La Justicia (II)

El personal judicial al servicio de la Administración de Justicia

Para el acceso a la carrera judicial está previsto un sistema de concurso oposición que tuvo su origen en el siglo XIX, de esta forma se nombran los Jueces y Magistrados profesionales; si bien, la función jurisdiccional también puede ser ejercida por ciudadanos no profesionales como los Magistrados suplentes, Jueces sustitutos y otros.

El Estatuto de los Jueces

La Constitución dispone que la justicia se administrará por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley. La LOPJ, por imperativo del Art. 122 CE, determinará el estatuto jurídico de los jueces y magistrados, que formarán un cuerpo único. Toda la vida administrativa de los jueces y magistrados deberá contenerse en la LOPJ.

El estatuto jurídico de jueces y magistrados se aplica fundamentalmente a estos cuando son de carrera, pero estos no siempre están al frente de un tribunal, ya que también pueden desempeñar funciones administrativas (encargado RC) o gubernativas (vocal CGPJ). En estos casos les es de aplicación el estatuto en su totalidad o parcialmente.

El estatuto también es de aplicación a quienes no pertenecen a la carrera judicial, si ejercen la jurisdicción de modo temporal (jueces de provisión, sustitutos, magistrados suplentes, jueces de paz)

Los rasgos delimitadores de la posición de los Jueces y Magistrados en nuestro Ordenamiento Jurídico son:

Independencia

Garantizada a nivel colectivo a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a través del órgano de Gobierno de los Jueces (el Consejo General del Poder Judicial); y a nivel individual: impidiendo que los Jueces o Magistrados puedan ser separados, suspendidos, etc., de su cargo salvo por causa legal (inamovilidad); la prohibición de ocupar determinados cargos y de recibir órdenes en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.

La independencia es, según la RAE, “La cualidad o condición de quien sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención alguna”. La independencia del Poder Judicial es el rasgo distintivo por excelencia de cualquier Estado de Derecho digno de ese nombre. La independencia de la jurisdicción puede interpretarse en un doble sentido. En el que los jueces y tribunales deben estar sometidos exclusivamente al sistema de fuentes del derecho imperante y que sólo en el mismo pueden basar sus decisiones. O bien, desde otra perspectiva, como el conjunto de dispositivos legales que permiten asegurar esa actuación independiente en el desempeño de su función.

Cuando hablamos de independencia judicial, por otra parte, debemos tener presente que el poder judicial es un poder “poliédrico” que cuenta una organización única, pero que se ejerce por todos los Jueces y Magistrados que lo integran. La independencia se asegura a cada uno de sus miembros individualmente considerados “no al poder judicial como organización”.

¿Frente a quienes se garantiza la independencia del poder judicial? Antes se garantizaba frente al ejecutivo, pero hoy, también frente a los particulares, generalmente de los medios de comunicación. Los medios de defensa son:

  • Protectores de la independencia colectiva:

    • La previsión de un órgano de gobierno de ese cuerpo de funcionarios de carrera, el denominado CGPJ.

    • la reserva de ley orgánica para regular el Estatuto de los Jueces y Magistrados.

    • La asignación al Ministerio Fiscal de la misión de velar por la independencia de los Tribunales.

  • Protectores de la independencia individual:

    • A nivel constitucional, están previstos varios mecanismos:

      •  La inamovilidad. “Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por algunas de las causas y con las garantías previstas en la ley”.

      •  La prohibición de ocupar ciertos cargos y de asociarse para determinados propósitos. “Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos”

    • A nivel legal, la LOPJ, además de reiterar algunas de las normas constitucionales, ha destinado varios preceptos destinados a garantizar la independencia de Jueces y Magistrados respecto de todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial y de terceras personas. –Poderes públicos o particulares-. Adicionalmente, ha regulado con detenimiento y minuciosidad las incompatibilidades y prohibiciones anejas a los cargos de Juez y Magistrado, la inmunidad judicial y su seguridad económica.

Sumisión a la ley

Los Jueces y Magistrados deben aplicar la Constitución, la Ley y el resto del Ordenamiento Jurídico, lo que les obliga a interpretar todas las normas conforme a la Constitución y a enjuiciar la posible inconstitucionalidad de determinadas normas y actos jurídicos públicos y privados.

Los jueces se hayan sometidos únicamente al imperio de la ley. Con el adverbio “únicamente”, en efecto, se quiere hacer hincapié en que no están sujetos a ningún otro mandato o instrucción. Porque, literalmente hablando, los Jueces y Tribunales deben aplicar no sólo la ley, sino el resto del ordenamiento jurídico y, en nuestro sistema, la Constitución. Así lo establece sin reservas el art. 9.1 de la misma. En el Estado democrático de derecho el Juez no puede aplicar más que éste como derecho positivo, porque así lo exige el principio democrático del que deriva la fuerza vinculante de la ley y del derecho creado con sujeción a ella, por los órganos democráticamente legitimados. Los Jueces no pueden inaplicar la ley haciendo valer un derecho no positivo. Esto hay que afirmarlo con rotundidad porque precisamente nuestra Constitución consagra varios valores en el art. 1o, cuya invocación no puede llevar a los Jueces a hacerlos valer contra la ley más que planteando la oportuna cuestión de inconstitucionalidad.

La sumisión de los Jueces a la ley de leyes, es decir, a la Constitución además de a enjuiciar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, planteando en su caso la cuestión al T. C., les obliga a:

  1. enjuiciar la posible inconstitucionalidad de los Reglamentos, inaplicándolos;

  2. enjuiciar la inconstitucionalidad de todo tipo de actos jurídicos públicos y privados, negándoles validez cuando los considere inconstitucionales.

  3. Interpretar todas las normas de acuerdo con la Constitución.

La responsabilidad

A todos los Jueces y Magistrados se les puede exigir responsabilidad por los actos realizados en el desempeño de su función. Dicha responsabilidad puede ser tanto penal, civil como disciplinaria.

La independencia no exime a Jueces y Magistrados de su propia sujeción al ordenamiento jurídico; no les sitúa por encima del mismo; antes, al contrario, la independencia determina la asunción de responsabilidad. La responsabilidad es el contrapeso de la independencia.

El Juez es responsable por los actos realizados en el desempeño de su función. La LOPJ regula tres tipos de responsabilidad, tipificando debidamente las infracciones y sanciones y el procedimiento que deberá seguirse:

  1. La penal, por los delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo

  2. La civil, por los daños y perjuicios que causaren cuando, en el desempeño de sus funciones, incurrieren en dolo o culpa.

  3. La disciplinaria, por las acciones u omisiones que impliquen el incumplimiento de sus obligaciones legales.

La exigencia de responsabilidad civil y penal a los Jueces es en la práctica poco frecuente. Y, en cuanto a la disciplina ocurre algo similar.

Mención aparte merece la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de “los daños causados por error judicial, o del funcionamiento anormal de la Administración de justicia”.

El Consejo General del Poder Judicial. Su origen y explicación

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los Jueces, creado para reforzar la independencia de éstos frente al Ejecutivo. Su origen aparece tras la Segunda Guerra Mundial.

La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos inspecciones y régimen disciplinario.

La Constitución de 1978 ha incluido por primera vez una institución pensada para reforzar la independencia de los jueces frente al Gobierno. El CGPJ es el medio ideado para sustraer al poder ejecutivo la materia relativa a la administración de la judicatura, dificultando, si no impidiendo, las injerencias o interferencias en la labor judicial. El CGPJ fue creado y regulado por la Ley Orgánica 1/1980, reformada por la LO 2/2001.

El Consejo General del Poder Judicial: Naturaleza Jurídica

Parte de la Doctrina entiende que el CGPJ es un órgano constitucional porque está configurado directamente por la Constitución, mientras que otros consideran que el CGPJ no tiene la relevancia teórica ni práctica que permita calificarlo de órgano constitucional. En todo caso el CGPJ no es un órgano jurisdiccional, ni forma parte del Poder Judicial.

La primera observación que hay que hacer es que no es un órgano jurisdiccional, no forma parte del Poder Judicial y tampoco se integra en otros poderes del Estado.

El CGPJ es un órgano constitucional porque está establecido y “configurado directamente por la Constitución, de la que recibe todos sus atributos fundamentales y porque es expresión orgánica de la idea del Estado proyectada por la Constitución”. “La fisonomía institucional del CGPJ es la de un órgano constitucional de garantía y, por tanto, independiente”. El Consejo en su conjunto no responde ante las Cámaras legislativas, representantes de la soberanía popular. Es la función de garantía de la independencia judicial lo que justifica esta independencia del Consejo.

El CGPJ no es un órgano de autogobierno de los jueces. Afirmación esta que deriva, en primer lugar, de que ni tiene asignadas competencias jurisdiccionales, ni pertenece al Poder Judicial. A mayor abundamiento, algunos de sus miembros no tiene porqué pertenecer a la magistratura. (basta con que sean abogados o juristas); su misión es velar por su independencia para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.

En realidad, más que de autogobierno hay que hablar de autonomía. Así nos lo ha dado a entender el T. C. En sus sentencias, al declarar: “ lo que el texto constitucional consagra es la independencia de cada juez a la hora de impartir justicia, sin que la calidad de integrantes o miembros del Poder Judicial que se les atribuye tenga otro alcance que, el señalar que sólo los jueces pueden ejercer jurisdicción “juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”. Tampoco se impone la existencia de un autogobierno de los jueces de una deducción lógica de la regulación constitucional del Consejo. La verdadera garantía de que el Consejo cumpla el papel que le ha sido asignado por la Constitución en defensa de la independencia judicial consiste en que ocupe una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos.

Composición del Consejo General del Poder Judicial

El CGPJ está integrado por el Presidente del TS que lo presidirá, y 20 miembros nombrados por el Rey (vocales) por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; 4 a propuesta del Congreso y 4 propuestos por el Senado, elegidos en ambos caso con mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas de reconocido prestigio con mas de 15 años de ejercicio en su profesión. (art. 122.3 CE).

La composición constitucional prevista del CGPJ ha sido objeto de polémica. Polémica que ha versado sobre la elección de los miembros de procedencia judicial a causa de los intereses, particulares o partidistas, que pudieran representar, y que han dado lugar a diferentes interpretaciones legales del citado artículo Constitucional, dependiendo de que partido estuviese en el Poder. Actualmente está en vigor el acuerdo pactado entre los dos partidos mayoritarios, que se concreta en la Ley Orgánica 2/2001, Artículo 112. (Redacción según Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio.)

Los 12 miembros que conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución han de integrar el Consejo entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales serán propuestos para su nombramiento por el Rey de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Podrán ser propuestos los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios en los órganos técnicos del mismo.

La propuesta será formulada al Rey por el Congreso de los Diputados y el Senado, correspondiendo a cada Cámara proponer seis Vocales, por mayoría de tres quintos de sus respectivos miembros, entre los presentados a las Cámaras por los Jueces y Magistrados conforme a lo previsto en el número siguiente.

Los candidatos serán presentados, hasta un máximo del triple de los doce puestos a proponer, por las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados o por un número de Jueces y Magistrados que represente, al menos, el 2 % de todos los que se encuentren en servicio activo. La determinación del número máximo de candidatos que corresponde presentar a cada asociación y del número máximo de candidatos que pueden presentarse con las firmas de Jueces y Magistrados se ajustará a criterios estrictos de proporcionalidad, de acuerdo con las siguientes reglas:

Los 36 candidatos se distribuirán en proporción al número de afiliados de cada asociación y al número de no afiliados a asociación alguna, determinando este último el número máximo de candidatos que pueden ser presentados mediante firmas de otros Jueces y Magistrados no asociados; todo ello, de acuerdo con los datos obrantes en el Registro constituido en el Consejo General del Poder Judicial conforme a lo previsto en el artículo 401 de la presente Ley Orgánica y sin que ningún Juez o Magistrado pueda avalar con su firma más de un candidato.

En el caso de que el número de Jueces y Magistrados presentados con el aval de firmas suficientes supere el máximo al que se refiere la letra a), sólo tendrán la consideración de candidatos los que, hasta dicho número máximo, vengan avalados por el mayor número de firmas. En el supuesto contrario de que el número de candidatos avalados mediante firmas no baste para cubrir el número total de 36, los restantes se proveerán por las asociaciones, en proporción al número de afiliados; a tal efecto y para evitar dilaciones, las asociaciones incluirán en su propuesta inicial, de forma diferenciada, una lista complementaria de candidatos.

Cada asociación determinará, de acuerdo con lo que dispongan sus Estatutos, el sistema de elección de los candidatos que le corresponda presentar.

Entre los 36 candidatos presentados, conforme a lo dispuesto en el número anterior, se elegirán en primer lugar 6 Vocales por el Pleno del Congreso de los Diputados, y una vez elegidos estos 6 Vocales, el Senado elegirá los otros 6 entre los 30 candidatos restantes. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del artículo siguiente.

Funciones Consejo General del Poder Judicial

Según el TC: “las funciones que obligatoriamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los Tribunales; de un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado”.

¿Se han transferido tales funciones la CGPJ?

Las funciones que han sido atribuidas están en los art. 107 a 110 de la LOPJ.

El Consejo General del Poder Judicial tendrá competencias en las siguientes materias:

  • De propuesta de nombramiento de altos cargos:

    1. De dos Magistrados del Tribunal Constitucional, cuando proceda

    2. Del Presidente del Tribunal Supremo, que es a su vez, Presidente del CGPJ.

    3. Del Presidente de Sala y de los Magistrados del Tribunal Supremo.

    4. De los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las CC. AA.

  • Refentes al Estatuto de Jueces y Magistrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia:

    1. Selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.

    2. Nombramiento de los Jueces y presentación a Real Decreto de los nombramientos de Magistrados del T. S. Presidentes y Magistrados.

    3. Ejercicio de las competencias relativas al centro de selección y formación de Jueces y Magistrados.

    4. Inspección de Juzgados y Tribunales.

    5. Informe de los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del Estado y de las CC. AA. que afecten en alguna forma:

      • A la fijación y modificación de la platilla orgánica de Jueces, Magistrados, secretarios y personal de la Administración de Justicia.

      • Al Estatuto Orgánico de Jueces y Magistrados, así como al de Secretarios y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.

  • Otras funciones:

    1. Elevar anualmente a las Cortes una Memoria sobre el estado, funciones y actividades del CGPJ y de los Juzgados y Tribunales de Justicia.

    2. Elaborar, dirigir la ejecución y controlar la ejecución del presupuesto del Consejo.

    3. Informar sobre anteproyectos e leyes y disposiciones que afecten a leyes penales y régimen penitenciario, normas procesales y determinación y fijación de demarcaciones judiciales.

    4. Dictar reglamentos sobre su personal, organización y funcionamiento en el marco de la legislación sobre la función pública.

El Ministerio Fiscal. Naturaleza Jurídica

Hay autores que lo adscriben al Poder Judicial, mientras que otros lo vinculan al Poder Ejecutivo. En realidad su naturaleza es más administrativa que judicial, funciona de forma autónoma y sólo parcialmente depende del Ejecutivo.

El Ministerio Fiscal está contemplado en el Titulo VI de la Constitución y en los art. 124, 126, 127 y 162.1 de la misma. La Ley reguladora de su Estatuto orgánico es la 50/1981, modificada entre otras por la LO 14/2003. Su tratamiento indica, por lo tanto, que estamos ante una institución tan importante como para ser constitucionalizada, y su ubicación en el seno del Poder Judicial, la condición de órgano colaborador en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la justicia por medio de órganos propios. Esta es la nota fundamental que caracteriza al Ministerio Fiscal y le diferencia de otros órganos públicos: su cometido consiste en el ejercicio de acciones, en la iniciativa procesal, y en la actuación ante los Juzgados y Tribunales, a través de sus propios órganos.

Por esa razón, la CE reconoce específicamente este órgano en el Art. 124 como lo hacen las recientes Constituciones europeas: pero se ve incapaz de perfilar de un modo nítido sus contornos, en particular, su posición en el juego de poderes y el papel que debe desempeñar en el estado social y democrático de Derecho.

La naturaleza del MF, y su incardinación como órgano del Estado en el esquema de poderes, ha suscitado entre nosotros una viva controversia:

  • En primer lugar, el MF no es Poder Judicial. No está integrado en el PJ

  • El MF no ejerce potestad jurisdiccional alguna.

  • Las funciones que la CE encomienda al MF tiene que ver desde luego con la Administración de Justicia. (“ha de promover la acción de la justicia”).

  • Por otra parte, tampoco puede decirse que el MF se integre en el Poder Legislativo.

  • Finalmente, no puede concebirse en modo alguno al MF como un órgano independiente y ajeno a los distintos poderes del Estado.

Así pues, como resultado de este análisis negativo, resta sólo, considerar que este órgano del Estado se podrá inscribir en el entorno del Poder Ejecutivo.

El nombramiento del Fiscal General del Estado, la cúspide de la organización del MF, que se rige por el principio de dependencia jerárquica, debe ser determinante; y la CE dispone que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. El papel que desempeña el gobierno resulta, pues, decisivo, pues tiene en su mano la designación de quien dirige el MF y ostenta su jefatura superior y su representación en todo el territorio español.

El MF es un órgano del Estado, de naturaleza administrativa y no judicial, que se encuentra, sin embargo, fuera de la organización administrativa. El MF tampoco depende del Gobierno, sino que opera con autonomía funcional respecto del mismo. Pero el gobierno puede interesar al MF para que promueva las acciones ante la jurisdicción para la defensa del interés público

El MF está llamado a promover la acción de la justicia, a través de sus propios órganos, en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, pero también de los intereses públicos y pretendiendo la satisfacción del interés social.

Organización y funciones del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal está integrado entre otros órganos por:

  • El Fiscal General del Estado: le corresponde impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio.

  • El Consejo Fiscal: órgano principalmente consultivo y asesor.

  • La Junta de Fiscales de Sala: asiste al Fiscal General en orden a la formación de criterios unitarios de interpretación y actuación legal, en la elaboración de memorias, etc.

El Ministerio Fiscal es único para todo el Estado, estando sometida la actuación de todo Fiscal a las órdenes e instrucciones que den los Fiscales Jefes, y debiendo actuar con sujeción a la Constitución, al Ordenamiento Jurídico y al Principio de imparcialidad.

Las funciones del Ministerio Fiscal están relacionadas en el Artículo 124.1 de la Constitución, la LOPJ y la Ley reguladora del Estatuto Orgánico.

El Ministerio Fiscal se estructura a través de unos órganos propios. A la cabeza de los mismos se sitúa el Fiscal General del Estado, nombrado por el rey a propuesta del Gobierno. Representa al Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional y a él corresponde la dirección e inspección del mismo y la competencia de impartir ordenes e instrucciones convenientes al servicio.

El Fiscal General es asistido en sus funciones por el Consejo Fiscal, órgano colegiado en el que, además, se integran el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Inspector Jefe y nueve Fiscales pertenecientes a cualesquiera categorías. Actúa principalmente como consultivo y asesor, deliberando e informando, aunque también resuelve algunos expedientes disciplinarios y de mérito. Otros órganos que asisten al Fiscal General son la Junta de Fiscales de Sala; la Inspección Fiscal; y la Secretaría Técnica.

Forman parte también como órganos del Ministerio Fiscal las siguientes Fiscalías: la Fiscalía del TS; la Fiscalía ante el TC; la Fiscalía de la AN; la Fiscal especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas; la Fiscalía especial para la represión de delitos económicos relacionados con la corrupción; las Fiscalías de los TSJ; las Fiscalías de las AP. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

De entre los cuatro principios para el ejercicio de las funciones del MF que contiene el Art. 124.2 de la CE, es lo cierto que dos de ellos, los de unidad de acción y dependencia, son en realidad principios de organización o, si se quiere, de estructura del MF, en tanto que nos encontramos ante verdaderos principios de actuación cuando se alude a la legalidad e imparcialidad.

En virtud de la vigencia del principio de unidad en la organización del MF, éste es único para todo el Estado, ostentando el Fiscal General del Estado la jefatura superior del MF y su representación en todo el territorio español.

Por este mismo principio, al Fiscal Jefe le corresponde la dirección y jefatura de la Fiscalía respectiva, sustituyéndole el Teniente Fiscal.

Precisamente para mantener la unidad de criterios en la actuación del MF, el EOMF prevé la reunión de la Junta de Fiscales, que servirá también para estudiar asuntos de especial trascendencia.

La dependencia jerárquica en la organización del MF es una de las notas esenciales que le caracterizan y le diferencian de otros órganos que se mueven en su misma esfera, como los órganos jurisdiccionales.

El MF se estructura jerárquicamente, con el Fiscal General del Estado en la cúspide y, subordinados a él, los demás órganos del MF.

El Fiscal General podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos.

El Fiscal que reciba una orden o instrucción deberá atenerse a la misma en sus dictámenes.

En cualquier caso, los Fiscales Jefes, los Tenientes Fiscales y todos los miembros del MF, actúan siempre es representación de la Institución y por delegación de sus jefes respectivos.

Por el principio de legalidad, este ha de actuar sujetándose a lo dispuesto en la CE, en las leyes y en el resto del ordenamiento jurídico, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente promovidas.

El MF ha de actuar pues como defensor de la legalidad, ajustándose escrupulosamente a lo exigido por el ordenamiento jurídico, que tanto supone actuar en la posición actora cuanto en la posición de parte pasiva.

La vigencia del principio de legalidad no impide ni contradice las posibilidades de implantación de una oportunidad reglada en el proceso penal, sobretodo para la persecución de los delitos menos graves.

Por el principio de imparcialidad, el MF actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados.

Aún cuando pueda parecer contradictorio en sus propios términos, por definición el MF interviene en el proceso precisamente en una posición de parte, la vigencia del principio de imparcialidad del MF supone la ausencia de implicación directa o indirecta del funcionario del MF en el caso concreto en que debe actuar.

Por esa contradicción la ley no prevé ni permite la recusación del MF, porque es una parte procesal.

El Ministerio Fiscal y el Poder Político

Dada la actuación del Ministerio Fiscal en los últimos años, es necesario plantearse si realmente no estamos ante un órgano que depende del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial.