El procedimiento presupuestario

La división de poderes en el ciclo presupuestario

La división de poderes es la base de la organización política surgida de la Revolución Francesa, constituyéndose en elemento definidor del Estado liberal de Derecho y se proyectó sobre el instituto presupuestario.

Conviene recordar que el presupuesto nace vinculada al parlamento, el origen de los actuales leyes de Presupuestos hay que buscarlo en la autorización que el Monarca debía de obtener de las Asambleas estamentales para recaudar tributos a sus súbditos.

Desde sus comienzos se va a consolidar el ciclo presupuestario con base en tres principios que concretan el de división de poderes:

  1. Separación de funciones entre el poder legislativo y el ejecutivo

  2. Coordinación de ambos para desarrollar el ciclo presupuestario

  3. Irrenunciabilidad de las competencias atribuidas a cada uno en las distintas fases.

La CE atribuye a las Cortes Generales una competencia específica para la aprobación de los Presupuestos del Estado (art. 66.2 CE), pero distribuye el poder presupuestario entre el Ejecutivo y el Legislativo, correspondiendo al Gobierno la elaboración de los Presupuestos y a las Cortes su examen, enmienda y aprobación.

Las fases son las siguientes:

  1. Elaboración, que corresponde al ejecutivo

  2. Aprobación, competencia del legislativo

  3. Ejecución. Competencia del Ejecutivo

  4. Control. Competencia del legislativo

Fase de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado

Corresponde al Gobierno la elaboración, cuyo proyecto de ley deberá remitir al Congresos al menos tres meses antes de la expiración de los Presupuestos del año anterior, es decir antes del 1 de octubre del ejercicio anterior a su aplicación.

Con carácter previo a la elaboración de los Presupuestos, es necesario establecer el objetivo de estabilidad presupuestaria confeccionar los escenarios presupuestarios plurianuales.

La fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria. El plan de austeridad de la Administración del Estado

Se fijará por el gobierno en el primer semestre de cada año, a propuesta del Ministerio de Economía, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA y la comisión nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas y se referirá a los tres ejercicios siguientes.

A partir del 1 de enero de 2007, la determinación de los objetivos de estabilidad presupuestaria diferirán en función del ente territorial o institucional al que deban aplicarse. Así, la Administración General del Estado, los Organismos Autónomos y los demás entes públicos dependientes de ella que presten servicios o produzcan bienes que no se financien con ingresos comerciales, los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos generales y la Administración de las CCAA, los entes y organismos dependientes de ella, el principio de estabilidad se entenderá como la situación de equilibrio o de superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones públicas.

En cuanto a la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria en el ámbito de las Entidades locales, la reforma llevada a cabo en 2006, diferenció dos tipos de entidades locales.

Unas, las definidas en el art. 111 TRLGEP, la Comisión nacional de Administración local, o en su defecto el Gobierno, establecerá cada año aquellas que en el ámbito de sus competencias ajustarán sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria , entendido como la situación de equilibrio o de superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación.

El resto de entidades locales habrán de ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido como situación de equilibrio o superávit.

Para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de cuentas Nacionales y Regionales.

Para el resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles, etc., se elaborarán sus presupuestos dentro de un marco de estabilidad presupuestaria, concebido éste como la posición de equilibrio financiero.

La propuesta de fijación del objetivo de estabilidad irá acompañada de un informe en el que se evalúe la fase del ciclo económico que se prevé para cada uno de los años contemplados.

Dicho informe es elaborado por el Ministerio de Economía, contendrá el cuadro económico plurianual, y deberá tener en cuenta entre otros, los siguientes parámetros: PIB y el diferencial respecto a su potencial crecimiento, comportamiento esperado de los mercados financieros, laboral, etc. El acuerdo del Consejo de Ministros más el informe se remitirán a las Cortes Generales, debatiéndose de forma sucesiva en el Congreso y en el Senado. Si es aprobado, la elaboración del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado habrá de acomodarse al objetivo de estabilidad propuesto por el gobierno. Si el objetivo de estabilidad fuere rechazado, el Gobierno en el plazo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo y se someterá al mismo procedimiento.

Elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales

Los escenarios presupuestarios constituyen la programación de la actividad del sector público estatal en la que se definirán los equilibrios presupuestarios básicos, la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar a las políticas de gastos.

Determinan los límites que la acción del gobierno deberá respetar en los tres ejercicios siguientes, en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria.

Van encaminado a conseguir la estabilidad presupuestaria correspondiente al Estado y a la Seguridad social, estarán integrado por escenario de ingresos y un escenario de gastos y se elaboraran anualmente como fase previa al proceso de preparación de los presupuestos generales.

Proceso de elaboración de los PGE

La elaboración de los presupuestos constituye un proceso que comprenden la confección no sólo de los estados numéricos de gastos e ingresos, sino también la extensa documentación complementaria aneja a los mismos en la que se explican y desglosan los objetivos, programas y resúmenes que justifican las cantidades reflejadas en los estados numéricos y finalmente como otro proyecto de ley, la elaboración del proyecto de ley de presupuestos incluye la redacción de su texto articulado.

La elaboración, enmarcada en el escenario plurianual confeccionado por el Ministerio de eco. Y respetando el límite máximo anual de gasto no financiero fijado en el acuerdo del gobierno sobre objetivo de estabilidad presupuestaria, se basa en un proceso que parte de los distintos centros gestores del sector público que será remitido al ministerio de eco. Que elaborará el anteproyecto para elevarlo al gobierno para que finalmente apruebe el proyecto de ley para remitirlo a las cortes.

El marco normativo permite esquematizar el procedimiento en tres fases:

  1. Fase descentralizada, de preparación y proposición de Anteproyectos parciales. Los centros gestores de los órganos constitucionales, ministerios y demás órganos del estados. Los remitirán al ME.

  2. Centralizada de formación del Anteproyecto de Ley. Es competencia del ME, siendo competencia de los ME y de Ministerio de Trabajo la elevación del Anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad Social al Gobierno para su aprobación.

  3. Aprobación por el Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y su remisión a las Cortes Generales antes del 1 de octubre del año anterior al de su aplicación.

El proyecto de ley estará integrado por el articulado y los estados de ingresos y de gastos estructurados y se le acompaña la documentación complementaria que se detalla.

Criterios materiales para la elaboración de los presupuestos

La doble dimensión del Presupuesto, como conjunto de normas reguladoras del gasto público de un ejercicio y como plan de actuación financiera pública, debería determinar que los criterios materiales seguidos para su elaboración respondieran a uno y otro aspecto. Es decir, a los principios de justicia, en primer lugar, por imperativo de la CE y segundo, a los concretos objetivos de política económica y financiera del gobierno, entre los que destaca el compromiso de la estabilidad presupuestaria y la convergencia real con los países más desarrollados de la UE.

La ordenación del gasto presupuestario conforme técnicas de presupuestación por programas u objetivos determina que los criterios materiales para la elaboración de los PGE deban atender primordialmente a esta ordenación de gasto, clasificación por programas, sin perjuicio del resto de criterios, clasificación orgánica, económica y funcional.

La expresión de este principio de plurianualidad supone reforzar los mecanismos de previsión presupuestaria a medio plazo que garantizan la compatibilidad de las prioridades de asignación microeconómica del Presupuesto con los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos en el marco de la disciplina fiscal.

Presupuesto con base cero, no introducida en el ordenamiento. Consiste en obtener analíticamente el coste de cada servicio o actuación partiendo de cada uno de sus elementos, sin tomar en consideración lo en ejercicios anteriores venía destinándose al mismo.

Respecto a los ingresos, el art. 36.3 LGP dispone que el presupuesto de ingresos de la AGE se elaborará por el ME, ajustándose a la distribución de recursos de la programación plurianual y al cumplimiento de los objetivos de política económica establecidos por el gobierno para el ejercicio. La comisión de ingresos será la encargada de coordinar la elaboración de previsiones, evaluaciones y propuestas que han de ser tenidas en cuenta, de acuerdo con la comisión de política de gasto para la elaboración de los estados de ingresos.

Los criterios materiales para la elaboración del texto articulado es de destacar que existe libertad de redacción para el mismo, aunque lógicamente deben incluirse los preceptos que posibiliten una adecuada gestión de los estados de gastos e ingresos. Mención aparte merecen las modificaciones que se realicen en cada tributo, y que debe sujetarse a lo dispuesto en el art. 134.7 CE, que los supedita a la autorización concedida por la ley sustantiva de cada uno de ellos.

Fase de aprobación de los presupuestos

En la aprobación de los Presupuestos Generales, art. 66.2 CE, procediendo al examen, enmienda y aprobación de ese núcleo indisponible constituido por la previsión de ingresos y la autorización de gastos, se cifra la función presupuestaria que a las cortes atribuye la CE, función que enuncia como una competencia específica, desdoblada de la genérica potestad legislativa del Estado.

Tres consecuencias se desprenden:

  1. Mediante ella se asegura el control democrático de los mismos por el órgano representativo.

  2. Mediante la aprobación parlamentaria de los Presupuestos se habilita al Ejecutivo para actuar en materia financiera.

  3. Tiene un alcance más político que jurídico, consistiendo en que la aprobación parlamentaria compromete al parlamento en la política del Gobierno.

Tramitación parlamentaria

Dada la complejidad y extensión del presupuesto, y sobre todo su trascendencia y la necesidad que se apruebe en los plazos previstos, tanto el Reglamento del Congreso como del Senado, encuadran entre los procedimientos legislativos especiales, el Proyecto de Ley de Presupuestos, comenzando por otorgarle prioridad sobre el resto de trabajo de las Cámaras.

  1. Fase consiste en el debate de la totalidad del proyecto por el Pleno del Congreso, en el que se deben aprobar las cuantías globales de los estados de ingresos y gastos.

  2. Una vez aprobadas las cuantías globales, pasa a la Comisión de Presupuestos del Congreso, en la que se debatirán, el texto articulado y el estado de gastos. En este debate ya son plenas las limitaciones de enmienda.

  3. Tras su paso por la Comisión y una vez informado y dictaminado por ésta, se somete a debate final por el Pleno del Congreso, recayendo por una parte al conjunto del articulado y por otra, sobre cada una de las secciones del estado de gatos. La sección es la unidad de debate. El resultado será la aprobación del Proyecto con las modificaciones introducidas por el Congreso.

  4. Finalizado el trámite en el Congreso, se remite al Senado, donde tras debatirse por la Comisión de Presupuestos, se somete al pleno, iniciándose la discusión con un turno sobre la totalidad en el que podrán intervenir cada grupo parlamentario, para a continuación, entrar en el examen y votación de los cotos particulares mantenidos en comisión. Si el Senado introduce modificaciones, deberá volver al Congreso para su aprobación definitiva.

Limitaciones de la potestad parlamentaria

La primera de ella consiste en la existencia de ciertos créditos sobre los que no se admiten discusión, generalmente por responder a obligaciones contraídas en firme por la HP y cuya cuantía y destino son inalterables, por lo que ni siquiera se someten a debate. Son los llamados fondos consolidados. Son los destinados al pago de intereses y amortización de la Deuda Pública.

En segundo lugar debe aludirse a las restricciones del derecho de enmienda a que se ven sometidos los parlamentarios. El art. 134.6 CE obliga a que las enmiendas que supongan aumento de gastos o disminución de ingresos cuenten con la conformidad del Gobierno a su tramitación, las que aumente gastos, deberán compensarse con una disminución igual en la misma sección. Si el Gobierno no da su contestación en los plazos indicados está prestado su aprobación a que la enmienda se tramite.

En tercer lugar, pueden entenderse como limitaciones a la potestad parlamentaria de aprobación de los gastos públicos las previsiones contenidas en la Ley General Presupuestaria sobre la existencia de créditos no limitativos que provocan que la autorización del gasto por el Legislativo revistan matices muy distintos a los tradicionales. Son los supuestos de créditos ampliables, la posibilidad de transferencias de créditos por el Ejecutivo, la de contracción de compromisos de gastos plurianuales, en general todos los instrumentos que están en manos del ejecutivo para una mayor flexibilidad en la gestión presupuestaria.

En cuarto lugar, aunque de modo indirecto, también supone una pérdida de relevancia del parlamento, más que una limitación, la previsión del art. 134.4 CE de prórroga automática de los Presupuestos del ejercicio anterior si no se aprueban.

Aprobación de gastos con posterioridad a la LP

Admitida esta posibilidad en nuestro ordenamiento, le resultan aplicable los mismos principios que la aprobación de los Presupuestos, es decir autorización por el parlamento y facultades extraordinarias del Gobierno junto con las limitaciones a la potestad parlamentaria.

Teniendo en cuenta que la aprobación de nuevos gastos supone una alteración de las previsiones presupuestarias, existen una serie de garantías, requisitos y cautelas que tienden a evitar el uso en exceso de esta posibilidad.

Las vías a través de las cuales pueden obtenerse estos mayores gastos son tres:

La primera es la de aquellos textos legales que impliquen un aumento del gasto público. La iniciativa genérica del Gobierno para presentar proyectos de ley con estas consecuencias se recoge en el art. 134.5 CE, que también le permite presentar otros que supongan una disminución de ingresos. La iniciativa parlamentaria se ve restringida en el art. 134.6 CE y que son predicables igualmente de las proposiciones de ley presentadas por un grupo parlamentario o debidas a la iniciativa popular.

El segundo grupo lo integran los denominados créditos extraordinarios y suplementarios de crédito.

Consiste en la petición que realiza el Gobierno a las Cortes, a través de proyecto de ley, para que se autoricen los nuevos gastos sobre los presupuestos, bien porque no existe crédito previsto para un gasto concreto, bien porque resulte insuficiente para cubrir el gasto exigido.

Especial atención merecen las modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos destinados a gastos reservados. Estos gastos se fijaran de forma específica para cada ejercicio económico en la Ley de Presupuestos y la autorización de cualquier modificación que suponga incremento corresponderán a las Cortes, previo informe de la Comisión parlamentaria.

Respecto al tercer grupo de posibilidades para conseguir mayores gastos, si no alteran las previsiones de los Presupuestos, se prescinde de la intervención parlamentaria para atribuir directamente al Presidente o Director del Organismo autónomo, al ME o al Gobierno la competencia de aprobar créditos extraordinarios y suplementos de créditos a favor de los Organismos autónomos. Se establece la obligación del Gobierno de informar trimestralmente a las Cortes de los que al amparo de estas autorizaciones haya concedido.

Hay otras posibilidades de manejo de los créditos que alteran las previsiones presupuestarias, pero que no suponen nuevos gastos. Entre ellas, las transferencias de créditos y las generaciones de crédito por realización de determinados ingresos.

Mención aparte merecen los denominados anticipos de tesorería. Se acuerdan por el Gobierno hasta un montante máximo del 1% de los créditos autorizados en los Presupuestos, si solicitado un crédito extraordinario o suplemento de crédito, hubiera recaído dictamen favorable a la petición por parte del Consejo de Estado, estando pendiente su aprobación por las Cortes y también con el mismo límite cuantitativo, si se hubiera aprobado una ley que implicara la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito. Se trata de una concesión provisional, supeditada a la aprobación de las Cortes, pues en caso contrario debe cancelarse el anticipo con cargo a los créditos del respectivo departamento ministerial cuya minoración cause menos trastornos para el servicio público.

Fase de ejecución de los presupuestos. La gestión de los Presupuestos Generales del Estado

La ley de Presupuestos pasa de establecer una autorización respecto de los ingresos a recoger una mera previsión de los mismos, en la medida que su establecimiento y regulación se produce mediante otras normas de vigencia indefinida, principio de legalidad tributaria. Sin embargo respecto de los gastos mantiene su carácter de autorización por el Parlamento, autorización que es indispensable para su efectiva realización, principio de legalidad presupuestaria.

La fase de ejecución afecta fundamentalmente a la gestión de los gastos públicos, esto es a la utilización o aplicación de los créditos presupuestarios a las finalidades para las que fueron autorizados. La ejecución de los ingresos no deriva de la ley de presupuestos, que no los autoriza, simplemente los prevé, sino de las propias leyes que los establecen y regulan los diferentes tipos de ingresos presupuestarios, entre ellos los de carácter tributarios. No obstante la LGP, se ocupa de la gestión del Presupuesto de ingresos y de la gestión de las devoluciones.

Al tratar de la gestión de los gastos públicos o del presupuesto de gastos, no se atiende ni a la fuente ni al momento del nacimiento de las obligaciones de contenido económico de la HP, sino al de su exigibilidad, es decir al momento del gasto. La gestión del presupuesto no es sino el procedimiento de gestión de los créditos presupuestarios en orden a extinguir las obligaciones de la HP que resulten exigibles.

Con la ejecución estamos en presencia de una acto administrativo, constituido por una serie de actos concatenados en la que cada uno trae su causa del anterior y presupuesto para el siguiente.

La gestión del presupuesto de gastos del Estado

Dos fases esenciales pueden distinguirse:

  • La primera, la ordenación del gasto, supone la afectación de un destino concreto de los créditos presupuestados y culmina con la llamada contracción, liquidación o reconocimiento de la obligación.

  • La segunda, la ordenación del pago, tiene carácter ejecutivo y tiende al cumplimiento y efectividad de la obligación de pago reconocida.

Las actuaciones a desarrollar para autorizar la realización de un gasto quedarán reflejada en un expediente de gasto, pudiendo acumularse en un solo acto las fases de ejecución precisas cuando la naturaleza de la operación así lo determinen.

La ordenación del gasto

Es la fase del procedimiento de ejecución en la que se produce el nacimiento de la obligación de pago, comprometiendo la totalidad o parte de un crédito presupuestario para su satisfacción. Culmina con la liquidación de la obligación, determinándose el importe exacto y su exigibilidad, su desarrollo ofrece una serie de actos, internos y externos:

  1. Aprobación del Gasto

    • Llamada también autorización del gasto, es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada.

  2. Compromiso de Gasto

    • Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. Constituye el acto más significativo de todo el procedimiento de gestión del gasto, al tener relevancia jurídica para terceros. La relevancia externa de la disposición de gastos y la vinculación jurídica que supone para la administración determinan que su adopción se realice según reglas precisas.

  3. Reconocimiento de la obligación

    • Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la HP o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

    • Se recoge en la LGP el principio o la regla del servicio hecho, al disponer que si las obligaciones de la HP tiene por causa prestaciones o servicios, el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación, ésta se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o del derecho del acreedor.

La ordenación y ejecución del pago

Es la segunda fase del procedimiento de ejecución del gasto público, en la que se procede a la realización de los pagos correspondientes a las obligaciones reconocidas, comprende la ordenación del pago y el pago mismo.

Ordenación del pago. Consiste en la expedición de la orden, mandamiento o libramiento de pago, a favor del acreedor que figura en la correspondiente propuesta de pago, pudiendo no obstante regularse por Orden del Ministerio E. los supuestos en que las órdenes de pago puedan expedirse a favor de habilitaciones, Caja pagadoras o Depositarias de fondo, entidades colaboradoras y otros agentes mediadores en el pago, que actuarán como intermediarios para su posterior entrega a los acreedores.

Las órdenes de pago pueden ser de dos clases, según se expidan antes o después de haber aprobado ante el órgano competente la acreditación documental de la prestación o servicio. En caso contrario, podrá procederse a la expedición de libramientos en los siguientes supuestos: cuando no pueda aportarse la documentación justificativa de los servicios, excepcionalmente, y cuando tales servicios hayan tenido o vayan a tener lugar en el extranjero.

Con cargo a los libramientos a justificar únicamente podrá satisfacerse obligaciones del mismo ejercicio.

Los preceptores de las órdenes de pago a justificar son responsables de la custodia y uso de los fondos y quedan obligados a rendir cuenta justificativa de su aplicación.

La expedición de las órdenes de pago y la cuantía ordenados en cada momento habrá que acomodarse al presupuesto monetario aprobado anualmente por el ME, a propuesta de la Dirección general del Tesoro, para hacer posible una adecuada distribución temporal de los pagos.

El ordenador de pagos aplicará criterios objetivos en la expedición de las órdenes de pago, tales como la fecha de recepción, el importe de la operación, aplicación presupuestaria y forma de pago, entre otros.

El pago. Es el acto por el que la HP se libera de su deuda, cancelando así la obligación, que asimismo podrá extinguirse por cualquiera de las causas contempladas en el CC y resto del ordenamiento.

Los ingresos y pagos de la administración podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, efectivo o cualquiera otro medio de pago, sean o no bancarios, en las condiciones que establezca el ME.

Aunque no existe un plazo determinado para proceder al pago, la LGP establece que , si la Administración no pagara al acreedor de la HP dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.

La LGP autoriza a los Ministros y Presidentes o Directores de los organismos autónomos a establecer, en el ámbito de sus competencias, las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipo de caja fija, entendiendo por tales las provisiones de fondo de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, caja y habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos, y posterior aplicación al capítulo de gasto.

Prescribirá a los cuatro años, salvo lo establecido por las leyes especiales, el derecho a exigir el pago de la obligaciones reconocidas o liquidadas, sino fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes, computándose el plazo desde la notificación del reconocimiento o liquidación de la obligación.

Gestión del presupuesto de ingresos

El art. 80 de la LGP se ocupa de la gestión del Presupuesto de ingresos que se realizará en las dos siguientes fases: Reconocimiento del derecho y extinción.

El reconocimiento del derecho es el acto que declara y liquida un crédito a favor de la admón., de sus organismos autónomos o de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seg. Social. Es un acto que tiene lugar tras el nacimiento o adquisición de los derechos. Los derechos de naturaleza tributaria se regirán por lo dispuesto en la LGT.

La gestión de las cuotas y de los demás ingresos de la Seg. Social se regulará por lo establecido en la Ley general de la Seg. Social.

Los derechos de naturaleza pública de la hacienda estatal se extinguen por las causas previstas en la LGT y en la normativa reguladora de cada derecho. Las extinciones de derechos por causas distintas a su cobro en metálico, en especie o compensación, será objeto de contabilización diferenciada, por prescripción, condonación o insolvencia.

Las devoluciones de ingresos se gestionarán, distinguiendo el reconocimiento del derecho a la devolución, que tendrá su origen en un ingreso indebido o en otra causa legalmente establecida y el pago de la devolución.

Liquidación y cierre del presupuesto

La liquidación y cierre constituye una operación contable que se realiza una vez finalizado el ejercicio para establecer el resultado de la gestión presupuestaria, determinando las obligaciones y los derechos pendientes al final del ejercicio.

Su regulación debe resolver:

  • La fijación del plazo en que debe liquidarse el presupuesto.

  • Las operaciones y procedimientos a realizar al final de cada ejercicio.

Coincidiendo el ejercicio presupuestario con el año natural, deberán imputarse al mismo:

  • Los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que se deriven.

  • Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, etc, dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos.

En consecuencia:

  • Con cargo a los créditos del estado de gasto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, servicios y demás prestaciones que se realicen en el propio ejercicio presupuestario.

  • Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de las obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho, salvo que por norma de rango legal se disponga lo contrario, o se esté en alguno de los casos que la LGO autoriza expresamente a incorporar a los créditos de un ejercicio, los remanentes de crédito del ejercicio anterior. Tampoco podrán ser objeto de incorporación a ejercicios posteriores el remanente de crédito al final de cada ejercicio del Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.

Las consecuencias del Pacto de Estabilidad y crecimiento exigen a los distintos Estados miembros la adopción de políticas presupuestarias basadas en el equilibrio y en la consecución de situaciones presupuestarias tendentes al superávit.

No obstante se han previsto situaciones excepcionales que prevé la existencia de déficit, no sólo para el Estado, sino para las CCAA y entes locales.

En primer lugar, se señala que si cualquiera de los sujetos que integran el Sector público, incumpliendo las obligaciones legales o los acuerdos que en su ejecución fuesen adoptados por el ME o por el Consejo de política fiscal de las CCAA, provocan o contribuyen a producir el incumplimiento de las obligaciones asumidas por España frente a la UE como consecuencia del Pacto de Estabilidad, asumirá en la parte que le sea imputable las responsabilidades de tal incumplimiento.

En segundo lugar y por lo que al Estado se refiere, así como con carácter excepcional para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, si de la liquidación de los presupuestos se derivan situaciones de déficit, el Gobierno está obligado a remitir a las Cortes un plan económico-financiero de reequilibrio.

Si la liquidación del presupuesto arrojarse una situación de superávit, se aplicará a la reducción del endeudamiento neto en el caso de la AGE y en el Sistema de la SS con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.

En tercer lugar y por lo que se refiere a las Entidades locales estructuradas en el ámbito subjetivo del art. 111 del TR de la Ley de las Haciendas Locales, el art. 19 TRLGEP prevé que, con carácter excepcional, podrán presentar déficit cuando éste se dirija a financiar incrementos de inversión en programas destinados a atender actuaciones productivas. El importe de dichos programas no podrá superar determinados límites y los programas de inversiones deberán ser autorizados por el ME, dándose conocimiento de su autorización a la comisión Nacional de Administración Local.

Y cuando a las CCAA, el procedimiento previsto para la liquidación de los presupuestos con déficit se halla contemplado en el TRLGEP, correspondiendo al ME el seguimiento y recepción de la justificación de las actuaciones encaminadas a la corrección del desequilibrio.