evitar la impunidad, bien porqu el delito se cometió en un territorio no sometido a la soberanía de ningún Estado, o bien porque teniendo en su poder al delincuente no es posible la extradición del mismo al país competente para juzgarlo.

La cláusula aut dedere aut iudicare

Algunos convenios internacionales recogen una cláusula por la que se obliga a un Estado bien a extraditar siempre al sujeto acusado de ciertos delitos, o bien, si no le extradita, a juzgarlo por el delito en cuestión.

Se trata de una cláusula de cooperación internacional destinada a evitar la impunidad cuando por algún motivo (normalmente relacionado con las leyes y los tratados de extradición) se niega la extradición de un delincuente.

Cooperación judicial interestatal

Los Estados han desarrollado diversos mecanismos de cooperación internacional para facilitar el enjuiciamiento de delitos. El más importante es la extradición. Y en la Unión Europea la euro-orden.

La extradición

Es una forma de cooperación internacional consistente en la entrega de un delincuente por parte del Estado en cuyo territorio se ha refugiado a aquel que lo reclama para juzgarle o para ejecutar la pena o la MS impuesta.

Se regula en tratados internacionales y en las leyes internas.

Llamamos Estado requirente al que solicita la entrega del delincuente y Estado requerido a aquel que lo tiene y se pretende que lo entregue.

Extradición activa es la solicitud de entrega que hace el Estado requirente y extradición pasiva es la entrega del delincuente que hace el Estado requerido.

Según los órganos que intervengan la denominamos:

  • Gubernativa: solo interviene el gobierno

  • Judicial: solo intervienen los tribunales

  • Mixta: intervienen tribunales y gobierno

En España, para las extradiciones realizadas fuera del ámbito de la UE, la extradición se regula en Convenios, y en su defecto se aplica la Ley de Extradición pasiva de 1985 y para la activa la LECrim. El procedimiento español es de tipo mixto.

La extradición activa en la LECrim

Se puede solicitar la extradición de una persona que deba ser juzgada en España y se encuentre en el extranjero contra la que se haya dictado auto motivado de prisión o recaído sentencia firme.

Solo podrá pedirse la extradición de los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero, de los españoles que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen regugiado en país distinto de aquel en que delinquieron y de los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.

La extradición pasiva en la Ley de 1985

El procedimiento previsto es mixto.

Esta ley recoge los siguiente principios:

  • Principio de legalidad: las condiciones, procedimientos y efectos se regirán por la ley y los tratados en los que España sea parte.

  • Principio de reciprocidad: solo se concede atendiendo a este principio. El gobierno podrá exigir una garantía de reciprocidad.

  • Principio de doble incriminación: solo se concede si los hechos son delictivos tanto en el Estado requirente como en España.

  • Principio de no entrega de los nacionales, ni de los extranjeros que deban ser juzgados en España.

  • Principio de no extradición por delitos de escasa gravedad.

Motivos de denegación:

  • cuando se trate de delitos de carácter político.

  • cuando se trate de delitos militares tipificados por la Legislación Española y de delitos cometidos a través de los medios de comunicación social en el ejercicio de la libertad de expresión, y de los que solo son perseguibles a instancia de parte, con excepción de los delitos sexuales.

  • cuando una persona reclamada fuera a ser juzgada en el Estado requirente por un tribunal de excepción.

  • cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal conforme a la legislación española o a la del Estado requirente.

  • cuando la persona reclamada haya sido juzgada o lo esté siendo en España por los mismos hechos.

  • cuando el Estado requirente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.

  • cuando el Estado requirente no hubiera dado las garantías de celebrar un nuevo juicio en caso de condena en rebeldía.

  • cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condición de asilado.

El asilo

Es la protección que se otorga por un Estado a una persona que se refugia en su teritorio, consistente en su no devolución, expulsión o extradición, y está reconocido como Derecho Humano en art 14 Declaración Universal para las personas perseguidas en otro Estado, que no sean acusadas de delitos comunes o contrarios a los fines de Naciones Unidas.

No exige que el solicitante haya alcanzado el territorio español, pudiendo solicitarse cuando todavía se encuentra en el extranjero, bien en una embajada española o bien a través de un representante en España.

Se otorga a quienes se les reconoce la condición de refugiado. Ésta se regula en la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados de 1951 y en el Protocolo de Nueva York de 1967, en el ámbito europeo en diversas directivas y a nivel nacional en la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

El solicitante debe argumentar fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo u opiniones políticas en el país de su nacionalidad, o en caso de ser apátrida, en el lugar donde tuviera su residencia habitual.

El asilo se extiende además, a los padres, el cónyuge o persona con análoga relación, e hijos, salvo los supuestos de independencia familiar, mayoría de edad, separación o divorcio y distinta nacionalidad.

El asilo y la protección subsidiaria se deniegan a quien haya sido condenado por delito grave o se sospeche que los ha cometido, o a quien se le considere un peligro para la seguridad del país.

La cooperación en la UE

En el espacio judicial europeo contamos con la euro-orden como mecanismo de auxilio jurídico internacional en materia penal.

La euro-orden es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativa de libertad.

Sustituye los anteriores convenios de extradición y se diferencia de la extradición por el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales de otro país de la UE.

La euro-orden puede ser emitida por cualquier juez o tribunal español que solicite la entrega de una persona a otro Estado de la UE, y de la misma manera procederá la autoridad judicial española cuando sea requerida por otro Estado.

Los motivos de denegación están tasados. Además, el Estado de ejecución puede someter la entrega a determinadas garantías.

Derecho penal internacional. Especial consideración del Estatuto de la Corte Penal Internacional

DPI es la legislación penal emanada de la comunidad internacional y a la que están sometidos los ciudadanos de todas las naciones. Estas leyes son aplicadas por tribunales internacionales.

DPI es la rama del OJI -ordenamiento jurídico internacional- que protege los bienes jurídicos en el orden social internacional frente a las formas de agresión más graves mediante normas dirigidas a los individuos cuya infracción genera responsabilidad penal individual en Derecho Internacional.

La primera aplicación práctica fue tras la 2ª guerra mundial para castigar los crímenes nazis.

Los principios de Nuremberg fue el primer texto de DPI y se aprobó en 1950 por Naciones Unidas.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como el Estatuto de Roma, fue aprobado a través de un tratado internacional al que los Estados se adhieren libremente, y entró en vigor el 1 de julio de 2002.

El Estatuto de la CPI contiene una parte material y otra procesal. La material es un Código Penal Internacional con una parte general y otra especial.

La competencia de la CPI no es universal, pues depende de que el Estado en cuyo territorio se cometió el delito o del que es nacional el acusado sea parte en el Estatuto, o si no lo es, que de su consentimiento, salvo que sea el Consejo de Seguridad de la ONU quien remite el caso, pues entonces la CPI tiene competencia aunque el Estado no sea parte ni de el consentimiento.

Los Estados miembros han abierto un proceso de adaptación de su legislación, incorporando figuras y previsiones, y elaborando leyes de cooperación con la CPI.