El derecho de asociación y el derecho de reunión

La libertad de reunión y manifestación

El derecho de reunión y de asociación son derechos fundamentales, el valor jurídico protegido radica en la sociabilidad y cooperación humanas. Una asociación implica unas características: ser de naturaleza voluntaria, perseguir un fin común, vocación de permanencia y tener una organización. La estabilidad es la diferencia entre el derecho de asociación y el derecho de reunión y manifestación.

Las libertades colectivas han pasado un largo proceso histórico para alcanzar su reconocimiento y garantía. En Francia se reconoce el derecho de asociación en 1901, en EEUU no se reconoce en la Constitución norteamericana sino en la jurisprudencia, como una manifestación de la libertad de expresión.

En España, la Constitución de 1876 reconoce el derecho de reunión pacífica y el de asociación para fines de la vida humana; la Ley de 1880, sobre el derecho de reunión y la Ley de 1887, aunque de aplicación restrictiva, suponen un reconocimiento temprano de las libertades públicas colectivas.

Actualmente tanto los textos internacionales, los europeos y los nacionales reconocen ambos derechos. Estas libertades colectivas se han convertido en paradigma de los derechos y libertades, que deben ser reconocidos en cualquier Estado democrático.

Las Constituciones de los estados miembros de la Unión Europea, salvo Francia e Inglaterra, reconocen expresamente estos derechos.

La Constitución Española en su art. 21 reconoce el derecho de reunió pacífica y sin armas y el derecho de manifestación, su desarrollo legislativo se produce a través de la LO 9/83, 15 de julio, del derecho de reunión.

Concepto

El derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental autónomo, relacionado tanto con el derecho de asociación como con la libertad de expresión. Con el derecho de asociación comparte ser una agrupación de personas con un mismo fin, la diferencia aparece en la vocación de estabilidad de las asociaciones y el carácter esporádico de las manifestaciones. Con la libertad de expresión tiene en común ser un medio de difusión de ideas y la diferencia radica en que el derecho de reunión y manifestación es necesariamente de ejercicio colectivo, y la libertad de expresión suele ser de ejercicio individual.

L.O. del Derecho de reunión señala que una reunión será la concurrencia concertada y temporal de más de veinte personas, con finalidad determinada.

Excluye, las siguientes reuniones:

  • Las que celebren personas físicas en sus propios domicilios.

  • Las que celebren personas físicas en locales públicos o privados por razones familiares o de amistad.

  • Las que celebren los partidos políticos, sindicatos, fundaciones, asociaciones....en lugares cerrados, para sus propios fines y mediante convocatorio que alcance exclusivamente a sus miembros, o a otras personas nominalmente invitadas.

  • Las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares cerrados para los fines propios de su profesión.

  • Las que se celebren en unidades, buques, recintos militares, a las que se refieren las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que se regirán por su legislación específica.

La autoridad gubernativa suspenderá y en su caso procederá a disolver las reuniones y manifestaciones cuando: se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales, se produzcan alteraciones de orden público, con peligro para personas o bines, se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

Reuniones en lugares cerrados

La libertad de reunión pacífica y sin armas no necesita autorización ni comunicación previa a la autoridad.

Los organizadores y promotores podrán solicitar la presencia de delegados de la autoridad gubernativa, con el fin de proteger las reuniones y manifestaciones frente a quienes traten de impedirlas; no podrán intervenir en las discusiones o debates, ni podrán hacer uso de la palabra para advertir o corregir a los participantes.

Las reuniones solo pueden ser promovidas y convocadas por personas en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores.

En cuanto a las reuniones y manifestaciones de inspiración o finalidad religiosa, la L.O. de Libertad Religiosa en su art. 2.1.d se remite a lo que establezca el ordenamiento jurídico general. La Iglesia Católica así como el resto de confesiones inscritas se incluyen dentro de las entidades legalmente constituidas sustraídas de su aplicación para la celebración de reuniones en lugares cerrados y para sus fines propios y sin que haya de observarse el requisito de la convocatoria previa, que no se corresponde con el modo de ejercer el derecho de reunión en el ámbito de la libertad religiosa. En lo referente la Iglesia Católica, la libertad de reunión no tiene restricciones conforme a lo establecido en el art. 1.1 Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, que garantiza el libre y público ejercicio de culto y de las actividades que le son propias.

El régimen general encuentra una excepción en el ámbito de las Fuerzas Armadas, donde los actos religiosos de culto, reuniones de miembros de iglesia, confesiones... que se celebren dentro de las bases y acuartelamientos requieren autorización expresa del jefe de la unidad.

Reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones

Deben conciliar el derecho de reunión, la libertad de circulación y el mantenimiento del orden público.

La manifestación es una reunión de personas en lugares de tránsito público y que se desplazan de un sitio a otro. Así cuando la reunión se celebre en lugar de tránsito público se dará comunicación previa a la autoridad, solo podrán prohibir cuando existan razones fundadas de alteración del orden público o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración, itinerario... siempre mediante resolución motivada; de nos ser aceptada la prohibición o las modificaciones podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Audiencia. La comunicación se hará por escrito, con una antelación de diez días como mínimo y treinta como máximo; solamente en caso de urgencia la comunicación podrá hacerse con 24 horas de antelación. En el escrito de comunicación se hará constar: la identidad, domicilio del organizador, el lugar, fecha, hora y duración prevista; el itinerario proyectado; medidas de seguridad previstas...

El derecho de asociación

Régimen jurídico

El derecho de Asociación se reconoce en el art. 22 de la Constitución: Contiene un régimen común y mínimo para un género que es el derecho de asociación, el cual es compatible con modalidades específicas a las cuales se las aplica el régimen común y el régimen especial de cada modalidad singular.

Junto a este régimen común asociativo, la Constitución menciona expresamente otras asociaciones: partidos políticos, sindicatos.....

El desarrollo legislativo del art. 22 tardó más de 20 años, finalmente se produjo en el año 2002, con la promulgación de la L.O. 1/2002, 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. La LO tiene por objeto desarrollar el derecho de asociación y establecer aquellas normas de régimen jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al Estado.

La ley reconoce la existencia de una serie de asociaciones de relevancia constitucional como los partidos políticos, sindicatos, asociaciones de consumidores...

La ley, limita su ámbito de aplicación a las asociaciones sin fin de lucro, excluyendo a las sociedades civiles, mercantiles, industriales y laborales, a las cooperativas y mutualidades... cuyas finalidades y naturaleza no responden a la esencia comúnmente aceptada de las asociaciones.

Dimensiones de la libertad de asociación

Siguiendo la propuesta realizada por parte de la doctrina analizaremos las cuatro dimensiones de la libertad de asociación:

La libertad de creación de asociaciones

Es un derecho constitucional inmediato que no requiere regulación legal para su ejercicio.

La Constitución señala que las asociaciones constituidas deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad, por lo tanto, el legislador ordinario tiene que prever para todas las asociaciones la creación de un Registro común y de Registros Especiales, e imponer en la legislación de desarrollo la obligación de proceder a la inscripción de las mismas a los solos efectos de publicidad.

La existencia de un Registro de Asociaciones es el medio para asegurar el carácter público de las mismas, esta obligación de inscripción opera a los solos efectos de publicidad, por lo tanto el encargado del registro solo efectuará un control de los documentos presentados.

L.O. del Derecho de Asociación dispone que las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, con unas finalidades comunes, de interés general o particular, con unos Estatutos... por lo tanto se trata de un acto voluntario de los promotores.

La ley exige un acuerdo de constitución, que incluye la aprobación de los Estatutos a través de un acta fundacional, en documento público o privado, con el otorgamiento del acta la asociación adquiere personalidad jurídica y capacidad de obrar.

La inscripción tiene carácter meramente declarativo, el encargado del Registro se limita a verificar los requisitos exigidos legalmente para la inscripción.

Estos principios son aplicables a las modalidades específicas de asociación, y reguladas por leyes especiales, como los partidos políticos, sindicatos....

La Libertad de asociarse o no asociarse

El derecho de asociación tiene una doble vertiente, por un lado el derecho a hacerlo y por otra una vertiente negativa el derecho de no asociarse, en no poder ser obligados a pertenecer a asociaciones.... el hecho de asociarse o no hacerlo, es libre.

La integración de una asociación constituida es libre y voluntaria, nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrase en ella o a permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida, y además reconoce que los asociados tienen derecho a separarse voluntariamente de la asociación en cualquier momento.

Es por tanto un derecho fundamental personalista, basado en la voluntariedad del individuo.

Existe tradicionalmente un problema por la obligación legal que recae sobre determinadas categorías de agentes económicos (profesiones liberales, agricultores, comerciantes...) de pertenecer a las correspondientes corporaciones sectoriales. La jurisprudencia señala que la obligación legal de pertenecer a dichas corporaciones sectoriales no vulnera el derecho de asociación en su faceta negativa, siempre que se respeten dos requisitos. En primer lugar, es necesario que la corporación de que se trate tenga encomendada una función pública para cuyo cumplimiento sea necesaria la afiliación obligatoria, en segundo lugar, es preciso que la adscripción obligatoria a dichas corporaciones sectoriales no cercene la libertad adicional de asociación o sindicación en ese mismo terreno.

La libertad de organización y funcionamiento internos

El derecho de asociación contemplado en el art. 22 comprende el derecho a establecer la propia organización del ente creado por el acto asociativo dentro del marco de la Constitución y de las leyes.

El derecho de asociación comprende la facultad de las asociaciones de defender su existencia y su modo de ser frente al as agresiones del exterior; no se limita a la libertad de crear asociaciones, sino que comprende la libertad de organizarse del modo que los asociados estimen más conveniente para alcanzar los fines perseguidos (autonomía asociativa).

El derecho de autoorganización comprende tres dimensiones:

  1. La autonormación, las asociaciones habrán de ajustar su organización y funcionamiento a lo establecido en sus propios Estatutos, dentro de la Constitución y las leyes. Los Estatutos deberán regular, entre otros, los siguientes extremos: denominación, fines, ámbito territorial, órganos directivos, derechos y deberes.....

  2. El Autogobierno, atribuye a la asociación la elección o designación de los órganos de gobierno y representación, su composición y las causas de cese de sus miembros.

  3. La Autarquía, expresa la facultad del gobierno y administración de la asociación.

El art. 6 de la L.O. del Derecho de Asociación, dispone que los Estatutos, que se han de incluir en el acta fundacional, deberán contener los siguientes extremos:
  • Denominación

  • Domicilio

  • Duración

  • Fines y actividades

  • Requisitos y modalidades de admisión y baja

  • Derechos y obligaciones de los asociados

  • Órganos de gobiernos y representación

  • Patrimonio inicial y recursos económicos

  • Causas de disolución y destino del patrimonio

  • Régimen de administración, contabilidad y documentación

Los derechos de los asociados

La integración en una asociación constituida es libre y voluntaria. Ahora bien, los asociados deben ajustarse a lo establecido en los Estatutos.

Todo asociado ostenta los siguientes derechos:

  • Participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y representación...

  • A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la asociación, de su estado de cuentas, del desarrollo de su actividad.

  • A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas.

  • A impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a la ley o a los Estatutos.

También los asociados tienen deberes:

  • Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para su consecución.

  • Pagar las cuotas y cuantas aportaciones les correspondan.

  • Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y de representación.