La Jefatura del Estado: La Corona (I)

La monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978

La Constitución de 1978 art 1.3, establece la “Monarquía parlamentaria” como la “forma política del Estado”, expresión que engloba tanto a la forma de Estado como a la forma de gobierno.

El desarrollo histórico del Principio monárquico se consagra en el Estado democrático con la “Monarquía parlamentaria”, siendo la Corona un órgano más del Estado y el Rey su titular que ejercerá un poder moderador y arbitral sobre el conjunto de las instituciones.

Aunque el Rey es el jefe del estado, dado el carácter hereditario de la Corona, no le corresponde determinar el contenido de las decisiones políticas ni jurídicas, sino que está obligado a mantener una posición neutral y a ejercer todas aquellas funciones que le atribuyan la Constitución y las leyes.

Su función es garantizar el adecuado funcionamiento del sistema conforme al principio democrático garantizado en la CE.

Refrendo e irresponsabilidad

Conforme a la Constitución art 56.3, el Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, no puede ser encausado política, penal ni civilmente, tanto respecto a actos realizados por él en la esfera pública como en la esfera privada, consagrándose el Principio de inmunidad total del Jefe del Estado.

Dada esta irresponsabilidad real, los actos que el Rey ejerza como Jefe del Estado deben ser asumidos por una persona concreta a través de la institución del refrendo.

El TC ha señalado que la responsabilidad deriva del refrendo y no a la inversa, y en caso de adolecer del mismo, serían nulos de pleno derecho.

El refrendo es, pues, una técnica en virtud de la cual se produce una traslación de la responsabilidad del Rey a la persona que asume como suyo el acto regio, salvaguardando así la inviolabilidad real. El referendo es, una limitación material del poder del Rey.

Actos del Rey sujetos al refrendo

El art. 56.3 CE prescribe que los actos del Rey “Estarán siempre refrendados en la forma establecida en el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2”.

Así pues, son objeto de refrendo todos los realizados como Jefe del Estado, quedando libres de refrendo actos del rey que, aún teniendo relevancia constitucional, tienen carácter personalísimo, como:

  • la abdicación,

  • la designación testamentaria del tutor del Rey menor,

  • la distribución de la cantidad que recibe de los Presupuestos Generales, 

  • o su consentimiento matrimonial.

El nombramiento y relevo del personal civil y militar de su Casa, en la práctica se realiza con refrendo del Presidente del Gobierno.

Sujetos refrendantes

Con carácter general los actos del Rey serán refrendados por los miembros del Gobierno -art 64.1 CE-:

  • su Presidente,

  • o uno o varios Ministros;

  • y sólo en los casos previstos en el artículo 99 de la Constitución serán refrendados por el Presidente del Congreso de los Diputados.

Esta enumeración es taxativa y excluyente de la delegación del refrendo en otros órganos.

Formas del refrendo

Existen diversos tipos de refrendo en función del acto que se refrenda.

Refrendo expreso

Es la contrafirma de los actos del Rey por parte del sujeto refrendante. Afecta a los actos jurídico-formales del Jefe del Estado, que siempre aparece por escrito a través de la oposición de la contrafirma, y en el BOE. Es el más usual.

Refrendo tácito o implícito

Afecta a los actos del Rey que no son susceptibles de recibir, por su propia naturaleza, la contrafirma del sujeto refrendante. Tales como: audiencias, viajes oficiales dentro y fuera de España, discursos, etc..., a los que asiste algún miembro del Gobierno. Lo habitual es la asistencia de un "Ministro de jornada" aunque a los actos militares asiste el Ministro de Defensa, a los culturales el Ministro de Cultura, etc...

Refrendo presunto

Se daría cuando el Rey realiza un acto que el Gobierno desconoce y el sujeto a quien corresponda refrendar, decide asumir su responsabilidad, al no dimitir y continuar en el cargo.

Se utilizó la noche del 23F pues el Gobierno estaba secuestrado.

Este refrendo ha sido invocado para amparar las declaraciones concedidas por el Rey sin conocimiento del Gobierno. Pero resulta peligroso porque si esas declaraciones no tienen contenido político, por ser personalísimos, no requieren refrendo; pero si tienen trascendencia política, entonces precisan de un refrendo tácito o simultáneo, pero nunca el Rey puede situar al Gobierno ante hechos políticos consumados.

El Estatuto orgánico de la Corona

La Corona es un órgano del Estado regulado en el Título II CE.

La sucesión de la Corona

La Corona es hereditaria en los sucesores de Su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón.

La Constitución establece los principios de primogenitura y representación, así como las líneas y grados que deben seguirse en la sucesión.

La fórmula sucesoria -que hace quebrar el principio de primogenitura por la preferencia del varón sobre la mujer- tiene su origen en la Ley de Partidas de 1265 de Alfonso X, y ha sido recogida por todas las Constituciones monárquicas españolas.

El Consejo de Estado, por acuerdo del Consejo de Ministros, elaboró un Informe sobre Modificaciones de la CE, en el que se suprime la frase "en el mismo grado, el varón a la mujer" del art 57.1, y se añade un nuevo apartado a este artículo que podría decir: "Las menciones que hace la CE al Rey y al Príncipe se entenderán referidas indistintamente al Rey o a la Reina y al Príncipe o a la Princesa, según sea el caso".

Supuestos típicos de sucesión a la Corona:

  • Fallecimiento del Rey;
  • Inhabilitación permanente del Rey reconocida por las CCGG;

  • la abdicación, o dejación voluntaria del oficio regio que afecta a la persona del Rey pero no a sus descendientes;

  • la renuncia de los derechos dinásticos, que afecta tanto al Rey como a sus descendientes.

Art 57.5 CE: "las abdicaciones y renuncias se resolverán por una LO".

La abdicación pone en marcha un mecanismo de sustitución en el ejercicio de las competencias del Rey, mientras que la renuncia afecta únicamente al mecanismo sucesorio, ya que supone una alteración en el orden establecido.

El sucesor inmediato al Rey tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias, que deberá, alcanzada la mayoría de edad, prestar juramento de fidelidad al Rey ante las Cortes Generales. El título se remonta a las Cortes de Palencia de 1388, al reinado de Juan I que lo creó para su hijo Enrique. El Príncipe heredero asume el título por el hecho de nacer, sin ningún otro requisito.

De conformidad con la CE, los títulos "Sucesor a la Corona" y "Príncipe de Asturias" van indisolublemente unidos.

Hasta el momento en que se produce el fallecimiento o la abdicación del Rey, un Príncipe de Asturias puede dejar de serlo porque nazca otra persona con mejor derecho, porque se le declare incapaz; porque se le excluya como consecuencia de un matrimonio expresamente prohibido por el Rey y las CCGG o porque fallezca.

Y es que el Príncipe heredero no tiene, en sentido estricto, un derecho a heredar la Corona. Sólo tiene el derecho a ser llamado a la sucesión a la Corona una vez que se desencadene el hecho sucesorio y sólo en ese momento. Se trata de una "expectativa sucesoria" jurídicamente protegida.

Art 58 CE: "La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia".

En caso de extinguirse todas las líneas llamadas a suceder, serán las Cortes Generales las que determinen la sucesión de la Corona -art 57.3 CE-.

La Regencia

El Regente sustituye provisionalmente al Rey, ocupando la misma posición constitucional y ejerciendo las mismas funciones que éste.

La regencia se puede deber a dos causas distintas: 

  • por minoría de edad del Rey; o

  • por inhabilitación temporal del Rey.

Se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. Quienes ejerzan la Regencia deben prestar el mismo juramento que el Rey al ser proclamado, así como el de fidelidad al Rey.

Y en razón de su origen, de tres clases: testamentaria, legítima y electiva. La CE sólo admite “Regencia legítima” (ejercida por las personas designadas en la Constitución), y “Regencia electiva” (ejercida por la persona o personas que designen las Cortes Generales).

Regencia legítima

Dos supuestos:

  1. Cuando el Rey fuere menor de edad, la Regencia corresponderá a su padre o madre, o pariente mayor de edad más próximo a suceder la Corona.
  2. Cuando el Rey fuera inhabilitado para el ejercicio de su autoridad, ejercerá la Regencia el Príncipe heredero, si fuera mayor de edad. Sino se procederá en la manera prevista para el supuesto de minoría de edad del Rey, hasta que el Príncipe alcance la mayoría de edad.

Regencia electiva

Si no hubiera ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las CCGG, y se compondrá de 1, 3 o 5 personas españolas y mayores de edad.

La Regencia se extingue por:

  • la desaparición de la causa que la motivó

  • el fallecimiento del Regente, y

  • la incapacitación del mismo.

Pero la CE solo recoge el primero, que el Rey alcance la mayoría de edad.

La tutela del Rey menor de edad

La CE solo prevé la tutela por razón de la minoría de edad del Rey.

Se distinguen tres tipos de tutela del Rey menor de edad:

  • Testamentaria, ejercida por la persona que el Rey hubiese designado en su testamento.

  • Legítima, ejercida por el padre o la madre viudos, si el Rey difunto no hubiera nombrado a nadie en su testamento.

  • Dativa, ejercida por la persona que determinen las Cortes Generales.

Los cargos de Regente y Tutor del Rey menor no podrán acumularse sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

La dotación de la Corona y la Casa del Rey

Para hacer frente a los gastos que se producen en el seno de la Corona, los Presupuestos Generales del Estado asignan anualmente una cantidad global -no es un sueldo ni tampoco una remuneración- que es distribuida libremente por el Rey, para el "sostenimiento de su Familia y Casa".

El art 65.1 CE incorpora además el sistema llamado "Lista Civil" -originario de Reino Unido- en virtud del cual se atribuye a la Corona una determinada cantidad para hacer frente a los gastos derivados del ejercicio de sus funciones.

Esta dotación no puede suprimirse porque se configura como "consustancial con la institución de la Corona, y con la forma política monárquica del Estado español".

Además de esta dotación económica el Rey y su Casa pueden servirse de un conjunto de inmuebles, muebles y otros bienes que pertenecen al Patrimonio Nacional y que están afectados al uso y servicio de la Corona. Pero no tienen ninguna titularidad ni pueden realizar ningún acto de disposición o administración.

La Casa del Rey es un organismo que sirve de apoyo a las actividades que desarrolle el Rey en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a su naturaleza jurídica, hay que señalar que aunque es una organización estatal, no está integrada en la Administración del Estado.

La legislación vigente refuerza la autonomía del Rey para organizar y gobernar su Casa, la cual comprende los siguientes órganos:

  1. El Jefe de la Casa del Rey: dirige los servicios y formula la propuesta de presupuesto.

  2. El Secretario General: coordina los servicios y sustituye al Jefe.

  3. El Cuarto Militar y la Guardia Real: constituye la representación de honor al servicio del Rey. Están dirigidos por un General en activo.