Régimen jurídico de las comunidades ideológicas y religiosas en España

El tratamiento de las comunidades religiosas por el OJ español

El régimen jurídico de las comunidades ideológicas y religiosas es el conjunto de disposiciones normativas que regulan, desde el punto de vista estatal, los requisitos necesarios para la correcta formación, existencia y actuación de las instituciones que aglutinan un número indeterminado de personas que comparten las mismas ideas o creencias.

Conviene aclarar tres afirmaciones que contiene esta definición:

  1. El marco de actuación de estas entidades está conectada con el ejercicio del derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa.

  2. Ya que estas comunidades son personas jurídicas, se ha de tener en cuenta lo estipulado por el ordenamiento general (art. 35 y ss. del CC).

  3. Las disposiciones normativas que regulan estas cuestiones se encuentran en el ordenamiento jurídico español, dentro del Derecho público.

La iniciativa de creación de estas comunidades es privada. En general los individuos siguen las pautas marcadas por la normativa estatal, aunque cuando el impulso privado se desarrolla al amparo de una confesión religiosa tradicional, como la iglesia católica, sus "estatutos" o normas de autogestión pueden disponer unas directrices internas.

Pero, por el sistema de aconfesionalidad o laicidad positiva instaurado en España, las normas privadas e internas emitidas por dichas comunidades, sólo se integrarán en el conjunto civil cuando sean conforme al ordenamiento jurídico español y cuando éste haya fijado mecanismos para su integración en el sistema o para reconocer sus efectos en el ámbito público.

El marco constitucional

La mayoría de iglesias eclesiasticistas están de acuerdo en que el art. 16 de la CE contiene una garantía genérica de la libertad ideológica y religiosa, tanto para los individuos como para las comunidades, pero no todos comparten la misma idea sobre su posición en cuanto sujeto de derecho:

  • para un sector de la doctrina lo fundamental es el ejercicio colectivo de la libertad ideológica y religiosa: garantizar el derecho de las comunidades, que se encargarán de canalizar el ejercicio individual (institucionalización de las relaciones),

  • otro sector considera que los individuos son sujetos primordiales y la extensión del derecho a las comunidades tiene su fundamento en que éstas se convierten en mecanismos idóneos para el pleno disfrute del derecho (personalismo).

El art. 16 contiene dos apartados claves para entender la configuración del estatuto jurídico de las comunidades:

  1. El párrafo 1º expresa: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades…”. De lo que podemos concluir:

    • Con carácter formal: que "comunidad" es el término genérico que utiliza nuestra CE para designar las instituciones que contempla como sujetos del derecho.

    • Con caracter material: que las comunidades son reconocidas como titulares del derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa.

  2. El párrafo 3º contiene dos parámetros esenciales para comprender la posición jurídica de las comunidades en el ordenamiento jurídico español. La primera afirma que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y la segunda señala que “los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Aunque aparentemente antagónicas, ambas pueden aportarnos datos muy importantes:

    • En el primer caso, se consagra una autonomía e independencia especial entre los poderes públicos y las confesiones (principio de separación).

    • El segundo apartado refleja el compromiso de los poderes públicos de cooperar con las comunidades. En este precepto se reconoce a las comunidades el carácter de sujeto negociador, particularmente a las religiosas.

De lo dicho podemos concluir lo siguiente:

  • El art. 16 de la CE consagra a las comunidades ideológicas y religiosas como sujetos titulares del derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa.

  • el término comunidades, es genérico, pero el legislador ha adoptado, también, otras denominaciones, como el término confesión.

  • el precepto consagra el derecho de libertad ideológica y religiosa como un único derecho que protege a las comunidades con independencia de si se configuran en torno a creencias ideológicas o religiosas.

  • En la configuración del estatuto jurídico de las comunidades ideológicas y religiosas, éstas no pueden adquirir el carácter de corporación de derecho público.

  • Estas instituciones como agentes donde los individuos desarrollan su derecho se consideran sujetos de cooperación.

Las normas que regulen el estatuto de las confesiones religiosas deben evitar que se produzcan situaciones de desigualdad formal entre las comunidades.

El ejercicio de la libertad ideológica y religiosa tiene su fundamento en la persona, pero los individuos pueden actuar individualmente o colectivamente, sin necesidad de crear una institución o comunidad. Por otro lado, en el momento en que se produce la formalización de la institución, desde su creación conforme a Derecho, el ente nace como persona jurídica y, como tal, se convierte en titular de derechos y obligaciones, con las particularidades que le correspondan.

Así se establecen dos elementos: el individual, los ciudadanos ejercen su derecho de asociación cuando deciden unirse, y el estructural o colectivo, la formación de las asociaciones con sus particularidades. Por lo tanto es esencial conocer cómo se produce la formalización de las comunidades religiosas.

Desarrollo legislativo

Las comunidades ideológicas y religiosas y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR)

Para desarrollar el art. 16 de la CE se promulgó en 1980 la LOLR, que contiene los términos en los que se debe desenvolver el ejercicio normal de la libertad ideológica y religiosa.

En el primer artículo reitera la garantía constitucional de la libertad ideológica y religiosa e integra el principio de no-discriminación y, con ello, lo que es más importante, una previsión que impide limitar la capacidad jurídica de las personas (individuos y comunidades) por razón de sus creencias.

Al decir: “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, el art. 1 de la LOLR vuelve a consagrar a las comunidades ideológicas y religiosas como titulares del derecho de libertad ideológica y religiosa y que no podrán ser parte de la estructura estatal ni ver disminuida su capacidad jurídica.

En el segundo artículo se desarrolla el contenido esencial del derecho. El primer apartado tiene vinculación directa con los individuos, la última parte garantiza la creación de las comunidades religiosas, como contenido del derecho de libertad ideológica y religiosa. También se afirma que su constitución se producirá de acuerdo con lo establecido en el régimen general y en la presente Ley. Por lo tanto la propia LOLR consolida la aplicabilidad del régimen general, según las reglas del propio ordenamiento jurídico español.

El tercer apartado recuerda la disposición del Estado español a cooperar con las comunidades religiosas, concretando los ámbitos susceptibles de cooperación:

  • asistencia religiosa en establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia;

  • la formación religiosa en los centros docentes.

Según el art 5: “Uno. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscriptas en el correspondiente Registro público, que se crea, a tal efecto, en el Ministerio de Justicia.

Dos. La inscripción se practicará en virtud de solicitud, acompañada de documento fehaciente en el que consten su fundación o establecimiento en España, expresión de sus fines religiosos, denominación y demás datos de identificación, régimen de funcionamiento y órganos representativos, con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación.

Tres. La cancelación de los asientos relativos a una determinada Entidad religiosa sólo podrá llevarse a cabo a petición de sus órganos representativos o en cumplimiento de sentencia judicial firme”.

Este precepto introduce el Registro como mecanismo para que las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones gocen de personalidad jurídica.

El art. 6 de la LOLR garantiza a las entidades inscritas “plena autonomía”, como derecho de auto-organización y auto-regulación. Además, advierte que en las normas de organización interna y en las que se dicten para regular las instituciones creadas por ellas para la realización de sus fines podrán incluir cláusulas de salvaguarda de la identidad propia.

El art. 7 de la LOLR vuelve a recordar la pretensión negociadora que asume el Estado en la CE. Introduce los requisitos para alcanzar el carácter de sujeto negociador:

  • estar inscritas en el Registro de Entidades Religiosas

  • que por su ámbito y número de creyentes, hayan alcanzado notorio arraigo en España.

En su párrafo 2º amplía el contenido de la cooperación a otros ámbitos, específicamente, la financiación a través de “beneficios fiscales”.

El art. 8 de la LOLR prevé la posibilidad de que las comunidades inscritas y que tengan notorio arraigo formen parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

Las Comunidades ideológicas y religiosas y el régimen de acuerdos

El sistema de cooperación se concreta en cuatro Acuerdos de 1979 firmados con la Iglesia Católica y tres con las respectivas federaciones de entidades evangélicas, islámicas y judías en 1992. Aunque el régimen contenido en ellos debería procurar que el desarrollo de la libertad ideológica y religiosa se produjera en términos de igualdad formal y material, existen notables diferencias, especialmente en la configuración jurídica de las entidades. Para aclararlas atenderemos a dos parámetros: las diferencias formales y materiales que existen en la regulación para la Iglesia Católica frente a la regulación de las demás confesiones y las diferencias entre “entidades mayores” y “entidades menores”.

1. La Iglesia Católica y las demás comunidades religiosas como entidades mayores

Tanto la Iglesia católica como las demás comunidades son susceptibles de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, si bien, en la práctica, no todas están inscritas en esos términos. Por un lado, la Iglesia católica no aparece inscrita en el Registro como entidad mayor. Parte de la doctrina sostiene que es innecesaria su inscripción debido a que su mención explícita en el art. 16 de la CE le confiere personalidad jurídica. Por su parte, las comunidades religiosas que han firmado Acuerdo con el Estado español han pasado por el Registro, a pesar de que también podrían englobarse dentro de la mención genérica que contiene el art. 16.3 de la CE a “las demás confesiones”. Esta situación se complicó aún más en la práctica. Aunque ciertas comunidades dispersas por la geografía española ya estaban inscritas en el RER, el Estado estimuló a las comunidades del mismo credo para que se agruparan en Federaciones que, a su vez, también fueron inscritas, para convertirse en sujeto negociador estable.

La capacidad jurídica de la Iglesia católica se contempla en el Acuerdo de Asuntos Jurídicos de 1979. Según los artículos I y II puede:

  • ejercer su misión apostólica;

  • desarrollar libre y públicamente sus actividades, especialmente tiene reconocida la jurisdicción, el culto y el magisterio;

  • comunicar libremente y

  • gestionarse y organizarse.

Por su parte, según lo señalado en las Leyes específicas la aplicabilidad de los derechos y obligaciones recogidos en los Acuerdos de 1992 se circunscribe a aquellas entidades que aparezcan inscritas en el Registro y formen parte de la Federación. Para acreditar su incorporación a la Federación será necesario aportar certificado emitido por los representantes legales de la Federación. Su baja o exclusión se practicará a instancia de la entidad interesada o de la propia Federación. Del mismo modo, la certificación de los fines religiosos de las entidades menores será expedida por la Federación, algo esencial para la inscripción. En cuanto a la capacidad jurídica, concede las facultades previstas en la LOLR.

La controversia surge al comprobar que mientras la LOLR reconoce de forma genérica estas facultades, el art. 1 de las Leyes 24, 25 y 26 de 1992 introduce dos requisitos para detentarlas: figurar inscritas y formar parte de la Federación correspondiente.

2. Las entidades menores, creadas para la realización de fines estrictamente religiosos

Las asociaciones, fundaciones e instituciones creadas por las iglesias, confesiones y comunidades religiosas para la realización de sus fines se regirán por las disposiciones del ordenamiento jurídico general. Pero, el art. 1.3 de la Ley reguladora del Derecho de Asociación advierte que las asociaciones de relevancia constitucional se regirán por su ley específica y, entre ellas, incluye a las comunidades religiosas.

Para resolver esta contradicción debemos tener en cuenta que el tercer párrafo del art. 1 de la Ley reguladora del Derecho de Asociación dice que las asociaciones religiosas se regirán por sus leyes específicas, la LOLR, por su parte, no introduce a las entidades menores como sujetos inscribibles en el Registro, en contra, las remite al régimen general en su art. 6.2. Será el art. 2 del RD 142/1981 quien introduzca a estas entidades como sujetos inscribibles en el RER. Aplicando el principio de jerarquía normativa un Real Decreto no debería contradecir lo dispuesto por la Ley, sólo complementar o desarrollar. El problema se genera al comparar dos normas del mismo rango: la LOLR y la Ley reguladora del Derecho de Asociación quien además en el párrafo 2º del art. 1.3 señala: “Las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos por las iglesias, confesiones y comunidades religiosas se regirán por lo dispuesto en los tratados internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las disposiciones de la presente Ley Orgánica”.

Teniendo todo en cuenta habría que decir que la contradicción surge al incluir los Acuerdos con la Iglesia católica una serie de disposiciones para solventar algunos problemas heredados del sistema anterior. Ello generó más de una situación anómala que ha provocado que el legislador, mediante otras regulaciones, intente primero dar una respuesta concreta y, después, generalizada para extenderlo al resto de las confesiones. Veamos su contenido:

Según el art. 1.3 del Acuerdo la Conferencia episcopal española y el resto de entidades con base territorial tienen reconocida expresamente personalidad jurídica. Las diócesis, parroquias y otras gozarán de personalidad jurídico civil desde el momento en que la tengan canónica y se notifique a los órganos competentes, es decir a la Dirección General de Asuntos Religiosos (ahora Subdirección General de Relaciones con las Confesiones). Así, mientras la primera tiene un reconocimiento expreso de personalidad jurídica, las segundas tampoco “están sujetas al trámite de inscripción…”, art. 1.a) de la Resolución 11 marzo 1982.

Resumiendo, las entidades que forman parte de la estructura y organización eclesiástica no necesitan inscripción para reconocer su personalidad jurídica y pueden probar su personalidad mediante la certificación oportuna, que varía según el momento en que se hayan constituido:

  • si son previas a la promulgación del Acuerdo y están inscritas en el Registro, bastará con la certificación oportuna emitida por la Subdirección;

  • si son posteriores, o no estaban inscritas en el antiguo Registro, será necesario que aporte la certificación de la autoridad eclesiástica competente indicando que han procedido a notificar la formación de dicha entidad.

En ambos casos, la entidad figurará inscrita.

Por su parte, las órdenes, congregaciones religiosas, otros institutos de vida consagrada, así como sus provincias y casas, las asociaciones, fundaciones y otras entidades católicas tendrán un doble sistema de reconocimiento:

  1. Las entidades no territoriales que gocen de personalidad jurídica antes de la entrada en vigor del Acuerdo tendrán un reconocimiento genérico de personalidad sin necesidad de una nueva inscripción registral. En este caso, el Registro de Entidades Religiosas sólo funciona como medio de prueba

  2. Las entidades que no gocen de personalidad jurídico civil a la entrada en vigor del Acuerdo deberán inscribirse en el Registro. Deben presentar documento auténtico de su erección canónica, expresión de sus fines, datos de identificación, etc. Todos estos documentos deberán estar legitimados por el Notario.

Las asociaciones y fundaciones deberán inscribirse para tener personalidad jurídica.

Constitución de comunidades ideológicas y religiosas y la gestión de los poderes públicos: el registro de entidades religiosas

¿Qué es un Registro y para qué sirve? De la publicidad y seguridad jurídica

El Registro es una oficina donde se inscriben sujetos, derechos y sus circunstancias jurídicas. Como institución jurídica el Registro realiza sus funciones de acuerdo con las reglas de la publicidad registral, que es un instrumento para dotar de seguridad jurídica al ordenamiento jurídico.

En nuestro ordenamiento jurídico podemos encontrarnos con dos tipos de registros:

Los Registros administrativos: servicio público inserto en la estructura administrativa general y cuya función es otorgar publicidad formal de lo inscrito. No son constitutivos de derechos, tan sólo permiten conocer la existencia de un sujeto, hecho, acto o situación jurídica. La publicidad es un elemento estructural del ordenamiento jurídico que garantiza la seguridad en el tráfico jurídico. Impidiendo, entre otras cuestiones, la arbitrariedad de los poderes públicos en su actuación. Es un instrumento donde la inscripción es obligatoria.

El Registro jurídico: institución propia del derecho privado, es constitutivo de derechos. La inscripción otorga un tipo de publicidad registral especializada, publicidad material, al verificar la corrección jurídica de lo inscrito por medio de profesionales del Derecho (Registradores) que califican materialmente el título. La calificación es un juicio técnico que responde a una serie de principios (principio de legalidad, de responsabilidad directa e indirecta, además de los ordinarios del procedimiento registral). La publicidad material que otorgan estos registros se vincula a las nociones de oponibilidad e invocabilidad:

  • la inscripción legitima al titular en su derecho haciéndolo oponible frente a terceros (principio de legitimación);

  • las situaciones inscritas se consideran ciertas y veraces, al coincidir la realidad material con la registral, que es lo que revisa el Registrador, por lo que el tercero de buena fe que actuó teniendo en cuenta lo inscrito, en caso de conflicto, puede invocar la publicidad registral (principio de buena fe).

Aquí la inscripción es potestativa, a fin de conseguir seguridad jurídica. De esta forma, los Registros jurídicos se vinculan más con las sociedades privadas con ánimo de lucro.

¿Qué es el Registro de Entidades Religiosas?

Es el órgano donde se inscriben las comunidades religiosas, depende de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones y su determinación legal se contempla en el de RD 142/1981. Es un Registro general y público.

Se estructura en 3 secciones:

  1. Sección general: donde se inscriben las iglesias, confesiones y comunidades religiosas en los términos previstos en la LOLR.

  2. Sección especial: donde consta la inscripción de las comunidades que han firmado acuerdo de cooperación con el Estado y sus entidades menores. Regulado en el art. 7.2 del RD 142/1981.

  3. Sección de fundaciones: que corresponde a la previsión del RD 589/1984 sobre inscripción de las fundaciones de la Iglesia católica.

Se compone de hojas normalizadas, cada entidad tiene su hoja propia numerada, donde se inscriben sus datos, modificaciones y su disolución, además se añade el expediente con los documentos presentados para la inscripción.

Requisitos para la inscripción

Para inscribirse en el RER, se debe aportar la documentación que permita identificarla y conocer su estructura y organización:

  1. Solicitud: según el art. 5 de la Ley la inscripción se realizará en virtud de solicitud de la entidad interesada. Tiene carácter de potestativo, la entidad puede optar entre inscribirse en este Registro, cuando sus fines sean religiosos, o en el general de asociaciones. Según la elección se aplicaría el régimen especial de las comunidades religiosas, en un caso, o el sometimiento al régimen general, en otro.

    • Esta opción además se ha utilizado cuando la Subdirección de Relaciones con las Confesiones emite informe negativo sobre la inscripción, pues si la entidad no puede registrarse en el RER, podrá inscribirse en el Registro general de asociaciones, con un procedimiento y efectos distintos.

  2. Documento fehaciente de su fundación o establecimiento en España: la fehaciencia se consigue presentando un documento debidamente autenticado o notarial. Es el acta de constitución, que en el régimen general de asociación es potestativo elevarlo a escritura pública, mientras que la regulación específica de las comunidades religiosas lo convierte en un requisito imprescindible.

  3. Denominación, domicilio y demás datos de identificación: la denominación debe responder a un nombre que no genere confusiones con otras inscritas previamente y que no sea contraria a los principios constitucionales. La determinación del domicilio tiene importancia a efectos de comunicaciones oficiales.

  4. Régimen de funcionamiento y órganos de representación: a grandes rasgos coincidente con los Estatutos de cualquier asociación. En ellos constan los órganos de gobierno y representación, los requisitos para su designación, las normas de funcionamiento interno, los derechos y obligaciones de los miembros, etc.

  5. Expresión de sus fines religiosos: pretende conocer las actividades y finalidades que persigue la comunidad, valorarlas y, en el caso de encontrar cualquier contradicción, denegar la inscripción. Se trata de un requisito aparentemente formal, también solicitado en el Registro general de asociaciones, pero que en el ámbito del Registro de Entidades Religiosas se ha convertido en material.

El encargado del Registro puede denegar la inscripción a aquellas entidades cuyos fines, considere que vulneran los derechos de los demás o lesionan la salvaguardia de la seguridad, la salud y la moralidad pública. Por su parte la cláusula de interpretación de los fines del art. 3 de la Ley suele utilizarse como motivo para determinar que las entidades no son religiosas y que, por lo tanto, deben ser remitidas al régimen general de asociaciones.

Hay que señalar que la aplicación de los límites de cualquier derecho corresponde a los Tribunales. En ningún caso un órgano de la administración puede arrogarse esa competencia y sólo puede aplicarse cuando la lesión de los derechos fundamentales o la infracción del orden público haya sido declarada mediante sentencia judicial firme.

En el caso de que una entidad pudiera llegar a cometer un fraude de ley, el encargado del Registro de Entidades Religiosas debería suspender el procedimiento y dar traslado al Ministerio Fiscal para que estime si conviene iniciar acciones judiciales.

En cuanto a la cláusula de valoración de “lo religioso”, implica que el Estado maneja una determinada concepción que le permite contrastar otras. Pero la laicidad y neutralidad impide al Estado asumir concepciones religiosas y debe garantizar la igualdad y no discriminar por motivos religiosos.

Además, los problemas se multiplican por la configuración de la propia fórmula. Por un lado, habla de entidades relacionadas con el estudio y experimentación de fenómenos psíquicos parasicológicos o entidades relacionadas con la difusión de valores humanísticos y espirituales. Tal es así que son pocas las resoluciones denegatorias que se basen específicamente en estos hechos. La Subdirección viene denegando la inscripción utilizando otros criterios que no aparecen en la norma y responden a concepciones tradicionales de lo religioso:

  • la creencia en un ser supremo (Dios);

  • la existencia de fórmulas o mecanismos para comunicarse con él (culto);

  • la detentación de un conjunto de reglas y/o doctrinas religiosas que determinan el comportamiento de los fieles (credo).

Por otro lado, la fórmula: “… u otros fines análogos ajenos a lo religioso”, deja abierta la puerta a la discrecionalidad administrativa, conculcando el principio de legalidad y produciendo situaciones paradójicas como la inscripción de entidades que no cumplen con los requisitos antes señalados (budismo).

Efectos de la inscripción

La inscripción en el RER tiene unos efectos importantes:
  1. las comunidades religiosas inscriptas podrán firmar acuerdos de cooperación, art. 7 LOLR;

  2. las entidades inscritas gozarán de autonomía plena, art. 6 LOLR;

  3. tendrán el reconocimiento de personalidad jurídica, art.5 LOLR.

Nos fijaremos en estos tres efectos para analizar la situación e importancia del Registro de Entidades Religiosas.

La personalidad jurídica y el Registro de Entidades Religiosas (RER)

El RER no funciona como un registro constitutivo. La propia LOLR declara que las comunidades religiosas son una realidad previa en cuya constitución no interviene el Estado. Sin embargo, el carácter constitutivo del Registro podría tener fundamento en el reconocimiento de la personalidad jurídica. En el preámbulo se distingue entre el momento de constitución de la entidad y el de reconocimiento de personalidad jurídica atribuyendo este último efecto a la inscripción en un Registro. Reconocer personalidad jurídica a las comunidades religiosas consiste en atribuirles la condición de titular de derechos y obligaciones, como sujeto o realidad independiente de las personas físicas que la conforman. Atendiendo al régimen general, el reconocimiento de personalidad jurídica se produce en España de dos maneras; uno y otro sistema se utiliza para situaciones distintas:

  • sistema de reconocimiento genérico, por disposición normativa o por libre constitución: en ambos casos la personalidad jurídica se reconoce desde el momento en que se produce la válida constitución de la persona jurídica. Se diferencian en la forma en que se produce la constitución: en el primer caso, el legislador fijará unos requisitos formales que harán que la constitución sea conforme a Derecho; en el segundo la constitución de la entidad es un acto libre sin requisitos determinados.

  • sistema de concesión: los poderes públicos otorgan personalidad jurídica mediante un acto positivo plasmado en la Ley.

Por su parte, persona jurídica es toda “entidad dotada de organización permanente y estable, creada para la consecución de un fin lícito y común que goza de capacidad jurídica para ser titular independiente de derechos y obligaciones”. Su capacidad jurídica abarca todas las relaciones de derecho privado, excepto las que dependan de características humanas. Existen fundamentalmente dos tipos de personas jurídicas (art. 35 del Código civil):

  1. de interés público, asociaciones, fundaciones y corporaciones de derecho público;

  2. de interés privado, sociedades civiles, mercantiles e industriales.

Según el Código civil, las personas jurídicas de interés público tienen reconocida personalidad jurídica desde el mismo momento en que se produce su constitución conforme a derecho, mientras que las personas jurídicas de interés privado disponen de personalidad jurídica desde que la Ley se la concede.

Las personas jurídicas de interés privado son aquellas que tienen ánimo de lucro, mientras que las personas jurídicas de interés público son aquellas que no persiguen obtener y repartir ganancias sino finalidades de interés general. Por lo tanto, las comunidades religiosas deben incluirse dentro del grupo de entidades de interés público. Dentro de la relación de personas de interés público que recoge el art. 35 del Código civil, no pueden ser consideradas fundaciones, ni corporaciones de derecho público.

Son asociaciones no integradas en la estructura del Estado ni creadas por una norma estatal. Son entidades independientes de la administración, que persiguen fines de interés general o sin ánimo de lucro, creadas por la voluntad de sus socios. Responden a su constitución conforme a Derecho y como consecuencia de la laicidad y de la separación entre estructuras, las comunidades religiosas se insertan dentro de la categoría de asociaciones de Derecho privado.

La autonomía plena y el principio de separación y neutralidad

La autonomía es una protestad que pertenece a toda asociación y, por ende, a toda comunidad religiosa que, desde el punto de vista estructural, nace autónomamente y se organiza libremente. La autonomía implica la capacidad de autoorganizarse, autonormarse y autogestionarse. El art. 6 de la LOLR refuerza esa autonomía al considerarla plena. La plenitud de autonomía es consecuencia directa de la laicidad:

La separación, uno de los elementos clave de la laicidad, impide cualquier confusión de estructura y fines y asegura la no intervención de los poderes públicos en la organización y vida interna de la entidad.

Neutralidad, la concreción práctica de esa plenitud se comprueba en que, a diferencia de las asociaciones, los partidos políticos, etc., los poderes públicos no pueden imponer estructuras democráticas o modos de actuar democráticos a las comunidades ideológicas y religiosas. Estas quedarían excluidas de la adecuación a principios democráticos que fija la Ley.

La importancia de la cooperación y la necesaria estabilidad institucional

En el modelo de laicidad positiva, la cooperación se basa en el primer cometido que el art. 16.3 de la CE encomienda a los poderes públicos: tener en cuenta las creencias de la sociedad española. Aunque el Estado es laico y no puede valorar las creencias religiosas debe crear las condiciones adecuadas para que los individuos y las comunidades en que se integran puedan ejercitar en plenitud su derecho fundamental

Lo contradictorio es que se utiliza el RER como instrumento para concretar el acceso a distintas fórmulas de cooperación:

  • las comunidades no inscritas se someterán al derecho común;

  • las que estuvieran inscritas podrían acogerse a un derecho especial favorable, que se movería en el entorno del art. 2 de la LOLR;

  • las que, además de estar inscritas, alcancen notorio arraigo en España, podrán firmar acuerdos de cooperación por vía del art. 7 de la LOLR.

Así, el RER es un instrumento administrativo para que el Estado constate la importancia y estabilidad de la entidad. Trata de verificar que es una entidad estable capaz de asumir derechos y obligaciones, pero en la práctica, no está exento de cierta discrecionalidad por lo indeterminado de los conceptos que maneja la Ley (ámbito y número de creyentes).

No obstante, por todo lo dicho, la inscripción no debería ser un instrumento para distinguir niveles en la aplicación de la actividad promotora del Estado sobre un derecho fundamental, sólo debe servir para dar publicidad formal a la institución.