La Justicia Constitucional (I)

La justicia constitucional

Dado que la Constitución es la norma suprema del Estado, es necesario establecer mecanismos que garanticen la efectividad de la misma como norma jurídica.

Suele hablarse al respecto de defensa política de la Constitución y defensa jurídica de la misma. Con la primera se pretenden afrontar las denominadas situaciones de anormalidad constitucional. Con la segunda, impedir que el ordenamiento y los poderes públicos contravengan lo dispuesto en la Constitución.

En este sentido surge en Estados Unidos la jurisdicción constitucional (control difuso); mientras que un siglo después, se implanta en Europa una jurisdicción concentrada que ha evolucionado hacia un modelo mixto.

También los Tribunales ordinarios deben velar por la supremacía de la Constitución al interpretar y aplicar la Ley.

Naturaleza del Tribunal Constitucional

La Constitución configura el Tribunal Constitucional como órgano constitucional, pero además tiene naturaleza jurisdiccional (aunque no pertenece al Poder Judicial), y política (en ocasiones decide conflictos políticos).

Fue instaurado por medio de su LO 2/1979. Es el encargado de defender la CE e interpretarla.

Incide en la dirección política del Estado y puede llegar a interpretar la voluntad del Poder constituyente (algo poco aconsejable en un sistema democrático-constitucional).

La condición de órgano constitucional le viene dada por su configuración como tal por la Constitución que, a su vez, deriva de que ocupe el vértice de la organización estatal y de que es expresión de la idea del Estado proyectada por la Constitución.

Además de órgano constitucional, el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional porque realiza y tutela el Derecho Constitucional, que actúa no por propia iniciativa, sino a instancia de parte, siguiendo unas normas y un procedimiento establecido, y que dicta sentencias. De acuerdo con el tratamiento constitucional recibido, es un órgano con jurisdicción en todo el territorio nacional que no se encuentra integrado en el Poder Judicial, sino separado del mismo.

En relación con esa naturaleza híbrida jurisdiccional y política se encuentra una tercera característica del T. C. cual es la de ser un órgano creador de derecho. Como se sabe, en contraposición a lo que ocurre con la jurisprudencia del T. S., que complementa el ordenamiento, las sentencias del T. C. español, aparte de tener valor de cosa juzgada, son fuentes del Derecho, con rango superior al de las leyes.

El TC es el intérprete supremo de la Constitución, sólo está sometido a la Constitución y a su Ley Orgánica. Es único en su orden, y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Esto significa básicamente que existen otros interpretes de la Constitución como norma que es, pero que la interpretación del TC es la última y definitiva,, aunque él no quede vinculado por la misma.

Debido a su status de interprete supremo, incide en la dirección política del Estado y puede llegar a interpretar la voluntad del Poder constituyente (algo poco aconsejable en un sistema democrático-constitucional).

En cuanto a la afirmación de que el TC es único en su orden, no hace referencia exclusivamente a que no hay otro como él –sólo él tiene atribuida la jurisdicción constitucional, es decir, conoce de los procesos constitucionales-, sino a su posición en el esquema de poder en la dinámica constitucional, que no es, de paridad con los otros órganos constitucionales.

Composición del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey a propuesta de distintos órganos constitucionales. Estos son: 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, con mayoría de 3/5, 2 a propuesta del Gobierno, 2 a propuesta del CGPJ.

Los miembros del TC deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos -ciudadanos españoles-, juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.

Su mandato es por tiempo determinado (9 años), renovándose por terceras partes cada tres años.

La condición de miembro del TC es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

Gozan de independencia e inamovilidad en el ejercicio de su mandato y están sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; ni destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas establecidas en la LOTC. La responsabilidad criminal de los Magistrados del TC sólo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El número de Magistrados constitucionales puede dar lugar a que en las votaciones se den situaciones de empate, otorgándose voto de calidad al Presidente del Tribunal , lo que rompe la posición de igualdad entre los Magistrados.

Organización del Tribunal Constitucional

Las normas reguladoras de la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional en materia jurisdiccional se encuentran recogidas en la LOTC.

Además de los órganos unipersonales (Presidente y Vicepresidente), aparecen órganos colegiados a través de los que actúa el Tribunal. Dichos órganos colegiados son el Pleno, las Salas y las Secciones, cada uno de los cuales tiene encomendadas funciones concretas (en todo caso las decisiones se adoptan por mayoría de sus miembros).

El Pleno está integrado por todos los Magistrados y conoce de los siguientes asuntos:

  1. De los recursos y de las cuestiones de inconstitucionalidad.

  2. De los conflictos:-constitucionales de competencia entre el Estado y las CCAA o los de estas entre sí, entre órganos constitucionales del Estado; y en defensa de la autonomía local.

  3. Del control previo de constitucionalidad.

  4. De las impugnaciones previstas en el no 2 del art. 161 de la Constitución.

  5. De la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional.

  6. Del nombramiento de los Magistrados que han de integra cada Sala del T.C.

  7. De la recusación de los Magistrados del TC.

  8. Del cese de los Magistrados del TC en los casos previstos en el art. 23 de la LOTC.

  9. De la aprobación y modificación de los Reglamentos del Tribunal. Y

  10. De cualquier otro asunto que siendo competencia del Tribunal recabe para sí el Pleno.

El TC consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. La primera la preside el Presidente del Tribunal y al segunda, el Vicepresidente. Las Salas conocen de los asuntos que no sean de la competencia del Pleno, es decir de los recursos de amparo.

La distribución de asuntos entre las Salas se efectuará según un turno establecido por el Pleno.

Para el despacho ordinario y la decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, el Pleno y las Salas constituirán Secciones, compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados.

En cuanto al desempeño de la función jurisdiccional de los órganos colegiados, las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros del Pleno, Sala o Sección que participen en las deliberaciones. En caso empate decidirá el voto del Presidente. El Presidente y los Magistrados podrán reflejar en un voto particular su opinión discrepante defendida en la deliberación, tanto por lo que se refiere a la decisión como a su motivación. Los votos particulares se incorporarán a la resolución o sentencia.

Las resoluciones del Tribunal Constitucional

Las Sentencias del TC presentan la misma estructura que las Sentencias dictadas por los Jueces o Tribunales ordinarios del orden civil, pudiendo incluir tras el Fallo los votos particulares de los Magistrados que mantengan criterios diferentes a los de la mayoría.

Dentro de los tipos de Sentencias del TC aparecen las Sentencias interpretativas que indican cómo debe ser interpretado el precepto de una norma determinada, que de no ser interpretado en tal sentido sería contrario a la Constitución.

Las resoluciones que el TC adopta en materia jurisdiccional revisten la forma de Providencias, Autos y Sentencias, es decir, la común prevista para la jurisdicción ordinaria por la LOPJ, consideradas, junto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, como supletoria de la LOTC en este y otros aspectos del procedimiento. La LOPJ dispone que “ las resoluciones de los Jueces y Tribunales que tengan carácter jurisdiccional se denominan:

  1. Providencias, cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso.

  2. Autos, cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad de procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento, deban revestir esta forma

  3. Sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, deban revestir esta forma.

En cuanto a los autos y las providencias, la LOTC se limita a matizar que”adoptarán la forma de auto las decisiones de inadmisión inicial, desestimiento y caducidad”.

Las sentencias del TC están previstas en la Constitución y reguladas en varios de los preceptos de la LOTC.

La sentencias es el acto jurídico que pone fin a un proceso una vez concluida su tramitación. En ese ámbito de la jurisdicción constitucional, la LOTC la define como la forma que adopta la decisión del proceso. La estructura es similar a las de la jurisdicción ordinaria, en las que se distingue el encabezamiento, los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho y el fallo.

La Constitución y la LOTC han previsto la posibilidad de que se den votos particulares que, de producirse, se publicarán con la Sentencia.

A partir del día siguiente a su publicación, y entre las partes desde la fecha de su notificación, las sentencias tiene valor de cosa juzgada y no cabe recurso alguno contra ella. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.