Financiación de las comunidades religiosas en España

La financiación en el marco de la cooperación

Introducción

La Colaboración económica quizá se la plasmación de la relación de cooperación entre Estado y comunidades religiosas de contenido esencialmente material. En el título nos referimos a ella como financiación. Con financiación nos referimos a la “acción de financiar” o también “aportar el dinero necesario para una empresa” o “sufragar los gastos de una actividad…”. Aplicando esta definición al título de este capítulo podríamos concluir que en este apartado estudiaríamos los fundamentos jurídicos de la aportación económica que realizan los poderes públicos a las comunidades religiosas para sufragar sus gastos.

¿Cómo un Estado laico puede aportar dinero para sufragar actividades ante las que debe permaneces neutral? Para responder a esta pregunta, lo primero que debemos saber es porqué se financia y qué se financia.

En la Constitución de 1812 no aparecía reflejado este compromiso en el literal del art.12 que declaraba la confesionalidad del Estado.

El art.26 de la Constitución de 1931 prohibía expresamente el auxilio económico de las comunidades religiosas. En el resto de Constituciones del XIX su referencia es constante. Será a partir de 1837 cuando se suceden los artículos constitucionales en los que el Estado se compromete a sostener el culto y clero de la Iglesia Católica.

Podemos concluir que los poderes públicos españoles, durante gran parte del siglo XIX asumían la obligación de “sostener” a la Iglesia católica. El objeto de la financiación aparece expresamente fijado: “el culto y clero católico”, porque es el credo del Estado español o, en su defecto, el que profeso la mayoría de los ciudadanos españoles. Los conceptos financiados se fijaron en los arts.31 a 40 del Concordato de 1851. En ellos se concretaban extremos como la cuantía que debía aportarse a los diferentes estamentos eclesiásticos, los gastos de culto, o la compensación económica que se daría a la Iglesia por los bienes desamortizados.

Respecto al porqué se financiaba, debemos tener en cuenta dos elementos:

Por un lado, la confesionalidad del Estado español, que se configura como elemento integrador del sistema de financiación en todos los textos constitucionales. De esta forma, la unidad política y religiosa del Estado español se interponía como fundamento de la colaboración económica con la Iglesia católica.

Por otro lado, la desamortización, elemento que parece justificar un compromiso político asumido por parte del Estado de compensar la expropiación de lo0s bienes eclesiásticos realizada, especialmente, durante el trienio liberal de 1820 a 1823. Será el Concordato de 1953 quien concrete el sistema de subvención con dos objetivos primordiales: la recuperación del patrimonio histórico de la Iglesia desamortizado y, por otro lado, la asignación transitoria de capital como compensación de la desamortización y como pago a la contribución social de la Iglesia.

A diferencia de los textos anteriores, la Constitución de 1978 no contempla específicamente la subvención del culto y clero como una obligación del Estado. En este caso, los artículos claves son dos, los arts. 16 y 9.2 de la CE. A través de estos dos artículos el Estado se desvincula de la tradición confesional para declarar su condición de Estado aconfesional o laico y, lo que resulta importante, los poderes públicos se comprometen a mantener relaciones de cooperación con las comunidades religiosas. Pues bien, dentro de ellas se puede incluir la colaboración económica. El art. 9.2 CE, aclara los términos en que debe producirse. El Estado puede financiar las actividades de las comunidades religiosas. Pues bien, dentro de ellas se puede incluir la colaboración económica. El art.9.2 CE aclara los términos en que debe producirse. El Estado español puede financiar las actividades de las comunidades religiosas porque la colaboración económica se entiende como un medio de cooperación, siendo el qué, es decir su objetivo, lograr el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y el porqué de su carácter de Estado social, promotor de condiciones y removiendo obstáculos. Resulta necesario concretar que en este caso los recursos se aportan para actividades religiosas (como elementos necesarios para el pleno ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa).

Delimitación teórica de los sistemas de financiación

En este apartado procuraremos analizar las distintas modalidades en los que se ha ido concretando el sistema de financiación a lo largo de la historia. Existen varias categorías manejadas por la doctrina que tratan de dar respuesta formal a los modelos históricos. Nos encontramos con los siguientes modelos:

  • Dotación o consignación presupuestaria: El Estado entrega una cantidad de dinero, con cargo a los Presupuestos generales del Estado, a una o varias comunidades religiosas. Hay dos categorías:

    • Dotación global, cuando el montante económico se transfiere directamente a la comunidad, que será la encargada de distribuirlo.

    • Dotación particular por áreas, donde el importe asignado se distribuye entre actividades concretas (culto, clero, conservación del patrimonio histórico artístico, etc.)

  • Asignación tributaria: que no hay que confundir con la existencia de un impuesto religioso, un sistema clásico pero que aún se encuentra vigente en algunos países como Alemania, Suecia y Austria.

    • El modelo se caracteriza por la fórmula elegida para obtener el capital dotado a la confesión. En lugar de extraerlo directamente de los Presupuestos generales del Estado, la determinación de la cantidad se produce mediante la concesión de un porcentaje del rendimiento obtenido por un impuesto estatal, normalmente de carácter personal. En este caso, los poderes públicos deben fijar el impuesto afectado, el porcentaje asignado, la partida afectada y el modo en que los individuos eligen su asignación.

  • Exenciones y desgravaciones fiscales y tributarias: El Estado no asigna una cantidad de dinero a las comunidades religiosas pero en su defecto renuncia, en determinados supuestos, a su facultad dispositiva, eximiendo del pago de ciertos impuestos o permitiendo que los sujetos puedan desgravarse de las aportaciones económicas realizadas a favor de las comunidades religiosas.

Los dos primeros modelos suelen incluirse dentro de la categoría cooperación económica directa y el último en la categoría de cooperación económica indirecta. La diferencia entre ambas está en que en la primera los Estados adoptan una actitud activa que se concreta en “un hacer”, al entregar una cantidad de dinero. En la segunda se concreta fundamentalmente en un “no hacer”, al hacer dejación de sus facultades impositivas (no cobrar impuestos o reduciendo su cuantía mediante desgravaciones).

El modelo español

Bases constitucionales

En nuestra Constitución hay dos artículos esenciales para esta materia, a los que se deben sumar lo dispuesto en otros de no menor importancia. El art. 16 CE, nos permite identificar los parámetros a los que debe someterse el modelo de colaboración. Por un lado, la laicidad, concretada en la separación y neutralidad, y que hace que los antiguos argumentos para justificar la colaboración económica dejen de funcionar en el modelo constitucional actual. El Estado ya no puede confundir, doctrinal o sociológicamente, sus fines y objetivos con los de ninguna comunidad religiosa, por tanto, no puede justificar en ello su sostenimiento económico ni debe asumir obligaciones jurídicas ya pasadas. La libertad religiosa e ideológica se concibe como un todo, por lo que la colaboración económica con las comunidades religiosas puede producirse mientras no suponga una diferencia entre las diversas comunidades religiosas que desarrollan su actividad en la sociedad española ni, por otra parte, con las comunidades ideológicas. E párrafo 3º de este artículo contiene el fundamento de la colaboración económica, la disposición de los poderes públicos a mantener relaciones de cooperación con las confesiones religiosas, en respuesta a las necesidades que le traslade la sociedad. Debemos tener en cuenta el art.9.2 CE para entender correctamente esta última afirmación.

Las necesidades a las que deber dar respuesta el Estado no son confesionales o religiosas, ni la priorización puede responder al criterio de la mayoría. En su caso los poderes públicos se comprometen a dar respuesta a aquellas necesidades que le traslade la sociedad para remover los obstáculos o promover las condiciones que aseguren el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

Los artículos constitucionales que contienen los principios del sistema son:

  • El art, 1.1 CE, por el que podemos decir que las disposiciones que regulen la colaboración económica con las comunidades ideológicas y religiosas deben atender a la libertad, ser justas y, por ende, dotar de condiciones de igualdad al pluralismo ideológico y religioso que convive en las sociedad española.

  • El art, 10.1 CE, que sitúa a la persona, su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad como eje del sistema, incluido la colaboración, por lo tanto la promoción y desarrollo se hará en atención a la condición que asumen las comunidades religiosas como instrumento para el mejor desarrollo de los derechos fundamentales.

  • El art.14 CE, que introduce la igualdad como pórtico en el ejercicio de los derechos fundamentales y, además, prescribe la discriminación por razones ideológicas y religiosas.

El fundamento de la financiación ya no puede ser la confesionalidad o el resarcimiento de agravios anteriores. Se financian las actividades religiosas pero con una precaución: los fines estatales no pueden confundirse con los religiosos.

La colaboración económica así entendida no puede ser obligatoria, siempre será opcional, cuando se respeten los principios de igualdad y laicidad.

Desarrollo efectivo de la cooperación en España

La colaboración económica queda diluida en el compromiso general de cooperación que asumió el constituyente en 1978 y, en el texto constitucional, no se concreta en ninguna de las fórmulas teóricas que hemos estudiado. Será el desarrollo legislativo quien desvele la elección que se ha producido en la práctica. En esta materia concreta conviene destacar los siguientes artículos de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa:

Art, 7: "Uno. El Estado teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, acuerdos y convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales.

Dos. En los acuerdos o convenios, y respetando siempre el principio de igualdad, se podrán extender a dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades los beneficios fiscales previstos en el Ordenamiento Jurídico general para las entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico".

De este acuerdo conviene destacar dos cuestiones:

Una de las fórmulas escogida por el Estado Español para plasmar la cooperación son los convenios o acuerdos. Es en ellos donde podremos encontrar el desarrollo de los sistemas de colaboración económica adoptados.

El segundo párrafo del precepto parece optar por un modelo fiscal de cooperación económica.

Junto a este importante artículo queremos destacar la Disposición transitoria Segunda que señala: Las asociaciones religiosas que al solicitar su reconocimiento legar, de conformidad con lo establecido en la Ley 44/1967 de 28 de junio, hubieren hecho expresa declaración de ser propietarios de bienes inmuebles o de otra clase sujetos a registro público para la plena eficacia de su transmisión, cuya titularidad dominical aparezca a nombre de terceros, y aquellas que habiendo ya formulado ante la Administración esta declaración patrimonial solicitaren su inscripción legal con arreglo a esta Ley, podrán en el plazo de un año, regularizar su situación patrimonial, otorgando los documentos en los que se reconozca la propiedad a favor de las mismas de aquellos bienes que figuren a nombre de personas interpuestas o utilizando cualquier otro procedimiento legal para justificar su dominio, hasta obtener la inscripción de los títulos en el Registro de Propiedad, con exención de toda clase de impuestos, tasas y arbitrios que pudieran gravar la transmisión, los documentos y las actuaciones que con tal motivo se originen. Este precepto contempla un sistema indirecto de colaboración económica a través de la exención fiscal. Si bien, para comprobar todas las fórmulas empleadas para la colaboración económica debemos contemplar lo articulado en los Acuerdos.

El acuerdo de Asuntos Económicos con la Iglesia Católica. Un modelo único

En materia económica destaca el Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos. En él recoge un modelo único de colaboración que, como se ha señalado por la doctrina, sólo es compatible con el principio de igualdad si lo consideramos un modelo transitorio que procura, con el menor perjuicio posible, pasar hacia un modelo de autofinanciación (LLAMAZARES).

Del Acuerdo conviene recordar algunas afirmaciones que contiene su propio preámbulo:

  • El Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado …

  • Dado el espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y Estado, en España resulta necesario dar nuevo sentido tanto a los títulos de la aportación económica como al sistema según el cual dicha aportación se lleve a cabo…

La primera de ellas atiende al tránsito del modelo del modelo, para que no suponga un cambio gravoso para la entidad ni tampoco el mantenimiento indefinido de un sistema de financiación que responde a esquemas anteriores.

La segunda afirmación sostiene la necesidad de que el modelo evolucione a un sistema acorde con los principios constitucionales que rigen el actual modelo de relación.

El nudo del modelo para la Iglesia católica se contiene en el art II del AAE, del que destacan cuatro fases:

  1. Dotación presupuestaria global. En la primera fase, el Acuerdo mantenía el sistema de dotación presupuestaria formulado en le Concordato de 1953.

  2. Sistema mixto. En la segunda fase, se preveía la sustitución de la dotación por el sistema de asignación tributaria.

    • Se asignará un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por lo tanto el impuesto afectado fue el IRPF.

    • El declarante deberá manifestar su voluntad de asignar ese porcentaje, para ello se instaura un procedimiento de selección de selección marcando una casilla según la opción que se estime.

    • El destino será opcional entre la Iglesia católica y otros fines, en ausencia de declaración se entendía que era asignado a “otros fines”.

  3. Asignación Tributaria. Se introduce a partir de la Ley 33/1987 de Presupuestos Generales del Estado. Los extremos que caracterizan al modelo adoptado se concretan en esta norma.

    • El impuesto sobre el que se aplica es el IRPF.

    • La partida afectada es la cuota íntegra, no suponiendo un aumento de la misma sino que de ella se detrae la cantidad fijada.

    • El porcentaje se fija en 0,5239%. A pesar de haber perfilado el modelo, el sistema mixto se mantuvo hasta épocas recientes.

  4. Autofinanciación. La Iglesia Católica declara su propósito de lograr recursos por si misma para la atención de sus necesidades. El Acuerdo en su artículo I prevé la fórmula “ La Iglesia Católica pude libremente recabar de sus fieles las prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones” Se trata de un compromiso que adopta la forma de declaración unilateral suficiente para evitar que el sistema de asignación se prolongue indefinidamente. Pero ello no significa que cuando se alcance la autofinanciación se deba terminar la colaboración con el Estado, se sustituirá por otros medios y formas.

Art III AAE: Actividades no sujetas al Impuesto sobre la Renta, sobre el gasto y el consumo:
  • Las prestaciones de los fieles, las recaudaciones en colectas, la limosna y oblaciones.

  • La publicación de Instrucciones, Ordenanzas, Cartas pastorales, Boletines diocesanos y cualquier otro documento de las Autoridades eclesiásticas, así como su fijación en los sitios de costumbre.

  • La enseñanza en Seminarios diocesanos y religiosos y de las disciplinas eclesiásticas en Universidades de la Iglesia católica.

  • La adquisición de objetos destinados al culto, aunque en este caso se aplicará el IVA, tras una larga controversia.

Exenciones fiscales otorgadas a la Santa Sede, La Conferencia episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias:

  • Exención total o permanente de la contribución territorial urbana para los edificios eclesiásticos.

  • Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la Renta y sobre el Patrimonio. Esta exención no se aplica a los rendimientos obtenidos por explotaciones económicas con uso cedido, ni a las ganancias de capital ni los rendimientos sometidos a retención en la fuente por Impuesto sobre la Renta.

  • Exención total de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del Clero, al Sagrado Apostolado y al ejercicio de la Caridad.

  • Exención de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, en tanto recaigan estos tributos sobre los bienes enumerados.

Deducciones o desgravaciones fiscales. Las cantidades donadas a los entes eclesiásticos enumerados en el art. IV y destinados al Culto, la sustentación del Clero, etc, darán derecho a las mismas deducciones en el IRPF que las cantidades entregadas a entidades declaradas benéficas o de utilidad pública.

Beneficios fiscales similares a las entidades sin ánimo de lucro o benéficas para: Las Asociaciones y entidades religiosas no comprendidas entre las enumeradas y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas y hospitalarias o de asistencia social…

El resto de las comunidades religiosas

Desde el punto de vista financiero (aportación directa con cargo a los presupuestos del Estado), los Acuerdos de 1992 no contemplan ningún sistema de colaboración económica. El resto de las confesiones religiosas no parecían proclives a instaurar un sistema parecido al de la Iglesia Católica, o existían muchos problemas de concreción para determinar su aplicabilidad al resto de las confesiones y por ello, el Estado apelaba a su transitoriedad.

El art. 11 de las tres leyes contiene supuestos de exención tributaria:

Exención sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y de las contribuciones especiales para:

  • Los lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales ajenos, destinados al culto o a la asistencia religiosa y a la residencia de pastores evangélicos.

  • Los locales destinados a oficinas de las Iglesias pertenecientes.

  • Los seminarios destinados a la formación de ministros de culto, cuando impartan únicamente enseñanzas propias de las disciplinas eclesiásticas.

Exención del Impuesto de Sociedades.

Exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados.

La exención es parcial, no total, ya que sólo afecta a las entidades, rentas y explotaciones económicas que cumplen los requisitos señalados en nuestras Normas.

La Fundación Pluralismo y Convivencia

En su faceta de órgano que entre sus funciones se emplaza como un nuevo mecanismo de colaboración económica muy acorde con el modelo constitucional de 1978. Esta Fundación se crea por Consejo de Ministros el 15 de octubre de 2004, como fundación del sector público estatal. Para ser considerada como tal, según el srt.44 de la Ley 50/2002, es necesario que la aportación mayoritaria de dinero para su constitución provenga de la Administración General del Estado, de sus organismos públicos o demás entidades del sector público, o que el patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

Pueden ser destinatarios de las ayudas… las confesiones no católicas con Acuerdo de Cooperación con el Estado o con “notorio arraigo”. La Fundación tiene tres objetivos fundamentales:

  1. Apoyar las actividades de las Confesiones religiosas con acuerdo de cooperación o que hayan obtenido notorio arraigo (se excluye expresamente a las católicas).

  2. Configurarse como espacio de cohesión y convivencia para la sociedad.

  3. Elaborar políticas de gestión de la diversidad y la pluralidad y garantes de los derechos fundamentales con las administraciones públicas. En todo caso, la Fundación se compromete a desarrollar sus actividades con objetividad e independencia con arreglo a los principios de imparcialidad, no discriminación y proporcionalidad (CONTRERAS).

Respecto a las minorías religiosas, en el marco de la colaboración económica, la fundación se compromete (LÓPEZ RODRIGO) a:

  • Apoyar las actividades y proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social de las confesiones religiosas que tienen celebrado Acuerdo de Cooperación con el Estado.

  • Dar asistencia técnica en la planificación y en la ejecución de proyectos realizados por las confesiones religiosas.

  • Impulsar el papel de interlocución de las confesiones religiosas minoritarias con la sociedad española.

  • Favorecer el reconocimiento social de las comunidades religiosas y que las personas pertenecientes a ellas puedan ejercer plenamente su libertad religiosa e integrarse social y culturalmente en la sociedad.

Esta colaboración se concreta en acciones específicas para garantizar el ejercicio de la libertad religiosa. La Fundación presta apoyo a:

Federaciones u organismos de coordinación de las confesiones a través de una convocatoria anual de subvenciones para el fortalecimiento institucional y de coordinación con sus comunidades religiosas, y para mejorar el mantenimiento de infraestructuras y equipamiento de los órganos federativos de las confesiones religiosas con Acuerdo de cooperación con el Estado Español (Evangélica, Judía y Musulmana).

Proyectos finalistas de ámbito local de carácter cultural, educativo y de integración social, y para mejora y mantenimiento de infraestructuras y equipamiento por parte de las entidades, comunidades religiosas y lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas con Acuerdo de cooperación (Evangélica, Judía y Musulmana). También se hace mediante una convocatoria anual de subvenciones.

La promoción de estudios e investigaciones sobre la realidad religiosa, su implantación e integración social y cultural en las comunidades autónomas del Estado Español, así como de algunas cuestiones clave para entender el pluralismo religioso. Todas las investigaciones se publican en la colección “Pluralismo y Convivencia” de la Editorial Icaria.

A jornadas y seminarios y programas de comunicación dirigidos a la promoción de la libertad religiosa y de convicción y a la mejora del conocimiento de la realidad de las confesiones minoritarias por parte de la sociedad española. Se abren convocatorias de subvención semestrales para el apoyo a las actividades.

El conocimiento y la difusión del pluralismo religioso y de la convivencia. Esta actividad se concreta en la elaboración de materiales educativos y didácticos a jóvenes y disponibles en la web y la creación de herramientas de difusión social a través de los medios de comunicación (programas de radio), entre otras.