La Justicia (I)

La justicia

En el contexto del Derecho la justicia persigue la mejora y el perfeccionamiento del orden de la convivencia humana.

Definiciones de justicia las hubo, las hay y las habrá. Desde la romana del Digesto”la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”. Hasta la justicia entendida como una mera imparcialidad.

Sin embargo podemos considerar la justicia desde dos puntos de vista, el subjetivo y el objetivo.

Desde el primero podemos afirmar que la justicia es una virtud del hombre, que se define como “integridad de ánimo y bondad de vida”. Pero en el contexto del Derecho, la perspectiva ha de ser necesariamente otra, porque el mundo del Derecho es el de las relaciones de los hombres en la sociedad; “ubi societas ibi ius”, dice el proverbio.

En este ámbito, podemos hablar de la justicia como categoría sustentadora del Derecho; es decir, como principio informador y, al mismo tiempo, como finalidad o meta del Derecho.

Se distinguen la justicia formal (igualdad de trato para todos en la aplicación de las normas –imperio de la ley-), el resultado de su observancia sería la seguridad jurídica. Y la justicia material (criterios que nos permiten calificar como justo un conjunto de normas).

La justicia, valor del Estado de Derecho

La Constitución de 1978 reconoce la justicia como valor superior del Ordenamiento Jurídico, algo que en la práctica puede generar problemas de aplicación e interpretación al caso concreto. Fruto de la labor constituyente fue un conjunto de preceptos enunciadores de valores, principios, derechos, y reglas de organización y funcionamiento de instituciones diversas, cuya interpretación presenta a veces serias dificultades por dos razones: (A) porque aunque se les haya considerado como normas, la naturaleza de los valores y de los principios es peculiar; (B) porque la Constitución no ha establecido, salvo la mención expresa “valores superiores”, jerarquía alguna entre todas sus normas.

La Jurisprudencia del tribunal Constitucional ha servido de ayuda aunque no resuelve definitivamente las dudas que se plantean al respecto de la interpretación de la justicia formal y la justicia material, entendiendo que la primera está concretada en forma de diversos principios del ordenamiento, mientras que la segunda tiene un contenido mucho más abstracto, que permite su identificación con otros conceptos también protegidos constitucionalmente (ejem. La igualdad, la libertad, la proporcionalidad de las penas, etc).

El estado de la justicia en España

Los más de treinta años de vigencia de la Constitución española no han sido suficientes para solucionar los distintos problemas existentes en el ámbito de la justicia, lo que ha provocado un distanciamiento crítico entre los ciudadanos y la justicia.

La justicia como derecho del ciudadano

La Constitución reconoce en su art. 24, el derecho a la tutela judicial efectiva, que según el Tribunal Constitucional es el derecho a promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas. Según el T. C. “el derecho a la tutela judicial efectiva tiene un contenido complejo que incluye, entre otros, la libertad de acceso a los Jueces y Tribunales, el derecho a obtener un fallo de éstos y el derecho a que el fallo se cumpla” . Esta complejidad, no hace, sin embargo, de este derecho a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales un concepto genérico dentro del cual haya de entender insertos derechos que son objeto de otros conceptos constitucionales distintos,, como el derecho a un proceso público y sin dilaciones indebidas.

En cuanto a su titularidad, el T. C. Ha estimado acertadamente que la expresión “todas las personas” “hay que entenderla en relación con el ámbito del derecho de que se trate y comprende a todas las personas que tiene capacidad para ser parte en un proceso”.

Por lo que concierne al contenido del derecho, el art. 24.1 CE lo que prescribe es el derecho de todos a la jurisdicción, es decir, “a promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas, entendiendo que esa decisión no tiene porque ser favorable a las pretensiones del actor”

Asimismo, prohíbe la indefensión, esto es, que se prive al ciudadano la posibilidad de abrir un proceso judicial o que abierto el mismo se le impida realizar las alegaciones o pruebas pertinentes en defensa de sus derechos e intereses.

La justicia como servicio público es el complemento indispensable para hacer realidad el derecho contenido en el artículo 24.1 CE. La configuración de la justicia como un servicio público comporta la presencia de dos dimensiones en los mandatos constitucionales que a ella se refieren:

  1. las referidas al Juez individualmente considerado, que pone su acento en su sujeción al derecho, su independencia, inamovilidad y responsabilidad.

  2. las referidas al conjunto de los poderes públicos en cuanto que están obligados a proporcionar una prestación pública efectiva.

Se trata de diferentes medidas políticas, legislativas y de organización relativas al complejo sistema de la Justicia, que nos permiten hablar de un verdadero Estado de Derecho, y del que su mejor o peor funcionamiento nos da muestra el estado del desarrollo político alcanzado.

La justicia como servicio público

La justicia como servicio público es el complemento indispensable para hacer realidad el derecho contenido en el artículo 24.1 CE. Se trata de diferentes medidas políticas, legislativas y de organización relativas al complejo sistema de la Justicia, que nos permiten hablar de un verdadero Estado de Derecho.

Participación del ciudadano en la Administración de Justicia

La Constitución reconoce la participación del ciudadano en tres sentidos: ejercer la acción popular (posibilidad de iniciar un procedimiento penal en defensa del interés general); la institución del Jurado (conjunto de ciudadanos que en determinados procesos penales emiten un veredicto de culpabilidad o no respecto a una persona concreta); y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

La acción popular: supone la extensión a todos los ciudadanos españoles de la legitimación procesal para demandar la protección judicial, en defensa del interés general o colectivo, instando la iniciación del proceso penal.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone: “La acción penal es pública. Todos los ciudadanos podrán ejercerla con arreglo a las prescripciones de la ley”

Se ha dicho, con acierto, que “el actor popular se sitúa realmente en el proceso en una posición parecida a la del Ministerio Fiscal, y de hecho viene a cumplir de alguna forma con algunas de las funciones encomendadas a aquél”. Destacar finalmente que el T. C. La ha considerado un derecho para el que se puede reclamar la tutela judicial efectiva, dándole así acceso al amparo constitucional.

La intervención directa de los ciudadanos en la Administración de Justicia está prevista en dos tipos de instituciones: los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y el Jurado. Los primeros son, el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia.

El jurado: este mandato constitucional fue ejecutado mediante la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, que ha considerado al Jurado como un derecho-deber. Los legisladores optaron por el modelo del “jurado puro” que parte de la separación de los hechos de la aplicación del Derecho. El Jurado se compone de 9 miembros, ciudadanos españoles mayores de edad, designados por sorteo, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, que sepan leer y escribir, y vecinos de la provincia en que se hubiera cometido el delito. El Jurado lo preside un Magistrado de la Audiencia Provincial.

Por lo que se refiere a la competencia del Jurado (restringida al orden jurisdiccional penal), se le atribuye el conocimiento y el fallo de los delitos indicados en la Ley 5/4995, o en cualquiera otra Ley, siempre que se refieran a: delitos contra las personas, los cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, delitos contra el honor, contra la libertad y la seguridad y delitos de incendios.

La función del Jurado es emitir un veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el Magistrado-Presidente haya determinado como tal. Por último, si procede, expondrá su criterio sobre la aplicación al declarado culpable de los beneficios de remisión condicional de la pena y sobre la petición de indulto.

La Doctrina se ha planteado la posibilidad de que el pueblo elija directamente a los Jueces, algo que en función del punto de vista de que se trate puede generar ventajas o inconvenientes.

El Poder Judicial

Se discute si realmente se puede hablar de un “poder judicial” como tal Poder. En todo caso la Constitución habla de “Poder judicial” con el fin de acentuar la independencia y autonomía de la Administración de Justicia frente a otros poderes del Estado.

Así lo confirmaba, años después, el T. C. Al declarar: “al hablar expresamente de “Poder” judicial, la Constitución (ha puesto) gráficamente de relieve que la independencia del Poder Judicial es una pieza esencial de nuestro ordenamiento”. Esa fue, pues, la razón de reservar la palabra “poder” para el conjunto de órganos del Estado que ejercen la potestad jurisdiccional.

Principios de la potestad jurisdiccional

Los principios que presiden o informan la potestad jurisdiccional en España se encuentran básicamente recogidos en el art. 117 de la CE y, también en los cuatro primeros de la LOPJE; entre otros se reconocen:

  • La reserva de jurisdicción: Es una exigencia del principio de separación de poderes, que se impone como límite constitucional al ejercicio por los demás poderes del Estado de sus funciones propias. Está formulado en el art. 117.3 con estas palabras: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”. Por otra parte, este principio explica la prohibición de los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales, contenidas en la Constitución. La potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales determinados por las Leyes.

  • La exclusividad jurisdiccional: los Jueces y Tribunales sólo ejercerán las funciones determinadas por las Leyes en garantía de cualquier derecho. Este precepto abre la vía de desempeño por Jueces y Tribunales de funciones no jurisdiccionales.

  • La unidad jurisdiccional: principio este consagrado en nuestra Constitución como “la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales”, aunque se distinguen distintos órdenes –civil, penal, etc.- el poder judicial es único para todo el Estado, (por tanto las CC. AA. carecen de Poder Judicial) siendo los Juzgados y Tribunales –ordinarios- los únicos que como tales están sometidos a un régimen único y pertenecen a una organización única. La LOPJ así lo reconoce cuando declara que “la jurisdicción es única y se ejerce por los Jueces y Tribunales previstos en la ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas en la Constitución a otros órganos.”

Funciones

Corresponde al Poder Judicial aplicar las normas, controlar la legalidad de la actuación administrativa y de los demás poderes públicos, así como ofrecer a las personas la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. El conjunto de órganos que desarrollan esta función constituye el Poder Judicial del que se ocupa el Titulo VI de nuestra Constitución configurándolo como uno de los tres poderes del Estado.

La competencia de la potestad jurisdiccional se extiende a cinco ámbitos de alcance muy distinto como son:
  1. la tutela de los derechos e intereses legítimos.

  2. La imposición de penas por la comisión de delitos

  3. La protección de los derechos fundamentales

  4. El control de la legalidad de la potestad reglamentaria y de la actuación de la administrativa.

  5. El planteamiento ante el T. C. De la cuestión de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones con rango de ley.

En este sentido, corresponde a los Jueces y Tribunales la selección de la norma y su interpretación para resolver, a través del proceso concreto, los litigios que ante ellos se planteen; teniendo también la posibilidad de ejecutar lo juzgado

Además les corresponden funciones no jurisdiccionales como la participación en la Administración electoral, la llevanza del Registro Civil o la jurisdicción voluntaria..

En cuanto a las funciones en garantías de derechos se entiende aquellas capacidades de acción atribuibles a Jueces y Magistrados en el ejercicio de su labor de administrar justicia, distinta (de) la potestad jurisdiccional, dirigidas a asegurar y proteger, previa o cautelarmente y en abstracto o en concreto, determinados derechos de los ciudadanos ante algún riesgo potencial o cierto”.

Poder Judicial y Comunidades Autónomas

A pesar de que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia y sobre la legislación procesal, distintas Comunidades Autónomas se atribuyeron, a través de sus Estatutos de Autonomía, diferentes funciones relacionadas con dichas materias.

Algunas Comunidades incluyeron en su articulado una norma que rezaba: “en relación con la administración de justicia corresponde a la comunidad autónoma:

  1. Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.

  2. Fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos judiciales en [....] y la localización de su capitalidad.”

Estos preceptos se denominaron “cláusulas subrogatorias”

Funciones que el Tribunal Constitucional consideró que no eran inconstitucionales, al distinguir un núcleo esencial de la Administración de justicia (que corresponde al Estado) y las medidas personales y materiales de la misma (respecto a las que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias).

Admitida la operatividad, en su caso, de las cláusulas subrogatorias presentes en diversos Estatutos de autonomía como instrumentos de asunción de competencias por parte de las CC. AA. en materia de Administración de Justicia, es necesario precisar cual será su ámbito de eficacia, a cuyos efectos resulta decisiva la fijación de sus límites, que son los siguientes:

  • las competencias que asumen las CC. AA. Por el juego de la cláusula subrogatoria no pueden entrar en el núcleo de la Administración de Justicia en sentido estricto; con la excepción de la delimitación de las demarcaciones judiciales del respectivo territorio.

  • Tampoco pueden las CC. AA. participar en el ámbito de la “administración de la Administración de Justicia” en aquellos aspectos en que la LOPJ atribuye competencias a órganos distintos del Gobierno o de alguno de sus Departamentos.

  • La asunción por parte de las CC. AA. de competencias atribuidas por la citada Ley Orgánica del Gobierno encuentran un límite natural: el propia ámbito de la CA, de modo que no pueden asumir facultades de alcance supracomunitario.

  • Las cláusulas subrogatorias remiten a las facultades del Gobierno, esto es, a facultades de naturaleza reglamentaria o meramente ejecutivas, debiéndose excluir, en consecuencia, las competencias legislativas.

La acción popular

La acción popular conlleva la posibilidad de que los ciudadanos puedan iniciar un procedimiento penal en defensa del interés general. No obstante, en los últimos tiempos han aparecido posiciones doctrinales y políticas tendentes a eliminar o limitar el ejercicio de esta acción por parte de los ciudadanos.

A propósito de la Jurisdicción Universal

Este tipo de Jurisdicción fue introducido en 1985 por la LOPJ, lo que conlleva la extensión de la Jurisdicción española fuera del territorio nacional. Si bien, la LOPJ fue modificada posteriormente para concretar y limitar las acciones de la Jurisdicción española es este sentido.