Las fuerzas políticas (II)

Origen y evolución de las “autoridades independientes”

Origen de las "autoridades independientes" en general

En los países anglosajones forman parte de la organización tradicional de los poderes públicos y existen desde que existe Administración en sentido moderno. Por el contrario, en la Europa continental las "administraciones independientes" son un fenómeno reciente que responde a la desconfianza en la administración pública tradicional y al proceso de liberalización de mercados y fin de los monopolios públicos impuesto por la Unión Europea.

Origen y desarrollo de las "autoridades independientes" en España

Las primeras "autoridades independientes" se crearon en la década de 1980, aunque la consolidación del fenómeno se produjo en los años noventa, en los que se crearon las principales “autoridades independientes reguladoras”.

Delimitación conceptual

Son organismos públicos a los que se ha querido dotar de una considerable autonomía (cualitativamente superior a la que se ha concedido a otros organismos y órganos que forman parte de la Administración) para el desempeño de una función determinada (que exige que sea un organismo políticamente neutral el que la ejerza).

Argumentos utilizados para la creación de “autoridades independientes”

La neutralidad política

El primero es la necesidad de neutralidad política para el ejercicio de una determinada función:

  • funciones relacionadas con la garantía de derechos fundamentales y

  • funciones de carácter económico o técnico; lo cual supone alejar a estas instituciones del gobierno y parlamento, los órganos en los que tiene lugar la lucha política.

Otros argumentos: especialización técnica y eficacia

El segundo es el de la especialización técnica y la eficacia (coadyuvantes del anterior).

Las funciones y competencias

Son de dos tipos

La regulación o supervisión de un sector privado

La función de regulation consiste en "regular" en un sentido amplio, es decir, en ordenar y supervisar toda la actividad privada en un sector para garantizar su correcto funcionamiento.

Para el cumplimiento de esta función, las “autoridades independientes” disponen de competencias normativas, de control, sancionadoras, arbitrales, asesoras, y otras de carácter ejecutivo

Otras funciones

Relacionadas con la prestación de un servicio público, como el de la educación universitaria o el de la radiotelevisión.

La organización de las “autoridades independientes”

Las medidas para garantizar su independencia

Las medidas comunes son:

  • en la elección de sus miembros la intervención del Gobierno es limitada;

  • sus miembros no pueden ser cesados discrecionalmente por el Gobierno;

  • no reciben órdenes o instrucciones gubernamentales; y

  • no se someten a los mecanismos ordinarios de control de la Administración.

Las demás medidas se pueden ordenar de la siguiente manera:

  • Medidas dirigidas a garantizar la autonomía orgánica de estas instituciones: la creación por ley y la atribución de personalidad jurídica propia

  • Medidas dirigidas a garantizar la autonomía funcional: la independencia de órdenes e instrucciones y la atribución en exclusiva de la función

  • Medidas dirigidas a garantizar la autonomía personal de los miembros de estas instituciones: limitando o condicionando la participación del Gobierno en la elección y cese de los miembros de las "autoridades independientes"; estableciendo requisitos de elegibilidad y causas de incompatibilidad; y tratando de que el mandato no coincida con la legislatura

  • Medidas para garantizar la autonomía financiera: la existencia de vías de financiación propias suficientes.

Sistema de controles

No se someten al sistema ordinario de controles de la Administración, sino sólo a un control político limitado. Existe también el control financiero y, muy importante, el control judicial.

Principales problemas constitucionales

Desde la perspectiva del principio del Estado de Derecho

Desde la óptica del principio de la separación de poderes: acumulan competencias de los tres poderes; no encajan en el esquema tripartito tradicional; y se han limitado las facultades que corresponden al Gobierno como órgano superior del Poder Ejecutivo.

Frente al Derecho administrativo general que es garantía del sometimiento del Gobierno y la Administración a los principios del Estado de Derecho, a las “autoridades independientes” se les ha dado un régimen jurídico específico, con mayores prerrogativas y menos controles.

En la práctica se ha demostrado que existen problemas que limitan de forma importante el alcance del control judicial sobre las "autoridades independientes”

Desde la óptica del principio democrático

El argumento de la "neutralidad" expresa una falta de confianza en la política y los partidos, e, indirectamente, en el sistema democrático.

Escaso control político al que se someten las "autoridades independientes" y responsabilidad política limitada, además de que en la práctica el control de estas "autoridades" resulte, a veces, aún más limitado

Como consecuencia de lo anterior, déficit de legitimidad democrática

Desde la perspectiva del Estado social

Las “autoridades independientes” tienen que demostrar que, como nueva forma de intervención estatal, son adecuadas para la consecución de los objetivos y exigencias que impone el principio del Estado social.

La praxis

Sobre la eficacia

La práctica ha revelado importantes casos de ineficacia y de solapamiento de actividades.

La captura por los partidos políticos

La praxis demuestra que la lucha política alcanza a las "autoridades independientes". Si el Gobierno y el Parlamento influyen en la actividad de estas instituciones, en la misma medida influyen los partidos políticos, que son los que forman parte de esos órganos.

La captura por el sector regulado

La práctica ha demostrado que la "imparcialidad o neutralidad" de las "autoridades independientes" también está amenazada por los intereses privados del sector en el que actúan.