La libertad religiosa en el ámbito internacional

Los orígenes modernos de la libertad religiosa

El primer proceso de formalización de las libertades públicas se produce con las declaraciones americana y francesa, a finales del S.XVIII , ambas parten de unos postulados comunes que toman como punto de partida la autonomía individual, la distinción entre una esfera individual –innata e inalienable- y la comunidad. Se produce, así, la ruptura entre individuo y comunidad.

Al mismo tiempo, tiene lugar la ruptura entre religión y política, Iglesia y Estado, la sustitución del carácter comunitario e imperativo de las creencias por la dimensión individual y electiva de las mismas. La religión deja de ser una institución política para convertirse en una cuestión personal, un derecho inherente a la persona, una libertad de elección que podrá ejercer individual o colectivamente.

La primera declaración formal de esta doble dicotomía está en la Constitución de los Estados Unidos de América, 1787. La Primera Enmienda prohíbe al Congreso el establecimiento de una religión y garantiza la libertad religiosa, refleja los dos postulados básicos de la separación Estado-Iglesia y del reconocimiento de la libertad religiosa.

El origen de las libertades en Europa lo encontramos en Francia, la Revolución francesa contenido en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Va a reconocer en el art.10 que Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley y en el art.11 la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre, todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley. La Declaración reconoce así, expresamente la libertad de pensamiento y de creencias, así como la libertad de expresión por cualquiera de los procedimientos habituales (J.A. SOUTO).

La Declaración Universal de Derechos Humanos

Las Naciones Unidas consideraron imperativa la necesidad de recordar al mundo entero el valor del individuo y adoptaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948.

Se enunciaban por vez primera los derechos humanos universales de todos los pueblos en un contexto individual” y “que ha sido fuente de inspiración de la carta fundamental de muchos Estados de reciente independencia y de muchas nuevas democracias.

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en su preámbulo como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del terror y de la miseria, disfruten de la palabra y de la libertad de creencias. En coherencia con esta aspiración, la Declaración va a reconocer expresamente el derecho a la libertad de creencias en el art.18 al declarar que:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto o la observancia.

Podríamos llegar a la conclusión de que, la libertad que quería garantizarse, era la libertad religiosa, y que utilizaban tres expresiones –conciencia, creencia y religión- Sin embargo, esta interpretación basada en los documentos de la Declaración, se verá alterada al introducir la expresión libertad de pensamiento y de conciena. Finalmente, el art.19 no utilizó la expresión pensamiento, sino el término opinión.

En cuanto al término religión, pese a figurar en varios proyectos y enmiendas, se incorporó definitivamente cuando así lo solicitó la Organización Judía “Agudas de Israel” .

El delegado del Líbano pidió que se incorporara la libertad de cambiar de religión o de creencia debido a la situación de numerosos refugiados del Líbano que habían sufrido persecuciones por razón de la fe profesada o de haber cambiado de creencia.

La utilización de los tres términos –pensamiento, conciencia y religión- suscita la idea de si están regulando una libertad o tres libertades distintas. Respecto a esta cuestión, Halpern manifestó que no solo es un derecho a la libertad de creencia religiosa sino también a la libertad de pensamiento y de conciencia.

Lo que nos sugiere la idea de que se han intentado integrar en una sola y única libertad diversas manifestaciones que abarcarían en su totalidad el mundo de las ideas y creencias.

Como escribió magistralmente el Profesor Souto, “la elaboración del artículo 18 y su contenido final parecen avalar la tesis que circunscribe el contenido del derecho protegido a una sola libertad individual o colectiva y que se refiere al conjunto de creencias que, en expresión orteguiana, sostienen al hombre, ya sean esas creencias de origen religioso, filosófico o ideológico”.

En la actualidad debemos considerarla como una de las bases fundamentales de la estructura de Naciones Unidas, aquellas disposiciones cuyo incumplimiento dan lugar a una acción judicial ya forman parte del Derecho Internacional Consuetudinario.,

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

La Organización de Naciones Unidas intentó dar fuerza jurídica a la protección internacional de los derechos humanos mediante la aprobación de dos pactos Internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados en 1966.

Los dos pactos tenían por objeto consagrar específicamente los principios fundamentales de Naciones Unidas, consiguieron aprobarse después de un trabajo preparatorio de más de dieciocho años, el 16 de diciembre de 1966.

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos va a reconocer explícitamente en su art. 18 que:

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar Ia religión o Ias creencias de su elección, así coma la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público coma en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

  2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

  3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente de las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

  4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

El artículo ha sido interpretado por el Comité de Derechos Humanos en los siguientes términos:

“El articulo 18 protege las convicciones teístas; no teístas y ateas, así como el derecho de no profesar ninguna religión o convicción. Los términos convicción o religión deben ser interpretados en sentido amplio. El artículo 18 no está limitado, en su aplicación, a las religiones tradicionales. El Comité está preocupado por toda tendencia discriminatoria contraria a una religión o a una convicción, cualquiera que sea la razón, especialmente porque es de nueva implantación o porque represente minorías religiosas susceptibles de tener; en principio, de la Comunidad religiosa dominante”.

En opinión del Profesor Souto “dos aspectos cabe resaltar de este artículo en relación con el artículo 18 de Ia Declaración Universal de Derechos del Hombre. En primer lugar, Ia distinción nítida entre Ia libertad de tener y la libertad de manifestar, en relación con los niveles de protección jurídica respectivos. En segundo lugar, la conexión que establece el artículo del PIDCP entre la libertad de creencias y libertad de educación religiosa y moral”.

Declaración sobre todas formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones de 1981

La Asamblea General de, Naciones Unidas «preocupada por las manifestaciones de intolerancia y por la existencia de discriminación en las esferas de Ia religión o las convicciones que aún se advierten en algunos lugares del mundo” y “decidida a adoptar todas las medidas necesarias para la rápida eliminación de dicha intolerancia en todas sus formas y manifestaciones y para prevenir y combatir la discriminación por motivos de religión o convicciones”, dedicará especial atención a la igualdad y no discriminación por motivos religiosos en la Declaración sobre todas formas de intolerancia y no discriminación fundadas en la religión o las convicciones aprobada en 1981.

El 25 de noviembre de 1981, Ia Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 36/55, bajo el titulo Declaración sobre la eliminación de todas formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.

Este largo proceso, que culmina con la promulgación de la referida Declaración, tiene su origen en un Informe Preliminar, que la Subcomisión encargó a Philip Halpern, a propuesta de la Organización Judía “Agudas Israel” y en los posteriores informes del Sr. Krisnhaswami. El estudio fue preparado para que sirviera a la Subcomisión como elementa_de.jus, para emprender un estudio sobre la discriminación en materia de derechos y prácticas religiosas, así como para determinar la naturaleza y alcance del mismo.

La propia ampliación del título significa que, además de ocuparse de las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión, Ia Declaración pretende abarcar el ámbito de las convicciones, lo que puede explicar suficientemente el tenor del debate y de la confrontación ideológica.

Respecto al contenido cabe decir que Ia Declaración, inspirándose en Ia Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, proclama el derecho de libertad de pensamiento, conciencia, religión o convicciones, así como las dimensiones de este derecho desde los siguientes apartados:

Concepto y naturaleza del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o convicciones, de la discriminación e intolerancia y las medidas para su prevención y eliminación, protección de la libertad de educación moral o religiosa del niño, manifestaciones de la libertad religiosa y la interpretación y la eficacia de estos derechos. El Sr. Krisnhaswami “padre” de esta Declaración, manifestaba al respecto que “las prácticas discriminatorias, en su mayor parte, tienen como base los prejuicios en que han cristalizado las costumbres arraigadas de una sociedad, cuya inobservancia acarrea una sanción moral. Es por tanto muy importante que las fuerzas sociales que consideran como básico el principio de no discriminación estudien los medios de educar a la opinión pública. Las medidas legislativas también pueden acelerar el proceso de eliminación de la discriminación..

En los arts. 2, 3 y 4 se prohíbe todo tipo de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares y se define qué se entiende por intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Llama la atención en esta definición la identificación de la discriminación con la intolerancia. La discriminación constituye la dimensión negativa de la igualdad y está prohibida, tanto ante la ley como en la ley, ofreciendo un evidente contenido jurídico. La intolerancia, en cambio, en cuanto aspecto negativo de la tolerancia, tendría un significado más próximo a la incomprensión y a la intransigencia que a la vulneración de un principio jurídico.

El art.3 condena la discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o convicciones porque constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La última referencia a la discriminación, se encuentra en el art. 4 de la Declaración en el que se especifican que 1. Todos los Estados adoptaran medidas eficaces Para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos de religión o convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, política, social y cultural. 2. Todos los Estados harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o derogar leyes, según el caso, a fin de prohibir toda discriminación de ese tipo y por tomar las medidas adecuadas Para combatir la intolerancia por motivos de religión o convicciones en la materia.

Desde 1981 hasta 1986, la Subcomisión de Discriminación y Protección de las minorías encargó a la Relatora Especial, Odio Benito, la preparación de un Estudio sobre “las dimensiones actuales de los problemas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones”; el Secretario General organizó en Ginebra un “Seminario sobre el fomento de la comprensión, la tolerancia y el respeto en cuestiones relativas a la libertad de religión y convicciones.

Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos, gravemente preocupada por los informes procedentes de todo el mundo, que revelan que aún no se ha conseguido aplicar universalmente la Declaración, a causa de los gobiernos, decide, en 1986, iniciar un Procedimiento Público Especial por materias dedicado al fenómeno de la intolerancia religiosa y la discriminación fundada en las creencias o convicciones. El Procedimiento Público Especial consiste en designar por un año (en el año 2007 se cambió el periodo a tres años) a un Relator Especial que examine los incidentes y actividades gubernamentales no conformes con las disposiciones de la Declaración de 1981, y recomiende medidas coercitivas.

Las funciones del Relator Especial son las siguientes: a) Promover la adopción de medidas en los planos nacional, regional e internacional para asegurar la promoción y la protección del derecho a la libertad de religión o de creencias; b) Determinar los obstáculos actuales e incipientes al disfrute del derecho a la libertad de religión o de creencias y formular recomendaciones sobre los medios de superar tales obstáculos; c) Proseguir sus esfuerzos por examinar los incidentes y las medidas de carácter gubernamental que sean incompatibles con las disposiciones de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones y por recomendar medidas correctivas, según proceda; d) Continuar aplicando una perspectiva de género, entre otras cosas señalando qué abusos se cometen específicamente contra la mujer.

El 25 de noviembre de 2006, se celebró en Praga una Conferencia Internacional, con motivo del 20º aniversario de la aprobación del mandato de entonces llamado Relator Especial sobre intolerancia religiosa, en la que se reafirmaron las disposiciones de la Declaración de 1981 y se dio lectura a la Declaración de Praga sobre la libertad de religión y de creencias.

Grupos a los que se vulnera el principio de igualdad y no discriminación por religión

Situación vulnerable de la mujer

La protección universal de los derechos de la mujer es relativamente reciente. La mayoría de los instrumentos internacionales de los derechos humanos prevén disposiciones relativas a los principios de igualdad y de no discriminación de las mujeres.

En 1996, la Comisión de Derechos Humanos pidió al Relator Especial que, al preparar sus informes, aplicara una perspectiva de género y determinara los abusos cometidos en función del género y por motivo de religión.

A partir de entonces, el Relator Especial incluyó en sus informes una categoría dedicada a la discriminación de la mujer por motivo de religión.

En 2002, el Relator presentó un estudio sobre la libertad de religión o de creencias y la condición de la mujer en lo relativo a la religión y las tradiciones, en el que analiza las prácticas culturales religiosas, que provocan la violación de los derechos fundamentales de las mujeres. A este respecto, el Relator recomendó que los mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas elaboraran y aprobaran un plan conjuntamente contra las discriminaciones de que son víctimas las mujeres en relación con la religión y las tradiciones.

La protección legal de las mujeres frente a estas prácticas la encontramos en el art.5 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer dispone que los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para: a) modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Así mismo, en el art.2 de la misma, se declara que los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer… Y en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer se añade, en el art.4, que los Estados condenarán la violencia contra la mujer y no invocarán ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para evitar sus obligaciones con respecto a su eliminación.

Algunas de estas prácticas son: la mutilación femenina, asesinatos por cuestión de honor, consagración de jóvenes por razones económicas y culturales, caza de brujas, matrimonio.

Pero la mutilación genital femenina puede clasificarse ampliamente en cuatro grupos: circuncisión, escisión, infibulación e intermedio. Las principales razones aducidas para la continuación de esta práctica son la costumbre y la tradición. En las sociedades en que se practica la mutilación genital femenina, no se considera que una muchacha sea adulta o una mujer completa hasta que se somete a la “operación”. Algunas sociedades creen que todas las personas son hermafroditas y que la extracción del clítoris hace que una mujer sea “pura”.

Asesinatos por cuestión de honor:

Las muertes por cuestión de honor son llevadas a cabo por maridos, padres, hermanos o tíos, a veces en nombre de consejos tribales. Generalmente, corre a cargo de los varones menores de edad de la familia para reducir la pena.

En Palestina, Líbano, Jordania, Egipto, Iraq y Bangladesh, son algunos de los países donde todavía se realiza esta práctica.

Consagración de jóvenes por razones económicas y culturales: El sistema devadasi en la India, práctica por la cual los padres consagran a las jóvenes desde temprana edad y de por vida a los templos, las jóvenes son prometidas a un dios o una diosa y se convierten en prostitutas del templo.

Las niñas pequeñas son iniciadas en el proceso de convertirse en devadasi (trabajadoras sexuales o criadas de los dioses) aún antes de llegar a la pubertad. Las presiones económicas y las creencias tradicionales son las dos razones principales que explican la continuación de esta práctica. Durante épocas de hambruna, sequía y epidemias, esas jóvenes son casadas con el sacerdote para apaciguar a los dioses y a las diosas. Ese vínculo les prohíbe casarse con nadie más.

Después de una ceremonia de dedicación de tres semanas, la muchacha es entregada a su tío materno, quien probablemente sea el primero de muchos otros que la maltratan. El sistema deuki o devaki en Nepal está relacionado con el sistema devadasi en la India. En Nepal, las muchachas son ofrecidas a las deidades, ya sea por sus propias familias o por personas ricas que las compran a sus padres, con objeto de que se les concedan ciertos deseos o favores celestiales.

Caza de brujas: otra práctica cultural que se encuentra principalmente en las comunidades asiáticas y africanas es la caza o la quema de brujas. Esta práctica es común en las sociedades en las que se cree en supersticiones y en los espíritus malignos. En la Inglaterra de los siglos XVI y XVII abundaban las brujas. Se creía que los ataques epilépticos, las enfermedades y la muerte, estaban relacionadas con la brujería. A las mujeres tachadas de “brujas” se las torturaba para que confesaran. Eran sometidas a palizas, torturadas en el potro e incluso quemadas vivas. La práctica era brutal y se dirigía contra las mujeres.

Las mujeres tachadas de brujas son lapidadas o sometidas a palizas hasta la muerte antes de ser quemadas.

Los matrimonios forzados son un fenómeno común en esas sociedades. Los padres y los parientes ejercen una presión implacable y recurren al chantaje afectivo para obligar a la niña a contraer un matrimonio no deseado. En sus formas más extremas, esa actitud puede llegar a las amenazas, el secuestro, el encarcelamiento, la violencia física, la violación y, en algunos casos, el asesinato. Si bien los matrimonios forzados atañen tanto a los hombres como a las mujeres, fundamentalmente se consideran una forma de violencia contra la mujer. A las mujeres jóvenes se las obliga a contraer matrimonio por distintas razones.

Personas privadas de libertad

El Relator Especial ha recibido un número cada vez mayor de informes de supuestas violaciones del derecho a la libertad de religión o de creencias de las personas privadas de libertad, bien sea como presos o en el contexto de un conflicto armado. Dado que la posibilidad de practicar su propia religión, ya en privado o en público, puede limitarse fácilmente por el hecho de la detención, en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos se hace referencia concreta a la necesidad de que las autoridades de la prisión permitan a los prisioneros observar su religión y tener acceso a un ministro de esa religión. También en el contexto de un conflicto armado existe la obligación de respetar la religión y las prácticas religiosas de las personas privadas de libertad, incluidos los prisioneros de guerra, las personas internadas y otras personas detenidas, que deberán recibir el mismo trato sin distinciones desfavorables por motivo de religión o de confesión.

Refugiados

Los refugiados, los desplazados internos y los solicitantes de asilo también deben hacer frente a problemas en todo el mundo, tanto en el plano jurídico como concreto, por ejemplo en los recorridos nacionales o internacionales de los refugiados o cuando solicitan asilo por motivos religiosos. Se ha criticado a los responsables políticos por no adoptar siempre un criterio uniforme, especialmente al aplicar el término “religión” que figura en la definición de la convención sobre el estatuto de los refugiados.

Así mismo, el principio de no devolución según el art.33 de la Convención de Ginebra de 1951 puede relacionarse con la libertad de religión o creencias, ya que ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de religión.

La persecución también puede estar vinculada a la objeción de conciencia al servicio militar cuando el castigo por la deserción o la evasión del servicio militar es desproporcionado . La evaluación de la solicitud de asilo puede resultar especialmente complicada en el caso de los refugiados sur place, es decir, las personas que en el momento de salir de su país no eran refugiados, pero pasaron a serlo posteriormente. Las sospechas respecto de la sinceridad de las solicitudes de asilo surgen en particular cuando el solicitante se convierte en refugiado sur place por decisión propia, por ejemplo si, después de su llegada al país de acogida, se convierte a una religión que podría exponerlo a la persecución en su país de origen. No obstante, esta conversión posterior a la salida del país no debería presuponer que la afirmación es inventada y las autoridades de inmigración deberían evaluar la autenticidad de la conversión en cada caso.

Niños

Ya en el primer informe del titular del mandato Sr. D’Almeida Ribeiro se llegó a la conclusión de que los “niños de los creyentes son víctimas de diversas clases de discriminación, tales como malos tratos y humillaciones en la escuela, expulsión de la escuela o prohibición de seguir estudios superiores, así como presiones para renegar de su fe, que en ciertos casos extremos llegan a la prisión, la tortura y la ejecución sumaria”.

Ese trato discriminatorio tiene su origen tanto en actuaciones gubernamentales como en incidentes provocados por agentes no estatales. Los Estados Partes deben respetar los derechos y los deberes de los padres de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de libertad de religión o de creencias, conforme a la evolución de sus facultades. La educación debería encaminarse a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, erradicar los prejuicios y concepciones incompatibles con la libertad de religión o creencias, y garantizar el respeto y la aceptación del pluralismo y la diversidad en el ámbito de la religión o las creencias.

Otra cuestión difícil es la de decidir quién tiene competencia para decidir, y hasta cuando, si un niño puede o debe cambiar de religión o de creencias. La señora Jahangir adoptó la posición de que la elección de religión está limitada por el derecho de los padres a determinar la religión del hijo hasta la edad en que éste sea capaz de elegir por sí mismo. En el párrafo 1 del art.12 de la Convención sobre los Derechos del Niño también se apoya la aplicación de este criterio según las circunstancias del caso, al establecer que los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

Minorías

Se ha observado que las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas se hallan en una situación especialmente vulnerable. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho de las minorías a profesar y practicar su propia religión.

Las minorías religiosas enfrentan diversas formas de discriminación e intolerancia, en ambos casos como consecuencia en las políticas, la legislación y la práctica del Estado.

Trabajadores migratorios

El art.12 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares recoge el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión previsto en el art.18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Preocupan las diversas limitaciones impuestas al derecho de los trabajadores migratorios y sus familiares de manifestar su religión o sus creencias. El párrafo 3 del art.18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dispone que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley.